Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 129548
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido el día 28 de septiembre de 2021; y postergar el tratamiento de los recursos de apelación para una vez firme el presente.
129548
FISCO NACIONAL - A.F.I.P - D.G.I. C/ MINGINI RAUL ALBERTO S/ INCIDENTE DE VERIFICACION DE CREDITO
La Plata, 4 de Agosto de 2022.
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
1. En las presentes actuaciones y a través de la sentencia de mérito del 8 de marzo de 2021, se ha hecho lugar al pedido de verificación tardía formulado por el Fisco Nacional (AFIP) sobre un importe de Pesos Nueve Millones Trescientos Treinta y Ocho Mil Novecientos Seis con Quince Centavos ($9.338.906,15), imponiéndole las costas al incidentista; y, habiendo sido apelada en éste último punto, hemos dictado la decisión del 14 de septiembre del mismo año 2021, confirmando lo decidido por el órgano de origen.
2. Contra dicha forma de resolver se alzó la actora, a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que dedujera el día 28 de igual mes y año; mientras que el 26 de octubre de 2021 se proveyó "que el valor del agravio al que alude el art. 278 del Código Procesal, esta dado por el monto de los honorarios, los que no se encuentran firmes", por lo que se tuvo presente el referido recurso para su oportunidad y una vez anoticiada la fijación de estipendios.
3. Con dichas circunstancias, y habiéndose cumplido con la manda, vuelven las actuaciones a esta instancia para resolver sobre la admisibilidad del recurso extraordinario y, también, las pretensiones recursivas que se dedujeran contra las providencias del 4 y 12 de octubre de 2021.
4. En ese sentido, es preciso poner de manifiesto que el núcleo central del recurso de inaplicabilidad de ley radica exclusivamente en el modo en que se han impuesto las costas en los dos decisorios reseñados al inicio del presente, esto es, a la parte incidentista (ver ptos. V.3 y V.4 del escrito del 28-09-2021).
En virtud de ello, con carácter previo a tratar la apelaciones que presentaran la actora, la Síndico y los letrados del Sr. Mingini, y conscientes de los eventuales efectos que podría conllevar una decisión favorable al recurso de inaplicabilidad de ley no sólo sobre los términos de la regulación del día 04 de octubre de 2021 (en cuanto a su procedencia en este marco y los potenciales obligados al pago), sino también en la eventual legitimación de la incidentista para debatir como lo hiciera, consideramos necesario pues resolver respecto a la admisibilidad de la referida vía extraordinaria, en particular, lo atinente al valor del agravio (ver proveído del 26 de octubre de 2021).
5. En esa senda, se impone recordar que el art. 287 de la ley 24.522 establece que en "En los procesos de revisión de verificaciones de créditos y en los de verificación tardía, se regularán honorarios de acuerdo a lo previsto para los incidentes en las leyes arancelarias locales, tomándose como monto del proceso principal el del propio crédito insinuado y verificado".
Tal norma contempla una cuestión que la ley concursal anterior omitía, en orden a la base regulatoria y el porcentual aplicable para fijar honorarios, lo cual había sido cubierto por el art. 36 del Dec. Ley 8904/77, cuando remitía a la ley arancelaria y a la ley nacional en la materia.
Desconociendo el cambio operado a partir de la vigencia del actual art. 287, el art. 36 inc. c de la nueva ley arancelaria 14.967 avanza sobre la cuestión y prevé que a los fines de justipreciar la labor cumplida en la revisión y en la verificación tardía, se debe aplicar la escala del art. 21; mientras que el art. 47 de la misma norma indica que los incidentes serán considerados por separado del juicio principal, debiendo regularse los honorarios del diez (10) al treinta (30) por ciento de las variables contenidas en el mencionado art. 21, teniendo en cuenta las pautas que allí se brindan
6. La reseña legislativa efectuada pone de manifiesto la existencia de varias referencias tendientes a gobernar un supuesto particular como el presente (esto es, un incidente de verificación tardía en el cual se han impuesto las costas a la parte actora, al menos, en los dos decisorios aludidos al comienzo del presente) y, de suyo, diversas lecturas doctrinarias sobre la cuestión.
En efecto, una primera mirada sostiene que "si las costas son impuestas a la parte in bonis, conforme la interpretación que hacemos de la nueva ley, debe aplicarse la media de la escala por el art. 21 (cfr. art. 16), es decir, el 17,5%, a favor del letrado del vencedor convertido en Jus, por las tareas desarrollada durante todo el incidente hasta la sentencia de primera instancia, no aplicándose en este caso, las reglas arancelarias concursales" (Ribera, Carlos E., Honorarios de abogados en..., La Ley, 2020, coment. art. 36 -pto. IV-; en la misma línea, CC0000 TL, causa 91.067, RS 51/20, del 5-11-2020).
En un sentido distinto, se ha dicho que en estos casos rigen los términos del art. 47 de la ley arancelaria, por lo que la alícuota estará dada por lo previsto para los incidentes en los ordenamientos locales; de allí que al regular los honorarios se deberá considerar del diez (10) al treinta (30) por ciento de la escala del artículo 21 (Sosa Aubone, Ricardo D., Ley de concursos y quiebras. Comentada. Anotada Concordada, Hammurabi, 2021, pág. 1065; Chiavassa, Eduardo, "Los procesos concursales y la ley arancelaria para abogados...", La Ley Buenos Aires, 2017 -diciembre-, 5, pto. IV.3; Quadri, Gabriel H., Honorarios profesionales, Erreius, 2018, pág. 224).
Con una hermeneútica que pretende armonizar ambas lecturas, se ha manifestado que, en este caso específico, la ley 24.522 nos da una referencia y una remisión respecto a la fijación de los estipendios: la referencia es su tratamiento como incidente a los fines regulatorios, y la remisión es a las normas arancelarias locales; así, se aplican en consecuencia y armónicamente los arts. 21 y 47 de la ley 14.967, es decir, la escala del primero, pero reducida en los términos del segundo (Valdez, Carlos F., Ley de Honorarios de Abogados..., Hammurabi, 2018, pág. 173); concluyendo así en el mismo punto que el párrafo previo.
7. Desde nuestro criterio, adelantamos que el objeto a decidir debe ser gobernado por las previsiones de los arts. 287 de la ley de concursos y quiebras y 47 de la ley 14.967, esto es por la norma de la ley arancelaria destinada a regular los incidentes (cfr. Pesaresi, Guillermo M. - Passarón, Julio F., Honorarios en concursos y quiebras, Astrea, 2002, pág. 70).
Si bien puede suponerse que el legislador nacional, al proyectar el art. 287 de la norma, tuvo por finalidad resguardar los intereses de los acreedores y, a partir de ello, imponer la elección de una pauta arancelaria reducida, esto es, que impacte en la menor medida posible en el patrimonio del concursado -lógica inaplicable en autos, por cuanto las costas están a cargo del acreedor-, no resulta menos cierto que el art. 56 de la ley 24.522 dispuso que los pedidos de verificación tardía deben deducirse por incidentes mientras tramite el concurso, tal como ocurre en el caso particular.
Asimismo, la estructura procesal diseñada para el procesamiento de esta clase de pretensiones extemporáneas responde, neta y puramente, a la de los incidentes. Sobre esa base y en primer lugar, hemos de hacer notar su relación accesoria pero directa con el proceso principal al cual acceden, toda vez que su objetivo, aunque intempestivo, es obtener el reconocimiento de su derecho mediante la incorporación de un nuevo crédito al pasivo concursal; y, una vez aceptado, peticionar en consecuencia.
En segundo orden, las distintas etapas cumplidas en esta clase de requerimientos responden también a dicha especial vía (arts. 280 a 287 LCQ; arg. 175 a 185 del CPCC). Ello cobra particular relevancia en el caso de autos, donde se advierte una limitada actividad procesal, propia de aquellos, que se reduce a la presencia del escrito de inicio (fs. 153/156), el respectivo traslado a la Síndico y al concursado (fs. 157), la respuesta de la funcionaria, donde difiere su opinión para una vez que se produzcan los medios ofrecidos (ver fs. 166) y la de éste, donde expresa que no tiene objeción al planteo (fs. 167/168); el auto de apertura a prueba, sólo para la documental ya presentada -por lo que nada debía producirse y resultaba innecesario- y una consecuente y singular certificación de prueba (fs. 174 y 179), el dictamen definitivo del órgano (trámite del 15/07/2020) y la respectiva resolución (del 8 de marzo de 2021).
