Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124943
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 124.943 "HERNANDEZ, ARIEL ALEJANDRO C/ MOLIENDAS DEL SUR S.A. S/ INCIDENTE DE VERIFICACION DE CREDITO"
I. La parte demandada, mediante apoderado, deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que desestimó la queja por denegatoria del de nulidad con sustento en que los planteos traídos no eran propios de la vía incoada (v. resol. de 18-II-2022, escrito electrónico titulado "RECURSO EXRORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de fecha 11-III-2022, el escrito electrónico de idéntica fecha y su archivo adjunto identificado como "recurso+extraordinario+federal+Hernandez+c.+Moliendas.pdf").
En el caso, la Cámara interviniente confirmó el pronunciamiento del juez de primera instancia que, a su turno, declaró verificado el crédito del actor (v. escrito electrónico denominado "RECURSO DE QUEJA -DEDUCE" y su archivo adjunto titulado "queja hernandez c moliendas").
II.1. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la vulneración de las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, propiedad, debido proceso y defensa en juicio (arts. 16, 17, 18 y 28, Const. nac.; 8, CADH; 14, PIDCyP; v. págs. 3/4, 10, 16 adjunto cit.).
II.2. Sostiene que el fallo en crisis no constituye una derivación razonada del derecho vigente, conforme a las circunstancias de la causa y debe ser descalificado como acto jurisdiccional válido. Ello, por cuanto, esta Corte apartándose de las constancias del expediente y de la normativa aplicable, omitió tratar y resolver cuestiones debidamente propuestas y conducentes a la resolución del caso -que ahora reproduce- y rechazó -sin fundamentación suficiente, con dogmatismo y exceso ritual- el remedio local, con la consiguiente afectación de las garantías constitucionales mencionadas. Y cita, en sustento de su postura, precedentes de la Corte Suprema nacional que estima aplicables al caso (CSJN, Fallos: 320:448; 323:52; 323:2653; 324:1652; 320:448; entre otras; v. págs. 7, 10, 16/22 adjunto cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de 18 de marzo de 2022), el mismo fue contestado por la actora (v. escrito electrónico titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL -CONTESTA TRASLADO" del 26-III-2022 y su archivo adjunto "contesta+recurso+extraordinario+federal.pdf").
IV.1. Respecto del remedio intentado, corresponde recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones referidas a la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local (en el presente, la necesaria intervención previa de la sindicatura concursal y el Ministerio Público Fiscal, así como la inadmisibilidad de la vía de nulidad, conforme los arts. 168 y 171, Const. prov. y 296, CPCC) no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (conf. CSJN, Fallos: 249:530; 295:54; 329:5424; 330:133:4770; entre otros).
En el caso, no se advierte que en el recurso intentado se satisfagan dichos extremos, desde que las razones expuestas por el impugnante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía deducida (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
IV.2. En lo que hace a la denuncia de arbitrariedad, con base en las causales de exceso ritual, dogmatismo, omisión de cuestiones conducentes, falta de fundamentación, apartamiento de las constancias de la causa y de la normativa aplicable, tampoco se observan motivos que -en principio- sean suficientes para dar sustento a la invocación de un supuesto excepcional.
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter de excepción y no tiene por objeto corregir pronunciamientos presuntamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales pues, para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (doctr. CSJN; F. 1792. XL, RHE, sent. de 28-VIII-2007 y Fallos: 329:2206; 330:133 y 329:3761; entre otros). Asimismo, que la mentada doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (conf. Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493; entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que el recurrente se limita -en rigor- a denunciar la arbitrariedad del pronunciamiento en crisis -y de las instancias anteriores en grado- y a disentir con la postura de este Tribunal para rechazar el remedio local intentado, alegando que se ha incurrido en exceso ritual. En efecto, insiste el agraviante con cuestionamientos que ya han sido ponderados por esta Corte y merecido oportuna respuesta en la decisión atacada (v. escrito electrónico de 1-VI-2021 identificado como "RECURSO DE QUEJA -DEDUCE"; v. págs. 3/6 y 14/24, del adjunto "recurso+extraordinario+federal+Hernandez+c.+Moliendas.pdf" cit. y resol. de fecha 18-II-2022).
IV.3. Finalmente, cabe apuntar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (igualdad ante la ley, propiedad, debido proceso y defensa en juicio; arts. 16, 17, 18 y 28 Const. nac.; 8 CADH; 14 PIDCyP; v. págs. 3/4, 10, 16 adjunto cit.) ,así como la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 121.331, "Gouveia Mendes", resol. de 22-V-2019; C. 119.818, "Iarosky", resol. de 23-X-2019; C. 123.330, "Luis Blanco Sa", resol. de 11-VI-2020; C. 123.979, "Sismail", resol. de 23-XII-2020; C. 121.865, "La Araucana Oeste S.A", resol. de 18-II-2021; C. 123.976, "J.O.P. S.R.L.", resol. de 10-III-2021; C. 123.929, "Toncovich Rodriguez", resol. de 18-V-2021; C. 124.350, "Cabrera", resol. de 23-IX-2021; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 07/06/2022 08:53:01 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/06/2022 16:41:17 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/06/2022 18:19:18 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/06/2022 18:13:39 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/06/2022 14:52:45 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 13/06/2022 14:09:23 hs. bajo el número RR-291-2022 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia