Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124388
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por cumplida en término la intimación dispuesta por este Tribunal el 30 de junio de 2021 y 2) denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 124.388 "A.F.I.P. C/ EFECTIVISAR BAHIA S.A. S/ INCIDENTE DE VERIFICACION DE CREDITO"
I. Con la presentación electrónica de fecha 9 de julio de 2021, téngase por cumplida en término la intimación dispuesta el 30 de junio del corriente año.
II. El apoderado de AFIP-DGI deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que rechazó el de inaplicabilidad de ley, en virtud de su insuficiente fundamentación (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812; 279 y 289, CPCC; v. resol. de 19-IV-2021, escrito electrónico titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de fecha 12-V-2021 y su archivo adjunto identificado como "img12052021_00001.pdf").
En el caso, la Cámara interviniente confirmó el fallo de primera instancia que, a su turno, había rechazado el incidente de verificación de crédito incoado por la Administración Federal de Ingresos Públicos contra la firma Efectivisar Bahía S.A., al no encontrar reunidos los extremos necesarios para progreso (v. sents. de 10-III-2020 y 18-VIII-2020).
III.1. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en las doctrinas de la arbitrariedad de sentencia y de la gravedad institucional, así como en la violación de las garantías constitucionales de propiedad, defensa en juicio, debido proceso, razonabilidad y cosa juzgada (arts. 17 y 18, Const. nac.; v. págs. 7, 9/10, 18, 26, 31, 33/34, 36 y 38/39, adjunto cit.).
III.2. Sostiene que la sentencia en crisis resulta arbitraria y debe ser descalificada como acto jurisdiccional válido. Alega que esta Corte, apartándose de las circunstancias objetivas de la causa, de las pruebas aportadas -puntualmente el trámite administrativo n° 1501772- y de la normativa que rige el caso, rechazó el remedio local. Ello, al ponderar -dogmáticamente y con exceso ritual- que había sido insuficientemente fundado. Y afirma que descartó -sin dar fundamentos suficientes- los agravios federales que asegura haber planteado, vulnerando -de esta manera- las garantías constitucionales mencionadas.
En tal sentido, aduce que la decisión en crisis omitió tratar debidamente los planteos esgrimidos en la vía local -que ahora reproduce- referidos a que los magistrados anteriores en grado desconocieron la presunción de legitimidad que las leyes de Procedimientos Administrativos n° 19.549, de Procedimiento Fiscal n° 11.683 y de Concursos y Quiebras n° 24.522 le otorgan a las resoluciones de la entidad que representa, los cuales resultaban suficientes para refutar las razones dadas por el a quo. Y agrega que, contrariamente a lo expuesto, de su observancia surge -claramente, según su modo de ver- el absurdo del fallo del Tribunal de Alzada en tanto no hizo lugar a la verificación del crédito solicitado.
Cita -en sustento de su postura- precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (CSJN, Fallos: 341:84; 336:908; 330:2826; 329:3673; 261:173; 304:1467; 343:2148, entre muchas; v. págs. 16/26 y 30/39, adjunto cit.).
III.3. Objeta, por otro lado, la forma en que fueron impuestas las costas. Insiste en que el hecho de que su representada no haya formulado la insinuación del crédito en forma tempestiva, se debió pura y exclusivamente al actuar defraudatorio del contribuyente, que evadió los impuestos a su cargo y obligó a hacer, en primer lugar, una fiscalización estatal y, luego, la sustanciación de un procedimiento de determinación de oficio. Concluye que se configura una circunstancia eximente al principio objetivo de la derrota, consagrado en el primer párrafo del art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial (v. págs. 26/30, adjunto cit.).
III.4. Arguye, finalmente, que el caso de marras conforma un supuesto de gravedad institucional, desde que el pronunciamiento de esta Corte excede el interés de las partes y atañe a la colectividad, en tanto puede, potencialmente, conducir a la frustración de la recaudación de las rentas públicas de la cual dependen la seguridad y el bienestar de todos los habitantes (v. págs. 7/9 y 39/41, adjunto cit.).