Finalmente, resulta relevante poner de manifiesto que una interpretación en contrario a los expuesto importaría, desde nuestra óptica y como ya dejáramos adelantado, un impropio avance sobre el texto del art. 287 de la ley 24.522, en cuanto indica -como se expusiera- que la regulación debe hacerse conforme aquella prevista en las leyes locales para los incidentes (arts. 31, 75 inc. 12, 122 y 126 de la CN; Sosa Aubone, Ricardo D., op. cit., pág. 1065; Quadri, Gabriel H., Honorarios profesionales, Erreius, 2018, pág. 224)
8. Si la naturaleza de las cosas proviene de las mismas cosas, entonces mal puede considerarse que aquella pretensión que se deduce y tramita como incidente, merezca luego una regulación de honorarios propia de otras vías procesales. Con esa premisa, es válido concluir que los estipendios de los abogados no puedan fijarse tomando como base, de manera completa, la escala del art. 21 de la ley 14967, prevista para todos aquellos casos susceptibles de apreciación pecuniaria que, a diferencia del presente, no tuvieran una especial recepción legal.
9. Ahora bien, las disquisiciones efectuadas con anterioridad refieren exclusivamente a los profesionales del derecho; mientras que en autos también ha sido justipreciada la labor de la Síndico, quien -desde ya- cuenta con el título de Contadora.
En ese sentido, es preciso poner de resalto que no existe en la ley 10.620 una normativa particular y específica que brinde una pauta concreta para un supuesto como el presente -esto es, un incidente de verificación tardía con costas al incidentista-; de allí que la regulación de sus honorarios deberá efectuarse atendiendo a lo preceptuado por el art. 173 y 175 de la Ley 10620, que no son más que simples pautas abiertas que habilitan la discreción judicial sobre el tópico; debiendo considerarse también lo normado en su art. 183, al establecer que "Las cuestiones derivadas de actuaciones judiciales que no se encuentren expresamente regladas serán resueltas por aplicación de principios análogos de las materias afines de este título y, cuando ello no fuere posible, por extensión de las disposiciones de la ley de aranceles vigentes para abogados y procuradores y los códigos y normativas procesales en cada uno de los fueros judiciales".
10. En virtud de ello, considerando el alcance de los recursos interpuestos contra la regulación efectuada el 04 de octubre de 2021 (por altos y bajos) y contra el decisorio del día 12 de igual mes y año (en cuanto requiere que se revoque el mismo y se regulen honorarios a los abogados del concursado), atendiendo al máximo de la escalas respectivas y al sólo y único fin de resolver el monto del agravio para el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, habremos de concluir que el mismo representa la suma de Pesos $1.400.835,93 (cfr. SCBA LP Ac 96093 I 27/09/2006).
Dicha suma está compuesta de: a) 7,5% de la base (máximo de escala, según arts. 21 y 47 de la ley 14.967) por los eventuales e hipotéticos honorarios que podrían corresponderle a los Dres. Loza y Axat; y b) 7,5% de la base (máximo de escala, según arts. 21 y 47 de la ley 14.967) para los honorarios conjuntos de la Síndico y su letrado (cuyo obligado al pago también está en discusión), ello en virtud de la profesión de éste último y la aplicación, por analogía, de las referidas previsiones arancelarias para el caso de la funcionaria concursal. Vale aclarar que no se ha considerado, en dicho monto, la Tasa de Justicia y su contribución, en virtud de la exención prevista en el art. 330 inc. 1 del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.
11. Ahora bien, el art. 278 del CPCC establece la procedencia del recurso de inaplicabilidad "siempre que el valor del agravio exceda la suma equivalente a quinientos (500) jus arancelarios", pauta que, siguiendo los precedentes del Máximo Tribunal local, debe hacerse considerando el importe al que asciende dicha unidad al momento de la interposición del recurso (SCBA, C. 121.479, "Rodríguez Roldán", del 19-4-2017; C. 121.695, "Silvero", del 13-9-2017; C. 122.250, "Raut", del 15-VIII-2018; e.o.).
Así pues, siendo que al mes de septiembre de 2021 (momento en que se dedujo) el mismo tenía -según Ac. 4037/21- un valor de Pesos $3.127,00, su multiplicación por la cantidad exigida normativamente (500) arroja un total de Pesos $1.563.500; lo que pone en evidencia que el monto del agravio en los presentes ($1.400.835,93) no logra alcanzar el mínimo establecido en el digesto ritual, debiendo pues rechazarse el recurso extraordinario que dedujera la incidentista (arts. cits.).
Por ello y fundamentos expuestos, se RESUELVE: Denegar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido el día 28 de septiembre de 2021; y postergar el tratamiento de los recursos de apelación para una vez firme el presente. NOTIFÍQUESE. REGÍSTRESE. Y una vez que adquiera firmeza, vuelvan las actuaciones al Acuerdo a los efectos mencionados.
Fin de la sentencia