Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 120567
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 120.567, "Fourcade, Edgardo H. contra Fourcade, Francisco R. Incidente (excepto los tipificados)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Kogan , Torres .
La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Dolores, en lo que importa destacar, modificó las decisiones del juez de primer grado que -a su turno- establecieran los honorarios profesionales (v. fs. 1.538; 1.572 y 1.643/1.645).
Se interpuso, por la coincidentista señora Roxana Fourcade, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.665/1.677 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. A fin de abastecer la presente propuesta decisoria, efectuaré una breve reseña de los aspectos más relevantes del caso.
I.1.a. Conforme surge de las constancias de autos, con fecha 12 de julio de 2011 las partes arribaron a un convenio parcial de liquidación de la sociedad de hecho comprometiéndose a continuar negociando los ítems pendientes (v. fs. 979/980).
Con posterioridad, con fecha 14 de septiembre de 2012, informaron el acuerdo adoptado sobre la totalidad de los puntos controvertidos, estimando el valor de los bienes involucrados y denunciando los honorarios aceptados y percibidos por los letrados que intervinieran en la transacción -entre ellos, el doctor Esteban Tolosa- (v. fs. 1.394/1.397).
Este convenio fue homologado por el magistrado de primera instancia mediante sentencia recaída a fs. 1.398.
I.1.b.i. A fs. 1.536/1.537 los letrados Zampella y D'Addona -quienes no tuvieron participación alguna en el acuerdo en cuestión- solicitaron que se regulen sus honorarios. Para su determinación, alegaron, debía tomarse en cuenta la base de $12.942.009,85 establecida en la sentencia firme recaída en los autos "D'Addona, Sonia M. y otro c/Fourcade, Edgardo H. y otro s/Incidente" (expediente 65.407).
I.1.b.ii. El señor juez de grado, a tenor de lo resuelto por la Cámara en las citadas actuaciones -donde esta fijó la invocada base arancelaria con cita de los arts. 15, 16, 21, 22, 26, 28 inc. "b" y 47 del decreto ley 8.904- procedió a establecer los estipendios de los referidos letrados en la suma de $950.000 para cada uno por las labores desarrolladas hasta fs. 984 (v. fs. 1.538).
I.1.b.iii. Esta decisión fue apelada por Roxana Fourcade.
En su presentación de fs. 1.553 impugnó la regulación por juzgarla nula al tomar un porcentaje del "10% de todo el patrimonio involucrado, sin advertir que [a su juicio] el presente se trata de un incidente y que conforme lo dispone el art. 47 de la ley 8.904 en su última parte, se debió aplicar entre un 20 a un 30% de la escala del art. 21, es decir que [...] deb[ía] ser reducida entre 1/5 y 1/3". Subsidiariamente, requirió la reducción de los estipendios por no guardar relación con la labor desplegada por los beneficiarios. Por el contrario, no controvirtió de modo alguno la base regulatoria de $12.942.009,85, que había sido tenida en cuenta a tenor de la decisión recaída en los autos "D'Addona, Sonia M. y otro c/Fourcade, Edgardo H. y otro s/Incidente" (expediente 65.407).
I.1.b.iv. Los coherederos Edgardo Hernán, Cristina Alberto, Juan Francisco y Rocío Pamela Fourcade también apelaron "por altas" las regulaciones de fs. 1.538.
En su embate de fs. 1.556/1.564 cuestionaron la suma fijada dadas las etapas y labor que desarrollaron los doctores Zampella y D'Addona, haciendo hincapié en tareas -a su entender- inoficiosas y en el carácter incidental que atribuyeron al proceso (arts. 28 inc. "b", 21, 30, 13 y 14, decreto ley 8.904).
Tampoco los nombrados objetaron la base actuada por el magistrado de grado en la regulación de fs. 1.538.
I.1.c. Paralelamente el doctor Tolosa, letrado que participó en la celebración del acuerdo homologado, peticionó que se fijen sus honorarios conforme lo resuelto por la Cámara en la sentencia del 17 de marzo de 2015 (en referencia a la dictada en los autos "D'Addona, Sonia M. y otro c/Fourcade, Edgardo H. y otro s/Incidente" -expte. 65.407-; v. fs. 1.571), lo cual fue proveído favorablemente a fs. 1.572, fijando sus estipendios en la cantidad de $905.000.
Esta última regulación fue apelada por sus patrocinados (v. fs. 1.595) y por Roxana Fourcade (v. fs. 1.597), invocando esta última -entre otros argumentos- que el citado profesional había convenido y percibido los honorarios acordados en el convenio homologado, por lo cual la regulación de fs. 1.572 resultaba improcedente.
I.1.d. En este contexto se inserta la resolución de la Cámara de fs. 1.643/1.645 que motiva el remedio extraordinario de fs. 1.665/1.677.
En dicho pronunciamiento, el tribunal a quo comenzó por desestimar la pretendida aplicación al caso de las pautas arancelarias en materia de incidentes por cuanto -afirmó- la demanda promovida en autos resulta ser de disolución de sociedad de hecho con rendición de cuentas, que cursó bajo las reglas del proceso sumario, resultando incorrecta su calificación como incidente (v. fs. 1.643 vta. y 1.644).
Seguidamente, dio cuenta del acuerdo transaccional al que arribaran las partes, por lo que -dijo- cabe considerar la pauta establecida en el art. 25 del decreto ley 8.904 que, por lo general, importa una quita, mas no en los supuestos en que sobreviene el acuerdo mediando ya sentencia firme.
Sentado lo anterior, interpretó que la regulación de fs. 1.538 a favor de los doctores D'Addona y Zampella resultaba elevada en vista de las tareas desarrolladas "y de acuerdo a la base regulatoria considerada (fs. 1538)", disponiendo su morigeración en la suma de $500.000 cada uno (v. fs. 1.644 vta.).
Por el contrario, en lo que atañe a los honorarios del doctor Tolosa, los reputó justos y equitativos en virtud de las labores desplegadas, la base regulatoria estimada y el marco de los embates recursivos articulados (v. fs. 1.644 vta.).
I.1.e. A fs. 1.661/1.662 los doctores Zampella y D'Addona plantearon aclaratoria contra la resolución de fs. 1.643/1.645 considerando que yerra al disponer la aplicación del art. 25 de la ley arancelaria, reduciendo considerablemente sus estipendios, sin advertir -de un lado- que su parte no intervino en dicho acuerdo y por tanto le resulta inoponible y -del otro- que ha obviado lo resuelto en los autos "D'Addona, Sonia M. y ot. c/Fourcade, Edgardo H. y ot. s/incidente " (expte. 65.407) en donde se resolvió mediante decisión firme la aplicación del art. 27 de la citada norma y se estableció la base regulatoria en la suma de $12.942.009,85.
Ello motivó el auto de fs. 1.678/1.679 en el cual, no obstante señalar que lo pretendido excedía el marco del aludido remedio, la Cámara aclaró que sin perjuicio de lo resuelto en el citado incidente había procedido a realizar un "nuevo análisis de la cuestión" en virtud de sus facultades revisoras y la doctrina emanada de esta Corte, que sigue el criterio sentado por la Corte nacional in re "Coronel" (Fallos: 329:1066), por lo cual a los efectos regulatorios debe tenerse en cuenta el monto de la transacción (v. fs. 1.679).
I.1.f. Frente a ello, el letrado de la señora Roxana Fourcade interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el que aduce violación a los arts. 18 de la Constitución nacional; 15 de su par local; 16, 21, 25 y 28 del decreto ley 8.904 y 163 y 166 del Código Procesal Civil y Comercial. Asimismo, invoca el vicio de absurdo, vulneración a los institutos de la cosa juzgada y de la preclusión y conculcación de doctrina legal que cita (v. fs. 1.665/1.677 vta.).
Sostiene que el juzgador de grado anterior ha violado el art. 25 de la ley de honorarios y la doctrina legal de este Superior Tribunal, en el sentido de que a los efectos de regular los trabajos de los letrados debe tenerse en cuenta el monto de la transacción, hayan intervenido estos o no en el acuerdo transaccional (v. fs. 1.668 vta. y 1.669).
Denuncia que en el sub examine existe un convenio homologado, el cual estableció que el valor total del pleito era de $2.009.500 y que las remuneraciones de los letrados intervinientes habían sido acordadas, consentidas, abonadas y percibidas por aquellos. En consecuencia, si el litigio culminó mediante la transacción, los honorarios de todos los profesionales deben ser regulados sobre el monto conciliado, en tanto representa la cuantía definitiva que pone fin a la discusión (v. fs. 1.669 y vta.).
Afirma que, habiendo concluido el proceso por efecto de la transacción, no queda otra alternativa posible que la de regular los honorarios profesionales conforme lo dispone el art. 25 del decreto ley 8.904, es decir, sobre el monto total de la misma (v. fs. 1.670). En adición, postula que el doctor Tolosa consintió haber percibido sus estipendios y que los doctores Zampella y D'Addona nunca denunciaron el convenio por ser fraudulento ni observaron la estimación de los valores realizados por las partes a fin de establecer el monto dinerario para la liquidación de honorarios, motivo por el cual, habiendo quedado firme y consentida la sentencia que homologó el acuerdo arribado y estableció el valor del litigio, no corresponde apartarse de aquel (v. fs. 1.670 vta. y 1.671).
Por otro costado, aduce violación a los principios procesales de la cosa juzgada y la preclusión. Afirma que el pronunciamiento del Tribunal de Alzada ha desconocido los efectos que provienen de la sentencia de fs. 1.398 que homologó, entre otras cuestiones, los honorarios acordados con sus clientes y percibidos por el doctor Tolosa (v. fs. 1.671 vta.).
Agrega que no existe en estos obrados elemento alguno que pueda desvirtuar la referida cosa juzgada, ya que la estimación de emolumentos profesionales contuvo todos los actos necesarios para adquirir estabilidad y conferir así un derecho adquirido, siendo por ende la nueva regulación de honorarios practicada a su favor inviable, de conformidad con el instituto de la preclusión procesal (v. fs. 1.672).
Finalmente, sobre la base de lo expuesto precedentemente, invoca el vicio de absurdidad en la ponderación de las constancias y destaca el yerro en el que incurrió la Cámara al no meritar debidamente lo que aconteció en el sub lite (v. fs. 1.673/1.675).
I.2. El recurso debe prosperar de modo parcial.
I.2.a. Las partes involucradas en este proceso de liquidación de la sociedad de hecho Fourcade Hermanos convinieron en zanjar sus diferencias a través de un acuerdo conciliatorio, el que fue homologado (v. fs. 1.394/1.397, 1.398 y vta.). En tal convenio, no solo se repartieron los bienes que integraban el activo societario, sino que además determinaron, junto a sus letrados patrocinantes, la retribución que a estos les correspondía en virtud de la valuación allí practicada (v.gr. $2.009.500; v. fs. 1.396).
Conforme el acápite 4 del acuerdo, se dispuso lo siguiente: "Honorarios: las partes y letrados declaramos que los mismos, fueron acordados, aceptados, consentidos y abonados, por las siguientes sumas y según la tarea realizada en el expediente por cada letrado" (fs. 1.396). Párrafos mediante, se precisó: "Dr. Juan Esteban Tolosa, la suma de pesos cuarenta y cinco mil ($45.000)" (v. fs. 1.396 vta.).
I.2.b. Frente a la solicitud de regulación que se hiciera en base al mentado acuerdo homologado (v. fs. 1.571), el titular a cargo del Juzgado de primer grado -atendiendo al pronunciamiento recaído en los autos "D'Addona, Sonia Mabel y otros contra Fourcade, Edgardo Hernán y otros. Incidente" (expte. n° 65.407), el cual dispuso establecer una base arancelaria de $12.942.009,85- resolvió cuantificar las labores del letrado en la suma de $905.000 con más el 10% determinado por la ley 8.455 e impuesto al valor agregado (IVA), si correspondiere (v. fs. 1.572).
I.2.c. Dicho pronunciamiento fue confirmado por la Cámara del fuero departamental, al considerar que los honorarios resultaban justos y equitativos por las tareas desplegadas, la base regulatoria estimada y el marco de los embates recursivos interpuestos (v. fs. 1.644 vta. y 1.645).
I.2.d. Ante ello, la recurrente alega que resulta absurdo volver a regular los estipendios al doctor Juan Esteban Tolosa cuando de la lectura de las actuaciones surge claramente que este ya los había percibido de conformidad al convenio homologado (v. fs. 1.673 vta.).
I.2.e. Sobre este punto, entiendo que asiste razón a la agraviada (art. 289, CPCC).
Tal como ha ido elaborándose por esta Suprema Corte, el concepto de absurdo hace referencia a la existencia, en la sentencia atacada, de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica, o a una interpretación groseramente errada de las constancias incorporadas, que autoriza a dejarla sin efecto (conf. doctr. causas C. 118.916, "De Franco", sent. de 3-XII-2014; C. 120.499, "Bide", sent. de 21-XII-2016 y C. 120.268, "Urquiza", sent. de 28-VI-2017), siendo ello lo que acontece en la especie.
Pues bien, la atenta lectura de las actuaciones permite advertir que la decisión del juzgador de grado anterior, en cuanto confirma el auto regulatorio de origen, no encuentra sustento en las constancias objetivas incorporadas (art. 384, CPCC).
De tal modo, se configura un innegable apartamiento respecto de los términos del convenio transaccional de fs. 1.394/1.397, el cual estableciera expresamente en su acápite 4 que los honorarios pertenecientes al doctor Juan Esteban Tolosa habían sido estimados, aceptados y percibidos por este en la cantidad de $45.000 (v. fs. 1.396; conf. art. 384 y concs., CPCC).
Más aún, observo que en el caso no se ha brindado argumento alguno que permita aseverar que la regulación hecha en primera instancia ha sido realizada en virtud de las actuaciones cumplidas por el letrado con posterioridad a la celebración del instrumento de fs. 1.394/1.397 (v. solicitud de fs. 1.571).
I.2.f. Asimismo, se suma la contradicción de la resolución confirmatoria de la regulación de fs. 1.572 con aquello que el propio Tribunal de Alzada luego expuso al dictar el auto aclaratorio de fs. 1.678/1.679.
Si como "aclara" el Tribunal de Alzada a fs. 1.678/1.679 el acuerdo transaccional debía ser tenido en cuenta a los fines regulatorios, ello luce inconsistente con su decisión de fs. 1.643/1.645, que soslaya por completo dicho convenio en el que participara el doctor Tolosa y donde se convino y abonó la suma de $45.000 en concepto de honorarios, cuyo monto fue concertado en vista de la cuantía de la transacción que se dijo ascendía a $2.009.500 (v. fs. 1.394/1.396). Cabe observar que, en su memorial de fs. 1.597, la quejosa había insistido en que dichos honorarios habían sido acordados con el letrado interviniente y percibidos en consecuencia, lo que tornaba improcedente la regulación de fs. 1.572 (v. fs. 1.597).
De tal modo, la resolución de Cámara que estimó justa y equitativa la regulación a favor del nombrado por la cantidad de $905.000 (v. fs. 1.644 vta., último párrafo) y que expresa que tiene en cuenta la "base regulatoria" adoptada en la decisión de primera instancia, esto es, la cantidad de $12.942.009,85 (v. fs. 1.572), ignora el acuerdo de fs. 1.394/1.396 celebrado con participación del mentado abogado y, a la par, es contradictoria con su aclaración posterior de que debía ser observado el monto transaccional que ascendía a $2.009.500 y no a $12.942.009,85.
I.2.g. En consecuencia, la liquidación efectuada por el magistrado a cargo del trámite, a la postre confirmada por el Tribunal de Alzada, incurre en grado de absurdo por haberse apartado en forma grosera de las constancias objetivas incorporadas al litigio y, por tal motivo, merece ser dejada sin efecto (conf. arts. 289 y 384, CPCC).
I.3. En cambio, por los fundamentos que expondré a continuación, considero que no puede ser receptada la parcela de la protesta referida a los estipendios profesionales de los doctores Zampella y D'Addona.
No ignoro, desde ya, la doctrina legal en la materia (conf. causas L. 88.914, "Muñoz", sent. de 5-XI-2008; C. 114.092, "Lattanzio", sent. de 22-VIII-2012; e.o.; que siguen el criterio de la Corte nacional en Fallos: 315:2575; 320:1066, 329:1191) en torno a la oponibilidad del acuerdo transaccional y aplicación del art. 25 del decreto ley 8.904, incluso respecto de quienes -como los nombrados letrados- no participaron en su celebración. Con todo, las circunstancias que concurren en el caso sellan la suerte adversa de la queja planteada. Veamos.
En el sub lite , al requerir la pertinente regulación los doctores Zampella y D'Addona invocaron la decisión firme recaída en los autos "D'Addona, Sonia Mabel y ot. c/Fourcade, Edgardo Hernán y otros s/incidente" (expte. n° 65.407), dictada por la Cámara el 17 de marzo de 2015, esto es, con posterioridad al acuerdo y a su homologación (v. fs. 645/649 del citado incidente).
Tal planteo fue receptado en el auto regulatorio de fs. 1.538 donde de modo expreso se tuvo en cuenta la base regulatoria de $12.942.009,85 establecida en dicho pronunciamiento.
Este segmento de la decisión no fue materia de agravio alguno por parte de los interesados, quienes ante el Tribunal de Alzada objetaron las remuneraciones por reputarlas altas en orden a las labores desarrolladas y a la escala que entendían aplicable al sub lite , pero guardaron absoluto silencio respecto de la base regulatoria (v. fs. 1.553 y 1.556/1.564).
Ante la ausencia de ataque puntual, la citada base fue mantenida en la resolución de Cámara de fs. 1.643/1.645 que, en lo que atañe a los doctores Zampella y D'Addona, no obstante morigerar los estipendios cuestionados sostuvo que su estimación era efectuada en mérito de las tareas desarrolladas y "de acuerdo a la base regulatoria considerada (fs. 1538)" (fs. 1.644 vta.).
Siendo ello así, las objeciones que a su respecto recién se introducen en el remedio extraordinario bajo examen (v. fs. 1.669/1.671) no solo resultan el fruto de una reflexión tardía y -por tanto- inaudible en esta instancia (conf. doctr. causas C. 116.986, "Radl", sent. de 11-XII-2013; C. 120.992, "Tres Rumbos S.R.L.", sent. de 25-X-2017; C. 121.223, "Riquelme", sent. de 6-VI-2018; e.o.), sino que pretenden volver sobre una cuestión -a saber, la base regulatoria aplicable- que, al no haber sido materia de apelación ante la instancia de grado, adquirió firmeza.
En efecto, ha pasado en autoridad de cosa juzgada no solo la resolución que estableció la base regulatoria en el ya citado incidente promovido por los beneficiarios sino también la decisión que a efectos de regular los estipendios de los doctores Zampella y D'Addona consideró que debía computarse la cantidad de $12.942.009,85 (v. fs. 1.538), que en este puntual aspecto no fue cuestionada oportunamente y que, más allá de la inconsistencia de la aclaratoria de fs. 1.678/1.679 con el auto de fs. 1.643/1.645, el cual mantuvo tal base a los fines regulatorios. Firme lo anterior, no pueden prosperar los agravios traídos por la impugnante, por cuanto no obstante la doctrina de esta Corte en torno a la oponibilidad del acuerdo transaccional en relación a los profesionales ajenos a su celebración (conf. causas L. 88.914 y C. 114.092, ya cit. ), en la especie el monto acordado no puede tomarse como parámetro so pena de violar el principio de la res judicata , ya que -insisto- quedó firme que la base regulatoria para el cálculo de sus emolumentos era la determinada en los autos "D'Addona, Sonia M. y ot. c/Fourcade, Edgardo H. y ots. s/incidente" -expediente 65.407- (v. fs. 1.538 y 1.643/1.645; conf. doctr. causas C. 94.226, "Bailo", sent. de 15-V-2011; Ac. 55.185, "Rodríguez", sent. de 7-III-1995; A
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.