Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129899
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial Quilmes, con asiento en dicha ciudad, con posterioridad al dictado de la sentencia por la que condenó a Jorge Omar Bernini -en rebeldía- a abonar a Nidia Belén Areco las sumas que especificó en concepto de indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral, rechazó el incidente de nulidad de la notificación del traslado de la demanda y el planteo de redargución de falsedad deducido por el demandado (v. resolución de 18-III-2022).
Para así decidir, el tribunal de grado, previa formación y sustanciación de tal incidencia, concluyó que las pruebas aportadas en autos resultan inconducentes para desvirtuar la presunción de validez que ostenta el instrumento atacado.
II. Frente a dicha decisión, el incidentista interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de fecha 6-IV-2022), el que fue concedido por el a quo tras hacer lugar al pedido de eximición del depósito para recurrir (v. resol. de fecha 11-X-2022).
En primer lugar, denuncia arbitrariedad y absurdo, citando a tal fin las normas y las garantías constitucionales que considera violadas. Asimismo, refiere que el juzgador, se apartó de las reglas de la sana crítica.
A partir de ello, impugna el decisorio en cuanto desestimó el incidente de nulidad de notificación del traslado de demanda y el planteo de redargución de falsedad, en tanto sostiene que el lugar donde se diligenció la cédula pertinente no corresponde a su domicilio real.
En este sentido sostiene que resulta desacertada la premisa del juzgador de grado de que el oficial notificador se ajustó a la normativa de ley.
Luego, cuestionando la valoración de las pruebas, formula un desarrollo del material probatorio producido, indicando el modo en que debió ser interpretado.
Asimismo, afirma que se lo privó de producir la totalidad de la prueba ofrecida -en particular la testimonial-, en franca transgresión del derecho de defensa en juicio.
III. El recurso no prospera.
III.1. Al respecto, no es ocioso recordar que esta Suprema Corte ha sostenido, como principio, que las decisiones adoptadas sobre nulidad de actuaciones no revisten carácter definitivo en los términos establecidos en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 55, ley 11.653; causas L. 120.465, "Ratto", resol. de 14-VI-2017; L. 121.000, "López", resol. de 20-IX-2017 y L. 128.971, "Aceval", resol. de 3-XI-2022).
Sin embargo, en situaciones excepcionales como la de autos, en que la desestimación del incidente de nulidad de la notificación, por su implicancia, podría dejar firme la sentencia definitiva, se advierten configurados motivos suficientes que permiten apartarse de dicho criterio (causa Ac. 101.431, "Orazi", resol. de 27-III-2008; L. 122.024, "Bracco", resol. de 22-V-2019; L. 124.139, "Elia", resol. de 16-VI-2020; L. 125.984, "González", resol. de 1-XI-2021 y L. 127.961, "C&C Servicios Integrales S.R.T.", resol. de 7-III-2022).
III.2. Ahora bien, sentado lo expuesto, cabe recordar que este Tribunal ha dicho que la apreciación de las circunstancias fácticas del caso y la valoración de los elementos probatorios colectados durante la sustanciación del proceso constituyen facultades privativas de los jueces de los tribunales de trabajo, excluidas en principio de la revisión extraordinaria, salvo cabal demostración de absurdo (causas L. 120.171, "Morales", sent. de 3-V-2018; L. 119.385, "Genovali", sent. de 19-IX-2018; L. 116.928, "Acuña", sent. de 5-VI-2019 y L. 129.651, "Cerdeira", resol. de 5-XII-2022).
Asimismo, ha declarado que establecer si en un caso dado concurren o no las circunstancias fácticas constitutivas de elementos o presupuestos que dan lugar a la aplicación de una norma o precepto, constituye una cuestión ajena a la instancia extraordinaria, salvo que se demuestre que el razonamiento del tribunal de grado está viciado por absurdo (causas L. 116.741, "Marini", sent. de 9-X-2013; L. 119.779, "Felipe", sent. de 21-II-2018 y L. 128.508, "Britos", resol. de 29-XII-2022).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 120.518, "Morales", sent. de 13-VI-2018; L. 119.717, "Ortiz", sent. de 10-X-2018; L. 121.376, "Aguirre", sent. de 14-XII-2020 y L. 129.651, "Cerdeira", resol. de 5-XII-2022).
III.3.a. Bajo tales premisas, el recurrente no logra demostrar la existencia del vicio invocado.
III.3.b. Como se anticipó, el órgano judicial de grado, en el marco de sus facultades privativas, analizó el material probatorio aportado a la causa y juzgó que no correspondía anular lo actuado, ello así, pues el demandado no aportó prueba alguna -como era su carga- que acredite haber tomado conocimiento de las presentes actuaciones al anoticiarse del dictado de la sentencia.
En este sentido, señaló que las cedulas de notificación de demanda y declaración de rebeldía fueron diligenciadas al domicilio informado por la Cámara Nacional Electoral, el cual coincidía con el denunciado en el escrito de inicio, hecho que ha sido corroborado -además- por el propio nulidicente quien acompañó documentación (constancia de AFIP) donde se consigna dicho lugar de residencia. Sumado a esto, vale recodar, que ninguno de los testigos (ni siquiera su propia pareja) coincidieron en indicar la fecha en la que el demandado manifestó mudar su domicilio a la provincia de Córdoba.
Asimismo, concluyó que -el incidentista- no ha podido desvirtuar las aseveraciones efectuadas por el oficial notificador en el acta que labra en el reverso de las cédulas de notificación en cuestión. En este sentido, afirmó que resultaron inconducentes los medios probatorios ofrecidos para modificar la presunción de validez que ostenta el instrumento atacado.
III.3.c. Esta esencial conclusión del fallo, a la que arribó el juzgador de grado sobre la base de la valoración de los elementos de juicio adquiridos en el proceso, no logra ser conmovida por el interesado pues lejos de controvertirla frontal y eficazmente se limita a analizar el asunto desde otra perspectiva, apoyándose en su propia versión sobre como debieron apreciarse los hechos y las pruebas agregadas a la causa, pero sin evidenciar que el razonamiento del a quo se encuentre errado.
En definitiva, el compareciente prescinde aportar elementos convincentes con virtualidad para descalificar el contenido del fallo, derivando la crítica en una mera contraposición de criterios que -como tal- no resulta idónea a los fines del recurso deducido (causas L. 117.656, "Barraza", sent. de 23-XI-2016; L. 117.823, "Díaz", sent. de 10-V-2017; L. 120.801, "Dagnone", sent. de 7-III-2019 y L. 129.092, "Mink", resol. de 4-X-2022).
En este orden, resulta de aplicación la doctrina de este Tribunal que tacha de insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, apartándose de la línea argumental del fallo -desatendiendo así de su verdadero contenido y alcance- y siguiendo el hilo de su propio razonamiento, sólo exhibe su disconformidad con la decisión impugnada, dejando sin réplica las conclusiones esenciales de la decisión (causas L. 123.336, "Velazque", resol. de 13-XI-2019; L. 127.448, "Marconato", resol. 29-XI-2021 y L. 127.534, "Benitez", resol. 13-XII-2021).
III.3.d. En particular, cabe recordar que la valoración de la prueba oral queda reservada a los magistrados de grado, que gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo (causas L. 119.849, "Rojas", resol. de 4-VIII-2016; L. 124.787, "De La Cruz", resol. 21-XI-2020 y L. 126.782, "Bello", resol. de 7-IV-2022), supuesto excepcional que el impugnante nuevamente fracasa en demostrar.
Corresponde añadir que las reglas de la sana crítica no resultan aplicables al proceso laboral, en el que rige el sistema de apreciación de la prueba "en conciencia" (art. 44 inc. "d", ley 11.653; causas L. 122.880, "Maidana", resol. de 6-XI-2019; L. 124.729, "Ríos", resol. de 6-XI-2020 y L. 128.474, "Schmidt", resol. de 7-VI-2022).
III.3.e. Por lo demás, cabe agregar que carece de entidad la sola mención de la afectación de las garantías constitucionales presuntamente infringidas, cuya configuración está supeditada a la previa verificación de infracción de textos legales (causas L. 122.268, "Carzoglio", resol. de 27-II-2019; L. 121.938, "Martín", resol. de 21-VIII-2019 y L. 129.027, "Franchino", resol. de 4-X-2022), supuesto no comprobado en la especie.
III.4. Finalmente, en cuanto a la denuncia efectuada en torno a que el a quo privó a su parte de producir la totalidad de la prueba, esta Suprema Corte ha dicho reiteradamente que las infracciones relacionadas con presuntos defectos ocurridos durante el proceso, anteriores a la sentencia y aún aquellas vinculadas a cuestiones de procedimiento que han quedado precluidas, resultan ajenas a la instancia extraordinaria desde que el recurso de inaplicabilidad de ley tiene por objeto la sentencia definitiva, y no el reexamen de la estructura del procedimiento antecedente (causas L. 120.477, "Gutiérrez", resol. de 20-IX-2017; L. 121.641, "Ferreyra", resol. de 5-XII-2018; L. 125.471, "Chiminelli", resol. de 6-XI-2020 y L. 125.993, "Ordenes", resol. de 10-V-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/04/2023 01:56:08 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/04/2023 10:11:05 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/04/2023 11:47:16 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/04/2023 17:39:21 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/04/2023 08:58:20 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 26/04/2023 10:53:54 hs. bajo el número RR-452-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia