Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125896
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Anular de oficio el fallo rubricado digitalmente con fecha 8 de octubre de 2019, y, en consecuencia, remitir los autos al tribunal de origen a fin que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
2Hacer notar a los jueces integrantes del órgano de grado lo dispuesto en el punto IV de la presente.
I. El Tribunal del Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Necochea, en el marco del juicio iniciado por Jorge Daniel Milanese contra La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., declaró la inconstitucionalidad de los arts. 21, 22 y 46 de la ley 24.557, la inaplicabilidad de las leyes 27.348 y 14.997 y su competencia para entender en las presentes actuaciones. Asimismo, rechazó las excepciones de defecto legal y cosa juzgada también opuestas por la parte demandada (v. resolución electrónica de fecha 8-X-2019).
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 29-X-2019), el que fue concedido por el tribunal de origen (v. providencia de fecha 26-II-2020).
III. Arribada la causa a esta instancia, corresponde disponer la anulación de oficio de la sentencia dictada con fecha 8 de octubre de 2019, por las siguientes razones.
En primer lugar, cabe recordar que la anulación oficiosa de las decisiones judiciales constituye una facultad exclusiva y excluyente de la Suprema Corte, establecida en resguardo de las formas sustanciales del juicio, cuando las falencias de las cuales adolece el pronunciamiento lo descalifican como acto jurisdiccional válido, imposibilitando el ejercicio de la facultad revisora (causas L. 121.034, "Pinto", sent. de 14-VIII-2019; L. 120.759, "Cabral", sent. de 6-XI-2019 y L. 121.446, "Mañas", sent. de 23-II-2021; e. o.).
Tal lo que acontece en el caso bajo examen.
En efecto, según puede advertirse de la simple lectura del pronunciamiento, en la sentencia indicada, los magistrados integrantes del tribunal de trabajo decidieron plantear cuatro cuestiones que merecieron el voto del doctor Horquin en primer término.
A continuación, y de conformidad con el orden de votación establecido, correspondía que se pronunciaran sobre los interrogantes el doctor Bergero y la doctora Razquin. Si bien se verifica que prestaron su adhesión al voto emitido en primer término, acompañaron a la opinión del sufragio inaugural expresando que lo hacían "a la cuestión planteada".
Ello demuestra que de los términos expuestos en los votos de los magistrados votantes en segundo y tercer orden no es posible desentrañar a cuál de las cuatro cuestiones a decidir en el acuerdo han prestado su adhesión.
Esta anomalía configura una violación a lo establecido en el art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires que invalida el pronunciamiento dictado en la instancia inferior.
Sabido es que la norma constitucional citada exige el juicio individual de cada uno de los jueces intervinientes en todas las cuestiones a tratarse, desde que las decisiones deberán adoptarse por mayoría de opiniones expuestas en los votos de los tres integrantes del tribunal del trabajo (art. 44 incs. "d", "e" y "f", ley 11.653), ya que la coincidencia o discrepancia de los magistrados en los tribunales colegiados del fuero laboral no pueden establecerse por vía de implicancia (causas L. 120.533, "Luna", sent. de 21-XI-2018; L. 121.535, "Rivaeneira Redondo", sent. de 27-XI-2019 y L. 120.576, "Pérez", sent. de 25-VIII-2020; e. o.).
En ese orden, es dable señalar que tal déficit no puede ser subsanado por la sola circunstancia de que los tres integrantes rubricaran con sus respectivas firmas la parte dispositiva de la sentencia, ni tampoco con la certificación del actuario, atento que la exigencia constitucional se encuentra directamente dirigida a los jueces, obligación que no resulta delegable en ningún otro funcionario (causas L. 111.689, "Gaona", resol. de 1-XII-2010; L. 99.248, "Rodríguez", sent. de 4-V-2011; L. 120.311, "Fazzari", sent. de 30-V-2018 y L.126.674, "Giuliano", resol. de 17-V-2021; e. o.).
Asimismo, cabe destacar que en nada obsta a la decisión propuesta el hecho que no se haya deducido contra el pronunciamiento de grado recurso extraordinario de nulidad, pues como reiteradamente lo ha declarado este Tribunal- procede la anulación de oficio del fallo recurrido por vía extraordinaria aunque no medie denuncia de infracción a las normas de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia, pues nada exime a la Suprema Corte de la responsabilidad que le incumbe por la estricta observancia de las formas instituidas en procura de la mejor administración de justicia (causas L. 126.194, "Dobler", resol. de 30-XI-2020 y L. 126.771, "Almeira", resol. de 28-V-2021; e.o.).
IV. Sentado lo anterior, no escapa al análisis del sub lite que las constancias del sistema informático "Augusta" dan cuenta que los votos expuestos por cada uno de los miembros del tribunal de trabajo interviniente a la hora de sentenciar obran en tres documentos electrónicos distintos que llevan -cada uno- la firma digital del magistrado votante con la denominación del trámite "fundamentos del fallo". En el marco del dictado de pronunciamientos suscriptos de modo digital, la elaboración de una única pieza electrónica rubricada por los tres magistrados integrantes del órgano jurisdiccional laboral se ajusta a las exigencias legales y constitucionales (arts. 44 inc. "e" y 47, ley 11.653; 168, Constitución local). El cumplimiento de dicho formato responde a la finalidad de resguardar el carácter de acto procesal único de que goza la sentencia de mérito, por lo que se hace notar al tribunal de origen que deberá -en adelante- seguir tales lineamientos al emitir sus pronunciamientos (causas L.126.674 "Giuliano", cit.; L.127.075 "Paredes", resol. de 13-X-2021 y L. 126.316, "Spinelli", resol. de 7-IV-2022).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Anular de oficio el fallo rubricado digitalmente con fecha 8 de octubre de 2019, y, en consecuencia, remitir los autos al tribunal de origen a fin que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
2. Hacer notar a los jueces integrantes del órgano de grado lo dispuesto en el punto IV de la presente.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/07/2022 14:06:42 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/07/2022 15:52:27 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/07/2022 20:17:01 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/07/2022 09:18:19 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/07/2022 09:32:45 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/07/2022 10:53:26 hs. bajo el número RR-986-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia