Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala III · Causa 124877
En la ciudad de La Plata, a los cuatro días del mes de Junio de dos mil diecinueve reunidos en acuerdo ordinario los señores jueces de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, Sala Tercera, doctores Andrés Antonio Soto y Laura Marta Larumbe, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: “AFIP-DGI C/ GRISOLIA, JOSE S/ INCIDENTES DE VERIFICACION DE CREDITO", (causa nº 124877), se procedió a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando de ella que debía votar en primer término la doctora Larumbe.LA EXCMA. CAMARA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:1ra. ¿Es justo el apelado decisorio de fs. 532/535?2da.
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?A LA PRIMERA CUESTION PROPUESTA, LA DOCTORA LARUMBE DIJO: I.- En la resolución dictada, el Sr. Juez de la etapa precedente hizo lugar al incidente de verificación tardía planteado por el Fisco Nacional (Dirección General Impositiva). Rechazó los planteos de inconstitucionalidad y nulidad -impetrados por José Grisolía- y tuvo por insinuado el crédito de la AFIP por un importe de $ 111.748,16, correspondiente a $ 45.969,66 con privilegio general y $ 65.778,50 con carácter de quirografario. Las costas las impuso a la parte incidentista en su validad de verificante tardía. Para imponer las costas en ese sentido, el a quo estimó que no se encontraban acreditadas las circunstancias apuntadas por la AFIP y que analizando los períodos de deuda incluidos en la pretensión verificatoria, la fecha de presentación en concurso y la fecha hasta la cual los acreedores podían efectuar sus pedidos de verificación, la deuda podría haber sido determinada en forma temporánea frente al anoticiamiento del concurso.
Contra esta decisión apeló el Fisco Nacional a fs. 536. El recurso le fue concedido y lo fundó mediante su respectivo memorial de agravios, que se sustanció con la Sindicatura a fs. 560/561. Las discrepancias del apelante rondaron en torno a la imposición de costas. Expuso que al momento de presentarse a la verificación del articulo 32 LCQ se realizó expresa reserva de concurrir con posterioridad para la verificación de aquellos créditos cuya determinación hubiera resultado de imposible cumplimiento hasta el vencimiento de los plazos fijados. Ello así, en virtud de que la deuda objeto de verificación en esta instancia se encontraba bajo discusión en un procedimiento administrativo. Que el crédito que su mandante se presentó a reclamar en el marco del presente incidente surge de la determinación de oficio del Impuesto sobre los Bienes Personales por los períodos 2000/2004 y la aplicación de la multa resuelto con fecha 19 de julio de 2006 la cual surge a partir de la fiscalización realizada al contribuyente José Grisolia.
Dijo que la fiscalización iniciada, la tardanza del propio contribuyente al no cumplir con los requerimiento cursados y el cumplimiento del procedimiento reglado para la precisión de los montos adeudados sin menoscabo de los derechos de defensa que posee el contribuyente concursado hicieron imposible la verificación de la misma en el marco del proceso concursal, dentro del plazo para la verificación tempestiva. Que tal como surge del expediente, la orden de intervención resultó firme con posterioridad a la fecha dispuesta para la insinuación tempestiva de crédito de su mandante razón esta que motivó la presentación en esta instancia. Que en consecuencia, la insinuación tardía de los créditos se halla justificada.
II. Comienzo el tratamiento de los agravios destacando que las costas del incidente de verificación tardía, en principio, deben ser impuestas al acreedor, pero cuando la demora en solicitar la verificación obedece a la imposibilidad de la presentación en término, el referido principio resulta inaplicable (SCBA, Ac. 69.271, sent. del 29-II-2000, Ac. 79.998, sent. del 24-III-2004, Ac. 86.194, sent. del 9-XI-2005, C 96.002, sent. del 20-III-2013, entre otras; esta Sala, causas 116.182, RSD 56/13 y 120.039, RSD 83/16). Ahora bien, al devenir inaplicable el principio que surge de la norma falencial cobran virtualidad las normas procesales que establecen que las costas deben ser impuestas a quien resulta vencido en el pleito (arts. 68 y 274 del CPCC y 278 de la ley 24.522; esta Sala, causa 116.182, RSD 56/13, ya citada, 118.013, RSD 180/14, e.o.).
III. Tal como fuera informado a fs. 573 en los autos "Grisolia José s/ quiebra (expte. 116.975)" en trámite ante el Juzgado Civil y Comercial n° 6, con fecha 7 de diciembre de 2005 se declaró abierto el concurso preventivo de José Grisolía; se fijó en el citado decisorio el 15 de marzo de 2006 como fecha hasta la cual podrán presentarse los pedidos de verificación ante el Síndico; a fs. 121 surge la fecha de la última publicación de edictos, siendo la misma el día 5 de enero de 2006; la AFIP-DGI ha concurrido en autos a verificar créditos, declarándose admisible su crédito por resolución dictada con fecha 19 de mayo de 2006; conforme lo comunicado por el Síndico interviniente en autos, a través del informe individual acompañado, surge que la AFIP-DGI solicitó expresamente que se tenga por cumplido el deber de concurrencia para el supuesto de determinarse nuevas deudas cuya determinación fuera imposible a la fecha del vencimiento del plazo de verificación; la fecha de la resolución del art. 36 de la ley 24.522, es el día 19 de mayo de 2006 donde se tuvo presente el deber de concurrencia respecto de otros acreedores, más no en relación a la A.F.I.P.
Como puede apreciarse el recurrente sostuvo que la tardanza obedeció a la propia conducta del contribuyente quien no cumplió con los requerimientos cursados y, asimismo, al cumplimiento de los plazos establecidos para el procedimiento administrativo; que la orden de intervención quedó firme con posterioridad a la fecha dispuesta para la insinuación tempestiva. Coincido con el apelante -por lo menos a partir de la documentación aportada junto a la presente demanda de verificación tardía- en que la reclamación del impuesto de los bienes personales se remonta al período 2000/2004 y la aplicación de la multa a lo resuelto con fecha 19 de julio de 2006, lo cual no obsta -a mi modo de ver- que por si solo deba tomarse dicho factor como acreditante de la conducta renuente del contribuyente.
No debe olvidarse que el juzgador de la instancia anterior había alertado sobre la falta de acreditación de las constancias alegadas y que le habrían impedido al acreedor solicitar la verificación en término. Extremo que nuevamente advierto en el presente donde si bien no pongo en tela de juicio ni la legitimidad del reclamo impositivo, ni el objeto y/o contenido del mismo (períodos 2000/2004) e, incluso, la determinación del impuesto una vez iniciado el concurso preventivo, no se acredita debidamente -sino con solas alegaciones- las razones que justificaron la certificación a posteriori de la fecha de verificación. Dicho entonces que las razones que justificaron la demora deben ser justificadas, no habiéndose acreditado las mismas, propongo a mi distinguido colega de Sala que la resolución recurrida sea confirmada (art. 56 ley 24.522).Voto por la AFIRMATIVA.Por los mismos fundamentos el doctor SOTO votó en igual sentido.A LA SEGUNDA CUESTION PROPUESTA, LA DOCTORA LARUMBE DIJO: Obtenido el necesario acuerdo de opiniones al tratar y decidir la cuestión anterior, corresponde desestimar la apelación deducida y confirmar la resolución de fs. 532/535 en lo que fuera materia de recurso y agravio.
Las costas de Alzada deben imponerse al recurrente (art. 56 ley 24.522; 68 del CPCC). La regulación de honorarios se difiere para su oportunidad.ASÍ LO VOTO. El doctor SOTO adhirió en un todo al voto que antecede, con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dictándose por el Tribunal la siguiente:S E N T E N C I A La Plata, 4 de Junio de 2019
CONSIDERANDO: Que en el precedente acuerdo ha quedado establecido que el decisorio dictado a fs. 532/535 es justo (arts. 56 de la ley 24.522 del C.P.C.C.; jurisprudencia citada).POR ELLO: se rechaza la apelación deducida y se confirma el decisorio de fs. 532/535 en lo que fuera materia de recurso y agravio. Costas de Alzada al recurrente vencido.Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
Fin de la sentencia