Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 134379
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar -de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General- el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos; y el de inaplicabilidad de ley por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 68, 289 y 298 CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata -en lo que interesa por ser materia de agravio- rechazó el beneficio de litigar sin gastos solicitado por el Club Atlético Once Unidos tendiente a que se lo exima del cumplimiento del depósito de capital, intereses y costas previsto en el art. 83 de la ley 15.057 respecto de los recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley interpuestos contra la sentencia definitiva dictada en la causa "Negri, Pablo Diego c/ Club Atlético Once Unidos s/ Despido" (v. pronunciamiento de fecha 12-XII-2024).
Para así decidir, juzgó que de la lectura de las actuaciones, principalmente del informe pericial contable, surge la existencia de fondos comunes de inversión y otras acreencias suficientes para afrontar el depósito previsto en la norma ritual laboral citada.
II. Contra dicha decisión, el incidentista interpuso recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. escrito de fecha 30-XII-2024), los que fueron concedidos por el a quo (v. resol. de fecha 5-II-2025), habiéndose conferido vista al Procurador General (v. dictamen de fecha 30-X-2025).
III.1. En el remedio extraordinario de nulidad, denuncia violados los arts. 168 y 171 de la Constitución local. En sustancia, alega que la decisión de grado luce desprovista de todo fundamento legal. Invoca absurdo en la ponderación de los elementos probatorios aportados. También considera quebrantadas las garantías constitucionales que menciona. Finalmente, sostiene que no existe voto individual de los magistrados que componen el tribunal de origen, sino tan solo una simple remisión al voto preopinante.
III.2. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera.
III.2.a. En principio corresponde recordar que el remedio extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. cit.; causas L. 112.429, "Casajús", resol. de 26-X-2010; L. 113.715, "Berrozpe", resol. de 6-IV-2011; L. 116.587, "Figueroa", resol. de 1-VIII-2012; L. 121.026, "Autalan", resol. de 3-V-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020; L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021 y L. 130.716, "Pereyra", resol. de 15-IV-2024).
Sentado ello, cabe destacar que lo que el art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires sanciona con la nulidad es la ausencia de base legal de las decisiones judiciales, más no su incorrecta, desacertada o deficiente fundamentación, cuyo estudio resulta ajeno al remedio intentado, siendo inherente al de inaplicabilidad de ley (causas L. 120.845, "SATA Argentina S.A.", resol. de 18-IV-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020; L. 125.635, "García", resol. de 7-X-2021 y L. 128.943, "Carloni", resol. de 19-IX-2022; L. 128.962, "Parenti", resol. de 1-VIII-2023 y L. 134.823, "Fernández", resol. de 4-XII-2025).
En el caso, no se halla vulnerada dicha cláusula constitucional, habida cuenta que la simple lectura del fallo en crisis demuestra que el mismo se encuentra basado en el texto expreso de la ley (causas L. 123.718, "Kollrich Borsani", resol. de 9-VI-2020; L. 126.258, "Alterino", resol. de 26-V-2021 y L. 131.594, "Cobas", resol. de 29-VII-2024).
III.2.b. Cabe agregar, asimismo, que la improcedencia del remedio procesal elegido se exhibe nítida ni bien se advierte que sus argumentaciones también se dirigen a objetar el modo como el tribunal abordó y resolvió las cuestiones ventiladas en autos, remitiendo el análisis a la imputación de presuntos errores de juzgamiento cuyo tratamiento -como es sabido- es ajeno al limitado marco de conocimiento del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 122.963, "Romero", resol. de 18-IX-2019; L. 124.729, "Ríos", resol. de 6-XI-2020; L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021 y L. 127.870, "Costen", resol. de 14-III-2024).
III.2.c. Seguidamente, se impone añadir que las alegaciones referidas a la apreciación y valoración del material probatorio, como a su deficiente examen por el tribunal de grado, no pueden ser canalizadas mediante la vía extraordinaria de nulidad intentada (causas L. 124.188, "Moreda", resol. de 17-VI-2020 y L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021).
III.2.d. Importa precisar, además, que no constituye tema que pueda someterse a juzgamiento a través del canal extraordinario de nulidad, la acusación del impugnante vinculada al presunto quebranto de garantías de raigambre constitucional (causas L. 106.409, "Di Yorio", sent. de 8-V-2013; L. 117.924, "Caballero", resol. de 16-VII-2014; L. 124.771, "Ruiz", resol. de 21-IX-2020; L. 128.412, "Florentín", resol. de 4-VII-2022 y L. 131.709, "Bonfanti", resol. de 15-X-2024); ni la relacionada a la supuesta existencia de absurdo del pronunciamiento (causa L. 134.665, "Carbonetti", resol. de 30-III-2026).
III.2.e. Finalmente, en lo que atañe a la ausencia de voto individual señalada por el recurrente, corresponde destacar que el pronunciamiento recurrido no ha vulnerado la formalidad exigida por el art. 168 de la Constitución de la Provincia, ya que es criterio constante de este Tribunal que el voto de adhesión (v. pág. 6 del pronunciamiento de 12-XII-2024) es constitucionalmente válido (causas L. 95.983; "González", sent. del 16-IX-2009; L. 96.575, "La Polla", sent. del 13-VIII-2008 y L. 132.558, "Ratovsky", resol. de 13-III-2025; e.o.), pues significa que el juez que lo emite comparte los fundamentos de su colega preopinante, a los que se remite, pero por una razón de simplicidad obvia su repetición, integrándose de esa manera la mayoría requerida por la Carta provincial.
IV. En lo que respecta al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el impugnante relata los antecedentes de la causa. Cita las normas y la doctrina que considera violada. Alega absurdo en la valoración de la prueba. En sustancia, cuestiona la decisión del juzgador de grado en cuanto consideró no acreditada la carencia de medios suficientes para cumplir con el mencionado recaudo. En este marco, sostiene que la mera existencia de activos no implica necesariamente la disponibilidad de liquidez inmediata para afrontar un gasto extraordinario como el depósito judicial.
IV.1. El remedio tampoco prospera.
IV.1.a. Corresponde señalar que esta Corte tiene dicho que establecer si en un caso dado se configuran los requisitos para la procedencia del incidente de eximición de depósito previo constituye una facultad privativa de los jueces de grado, exenta de censura en sede extraordinaria, salvo el excepcional supuesto de absurdo (causas Ac. 77.382, "Ward de Vázquez", sent. de 3-VII-2002; C. 93.206, "Escala", sent. de 16-IV-2008; L. 114.062, "Vacca", resol. de 11-V-2011; C. 102.786, "Mena", sent. de 24-V-2011 y L. 128.031, "Casamayor", resol. de 29-XII-2021).
Dicha anomalía sólo puede juzgarse configurada ante una demostración cabal de su existencia. Es evidente, pues, que no basta con invocarla, toda vez que resulta indispensable ponerla de manifiesto a través de una correcta y concreta fundamentación ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error, resultando insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se dirige a disputarle al juzgador de grado el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 124.121, "Sánchez", resol. de 11-VI-2020; L. 124.031, "Coronel", resol. de 16-VI-2020; L. 123.944, Di Cataldo", resol. de 3-VIII-2020: L. 129.634, "Miller", resol. de 14-III-2023 y L. 131.047, "Gispert", resol. de 27-II-2024).
IV.1.b. En definitiva, se advierte que el impugnante no logra descalificar la esencial motivación del fallo recurrido por conducto de una crítica que transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el juzgador debió ponderar la prueba aportada al incidente, en particular, el informe de la contadora pública interviniente.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar -de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General- el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos; y el de inaplicabilidad de ley por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 68, 289 y 298 CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acá-pite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/04/2026 14:35:16 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/04/2026 09:36:47 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 21/04/2026 19:57:30 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/04/2026 13:20:23 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/04/2026 14:13:30 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 22/04/2026 16:32:49 hs. bajo el número RR-528-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia