Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I · Causa 42702
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la resolución de fs. 20/21, con costas de Alzada al Fisco Nacional.
En la Ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, a los 20 días del mes Febrero del año Dos mil veinte se reúnen en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro, Dres Hugo O.H. Llobera y Analía Inés Sánchez, para dictar sentencia interlocutoria en el juicio: “FISCO NACIONAL - A.F.I.P - D.G.I. C/ FRANQUICIAS DELI NORTE S.R.L. S/ INCIDENTE DE VERIFICACION DE CREDITO” y habiéndose oportunamente practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 263 del Código Procesal Civil y Comercial), resulta que debe observarse el siguiente orden: Doctores Llobera y Sánchez, resolviéndose, plantear y votar la siguiente:
C u e s t ió n
¿Es justa la resolución de fs. 20/21?
A la cuestión planteada, el señor juez doctor Llobera dijo:
I. Mediante resolución de fs. 20/21 se declaró admisible un crédito a favor del Fisco Nacional por la suma de $ 883.101,57 con cáracter quirografario y se impusieron las costas a su cargo.
Dicho pronunciamiento fue apelado por el referido acreedor (6-8-2019), en cuanto a la imposición de costas, quien fundó su recurso en el escrito electrónico de fecha 8-8-2019.
Manifiesta que la deuda que se reclama en el presente incidente fue intimada e informada al síndico el día 14-05-2018. Agrega que previamente se había notificado a la fallida de las obligaciones incumplidas, causa del crédito que se verificó, los días 17-2-2017, 21-3-2017, 23-5-2017, 21-4-2017 y 21-6-2017. Relata que posteriormente, al no haber abonado la deudora las sumas reclamadas, se le impuso una multa por cada una de ellas, las cuales fueron notificadas con fecha 23-11-2017.
Expresa que luego de dichas intimaciones el contribuyente tiene la facultad de impugnarlas en los términos de los artículos 11 de la Ley 18.820 y 11 de la Ley 21.864, modificada por Ley 23.659.
En función de ello, afirma que el plazo previsto por el artículo 32 LCQ no podía ser cumplido respecto de la deuda reclamada porque no era exigible al momento de la insinuación tempestiva de los créditos.
En virtud de lo alegado, manifiesta que no se presentó en forma tardía como consecuencia de una negligencia en su actuar, sino que lo hizo de conformidad con los plazos establecidos por las leyes fiscales para el reclamo de las deudas.
Por lo expuesto, solicita que las costas sean impuestas a la fallida.
Sustanciados los agravios, el síndico manifiesta que los argumentos expuestos por AFIP no logran conmover la imposición de costas en su contra, toda vez que la incidentista pudo haber efectuado reserva de la verificación que finalmente impulsó como tardía.
Sostiene, asimismo, que la circunstancia que le hayan notificado la deuda no importa solicitud de verificación en los términos del artículo 200 LCQ.
En razón de lo expuesto, aconseja que se desestimen los agravios vertidos por la verificante y se confirme la resolución de fs. 20/21 (escrito electrónico de fecha 8-1-2020).
II. En el marco de los incidentes de verificación tardía de créditos, esta Sala ha señalado que, en principio, las costas debe soportarlas el verificante tardío, salvo que mediara una resistencia injustificada por parte del deudor, lo cual puede justificar que sean impuestas en el orden causado o aun atribuirlas totalmente a este último (Rivera, Julio Cesar, Instituciones de Derecho Concursal, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2003, T°I, pág 412; CACC, San Isidro, Causas de esta Sala n° 21.519 sent. del 2-10-2018, entre otras).
Así ocurre, por ejemplo, cuando el síndico se opuso sin razón a la verificación o cuando existe cualquier otro supuesto en que el acreedor no haya dado motivo a la promoción del incidente (CACC, San Isidro, Sala I, Causa n° 107.648 sent. del 31-3-2011).
Es decir, el criterio no es absoluto, pues puede ceder cuando no es imputable al verificante negligencia o tardanza; circunstancias que considero no concurren en el caso bajo examen.
En efecto, conforme surge de la Mesa de Entradas Virtual de la SCBA (https://mev.scba.gov.ar) la fecha límite para la presentación de los pedidos de verificación en la quiebra de "Franquicias Deli Norte SRL" fue el 24-5-2018 (Expte. n° 29.962/2017, proveído del 27-3-2018). Por su parte, según se desprende de la planilla de la Receptoría de Expedientes departamentel, el presente incidente se inició el 20-11-2018. Teniendo en cuenta las fechas señaladas, surge evidente la tardanza de AFIP en la iniciación del pedido verificatorio, más aún cuando es la propia incidentista quien se encarga de expedir los elementos necesarios.
En este sentido, conforme surge de las constancias de autos y del relato del organismo recaudador al expresar agravios, las multas base de la deuda reclamada fueron notificadas al deudor con fecha 23-11-2017, adquiriendo firmeza a los 15 días de la referida notificación (conf. arts. 11 de la Ley 18.820 y 11 de la Ley 21.864, modificada por Ley 23.659). Sin embargo, la verificación no se inició en forma inmediata sino casi 10 meses después (20-11-2018, fs. 196), vencido ampliamente el plazo para la verificación tempestiva (24-5-2018).
Al respecto, resulta oportuno destacar que las vicisitudes de la organización administrativa interna de la verificante resultan inoponibles a las partes. En todo caso, la peticionaria debió adoptar las medidas pertinentes para insinuar tempestivamente su acreencia sin depender de los recursos o planteos que pudieren formular los contribuyentes (conf. CNCom, Sala D, "Masson, Lucas s/ conc. prev. s/ inc. de verificacion promovida por AFIP", sent. del 13-11-2007).
En función de todo lo expresado, advirtiendo que la AFIP no ha acreditado que la demora no le fuese imputable y considerando que tampoco ha mediado oposición por parte del fallido o de la sindicatura, entiendo que es adecuada la imposición de costas en la forma dispuesta a fs. 20/21.
De acuerdo al modo en que se propone resolver la cuestión planteada, considero que las costas de Alzada también deberá soportarlas el Organismo recaudador en su carácter de vencido (arts. 68 y 69 del CPCC).
Por todo lo cual y fundamentos expuestos, voto por la afirmativa.
La señora Jueza Dra. Sánchez por los mismos fundamentos votó por la afirmativa.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, se confirma la resolución de fs. 20/21, con costas de Alzada al Fisco Nacional.
Regístrese y devuélvase.
Analía Inés Sánchez Hugo O. H. Llobera
Juez Juez
Santiago Juan Lucero Saá
Secretario
Fin de la sentencia