Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131503
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Mar del Plata rechazó el incidente que el señor Alberto Raúl Iglesias y su letrado patrocinante, el doctor Rubén Osvaldo Vespa, por derecho propio, promovieron con el objeto de extender la responsabilidad por la condena dictada en la causa "Iglesias Alberto Raúl c/ Trusting Group S.A. s/ Despido" (Expte. 62.676) en trámite por ante el Tribunal de Trabajo N° 2 de la mencionada ciudad, respecto de Verónica Carolina y Daniel Fernando Geraige en su carácter de presidente y vicepresidente, respectivamente, de Trusting Group S.A. (v. pronunciamiento del 27-IX-2023 y aclaratoria del 30-X-2023).
Para así decidir, tras analizar las probanzas rendidas y de conformidad con los términos de la demanda, consideró no probados en autos ninguno de los supuestos previstos en los arts. 160 del Código Civil y Comercial de la Nación y 54, 59 y 274 de la Ley de Sociedades Comerciales.
II. Contra dicho pronunciamiento, el doctor Rubén Osvaldo Vespa -por propio derecho y en carácter de patrocinante del trabajador Alberto Raúl Iglesias-, deducen recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 18-X-2023), los que fueron concedidos por el a quo (v. resoluciones del 31-X-2023 y 4-VII-2024).
A su turno, esta Corte intimó al doctor Rubén Osvaldo Vespa para que, en el término de cinco días, acredite el depósito de la suma que se indicó, bajo apercibimiento de declarar desierto el recurso interpuesto por derecho propio. Frente a ello, el impugnante desiste de la vía deducida (v. escrito de fecha 13-VIII-2024; resols. de 9-VIII-2024 y 20-IX-2024)
III.1. En el único remedio que debe ser abordado por esta Corte, esto es, el articulado por el actor Iglesias, se relatan los antecedentes de la causa y citan las normas y las doctrinas legales que considera conculcadas.
En sustancia, el interesado afirma que la decisión del tribunal de origen, en cuanto denegó la extensión de la responsabilidad respecto de las indicadas personas físicas -Verónica Carolina y Daniel Fernando Geraige-, es fruto de una absurda valoración de la prueba.
III.2. El recurso no prospera.
III.3. Liminarmente, se impone observar que -en el caso- el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria, representado para el compareciente por la suma reclamada en la demanda -esto es, el monto de condena dictada en la causa "Iglesias Alberto Raúl c/ Trusting Group S.A. s/ Despido", cuya extensión de responsabilidad peticiona respecto de los accionados de autos- no excede el importe mínimo para recurrir fijado por el artículo 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141 (causas L. 121.818, "Ponce", resol. de 10-IV-2019 y L. 126.094, "Cjumo", resol. de 16-VII-2021 y L. 130.390, "Gurfinchel", resol. de 1-VIII-2023), razón por la cual la admisibilidad de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla en el artículo 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario.
En razón de lo expuesto, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020; L. 128.987, "Ojeda", resol. de 18-VIII-2022 y L. 129.838, "Saavedra", resol. 17-IV-2023).
III.4. Realizado el examen conforme los lineamientos anteriormente enunciados, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado desde que el recurrente trae a consideración agravios relacionados con cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado y relativos a la valoración de los hechos y las pruebas -vinculadas a la acreditación, o no, de los presupuestos a los que la Ley de Sociedades Comerciales subordina la aplicación de los arts. 54, 59 y 274-, así como al supuesto absurdo en que habría incurrido el Tribunal de Trabajo al meritar las circunstancias probatorias de la litis, asuntos detraídos de la revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto antes señalado (causas L. 124.457, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol de 21-XII-2020; L. 130.381, "Ordas", resol. de 24-X-2023 y L. 130.641, "Areco", resol. de 22-XII-2023).
III.5. Luego, importa recordar que reiteradamente ha declarado esta Corte que la doctrina legal referida al vicio de absurdo no resulta idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado art. 55 de la ley ritual (causas L. 120.430, "González", sent. de 2-V-2019; L. 127.812, "Casas", resol. de 7-III-2022; L. 128.456, "Germiniani", resol. de 29-VI-2022 y L. 131.612, "Coronel", resol. de 29-VII-2024).
III.6. Finalmente, sabido es, que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 125.062, "Serravalle", resol de 21-XII-2020; L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023 y L. 132.294, "Navichini", resol. de 29-VII-2024; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 01/11/2024 14:27:26 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/11/2024 10:22:51 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/11/2024 09:53:19 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/11/2024 15:25:59 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/11/2024 08:50:44 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 20/11/2024 13:06:06 hs. bajo el número RR-1408-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia