Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 116926
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Se rechaza la revocatoria intentada (arts. 238 y 290, C.P.C.C.B.A.) y 2) se desestima el recurso extraordinario federal articulado. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68 2do. párrafo, 256 y 267, C.P.C.C.N.; 14 y 15, ley 48).
C. 116.926 "Laborde, Jorge Luis contra Jockey Club Mar del Plata. Incidente (excepto los tipificados expresamente)".
//Plata, 5 de marzo de 2014.
AUTOS Y VISTO:
I. 1) Contra el pronunciamiento de esta Corte que declaró mal concedidos los recursos de inaplicabilidad de ley y de nulidad locales deducidos por los letrados apoderados de Jorge Luis Laborde, sustentándose en la falta de definitividad de la decisión cuestionada, el impugnante planteó revocatoria que denominó in extremis (fs. 166/168) y, posteriormente, un recurso extraordinario federal (fs. 169/178 vta.).
En la primera de estas presentaciones cuestiona la resolución pronunciada, en principio, por haberse emitido -entiende- sin observar las formas constitucionales. En consecuencia, solicita que se dicte sentencia acorde lo establecen los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia con voto individual y fundado (fs. 166/167). A continuación -y en subsidio "para no caer en indefensión"- requiere que se la revoque exhibiendo su disconformidad con la doctrina legal de este Tribunal relativa a la ausencia de definitividad de las resoluciones dictadas en etapa de ejecución de sentencia (fs. 167/167 vta.). Por último -reiterando su petición revocatoria- interpreta que le fue rechazado un recurso federal "aún no interpuesto", acusando al decisorio de caer "en prejuzgamiento" y adelantar una "decisión extemporánea" (fs. 167 vta./168).
2. Con respecto a los planteos sustentados en la ausencia de la observancia de las formalidades constitucionales provinciales de los arts. 168 y 171, cabe señalar que la reposición intentada no es la vía idónea para su proposición, máxime al apreciarse que la propia parte interesada esgrime similar desarrollo impugnativo en el recurso extraordinario federal también articulado contra la misma resolución (v. fs. 176 vta./178, art. 290, C.P.C.C.B.A.).
Sin perjuicio de lo expuesto, reviste interés reseñar que en el histórico Acuerdo nº 2 de fecha 26 de enero de 1875, reunida la Corte en un Acuerdo extraordinario, en ejercicio de la facultad que le confería el art. 158 de la Constitución provincial entonces vigente, dictó el reglamento que previó las formalidades para el dictado de sus sentencias y resoluciones (arts. 13 a 20), estableciendo para las primeras la observancia del procedimiento y votación previsto en los arts. 170 y 171 de la Constitución citada, reservando para la validez de las segundas el recaudo de que sean pronunciadas a mayoría absoluta de votos.
Por lo demás, también cabe mencionar que entre las atribuciones conferidas a esta Suprema Corte por el art. 161 de la Constitución provincial actual, se encuentra la competencia por apelación, regulándose en el inciso 3º apartado b) del mismo que este Tribunal "Conoce y resuelve en grado de apelación" "De la nulidad argüida contra las sentencias definitivas pronunciadas en última instancia por los tribunales de justicia, cuando se alegue violación de las normas contenidas en los artículos 168 y 171 de esta Constitución".
Sobre tal base se puede afirmar que las normas constitucionales sobre las que el recurrente sustenta la impugnación a la validez de la resolución dictada a fs. 161/162, no son las indicadas para regir en el presente caso.
En tal virtud, y dada la naturaleza que inequívocamente cabe asignar a la resolución interlocutoria que declaró mal concedidos los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley, deben desestimarse los planteos formulados.
3. En cuanto al último de los agravios traídos -referido a que esta Corte en tal contexto habría "rechazado" un recurso extraordinario federal-, se aprecia con claridad la sinrazón del planteo: esta Corte sólo observó la inexistencia prima facie de un agravio federal que dé lugar a la aplicación de la doctrina del "superior tribunal" de la causa acuñada por la Corte de la Nación a los fines de sortear vallas de admisibilidad en los ámbitos casatorios locales.
II. Acerca de la presentación de fs. 153/159 –donde se aportan circunstancias sobrevinientes a tener en cuenta por esta Corte al tiempo de tratar los recursos extraordinarios provinciales articulados-, más allá de otras consideraciones que también podrían formularse, la inadmisibilidad de las vías casatorias impiden su abordaje en esta sede.
III. 1) En el recurso federal alega que el fallo atacado resulta arbitrario porque omite la aplicación de la doctrina de la Corte Suprema de la Nación vinculada con la definitividad de las resoluciones que desestiman una demanda incidental (Fallos 277:201; 280:429; 219:548; 278:220; 207:487; 306:1700 y 1372; 242:60).
2. Denuncia también que se ha incurrido en dogmatismo y violación de los arts. 14 bis, 16, 17, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional.
3. Por último, vuelve a controvertir la forma adoptada en la resolución de esta Corte por no cumplir con la manda del art. 168 de la Constitución provincial, lo que a su entender reviste una cuestión federal "sorpresiva" (fs. 176 vta./178).
4. Con respecto a este remedio, corresponde señalar que las cuestiones relativas a la admisibilidad de los recursos interpuestos ante los tribunales locales no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal, por lo que en estos casos se torna particularmente exigible que la apelación cuente, respecto de los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (arts. 14 y 15, ley 48; cfr. C.S.J.N., Fallos: 249:530, 250:373, 322:1888, entre otros).
En el caso no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan tales extremos, desde que las razones del impugnante no constituyen más que una discrepancia de criterio, insuficiente como tal para habilitar la instancia federal (doct. arts. 14 y 15, ley 48).
En lo atinente a la arbitrariedad basada en el supuesto dogmatismo y omisión de cuestiones esenciales, tampoco se observan argumentos suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doct. C.S.J.N., causas C.1082.XLIII, sent. del 28-X-2008; P.1226.XLIII, sent. del 18-XI-2008, entre otras).
Corresponde recordar que según lo ha dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad posee carácter excepcional y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (cfr. C.S.J.N., Fallos: 323:4028, 329:2206, 3761, 330:133, entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doct. C.S.J.N., Fallos: 313:493; e.o.).
En ese marco la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la citada doctrina, sin que tales recaudos se encuentren satisfechos en la especie (doct. arts. 15, ley 48; 3 inc. "d", Acordada 4/2007).
En consecuencia, teniendo en cuenta además que tampoco se ha patentizado la relación directa e inmediata entre los motivos federales alegados y lo debatido y resuelto en el caso (cfr. art. 3 inc. "e", Acordada 4/2007), los argumentos esgrimidos no resultan hábiles para conceder la vía de impugnación intentada, siendo ineficaz la mera invocación de normas constitucionales (art. 15, cit.).
POR ELLO, 1) se rechaza la revocatoria intentada (arts. 238 y 290, C.P.C.C.B.A.) y 2) se desestima el recurso extraordinario federal articulado. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68 2do. párrafo, 256 y 267, C.P.C.C.N.; 14 y 15, ley 48).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
JUAN CARLOS HITTERS LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Fin de la sentencia