Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 129203
Lo que resolvió el tribunal
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma la sentencia de fecha 22 de febrero de 2021, con costas de Alzada al apelante (arts. 68, CPCC; 56, 278, ley 24.522).
L. de sentencias DEFINITIVAS N° LXXVII
Causa N° 129203; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº22 - LA PLATA
CARSOGLIO FERNANDO ALFREDO C/ CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA S/ INCIDENTE DE VERIFICACION DE CREDITO (DIGITAL)
REG. SENT.: Sala II - FOLIO:
En la ciudad de La Plata, a los 20 días del mes de abril de dos mil veintiuno, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 129203, caratulada: "CARSOGLIO FERNANDO ALFREDO C/ CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA S/ INCIDENTE DE VERIFICACION DE CREDITO (DIGITAL)", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada del 22 de febrero de 2021?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. Vienen las presentes actuaciones a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente con fecha 1 de marzo de 2021 contra la sentencia de fecha 22 de febrero de 2021 en cuanto impone las costas. La fundamentación mereció réplica de la sindicatura el día 8 de marzo de 2021 y por parte del concursado con fecha 11 de marzo del mismo año.
2. Se disgusta la apelante en cuanto la sentencia cuestionada le impuso las costas. Sostiene que existen circunstancias que lo eximen del principio general de su imposición en calidad de verificante tardío, pues su pedido tuvo acogida favorable al haberse optado por continuar en el proceso que tramitaba ante el Juez Natural y, obtenida la sentencia, concurre con ese título verificatorio a ser incluido en el pasivo de la concursada. Agrega que no tenía oportunidad de concurrir en forma eventual a verificar su acreencia puesto que no había recaído sentencia de primera instancia en las actuaciones “Encina, Hernán Nicolás c/Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata s/ Cumplimiento de Contratos Civiles y Comerciales” Expediente” y por consiguiente no había imposición de costas. Por último, solicita que se distribuyan en el orden causado.
3. La apertura del proceso concursal produce efectos sobre la totalidad del patrimonio del deudor, tanto desde el punto de vista activo -bienes- como pasivo –deudas- (doct. y art. 1, ley 24.522).
En lo que aquí interesa destacar, en el proceso de concurso preventivo, la faz pasiva de la universalidad -colectividad- se traduce en la convocatoria de todos los acreedores de causa o título anterior a la presentación, quienes sólo pueden hacer valer sus derechos en la forma prescripta por la ley 24.522 (art. 32, ley 24.522).
Esta directriz, conocida como principio jurídico de concursalidad, es la que permite estructurar la carga de la concurrencia en el proceso principal, lo que conduce a la colectividad del juicio universal. Precisamente, la concursalidad se refleja muy especialmente en el proceso de verificación de créditos, que se convierte en la vía necesaria y típica de insinuación en el pasivo (Junyent Bas-Molina Sandoval, “Ley de Concursos y Quiebras Comentada”, 2da. Ed., T. I, p. 24, Abeledo Perrot).
La apertura del concurso genera -para todos los acreedores de causa o título anterior a esa presentación- la carga de incoar el respectivo pedido de verificación ante el Síndico. La verificación tempestiva es aquélla que se hace en tiempo oportuno, es decir, antes del acaecimiento de la fecha límite fijada por el juez para solicitar el reconocimiento del crédito ante la sindicatura (art. 32, ley 24.522). En cuanto a la verificación tardía que es para aquellos acreedores que concurren a insinuar su crédito una vez vencido el período tempestivo, el artículo 56 de la ley 24.522 establece que la misma debe deducirse por incidente mientras tramite el concurso o, concluido éste, por la acción individual que corresponda (esta Sala, causa 129.042, RSD 76/21, sent. del 6-4-21).
En el particular, se trata de una verificación de un crédito por honorarios profesionales.
Al respecto cabe destacar que la insinuación de este tipo de créditos puede ser realizada acompañando constancia de su cuantificación en el proceso en que se devengaron o, si los mismos no estuvieran regulados, el profesional habrá de insinuar su crédito con arreglo a las previsiones comunes que para todos los acreedores de causa o título anterior a la presentación del pedido de concurso preventivo o de la declaración de quiebra, establece la ley concursal. Es el juez concursal quien se encuentra atribuido de jurisdicción y competencia para resolver y quien deberá establecer en definitiva el monto del crédito, meritando la labor profesional desarrollada (arts. 21, 32, ley 24.522; esta Sala causas 89.342, RSD 258/99, sent. del 26-10-99; 122.142, RSD 211/17, sent. del 31-10-17; 124.427, RSD 315/18, sent. del 30-10-18).
En el caso de las regulaciones de honorarios posteriores a la presentación en concurso que cuantifican tareas profesionales realizadas con anterioridad a la misma, resulta claro que se trata de un crédito concursal, pues su causa es anterior a dicha presentación, aun cuando la regulación propiamente dicha sea posterior, toda vez que la disyuntiva “o” que enlaza la expresión “causa” con la de “título” previstas en el artículo 32 de la ley 24.522, indica que es suficiente la precedencia de la primera respecto del pedido de concurso preventivo para que el acreedor tenga la carga de transitar la instancia verificatoria (Di Tullio, “Teoría y Práctica de la Verificación de Créditos”, Ed. Lexis Nexis, p. 17, 2006).
Precisamente, la causa del crédito reconocido al incidentista radica en las tareas profesionales llevadas a cabo en un proceso iniciado con anterioridad a la presentación en concurso preventivo, por lo que se trata de un crédito concursal, pesando sobre él la carga de solicitar la verificación en tiempo oportuno (art. 32, ley 24.522). De allí que se tenga que presentar en el proceso concursal para ser reconocido (esta Sala, causa 129.042, cit.).
El título verificatorio al que hace referencia el incidentista que emanaría de los autos caratulados “Encina, Hernán Nicolás c/Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata s/ Cumplimiento de Contratos Civiles y Comerciales” eventualmente corresponde al actor de aquel proceso, pero a no él. Es que su crédito –precisamente- son los honorarios allí devengados.
Por otro lado, deviene irrelevante que la regulación de los estipendios se haya efectuado con posterioridad a la fecha límite establecida para que los acreedores se presenten a verificar ante el síndico, pues tratándose de honorarios profesionales, su causa o título está dada por la presentación del servicio y esa es la fecha que ha de tenerse en cuenta con prescindencia de la fecha de regulación y/o firmeza. De manera que el incidentista debió presentarse a verificar su crédito -estimando su cuantía- en tiempo propio (art. 32, ley 24.522; esta Cámara, Sala I, causa 106.097, RSD 1/09, sent. del 10-2-09).
La temática concerniente a la verificación de honorarios profesionales en el proceso concursal encuentra en un precedente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza una solución ajustada a los principios que rigen la materia. Precisamente, en el caso: “Bayón, Jorge Luis y otro en Vázquez Soaje, Esteban y Bayón, Jorge L. en Vizcaíno s/Concurso Preventivo” (Thomson Rueters cita online: 35012258), se decidió que los profesionales intervinientes en un proceso contra el deudor no necesitaban contar con honorarios regulados en los procesos individuales para solicitar su insinuación en el pasivo concursal, sino que debían estimar una suma realizando un cálculo estimativo de sus estipendios.
Por todo lo expuesto, el pedido de verificación interpuesto por el incidentista de fecha 14 de diciembre de 2020 no puede considerarse tempestivo (habida cuenta que según surge de la MEV la fecha límite para la verificación tempestiva establecida en el auto de apertura del concurso preventivo del Club Gimnasia y Esgrima La Plata fue el 22 de mayo de 2017), pues el mismo se encontraba en condiciones de cuantificar sus emolumentos y solicitar su verificación en forma oportuna.
4. Sentado lo anterior, hemos de recordar que en lo atinente a las costas, es doctrina judicial reiterada que, cuando los acreedores se insinúan luego de la fecha límite para solicitar la verificación de su crédito, aunque se reconozca la legitimidad de su reclamo, cabe imponerle las costas del incidente, con fundamento en el dispendio jurisdiccional adicional provocado por la presentación extemporánea (esta Sala, causas 95.106, RSD 12/01, sent. del 13/2/01; 124.4727, RSD 315/18, sent. del 30-10-18 cit., e/o).
Si bien este criterio generalizado se ha visto atemperado, entre otros casos, en aquellos supuestos en que el acreedor no hubiera resultado responsable de su concurrencia tardía o cuando hubiera mediado una oposición infundada de la sindicatura o de la deudora al reconocimiento de la acreencia insinuada, en el presente caso, no se advierte configurado alguno de los supuestos excepcionales precedentemente referidos que permitan imponer las costas de la verificación en el orden causado, ya que bien pudo practicar una estimación aproximada de sus estipendios (art. 32, Ley 24.522).
Sobre el tópico en cuestión, esta Sala ha tenido oportunidad de establecer que en la verificación de honorarios profesionales, si no media alguna de las circunstancias referidas, no corresponde eximir al acreedor de cargar con las costas por su tardanza, toda vez que -para proceder a la insinuación del crédito- está dentro de sus facultades la estimación de sus emolumentos cuando los mismos no estuviesen regulados (art. 32, ley 24.522 cit.; esta Sala, causas 94.869, RSI 97/02, sent. del 16-4-02; 100.081, RSD 97/100, sent. del 15-5-03).
Habida cuenta los lineamientos explicitados hasta aquí, se aprecia que el incidentista no necesitaba contar con regulación firme de honorarios para peticionar la verificación, pues bien pudo efectuar una estimación de sus emolumentos conforme lo expuesto en los párrafos que anteceden.
En ese entender no cabe más que colegir que, en la especie, el pedido de verificación del aquí recurrente no resulta tempestivo por lo debe cargar con las costas.
Voto por la AFIRMATIVA.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde confirmar la sentencia de fecha 22 de febrero de 2021, con costas de Alzada al apelante (arts. 68, CPCC; 56, 278, ley 24.522).
ASI LO VOTO.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S E N T E N C I A - - - - - - - - - - - - - - - - - -
POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma la sentencia de fecha 22 de febrero de 2021, con costas de Alzada al apelante (arts. 68, CPCC; 56, 278, ley 24.522). REGISTRESE. NOTIFIQUESE en los términos del art. 1 de la Ac. 3991 del 21/10/20. DEVUELVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia