Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 127013
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar mal concedido el recurso extraordinario de nulidad (art. 296, CPCC), reputándolo inoficioso a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967).
C. 127.013 "COLLADO EDGARDO S/ INCIDENTE DE VERIFICACIÓN DE CRÉDITO"
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n°5 del Departamento Judicial de Quilmes, en el marco de un incidente promovido por Edgardo Collado, declaró verificado el crédito por la suma de un millón cuatrocientos sesenta y nueve mil trescientos setenta y cuatro con 32/100 ($1.469.374,32), con privilegio especial y general laboral, comprensivo de capital e intereses (arts. 241 inc. 2 y 246, ley 24.522). Seguidamente, hizo lugar al pronto pago solicitado por el accionante, en el que incluyó el capital y los intereses devengados por dos años desde operada la mora (arts. 16, 242 inc. 1 y 246, inc. 1, ley 24.522; v. pronunciamiento de 23-VI-2022).
La concursada Teleco S.A. apeló la decisión (v. escritos electrónicos de 6-VII-2022 y de 6-VIII-2022) y, a su turno, la Sala I de la Cámara de Apelación del fuero departamental modificó parcialmente el fallo. En consecuencia, dispuso que, por el período cuyo pronto pago fuera admitido en la instancia de origen, en lugar de considerarse la tasa pasiva digital establecida en la jurisdicción laboral, los intereses deberán liquidarse a la tasa que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente en los distintos periodos de aplicación, confirmando el pronunciamiento en cuanto a los rubros que se encuentran alcanzados por el régimen de pronto pago, temática que también había sido objeto de cuestionamiento por la apelante (v. fallo de 22-VIII-2023).
Frente a lo así resuelto, la firma concursada interpuso recurso extraordinario de nulidad (v. escrito electrónico de 9-IX-2023), el que fue concedido (v. resol. de 18-IX-2023).
II. Al respecto debe recordarse que, conforme ha expresado este Tribunal en repetidas ocasiones, la vía anulativa intentada sólo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Prov. de Bs. As.; doctr. causas C. 122.755, "Dortona", resol. de 17-X-2018; C. 123.071, "Mogaburu", resol. de 10-IV-2019; C. 123.590, "Martínez", resol. de 13-XI-2019; C. 123.760, "Perugini", resol. de 12-II-2020; C. 123.417, "Morgan", resol. de 4-III-2020; C. 123.872, "Arato", resol. de 28-IX-2020 y C. 124.154, "Perroni", resol. de 19-II-2021).
En el caso, en la presentación articulada, se advierte que no se han expuesto ni tampoco desarrollado agravios apoyados en el contenido normativo de los citados arts. 168 y 171 de la Constitución local (conf. causas C. 120.525, "Decunto", resol. de 4-V-2016; C. 120.916, "La Tilde S.A.", resol. de 26-X-2016; C. 121.516, "Recupero de Siniestros S.R.L.", resol. de 21-VI-2017 y C. 124.880, "González de Montanari", resol. de 29-VI-2021).
En tal sentido, del escrito recursivo se observa que bajo la denuncia de infracción al art. 171 de la Constitución provincial, la parte introduce alegaciones que apuntan, en rigor, a controvertir el acierto de lo decidido en la resolución puesta en crisis. Así, se agravia de la interpretación y aplicación de la normativa concursal, cuestionando, en particular, los rubros que fueron incluidos en el régimen de pronto pago. Tales planteos, referidos en realidad a presuntos errores de juzgamiento, no son propios del carril recursivo en consideración, sino del de inaplicabilidad de ley (conf. doctr. causas C. 121.765, "Unzué", resol. de 22-XI-2017; C. 123.189, "Romero", resol. de 4-III-2020; C. 123.846, "Aquino", resol. de 11-V-2020; C. 124.153, "Manzo", resol. de 1-XII-2020; C. 124.322, "Lopez", resol. de 31-III-2021; C. 124.421, "Ramírez", resol. de 24-VIII-2021 y C. 126.060, "Kerber", resol. de 1-VIII-2023).
En efecto se advierte que, bajo la invocación de falta de sustento normativo, el recurrente en realidad expone lo que considera una indebida fundamentación de las conclusiones del pronunciamiento del Tribunal de Alzada, argumentaciones que -como ya se indicara- resultan impropias de este remedio (conf. doctr. causas C. 120.618, "Wichser", resol. de 29-VI-2016; C. 123.992, "Russo", resol. de 1-XII-2020; C. 125.205, "Arejola" resol. de 10-VIII-2022 y C. 126.061, "Neira", resol. de 24-XI-2023).
A lo expuesto deviene pertinente agregar que también se ha sostenido reiteradamente que devienen ajenas al ámbito de esta vía impugnativa las alegaciones referidas a la eventual vulneración de las garantías constitucionales que se mencionan (conf. doctr. causas C. 122.689, "Gonzalez", resol. de 19-IX-2018; C. 123.073, "Niño de Reisner", resol. de 14-VIII-2019; C. 123.630, "Malin", resol. de 4-III-2020; C. 123.900, "Cabrera", resol. de 29-VII-2020; C. 125.108, "Díaz", resol. de 10-III-2022 y C. 126.692, "Cruz", resol. de 14-XI-2023).
Finalmente, cabe recordar que ha sostenido esta Corte en numerosos precedentes que la transgresión del art. 171 de la Constitución provincial sólo se produce cuando la sentencia carece de fundamentación jurídica, faltando la referencia de los preceptos legales pertinentes, circunstancia que no se configura en el caso, ya que la simple lectura del fallo en crisis demuestra que el mismo se encuentra basado en el texto expreso de la ley (v. fallo de 22-VIII-2023; conf. causas C. 119.237, "Giorgini", resol. de 3-VI-2015; C. 120.618, "Wichser", resol. de 29-VI-2016; C. 123.992, "Russo", resol. de 1-XII-2020; C. 124.520, "Fernández", resol. de 23-IX-2021)
En tales condiciones la vía extraordinaria de nulidad resulta inadmisible (art. 296, CPCC).
Se impone, asimismo, reputarla inoficiosa a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967; doctr. causas C. 121.635, "Rodríguez Vigo", resol. de 28-VI-2017; C. 121.913, "Portela", resol. de 4-IV-2018; C. 123.324, "Cipolla", resol. de 6-XI-2019; C. 124.775, "Acosta", resol. de 24-VIII-2021 y C. 126.692, cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar mal concedido el recurso extraordinario de nulidad (art. 296, CPCC), reputándolo inoficioso a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/03/2024 12:24:40 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/03/2024 13:11:23 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/03/2024 10:03:35 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/04/2024 16:03:01 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/04/2024 11:37:46 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 25/04/2024 10:42:56 hs. bajo el número RR-203-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia