Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 176897
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la accionada;
II. Imponer las costas por su orden (art. 68 del CPCC);
III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14967).
EXPEDIENTE N° 176897 JUZGADO N° 6
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "LACTEOS EL HOLANDO S.R.L. C/ FERNANDEZ HORACIO ADRIAN S/ INCIDENTE DE VERIFICACION DE CREDITO", habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Roberto J. Loustaunau y Ricardo D. Monterisi.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1. ¿Es justa la sentencia apelada?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:
I. En la sentencia del 25.11.2022 la Señora Jueza declaró verificado el crédito insinuado por Lácteos El Holando S.R.L por la suma de $567.754,75 con más intereses legales hasta la fecha de la presentación en concurso preventivo.
Impuso las costas al acreedor en su carácter de tardío.
Para así decidirlo, tuvo por probada la existencia y legitimidad de la acreencia en base a la documentación acompañada (facturas y cheques rechazados por falta de fondos), a las conclusiones de la perito contadora y del síndico, a la presunción que emana del pago de tributos correspondientes a las facturas reclamadas y a la habitualidad de las contrataciones que la propia demandada reconoció al contestar la demanda.
II. El 5.12.2022 apeló la accionada [presentación 243000495021674553], recurso que fue concedido en relación, con efecto suspensivo; y fundado el 20.12.2022 [presentación 257900495021719969].
III. La recurrente plantea las siguientes quejas:
a. Critica la valoración de la prueba realizada por la sentenciante toda vez que no se probó la entrega de mercadería y por ello tampoco se encuentra acreditada la relación causal entre los cheques rechazados y la venta de la mercadería facturada.
b. Controvierte la interpretación que la magistrada hizo de la prueba pericial contable, ya que afirma que el crédito reclamado no se encontraba registrado en el balance cerrado al 31.12.2015, ni surge su composición los asientos al 31.12.2016 y 2017.
c. Se agravia del informe del síndico ya que le atribuye insuficiencia al sustento instrumental a partir del cual aconsejó la admisibilidad del crédito insinuado.
d. Hizo reserva del caso federal.
IV. El recurso no prospera.
i. Los acreedores que intentan ser incluidos en el pasivo concursal/falencial por vía incidental tienen la carga de probar la existencia y extensión de su crédito (monto, causa y privilegio). La Corte provincial estableció expresamente: ... “En el pedido de verificación, todos aquellos que pretendan hacer valer sus derechos frente a la masa deberán indicar la causa del crédito, pero, una vez abierta la etapa incidental de revisión del crédito será necesario probar la causa de la obligación” (SCBA, Ac. 54603 S 8-9-1998; Ac. 78868 S 2-10-2002; Ac. 78568 S 23-4-2003; Ac. 79573 S 9-12-2004, entre otros; esta Sala, causas 155659 y 165.873, entre otras).
La mayoría de la doctrina especializada se enrola en esta teoría, la que además se sustenta en la armónica interpretación de la normativa concursal, en particular de los artículos 273 inc. 9, 278, 280 y sig. ley 24522, y y en código procesal local artículo 375.
Dicha regla es aplicable a todo tipo de créditos cualquiera sea la naturaleza de la obligación y la forma de su instrumentación. (QUINTANA FERREYRA, Francisco, "Concursos, T°I, pag. 392, ed. Astrea; TRUFFAT, "Procedimiento de Admisión al Pasivo Concursal", p. 265; GALINDEZ, "Verificación de Créditos", 3ª ed., p. 178, JUNYENT BAS y MOLINA SANDOVAL, "Verificación de Créditos, Fuero de Atracción y otras cuestiones conexas", p. 206; GRAZIABILE, Darío, Derecho Concursal, 2° Ed. ampliada y actualizada, pág. 416; HEREDIA, Pablo, “Tratado Exegético del derecho Concursal”, Ed. Ábaco, T.1).
Sin perjuicio de ello, es sumamente ilustrativo lo expresado por el Dr. Alberti quien dijo: "Creo que no podemos seguir hablando de las cargas probatorias sin recordar que hay una carga previa, que fija la carga de probar. La carga previa es explicar los hechos, porque en definitiva las cargas no se reparten apriorísticamente sobre la base de la estructura conceptual o dogmática, es decir, tipificada, de la relación jurídica que invocamos. Las cargas se adjudican, y se juzga su acatamiento o desatención según la concreta y fáctica posición que hayamos adoptado en un proceso; y como los procesos se abren con una explicación que concierne a ambos sujetos, ambos están asumiendo al explicarse, la carga de probar, porque ambos deben justificar lo que han aseverado" (el resaltado me pertenece; ALBERTI, Edgardo M., La verificación de los créditos en los concursos y la causa de los créditos documentados en papeles de comercio, en Revista del Colegio de Abogados de Córdoba, 1981, N°13, p. 28)
Comparto ese criterio y por ello entiendo que el demandado concursado también tenía la carga de acreditar los extremos alegados en su defensa, ofrecer y producir prueba tendiente a demostrar la improcedencia de la pretensión del accionante, siendo admisibles todo tipo de prueba con tal que no sean improcedentes, superfluas o meramente dilatorias según la ley procesal.
ii. La demandada reconoció haber mantenido con la accionante una relación comercial que consistía en la compra-venta de mercadería para su posterior venta al por menor y al por mayor.
Si bien controvirtió la efectiva recepción de la mercadería facturada entre el 16 de noviembre del año 2014 y el 1 de junio del año 2015 así como la autenticidad formal y material de las 21 facturas acompañadas, lo cierto es que no explicó cuáles fueron las razones por las cuales, inmediatamente a la fecha de la última, libró en favor del acreedor cuarenta y siete cheques simples [instrumentos de pago] y de pago diferido [instrumento de crédito] cuya fecha de presentación para el pago fijó entre el 1° de junio y el 26 de agosto del año 2015, es decir con fecha posterior a las facturas.
No invocó su extravío, sustracción o desposesión involuntaria, ni revocó la orden de pago. Por lo cual debe presumirse que las cartulares fueron entregadas voluntariamente por el obligado lo que convierte al reclamante en su legítimo tenedor [arts. 4/6; 12/17 y concordantes Ley 24452]
Es decir, frente a la falta de impugnación de la validez, existencia y legitimidad de los cheques por parte del librador accionado, concluyo que éstos tuvieron como causa la relación comercial expresamente reconocida por la accionada, bastando para ello un marco indiciario demostrativo de las circunstancias determinantes de su emisión o bien de la transmisión de alguno de los títulos agregados. [RIVERA, Julio César, Derecho Concursal, T°II, págs. 208/11; JUNYENT BAS, Francisco, MOLINA SANDOVAL, Carlos A, Ley de Concursos y Quiebras, Ed. Abeledo Perrot, 2011; págs. 273/79]
iii. La jurisprudencia la ha definido a la factura como el instrumento quirografario autónomo, probatorio del contrato causal y sus modalidades. De ella resulta la descripción de las mercaderías vendidas, sus características y calidades, su cantidad y su precio. Ha dicho que es una nota emanada del vendedor, en la cual se especifica la cantidad, calidad y precio del objeto vendido.
Por su parte la doctrina coincide en que la factura es el documento unilateral emanado del vendedor, generalmente en formulario o papel con su membrete, en el cual se consigna la fecha y se detalla el nombre del vendedor y comprador; la mercadería remitida en su cantidad, mencionándola en su calidad, precio, lugar de pago, lugar de entrega, etcétera.
Ambas son coincidentes en afirmar que para que dicho instrumento constituya prueba contra el comprador debe haber mediado aceptación expresa o tácita, a partir de la cual importará la conformidad sobre las condiciones del contrato, inclusive la entrega de la mercadería, salvo prueba en contrario. [art. 474 del Cód. Com. de 1862 y 1145; art. 1925 CCCN; HEREDIA, Pablo D. "Compraventa de cosas muebles mediante facturas. Régimen del art. 1145 del CCyC y su aplicación a otros contratos y documentos. Valor probatorio de la factura. Acciones judiciales; RCCyC 2018 (noviembre), 14/11/2018, 3, Cita Online: AR/DOC/2183/2018].
El simple desconocimiento del demandado ha sido desvirtuado mediante la prueba pericial contable. Y, si bien es cierto que el informe no es vinculante para el Tribunal, ello no autoriza a un apartamiento arbitrario de su conclusión, sino que su desestimación debe ser razonable y científicamente fundada. No encuentro en los agravios del concursado mérito alguno que lo justifique.
Kielmanovich señala que la peritación es una declaración de ciencia, porque el perito expone lo que sabe por percepción, deducción o inducción de los hechos, pero es además, una operación valorativa (“Teoría de la prueba y los medios probatorios”, Ed. Rubinzal Culzoni, pág. 557), y cita a Alsina, para quien el dictamen pericial no es prueba sino un medio para la obtención de una prueba, desde que sólo aporta elementos de juicio para su valoración, y ejemplifica “la prueba está constituida por el hecho mismo, y los peritos no hacen sino ponerlo de manifiesto. Por ejemplo, en la prueba por libros de los comerciantes, los peritos no tienen otra función que constatar la existencia de los asientos que las partes invocan en sus afirmaciones. La prueba resulta de los asientos en los libros, y el medio de ponerlos frente al tribunal es la compulsa de libros que los peritos contadores realizan”, cita en nota 20 de pág. 558 de Alsina Hugo, “Tratado de derecho procesal”, Ed. Ediar, Tomo III, pág. 473).
En este sentido, el art. 474 del CPCC establece que la fuerza probatoria del dictamen será estimada por el juez, en atención a una serie de pautas que enumera, y la SCBA ha resuelto que tratándose de una prueba tan ligada al sistema de la sana crítica, en su consideración son soberanos los jueces de los hechos (SCBA, sent. del 20-5-1980, en Suplemento Provincia LL-1980-471), y que aún sin haber sido impugnado el dictamen, el juez puede valorar independientemente su eficacia con sujeción a esas reglas (SCBA, sent. del 7-5-1985, en LL-1987-A-663).
De la labor del perito CPN Carlos Marcelo Goncalves surge que el accionante registró las 21 facturas controvertidas en el libro subdiario IVA ventas; que a su vez coincide con el débito fiscal declarado ante la AFIP según declaraciones juradas correspondientes al Impuesto al valor agregado según formularios que tuvo a la vista (F731 y F2002). También dictaminó que tuvo a la vista los Estados contables debidamente firmados y legalizados, de cuyos Estados de situación Patrimonial surge la deuda aquí reclamada como Deuda en gestión Judicial (estados correspondientes a los ejercicios al 31.12.2016 y 2017). Y por último, el experto informa el pago de los tributos que corresponden a las facturas acompañadas (Impuesto al valor agregado, Ingresos Brutos, Impuesto a las ganancias).
iv. Por otro lado, no ha mediado una, sino dos opiniones especializadas a favor de la autenticidad material y formal de las facturas controvertidas.
Al contestar el traslado conferido, el síndico CPN Marcelo Adrián Fernández consideró que el crédito insinuado debía admitirse en tanto su causa había sido acreditada mediante las facturas y los cheques rechazados, las registraciones contables del accionante, sus balances, y los impuestos liquidados y pagados al fisco correspondientes a tales instrumentos [presentación del 28.9.2022 234700495021428900], conclusión que no encuentro razones para descalificar.
v. No son menos relevantes las presunciones en base a la conducta del demandado que, junto a la restante prueba, formaron en la colega de la instancia de origen la convicción necesaria para fundar su decisión.
vi. La valoración e interpretación conjunta de los elementos citados permiten concluir que la relación mercantil típicamente informal y dinámica que mantenían las partes fue la causa originante y subyacente a partir de la cual se generó el crédito aquí reclamado. [arts. 32, 56, 273 inc. 9; 280 y sigts. Ley 24522; 375, 384 y concordantes del CPCC; 474 y concordantes del Código de Comercio; esta Sala, c.142.115: "UNIVIN S.A. c/ ADAMINI, Carlos s/ Cobro sumario de sumas de dinero" S. del 26.10.2009; Reg. 914 - Fº Nº 5025/32]
Así lo voto.
El Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:
Corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la accionada. Anta la falta de controversia las costas se imponen por su orden (art. 68 2° párrafo del CPCC).
Así lo voto.
El Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la accionada; II) Imponer las costas por su orden (art. 68 del CPCC); III) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14967). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE a través del sistema automatizado a los domicilios electrónicos (Ac. 3991 y 4019 de la SCBA).. DEVUÉLVASE.
Firmas
Funcionario Firmante: 01/08/2023 12:53:34 - LOUSTAUNAU Roberto José - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/08/2023 13:16:26 - MONTERISI Ricardo Domingo - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/08/2023 13:19:06 - FERRAIRONE Alexis Alain - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 02/08/2023 09:48:45 hs. bajo el número RS-200-2023 por Ferrairone Alexis Alain.
Fin de la sentencia