IV. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de fecha 2-VI-021) el mismo fue contestado por el Síndico (v. escrito electrónico de fecha 9-VII-2021).
V.1. Respecto de la vía federal incoada, cabe señalar, que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones de hecho y prueba, así como también las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local (en el caso, la valoración efectuada por la Cámara de las circunstancias fáctico-probatorias -a la luz de la ley 24.522- para confirmar el rechazo de la verificación de crédito solicitada e imponer las costas, así como la suficiencia del remedio de inaplicabilidad local para atacar la decisión -según lo normado por el art. 31 bis de la ley provincial 5.827-) no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal. En estos casos resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (doctr. arts. 14 y 15, ley 48; CSJN, Fallos: 249:530; 267:59; 310:405 y 750; 311:1337 y 1556; 312:1458; 315:2689; 316:238; 317:1684; 318:862; 319:3395 y 322:1426; 324:4349; 325:2192; 328:3878 y 330:133 y 4770; e.o. y causa C. 969.XLV, sent. de 9-III-2010)
En el presente, no se advierte que en el recurso intentado se satisfagan tales extremos, desde que las razones expuestas por el impugnante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, insuficientes -como tales- para acceder a la instancia federal (doctr. arts. 14 y 15, ley 48).
V.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de dogmatismo, exceso ritual, falta de fundamentación suficiente, omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes y apartamiento de las constancias de la causa y de la solución normativa, tampoco se observan argumentos que - prima facie ponderados- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que el recurrente se limita -en rigor- a denunciar la arbitrariedad del fallo en crisis -y de las instancias anteriores en grado- y a disentir con la postura de este Tribunal para descartar el recurso intentado, insistiendo el agraviante con cuestionamientos que ya han sido ponderados por esta Corte para dar oportuna respuesta en la decisión atacada (v. págs. 16/39, adjunto cit. y resol. en crisis).
V.3. Por otro lado, cabe apuntar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales (derechos de propiedad, defensa en juicio, debido proceso, razonabilidad y cosa juzgada; arts. 17 y 18, Const. nac.; v. págs. 7, 9/10, 18, 26, 31, 33/34, 36 y 38/39, adjunto cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 121.760, "Banco del Acuerdo SA", resol. de 3-V-2018; C. 122.022, "Szabady", resol. de 13-III-2019; C. 121.331, "Gouveia Mendes", resol. de 22-V-2019; C. 119.818, "Iarosky", resol. de 23-X-2019; C. 123.330, "Luis Blanco Sa", resol. de 11-VI-2020; C. 123.979, "Sismail", resol. de 23-XII-2020; C. 124.060, "Fisco Nacional A.F.I.P.-d.G.I.", resol. de 31-III-2021; C. 124.640, "Cataffo", resol. de 10-IX-2021; entre otros).
V.4. Resta agregar que tampoco se observa la exposición de motivos de importancia que permitan habilitar la instancia requerida con base en la doctrina de la gravedad institucional, por cuanto la misma constituye un supuesto excepcional, que no se avizora configurado en el caso, pues sólo se discuten derechos patrimoniales que no exceden el ámbito de las partes, sin que se advierta la afectación -de modo directo- de intereses comunitarios (CSJN Fallos: 327:5826; 323:287 y sus citas; 317:1162; 326:2710 y 183; 330:5052; 331:2799; v. págs. 7/9 y 39/41, adjunto cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por cumplida en término la intimación dispuesta por este Tribunal el 30 de junio de 2021 y 2) denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/12/2021 13:13:47 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/12/2021 13:37:59 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/12/2021 08:56:55 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/03/2022 15:37:54 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/03/2022 10:45:51 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 17/03/2022 12:25:46 hs. bajo el número RR-115-2022 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia