Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 129042
Lo que resolvió el tribunal
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se modifica la sentencia de fecha 23 de octubre de 2020 y se imponen las costas de primera instancia al incidentista (arts. 32, ley 24.522, su doct. y jurisp; 68, 2do. párr., 69, CPCC). Asimismo, se deja sin efecto la regulación de honorarios realizada en dicha resolución judicial y se declara abstracto el tratamiento de los embates impetrados a su respecto por el concursado, la sindicatura y el doctor Enrique Guido Drot de Gourville en cuanto al monto de sus estipendios (arts. 163, inc. 6, 274, CPCC). Costas de Alzada al incidentista (art. 68, CPCC).
L. de sentencias DEFINITIVAS N° LXXVII
Causa N° 129042; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº22 - LA PLATA
LABORDE MANUEL FERNANDO C/ CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA S/ INCIDENTE DE VERIFICACION DE CREDITO
REG. SENT.: Sala II - FOLIO:
En la ciudad de La Plata, a los seis días del mes de abril de dos mil veintiuno, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 129042, caratulada: "LABORDE MANUEL FERNANDO C/ CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA S/ INCIDENTE DE VERIFICACION DE CREDITO", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada de fecha 23 de octubre de 2020 ?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. La sentencia de fecha 23 de octubre de 2020 en cuanto impone las costas en el orden causado y regula los honorarios de los profesionales intervinientes, viene apelada por el Cr. Ricardo Norberto Belli, por derecho propio y en representación del “Estudio Inafuku, Belli & Asociados” (v. escritos electrónicos de fecha 14 de diciembre de 2020; los memoriales se presentaron con fecha 29 de diciembre de 2020). Asimismo, dicha resolución fue apelada por el Dr. Enrique Guido I.O.B. Drot de Gourville con fecha 14 de diciembre de 2020, en cuanto considera bajos sus estipendios. Por último, la sentencia referenciada fue apelada con fecha 16 de diciembre de 2020 por el letrado apoderado del concursado, Dr. Juan Ramilo, quien considera excesivas las regulaciones de honorarios. El memorial de fecha 1 de febrero de 2021 mereció réplica el día 10 de febrero de 2021.
2. Se disgusta la sindicatura de la sentencia cuestionada en cuanto impone las costas en el orden causado. Expresa al respecto que deben ser impuestas en su totalidad al incidentista, ya que se desestimaron sus pretensiones atinentes al reconocimiento de intereses y al carácter privilegiado del crédito (toda vez que fue reconocido como quirografario) por lo que la verificación prosperó únicamente por el monto. Aduna que a diferencia de lo expuesto por el sentenciante, la sindicatura sí solicitó que las costas fueran impuestas al incidentista -y sólo subsidiariamente por su orden-, lo cual fue hecho en su escrito de fecha 9 de Agosto de 2020. Por último, expresa que debe meritarse que el juez en el decisorio atacado expresó que el pedido de verificación del incidentista “…no puede considerarse tempestivo, dado que el mismo se encontraba en condiciones de estimar sus emolumentos”.
3. La apertura del proceso concursal produce efectos sobre la totalidad del patrimonio del deudor, tanto desde el punto de vista activo -bienes- como pasivo –deudas- (doct. y art. 1, ley 24.522).
En lo que aquí interesa destacar, en el proceso de concurso preventivo, la faz pasiva de la universalidad -colectividad- se traduce en la convocatoria de todos los acreedores de causa o título anterior a la presentación, quienes sólo pueden hacer valer sus derechos en la forma prescripta por la ley 24.522 (art. 32, ley 24.522).
Esta directriz, conocida como principio jurídico de concursalidad, es la que permite estructurar la carga de la concurrencia en el proceso principal, lo que conduce a la colectividad del juicio universal. Precisamente, la concursalidad se refleja muy especialmente en el proceso de verificación de créditos, que se convierte en la vía necesaria y típica de insinuación en el pasivo (Junyent Bas-Molina Sandoval, “Ley de Concursos y Quiebras Comentada”, 2da. Ed., T. I, p. 24, Abeledo Perrot).
La apertura del concurso genera -para todos los acreedores de causa o título anterior a esa presentación- la carga de incoar el respectivo pedido de verificación ante el Síndico.
La verificación tempestiva es aquélla que se hace en tiempo oportuno, es decir, antes del acaecimiento de la fecha límite fijada por el juez para solicitar el reconocimiento del crédito ante la sindicatura (art. 32, ley 24.522).
En cuanto a la verificación tardía que es para aquellos acreedores que concurren a insinuar su crédito una vez vencido el período tempestivo, el artículo 56 de la ley 24.522 establece que la misma debe deducirse por incidente mientras tramite el concurso o, concluido éste, por la acción individual que corresponda.
En el particular, se trata de una verificación de un crédito por honorarios profesionales (fs. 7/8).
Al respecto cabe destacar que la insinuación de este tipo de créditos puede ser realizada acompañando constancia de su cuantificación en el proceso en que se devengaron o, si los mismos no estuvieran regulados, el profesional habrá de insinuar su crédito con arreglo a las previsiones comunes que para todos los acreedores de causa o título anterior a la presentación del pedido de concurso preventivo o de la declaración de quiebra, establece la ley concursal. Es el juez concursal quien se encuentra atribuido de jurisdicción y competencia para resolver y quien deberá establecer en definitiva el monto del crédito, meritando la labor profesional desarrollada (arts. 21, 32, ley 24.522; esta Sala causas 89.342, RSD 258/99, sent. del 26-10-99; 122.142, RSD 211/17, sent. del 31-10-17; 124.427, RSD 315/18, sent. del 30-10-18).
En el caso de las regulaciones de honorarios posteriores a la presentación en concurso que cuantifican tareas profesionales realizadas con anterioridad a la misma, resulta claro que se trata de un crédito concursal, pues su causa es anterior a dicha presentación, aun cuando la regulación propiamente dicha sea posterior, toda vez que la disyuntiva “o” que enlaza la expresión “causa” con la de “título” previstas en el artículo 32 de la ley 24.522, indica que es suficiente la precedencia de la primera respecto del pedido de concurso preventivo para que el acreedor tenga la carga de transitar la instancia verificatoria (Di Tullio, “Teoría y Práctica de la Verificación de Créditos”, Ed. Lexis Nexis, p. 17, 2006).
Precisamente, la causa del crédito reconocido al incidentista radica en las tareas profesionales llevadas a cabo en un proceso iniciado con anterioridad a la presentación en concurso preventivo, por lo que se trata de un crédito concursal, pesando sobre él la carga de solicitar la verificación en tiempo oportuno (art. 32, ley 24.522). De allí que se tenga que presentar en el proceso concursal para ser reconocido.
Deviene irrelevante que la regulación de los estipendios se haya efectuado con posterioridad a la fecha límite establecida para que los acreedores se presenten a verificar ante el síndico, pues tratándose de honorarios profesionales, su causa o título está dada por la presentación del servicio y esa es la fecha que ha de tenerse en cuenta con prescindencia de la fecha de regulación y/o firmeza. De manera que el incidentista debió presentarse a verificar su crédito -estimando su cuantía- en tiempo propio (art. 32, ley 24.522; esta Cámara, Sala I, causa 106.097, RSD 1/09, sent. del 10-2-09).
La temática concerniente a la verificación de honorarios profesionales en el proceso concursal encuentra en un precedente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza una solución ajustada a los principios que rigen la materia. Precisamente, en el caso: “Bayón, Jorge Luis y otro en Vázquez Soaje, Esteban y Bayón, Jorge L. en Vizcaíno s/Concurso Preventivo” (Thomson Rueters cita online: 35012258), se decidió que los profesionales intervinientes en un proceso contra el deudor no necesitaban contar con honorarios regulados en los procesos individuales para solicitar su insinuación en el pasivo concursal, sino que debían estimar una suma realizando un cálculo estimativo de sus estipendios.
Por todo lo expuesto, cabe concluir que el pedido de verificación solicitado por el incidentista con fecha 21 de febrero de 2020 no puede considerarse tempestivo (habida cuenta que según surge de la MEV la fecha límite para la verificación tempestiva establecida en el auto de apertura del concurso preventivo del Club Gimnasia y Esgrima La Plata fue el 22 de mayo de 2017), pues el mismo se encontraba en condiciones de cuantificar sus emolumentos y solicitar su verificación en forma oportuna.
4. Sentado lo anterior, hemos de recordar que en lo atinente a las costas, es doctrina judicial reiterada que, cuando los acreedores se insinúan luego de la fecha límite para solicitar la verificación de su crédito, aunque se reconozca la legitimidad de su reclamo, cabe imponerle las costas del incidente, con fundamento en el dispendio jurisdiccional adicional provocado por la presentación extemporánea (esta Sala, causas 95.106, RSD 12/01, sent. del 13/2/01; 124.4727, RSD 315/18, sent. del 30-10-18 cit., e/o).
Si bien este criterio generalizado se ha visto atemperado, entre otros casos, en aquellos supuestos en que el acreedor no hubiera resultado responsable de su concurrencia tardía o cuando hubiera mediado una oposición infundada de la sindicatura o de la deudora al reconocimiento de la acreencia insinuada, en el presente caso, no se advierte configurado alguno de los supuestos excepcionales precedentemente referidos que permitan imponer las costas de la verificación en el orden causado, ya que bien pudo practicar una estimación aproximada de sus estipendios (art. 32, Ley 24.522).
Sobre el tópico en cuestión, esta Sala ha tenido oportunidad de establecer que en la verificación de honorarios profesionales, si no media alguna de las circunstancias referidas, no corresponde eximir al acreedor de cargar con las costas por su tardanza, toda vez que -para proceder a la insinuación del crédito- está dentro de sus facultades la estimación de sus emolumentos cuando los mismos no estuviesen regulados (art. 32, ley 24.522 cit.; esta Sala, causas 94.869, RSI 97/02, sent. del 16-4-02; 100.081, RSD 97/100, sent. del 15-5-03).
Habida cuenta los lineamientos explicitados hasta aquí, se aprecia que la incidentista no necesitaba contar con regulación firme de honorarios para peticionar la verificación, pues bien pudo efectuar una estimación de sus emolumentos conforme lo expuesto en los párrafos que anteceden.
En ese entender no cabe más que colegir que, en la especie, el pedido de verificación de fs. 8/9 no resulta tempestivo por lo que las costas de la verificación debieron serle impuestas al accionante.
5. Por último, en relación a los embates interpuestos en cuanto al monto de los honorarios, habida cuenta que cabe revocar la sentencia cuestionada en relación a la imposición de las costas, las que –como se puntualizara- deben imponerse al incidentista, corresponde dejar sin efecto los emolumentos allí justipreciados, debiendo en la instancia de origen practicarse una nueva regulación conforme a la nueva forma de distribución de las costas (arts. 274, CPCC; 278, ley 24.522).
Consecuentemente, el tratamiento de los embates impetrados por el concursado, la sindicatura y el doctor Enrique Guido Drot de Gourville contra la sentencia de fecha 23 de octubre de 2020 en cuanto al monto de los estipendios deviene abstracto (art. 163, inc. 6, CPCC), lo que así debe declararse.
Voto por la NEGATIVA.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde modificar la sentencia de fecha 23 de octubre de 2020 e imponer las costas de primera instancia al incidentista (arts. 32, ley 24.522, su doct. y jurisp; 68, 2do. párr., 69, C.P.C.C.). Asimismo, cabe dejar sin efecto la regulación de honorarios realizada en dicha resolución judicial y declarar abstracto el tratamiento de los embates impetrados a su respecto por el concursado, la sindicatura y el doctor Enrique Guido Drot de Gourville en cuanto al monto de sus estipendios (arts. 163, inc. 6, 274, CPCC). Costas de Alzada al incidentista (art. 68, CPCC).
ASI LO VOTO.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se modifica la sentencia de fecha 23 de octubre de 2020 y se imponen las costas de primera instancia al incidentista (arts. 32, ley 24.522, su doct. y jurisp; 68, 2do. párr., 69, CPCC). Asimismo, se deja sin efecto la regulación de honorarios realizada en dicha resolución judicial y se declara abstracto el tratamiento de los embates impetrados a su respecto por el concursado, la sindicatura y el doctor Enrique Guido Drot de Gourville en cuanto al monto de sus estipendios (arts. 163, inc. 6, 274, CPCC). Costas de Alzada al incidentista (art. 68, CPCC). REGISTRESE. NOTIFIQUESE en los términos del art. 1 de la Ac. 3991 del 21/10/20. DEVUELVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia