Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131323
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la queja traída (arts. 292, CPCC; 89, Ley 15.057; Acuerdo 4.068/2022, Resol. 24/20 y Resol. 1.840/24).
2Hacer lugar al recurso extraordinario de nulidad interpuesto en atención a lo decidido en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.) y disponer la anulación de la sentencia impugnada (art. 168, Const. prov.). En consecuencia, los autos deberán ser remitidos al tribunal de origen para que -con renovada integración- dicte nuevo pronunciamiento (arts. 31 bis y 298, cits.). Costas por su orden, dada la forma en que se resuelve (art. 68, seg. párrafo, CPCC).
I. En el caso, el doctor Julio Armando Hikkilo inició la ejecución de los honorarios regulados a su favor por los trabajos efectuados en el marco de la causa tramitada por ante el Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata caratulada "Monge Liliana Noemi c. Centro Médico de Mar del Plata s. Despido" (v. escrito de 21-VI-2023).
El a quo , a su turno, tuvo por iniciada la señalada ejecución por vía incidental y decretó el embargo sobre las sumas tanto presentes como futuras que el obligado tuviera por cualquier concepto en la entidad bancaria indicada, hasta cubrir la suma liquidada por honorarios, aportes e impuesto al valor agregado (v. resol de 3-VII-2023).
Más adelante, la apoderada del Centro Médico de Mar del Plata interpuso excepción de pago documentado, por un lado y, por otro, reconoció la existencia de una diferencia en favor del reclamante, en virtud de la modificación del valor del JUS. Asimismo, practicó nueva liquidación sobre los parámetros reseñados, consintió la dación en pago con los fondos existentes en la cuenta judicial de autos y, finalmente, solicitó el levantamiento del embargo y el reintegro del excedente (v. escrito de 10-VIII-2023).
II. El tribunal de grado, a su turno, rechazó la excepción de pago opuesta, con fundamento en que el pago certificado no cumplía con el requisito de la integralidad, careciendo por tal motivo de efecto cancelatorio. Sin perjuicio de ello, y en virtud de la dación en pago efectuada por la demandada, realizó una nueva liquidación y ordenó se abone la suma que consideró adeudada. Finalmente, levantó la traba del embargo (v. resol. de 17-VIII-2023).
Contra lo así resuelto, el doctor Hikkilo planteó su nulidad, ocasión en que destacó que el pronunciamiento puesto en tela de juicio devino violatorio de lo normado en el art. 52 de la ley ritual, desde que, además de no haberse sustanciado la mencionada liquidación, no se dictó sentencia de trance y remate. En subsidio, interpuso una revocatoria, donde impugnó que el tribunal haya otorgado efecto cancelatorio a un pago parcial (v. escrito de 23-VIII-2023).
III. El sentenciante, rechazó la nulidad argüida por considerar que no resultaba justificada en el marco de los argumentos afincados en la configuración de un excesivo rigorismo formal, ocasión en que destacó que no se evidenciaba en el caso vulnerado el debido ejercicio de la defensa en juicio. A su vez, entendió que las nulidades procesales debían acogerse con criterio restrictivo, debiendo estarse por la conservación del acto impugnado. Finalmente, rechazó la revocatoria por considerar que el recurrente no aportó nuevos elementos de juicio que permitieran apartarse de la resolución primigenia y dictó la sentencia de trance y remate, mandando llevar adelante la ejecución por la suma que destacó (v. resol. de 24-VIII-2023).
Más adelante, el a quo dejó sin efecto el acto por el cual dió inicio a la ejecución dictado el 3 de julio de 2023 y, como así también, las decisiones dictadas en su consecuencia -esto es, aquellos de fecha 17-VIII-2023 y 24-VIII-2023-, ordenando el levantamiento del embargo y la devolución del remanente que determinó (v. resol. de 1-IX-2023). Para así resolver, sostuvo que "advirtió" que la demandada dio cumplimiento a la obligación del pago de honorarios de modo íntegro en fecha 9 de septiembre de 2021.
IV. Contra dicha decisión, el doctor Hikkilo interpuso recurso extraordinario de nulidad (v. escrito de 15-IX-2023) cuya denegatoria fundada en la ausencia de definitividad del pronunciamiento atacado (v. resol. de 22-IX-2023), motivó la articulación de la queja en tratamiento (art. 292, CPCC; v. escrito electrónico de 26-IX-2023).
En el recurso de hecho deducido de modo directo ante esta sede, el impugnante alega que la resolución atacada resulta equiparable a sentencia definitiva en la medida que viola los principios constitucionales de cosa juzgada, contradicción, e "irretractabilidad" de la sentencia, al dejar sin efecto todo lo actuado. Por lo tanto, por sus efectos en el proceso y al clausurar toda posibilidad de cobro de las diferencias por las consecuencias de la mora en el pago del crédito a su favor, se produce un enriquecimiento ilícito del deudor.
V. La queja prospera.
V.1. De modo liminar, corresponde observar que, si bien esta Corte ha dicho que los pronunciamientos dictados en etapa de ejecución de los honorarios regulados no revisten carácter de definitivos, en los términos de los arts. 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 121.076, "Matitti", resol. de 29-VIII-2017; L. 122.187, "Piñero", resol. de 28-XI-2018; L. 125.802, "Serio", resol. de 11-VIII-2020 y L. 126.951, "Rodríguez", resol. de 1-XI-2021), tal principio, en el sub lite , debe ceder.
Ello así puesto que, en la especie, de la lectura del pronunciamiento atacado, se advierte que el tribunal de grado dictó sentencia interlocutoria en fecha 1 de septiembre de 2023, por medio de la cual retrotrayendo el proceso sostuvo "erróneamente" ordenada la ejecución el día 3 de julio de 2023 y, sobre tal premisa, la dejó sin efecto, como así también lo decidido en su consecuencia -esto es, las resoluciones de fechas 17-VIII-2023 y 24-VIII-2023-. Tal decisión, en virtud de los términos expuestos y las circunstancias excepcionales descriptas, reviste -en la especie- carácter definitivo en los términos del artículo 278 del Código Procesal Civil y Comercial (causas Ac. 89.189, "Espósito", resol. de 3-XII-2003; Ac. 104.791, "Vizzocco", resol. de 30-IX-2009 y L. 121.763, "Amarilla", resol. de 10-X-2018).
V.2. En consecuencia, corresponde hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de nulidad deducido (arts. 292, CPCC y 89, ley 15.057; Ac. 4.068/2022, Resol. 24/20 y Resol. 1.840/24).
VI. 1. Ingresando en el estudio de los agravios desarrollados en el recurso extraordinario concedido en este acto, corresponde observar que le asiste razón al impugnante en torno a que el pronunciamiento puesto en tela de juicio -vale destacar, en tanto resuelve una cuestión esencial afincada en el trámite incidental- ha sido dictado sin guardar la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces exigido por el art. 161, inc. 3 ap. "b" de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
VI.2. En el caso, entonces, tal como lo denunció el recurrente, en la especie se halla incumplida la exigencia contenida en la norma constitucional citada, omisión que no puede ser subsanada por la sola circunstancia de que rubricaran con sus respectivas firmas el acuerdo, desde que, sabido es, la mentada exigencia constitucional se encuentra directamente dirigida a los jueces, obligación que no resulta delegable en ningún otro funcionario (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.; causas L. 82.773, "Potenza", sent. de 22-X-2008; L. 97.987, "López", sent. de 16-XII-2009; L. 124.616, "Cespedes", resol. de 13-X-2020 y L. 129.149, "Villafañe", resol. de 7-IX-2023).
Por lo expuesto corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de nulidad deducido y disponer la anulación del pronunciamiento dictado por el tribunal laboral el 1 de septiembre de 2023 y, en consecuencia, devolver los autos a dicha sede jurisdiccional para que, con renovada integración, dicte nuevo nueva decisión (art. 168, Const. prov.).
VII. En atención a lo dicho, carece de virtualidad expedirse en torno a los restantes agravios desarrollados en el recurso que se provee.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires
1. Hacer lugar a la queja traída (arts. 292, CPCC; 89, Ley 15.057; Acuerdo 4.068/2022, Resol. 24/20 y Resol. 1.840/24).
2. Hacer lugar al recurso extraordinario de nulidad interpuesto en atención a lo decidido en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.) y disponer la anulación de la sentencia impugnada (art. 168, Const. prov.). En consecuencia, los autos deberán ser remitidos al tribunal de origen para que -con renovada integración- dicte nuevo pronunciamiento (arts. 31 bis y 298, cits.). Costas por su orden, dada la forma en que se resuelve (art. 68, seg. párrafo, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. Resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/02/2025 19:42:44 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/02/2025 11:12:37 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/02/2025 12:06:28 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/03/2025 12:39:31 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/03/2025 13:46:27 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 12/03/2025 14:46:57 hs. bajo el número RR-65-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia