Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 122495 2
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar lo decidido, debiendo el acreedor insinuante afrontar el pago del arancel. Las costas se imponen por su orden atento que el agravio se generó de oficio (arts. 68, 69 CPCC).
MCM
MANCILLA BERENICE JOANA C/ ESTABLECIMIENTO D F S.A. S/ INCIDENTE DE VERIFICACION DE CREDITO
Causa: 122495-2 Jdo. Civil y Comercial nro. 9
La Plata, 21 de Marzo de 2023.
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
1. Antecedentes.
1.1. Que el Juez a cargo del órgano por disposición superior, el 20/10/2022 con el fin de no generar mayor dispendio jurisdiccional en relación a los incidentes análogos en cuanto a la causa, ordenó que en el presente se exima a la actora del pago del arancel verificatorio que tiene como naturaleza el carácter de gasto de justicia en los términos de lo normado por el art. 240 de la LCQ y la actora se presente a verificar su crédito. Lo dispuso, haciendo extensivo el proceso de beneficio de litigar sin gastos a este incidente, no debiendo el actor pagar en forma previa al pronunciamiento de la Sindicatura el arancel verificatorio (doctrina del art. 86 del C.P.C.C.) y a fin de no vulnerar los principios de igualdad ante la ley, de tutela efectiva y de seguridad jurídica, porque al existir un proceso de beneficio de litigar sin gastos con sentencia firme y consentida, el único modo en que ella deja de tener efectos es, que quien pretenda probar otra situación económica debe iniciar un incidente de mejora de fortuna, situación que no luce en autos.
1. 2. Que contra esa forma de decidir se alza la Síndico, fundando su disgusto con la presentación del 08/11/2022.
Agrega que el arancel verificatorio no es asimilable a la tasa de justicia por cuanto tiene una naturaleza jurídica completamente diferente: Mientras la tasa de justicia es un tributo que cobra el estado, el arancel verificatorio no tiene naturaleza tributaria, sino que es un gasto de justicia en los términos del art. 240 LCyQ; y que al momento de la verificación del crédito, el arancel verificatorio se suma al crédito verificado como gasto del proceso, lo que no ocurre con la tasa de justicia.
Refiere de igual modo que el beneficio señalado fue otorgado en el Fuero Civil de Capital Federal, por lo que el tributo tasa de justicia del que se lo ha eximido (previsto en la ley 327 de aquella jurisdicción) lo cobra otra jurisdicción y no la Provincia de Buenos Aires (previsto en el Cgo. Fiscal Provincial), de modo tal que no puede ser extendido a estas actuaciones. Son tributos diferentes.
Señala que el arancel verificatorio, no deriva de leyes locales (como lo son la Ley 327 y el Código Fiscal Provincial), sino de una Ley Nacional, como es la Ley 24.522,de jerarquía superior y de orden público, por lo que su procedimiento no es disponible: que el art. 32 Ley concursal dispone recaudos de procedibilidad que deben cumplir los acreedores al momento de reclamar su crédito, siendo uno de ellos el pago de un arancel verificatorio, disponiendo la misma ley casos de excepción (créditos laborales y los menores a tres salarios mínimos); que la ley 24522 no prevé la posibilidad de promover beneficio de litigar sin gastos para eximirse del pago del arancel, sino casos puntuales de excepción, no encuadrando el presente caso en ninguna de las excepciones legales; que ha de observarse lo previsto en el art. 278 LCQ que al reglar la aplicación de leyes locales al procedimiento concursal, lo hace para casos no previstos en la ley concursal, no siendo ello lo que acontece en autos, en tanto la ley concursal prevé expresamente en el art. 32 LCyQ cuales son las causales de eximición del arancel; que no corresponde la aplicación de la ley local para crear eximiciones no previstas en la ley concursal, y mucho menos si ni siquiera la actora lo pidió.
A modo de síntesisl cumplimiento del pago del arancel verificatorio.
2. Tratamiento del recurso.
2.1. Arancel. Naturaleza jurídica. Concepto. El incidente de verificación no está sujeto al pago de la tasa de justicia (CNCom., en pleno, 24/12/65, “Fema S.A. c/Creaciones Roy”, J.A. 1966-II, 113; L.L. 121-376), porque el pedido integra el expediente principal, el cual se encuentra sujeto a tal tributo.
Sin embargo, por cada solicitud de verificación de crédito que se presente -en la cual pueden estar incluidos varios créditos con diferentes causas-, el acreedor, sea tempestivo, incidental o tardío, pagará al síndico un arancel equivalente al diez por ciento (10%) del salario mínimo vital y móvil que se sumará a dicho crédito. El síndico afectará la suma recibida a los gastos que le demande el proceso de verificación y confección de los informes, con cargo de oportuna rendición de cuentas al juzgado quedando el remanente como suma a cuenta de honorarios a regularse por su actuación. Exclúyase del arancel a los créditos de causa laboral, y a los equivalentes a menos de tres (3) salarios mínimos, vitales y móviles, sin necesidad de declaración judicial (art. 32, último párrafo, L.C.).
El arancel es un gasto del concurso que participa de la naturaleza de las costas, ya que sólo tienen derecho a su cobro los acreedores gananciosos, esto es los acreedores verificados y admitidos. En consecuencia, se debe sumar al crédito como gasto del concurso (art. 240, L.C.), aunque sólo de los créditos verificados y admitidos, sin perjuicio que por ser un “gasto del concurso” se lo debe excluir del monto para el cálculo relativo al cómputo de las mayorías para el acuerdo, y que por ello mismo no corresponda declararlo “verificado”, ni “admisible” o “inadmisible” en oportunidad de dictar la resolución del art. 36, L.C., sino que basta su reconocimiento.
Tiene como finalidad pagar los gastos que deberá afrontar la sindicatura durante la tramitación de la verificación de créditos (en el cual debe formar un legajo para los acreedores no denunciados, realizar compulsas en los libros y documentos del concursado y en los del deudor, informar a los trabajadores a tenor del art. 34 último párrafo, presentar el informe individual del art. 35, L.C., informe del art. 56, L.C.), para presentar el informe general del art. 39, L.C., emitir los demás informes que le requiere la ley (art. 14 incs. 11 y 12, L.C.), y cumplir con lo normado por el art. 275, L.C.
Por ello también se puede considerar que es un “anticipo para gastos” que debe ser objeto de una rendición de cuentas. Si producto de dicha rendición hubiera remanente, el mismo servirá para cubrir honorarios.
Dicha rendición debe ser realizada en forma previa al cobro de los honorarios por parte del síndico.
Si el acreedor al momento de presentar la solicitud de verificación no paga el arancel, el síndico no puede negarse a recibir el pedido, sin perjuicio de que en esos casos es de buena práctica dejar constancia de la omisión en la copia firmada que se le devuelve al acreedor. El no pago del arancel debería obstar a la verificación.
Si bien el pedido de verificación no puede ser efectuado luego de vencido el plazo para verificar tempestivamente, ni utilizando el plazo de gracia judicial del art. 124, C.P.C.C., al no existir un plazo de caducidad, el arancel ser pagado más tarde -aunque antes de que el síndico emita su dictamen-. La falta de pago del arancel habilita al síndico a requerir el dictado de una resolución judicial que intime su depósito bajo apercibimiento de ejecución. Como ello puede generar un dispendio jurisdiccional no acorde con el monto a cobrar no es menos válido considerar que se trata de un deber incumplido por el acreedor que habilita la no admisión del crédito en el pasivo concursal. Si bien esta postura se podría considerar demasiado rigurosa, considero que es la que más se adecúa a la celeridad del trámite concursal.
2.2. Petición. El beneficio de litigar sin gastos es una franquicia que se concede a ciertos justiciables de actuar sin la obligación de hacer frente, total o parcialmente, a las erogaciones incluidas en el concepto de costas, sea en forma definitiva o solamente provisional (Podetti, cit. por Morello-Sosa-Berizonce, “Códigos…”, t. II, Abeledo Perrot, 4ta. edición, 2015, pág. 997), entre las cuales se encuentra innegablemente el arancel del art. 32, L.C.
Su fundamento reposa en garantizar el acceso a la justicia, lo cual hace a la preservación de la garantía constitucional de la defensa en juicio (arts. 18, Const. Nac.; 15, Const. Prov.; 1 y 2, C.C.C.N.; 278, L.C.). Hace a la igualdad procesal de los litigantes, a fin de superar el desequilibrio derivado de la condición económico social de los justiciables.
Entonces, el acreedor verificante, para omitir válidamente este pago -cuando no encuadre en las eximentes que establece el precitado art. 32, esto es crédito de causa laboral o menor de 3 SMVM- deberá requerir el beneficio de litigar sin gastos ante el magistrado concursal y conforme a las reglas procesales locales (arts. 18, Const. Nac.; 15, Const. Prov.; 278, L.C.; Fassi-Gebhardt, “Concursos y quiebras”, 1997, Ed. Astrea, pág. 117), sin perjuicio que en la oportunidad de percibir el dividendo concursal lo deberá pagar, hasta la concurrencia máxima de la tercera parte de los valores que reciba (art. 84, C.P.C.C.; 278, L.C.).
Salvo ciertos supuestos especiales, que no se hallan presentes en este caso, la exoneración de pago del arancel con base en el beneficio de litigar sin gastos, requiere petición del interesado, por lo que si quien tiene que verificar su crédito no paga el arancel ni invoca su eximición con base en el beneficio de pobreza -y no se encuentra comprendido en la eximente legal precitada del art. 32-, no corresponde extenderle dicha franquicia, y menos de oficio (arts. 32 y 278, L.C.; 34 inc. 5, 78, 163, 164 y 384, C.P.C.C.).
2.3. Conclusión. En consecuencia, no habiendo el acreedor insinuante pedido la eximición del pago del arancel, y no siendo el presente un caso de excepción legal, corresponde revocar lo decidido, debiendo el interesado afrontar el pago del arancel pertinente (arts. 17, 18 y 31, Const. Nac.; 78, 163, 164, 260, 261 y 384, C.P.C.C.; 32 y 278, L.C.).
Por todo ello, se RESUELVE: revocar lo decidido, debiendo el acreedor insinuante afrontar el pago del arancel. Las costas se imponen por su orden atento que el agravio se generó de oficio (arts. 68, 69 CPCC). REG. NOT. DEV.
Fin de la sentencia