Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 72409
En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Soria, Kogan, Genoud, Pettigiani, Torres, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa I. 72.409, "Siderca S.A.I.C. c/ Provincia de Bs. As. s/ Inconst. art. 149 ley 14.394".
La firma Siderca S.A.I.C., por intermedio de su apoderado, promueve demanda originaria de inconstitucionalidad en los términos del art. 161 inc. 1 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y del art. 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial contra la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad del art. 149 de la ley 14.394 (v. fs. 251/268 vta.).
Sostiene que aquel precepto -en tanto dejó sin efecto, para el ejercicio 2012, los beneficios fiscales previstos en los arts. 8 inc. "b" y 10 bis inc. "b" de la ley 14.333 (tarifaria para el año 2012, texto según ley 14.357, al que se referirá en lo sucesivo)- vulnera su derecho de propiedad e importa una afrenta a los principios de razonabilidad, igualdad y seguridad jurídica. Expresa también que cristaliza un actuar arbitrario de la demandada, violatorio del principio de la confianza legítima en el obrar estatal.
Manifiesta, en ese sentido, que la disposición impugnada es incompatible con los arts. 10, 11, 15, 31 y 57 de la Constitución provincial.
Corrido el traslado de ley, el señor Asesor General de Gobierno contesta la demanda y pide su rechazo (v. fs. 286/296 vta.).
Agregada la documentación acompañada al escrito de inicio, vencido el plazo para alegar sin que las partes hicieran uso de ese derecho, oída la entonces señora Procuradora General y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. La actora pretende la declaración de inconstitucionalidad del art. 149 de la ley 14.394 que dispuso dejar sin efecto, para el año 2012, los beneficios fiscales previstos en los arts. 8 inc. "b" y 10 bis inc. "b" de la ley 14.333.
En tal sentido, alega que el art. 8 inc. "b" de la ley 14.333 dispuso: "Otórgase un crédito fiscal anual materializado en forma de descuento del cien por ciento (100%) del impuesto Inmobiliario correspondiente al ejercicio fiscal 2012, a inmuebles pertenecientes a la Planta Urbana Edificada, en los siguientes términos: [...] b) Para aquellos edificios pertenecientes a propietarios que los destinen a establecimientos de producción manufacturera.
La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires establecerá las condiciones para la aplicación del beneficio contemplado en este artículo, quedando facultada a dictar las normas que resulten necesarias a tales efectos".
A su vez, aduce que el art. 10 bis inc. "b" de la misma ley estableció: "Otórgase un crédito fiscal materializado en forma de descuento del cien por ciento (100%) del impuesto Inmobiliario a los edificios pertenecientes a la Planta Rural y Subrural, en los siguientes términos: [...] b) para aquellos edificios pertenecientes a establecimientos productivos destinados a actividad agropecuaria y/o manufacturera. Este descuento se aplicará a quienes resulten contribuyentes del Impuesto.
La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires establecerá las condiciones para la aplicación del beneficio contemplado en este artículo, quedando facultada a dictar las normas que resulten necesarias a tales efectos".
Postula que el precepto impugnado importa la derogación retroactiva de las disposiciones transcriptas y un avance inconstitucional sobre su derecho de propiedad (arts. 10 y 31, Const. prov.). Ello así por desconocer un derecho adquirido al amparo de las normas dejadas sin efecto.
Sostiene que el hecho de haber cumplido, para el año 2012, con los recaudos fijados en la ley 14.333 justifica el goce de los beneficios en cuestión. En ese sentido, expresa que ha satisfecho aquellos extremos en relación a los inmuebles de su propiedad en los que funcionaban establecimientos de producción manufacturera, pertenecientes a las plantas urbana edificada, rural y subrural. Individualiza aquellos bienes y acompaña prueba en sostén de esa afirmación.
Destaca que, a pesar de la previsión expresamente contenida en el último párrafo de los arts. 8 y 10 bis de la ley 14.333, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) no dictó ninguna norma reglamentaria de aquellos créditos legalmente establecidos. Manifiesta que tal circunstancia le impidió requerir su reconocimiento a la Administración y que decidió entonces abonar bajo protesto el gravamen. Acompaña prueba documental que daría cuenta de la realización de esos pagos.
Afirma, además, que la reglamentación omitida sólo hubiera podido avanzar en cuestiones operativas sin regular, precisamente, requisitos o aspectos sustanciales de los beneficios previstos en la ley.
Desde otro punto describe que, a diferencia de lo sucedido con los descuentos a los que refiere su demanda, ARBA sí reguló las condiciones de aplicación de los créditos para los casos previstos en los arts. 8 inc. "a" y 10 bis inc. "a" de la ley 14.333. Pone de resalto que estos últimos son beneficios análogos a los discutidos en autos, aunque referidos a inmuebles de hasta determinada valuación fiscal, pertenecientes a personas físicas o sucesiones indivisas.
Sostiene que esa circunstancia violenta el principio de igualdad (arts. 10 y 11, Const. prov.) por colocar a los titulares de bienes inmuebles en los que se ubiquen establecimientos dedicados a la industria manufacturera en peor condición que a los contribuyentes del impuesto inmobiliario alcanzados por las previsiones de los arts. 8 inc. "a" y 10 bis inc. "a".
Alega que, dados los antecedentes normativos del caso -previsión legal de un beneficio, ausencia de reglamentación y posterior derogación-, "...resulta jurídicamente exigible que para la resolución del presente sea tutelada la confianza legítima o expectativa razonable que el accionar del propio Estado provincial suscitara [...] a través de la consagración y otorgamiento legislativo de un beneficio fiscal" (fs. 315 vta. y 316). Cita precedentes judiciales en respaldo de esa invocación.
II. El señor Asesor General de Gobierno sostiene que el planteo de la actora es improcedente pues, para ser beneficiario de los créditos en cuestión, no era suficiente con reunir los recaudos exigidos en la norma legal sino que también era preciso obtener su reconocimiento por la autoridad de aplicación. Es decir, que debería "...haber cumplido con las condiciones de aplicación que podría haber establecido ARBA por vía reglamentaria" (fs. 336). Funda su posición en lo dispuesto por el art. 110 del Código Fiscal (texto ordenado año 2011, al que se referirá en lo sucesivo).
En ese orden, postula que no se verifica en la especie lesión alguna al derecho de propiedad toda vez que la previsión normativa sólo pudo generar un derecho en expectativa o potencial que no se incorporó al patrimonio de la actora por no haberse cumplimentado los requisitos sustanciales y formales previstos en la ley como condición para su reconocimiento. Refiere fallos de este Tribunal y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en respaldo de esa alegación.
Descarta que se verifique en el caso una lesión al derecho de igualdad en atención a la circunstancia de haberse reglamentado el beneficio análogo previsto en los arts. 8 inc. "a" y 10 bis inc. "a" de la ley 14.333.
Finalmente, explica que, a pesar de no haberse emitido la reglamentación de los beneficios del caso, la contribuyente pudo instar ese pronunciamiento de la Administración a través del procedimiento general a ese fin establecido en la disposición normativa B 29/07.
III.1. Reseñadas las posiciones de las partes, cabe precisar que la ley 14.333 se sancionó el 23 de noviembre de 2011 y rigió a partir del 1 de enero de 2012 (art. 187). La ley 14.394 fue sancionada el 1 de noviembre de 2012, para regir desde el 1 de enero de 2013 "...con excepción de [...] aquellos artículos que en la presente Ley tengan una fecha de vigencia especial" (art. 150).
Sentado ello, recuerdo que es doctrina de este Tribunal que una ley es retroactivamente aplicada cuando suprime o modifica las consecuencias jurídicas de un hecho ocurrido bajo el imperio de la anterior, lo que supone la existencia de normas sucesivas que reglen el mismo hecho de manera diversa (causas B. 59.214, "Sotuyo", sent. de 7-XII-1999 y B. 58.927, "Lucena", sent. de 19-II-2003).
Puede considerarse, entonces, que el precepto impugnado es retroactivo en tanto resulta aplicable a relaciones tributarias perfeccionadas con anterioridad a su dictado. Ello así en tanto: a) la obligación de pago del impuesto inmobiliario para el ejercicio fiscal involucrado en autos nació el 1 de enero de 2012 (conf. arts. 169 y 173, Cód. Fiscal y doctr. causa A. 70.188, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 13-XI-2013) y en ese mismo momento también lo hizo el crédito fiscal anual cuyo goce reclama la accionante (conf. art. 110, Cód. Fiscal al que se hará precisa referencia en los apdos. siguientes); y b) el art. 149 de la ley 14.394 prevé expresamente su aplicación respecto del ejercicio fiscal 2012, que comenzó el 1 de enero de ese mismo año.
III.2. Corresponde destacar que el art. 2 del Código Fiscal dispone que "Toda Ley, Decreto, norma general, decisión de la Autoridad de Aplicación, cualquiera sea su forma [...] tendrá vigencia a partir de los ocho (8) días siguientes al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, salvo que la misma norma disponga expresamente otra fecha de vigencia".
También debe mencionarse que el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, ley 26.994 (en el mismo sentido que lo hacía el art. 3 del Código Civil, ley 340) establece que las leyes no tienen efecto retroactivo, salvo disposición en contrario; y que la retroactividad en ningún caso podrá afectar derechos amparados por garantías constitucionales.
Ya ha referido esta Suprema Corte que la facultad con que cuenta el legislador de dictar normas retroactivas reconoce dos limitaciones: la primera en materia penal (art. 18, Const. nac.), conforme a la que nadie puede ser condenado sino en virtud de una ley anterior al hecho del proceso; y la segunda, que le impide violar derechos adquiridos o cualquier otro de raigambre constitucional. En este segundo caso, el principio de la irretroactividad se confunde en gran medida con el principio de la inviolabilidad de la propiedad, entendiéndola como comprensiva de todos los intereses apreciables que una persona pueda tener fuera de sí misma, su vida y su libertad (causa B. 62.664, "Cooperativa Agropecuaria de la Violeta Ltda.", sent. de 15-VI-2011).
De tal modo, en el caso debe dilucidarse si la aplicación del art. 149 de la ley 14.394 para el ejercicio 2012 importa un avance indebido respecto del derecho de propiedad u otros derechos constitucionalmente amparados e invocados por la actora o si, por el contrario, no se registra ninguna de las apuntadas restricciones a la aplicación retroactiva de ese precepto.
Adelanto que la impugnación constitucional prospera.
IV.1. Tal como surge del relato de los antecedentes del caso, la accionante postula, por un lado, que la disposición impugnada violenta su derecho de propiedad. Sostiene que para el ejercicio fiscal 2012 satisfizo los requisitos sustanciales exigidos por la ley a efectos de gozar de los beneficios fiscales previstos en los arts. 8 inc. "b" y 10 bis inc. "b" de la ley 14.333 respecto de los inmuebles de su propiedad individualizados en la demanda y que, en consecuencia, ese derecho había sido incorporado a su patrimonio.
Debe recordarse que es doctrina de esta Corte que habrá un derecho adquirido cuando, bajo la vigencia de una ley, el particular haya cumplido con todas las condiciones sustanciales y los requerimientos formales previstos por esa norma para ser titular de ese derecho determinado. De modo tal que la situación jurídica general creada por la ley se transforma en una situación jurídica concreta e individual en cabeza del sujeto que, como tal, se hace inalterable y no puede ser suprimida por una ley posterior sin agravio del derecho de propiedad consagrado en el art. 31 de la Constitución provincial (conf. doctr. causas B. 57.845, "Asúa de Irrigaría", sent. de 29-XII-1999; B. 61.845, "D’Angelo", sent. de 10-XII-2003; B. 57.706, "Pérez", sent. de 2-VI-2004; B. 65.387, "Rodríguez", sent. de 1-VI-2011; I. 2.201, "Search Org. de Seguridad S.A.", sent. de 22-VI-2016).
IV.2. Con independencia de la afirmación de la actora relativa al concreto cumplimiento de los requisitos sustanciales previstos para la procedencia de los beneficios en cuestión, lo cierto es que, en la especie, la reglamentación legalmente exigida no fue sancionada. De modo tal que no pudo acreditar su satisfacción toda vez que los aspectos instrumentales que hubieran permitido la efectivización de los descuentos reclamados no fueron fijados por la autoridad de aplicación.
En atención a lo apuntado, los efectos inherentes al cumplimiento de los presupuestos de hecho previstos en los arts. 8 inc. "b" y 10 bis inc. "b" de la ley 14.333, en la medida en que hayan tenido lugar durante la vigencia de esas disposiciones, debieron recibir amparo en el caso.
Ello no importa brindar protección a meras expectativas de derechos futuros sino que, como seguidamente se verá, se trata de reconocer virtualidad a aquellas normas ante la peculiaridad de no haber sido posible agotar sus efectos en razón del incumplimiento en que ha incurrido la autoridad fiscal al omitir la sanción del reglamento que hubiera permitido hacerlas efectivas en tiempo oportuno.
IV.3. Por otro lado, lo expuesto impide al Estado provincial alegar la ausencia de reglamentación como argumento válido para repelar la pretensión articulada en estas actuaciones pues lo contrario implicaría tanto como admitir que el Fisco podría virtualmente suspender la aplicación de la norma legal mediante el mecanismo de omitir sine die el dictado de la respectiva reglamentación. Lo que resultaría insostenible aún si se considerara que las disposiciones que prevén el beneficio fiscal del caso exigen necesariamente un desarrollo reglamentario.
IV.4. En orden a las consideraciones precedentes si, como postula, la actora efectivamente reunió los requisitos sustanciales previstos en los arts. 8 inc. "b" y 10 bis inc. "b" de la ley 14.333 -esto es: ser propietaria de una o varias edificaciones en las que tuvieran sitio establecimientos dedicados a la producción manufacturera o agropecuaria, esto último para el caso de inmuebles de la planta rural o subrural y revestir la condición de contribuyente del impuesto inmobiliario-, tenía derecho a que la autoridad tributaria sustanciara y decidiera su solicitud formalizada de acuerdo a las disposiciones reglamentarias que debió dictar. De manera que, en la misma hipótesis, la modificación legislativa dispuesta por el art. 149 de la ley 14.394, en las condiciones en que fue dada -se insiste, durante el mes de noviembre, para ser aplicada a ese mismo ejercicio fiscal-, conlleva la afectación de ese derecho (arts. 10, 15 y 31, Const. prov.).
V. Para más, conviene recordar que el principio de la confianza legítima supone que el Estado ha de cumplir con las obligaciones a su cargo y que no dañará los intereses de sus habitantes y, si bien ello no constituye un derecho subjetivo, sí conforma una expectativa, un interés que genera en el particular aquella "confianza legítima" (causas B. 64.708, "Iberargen S.A.", sent. de 1-XII-2004 y B. 65.022, "Torres", sent. de 3-VI-2015). De modo tal que, aún en el supuesto de considerar -como sostiene la demandada- que en el caso los descuentos en el impuesto inmobiliario no revisten la condición de un derecho incorporado al patrimonio de la accionante, no puede desconocerse que esa parte se enfrentó a una limitación que no le resultaba imputable y que sirvió de causa a tal situación jurídica.
En efecto, dadas las circunstancias fácticas y normativas descriptas en los apartados precedentes, se puede colegir que, en el caso, la contribuyente tenía la legítima expectativa de gozar de los beneficios previstos en las disposiciones dejadas sin efecto por el art. 149 de la ley 14.394 y el accionar estatal la ha sorprendido al suprimirlos retroactivamente.
En otros términos, cabe colegir que se quebrantó la confianza generada por la estabilidad de la situación jurídica prevista en la norma tributaria -llamada a regir durante el ejercicio fiscal 2012- y que aquella justificada perspectiva relacionada con la efectivización de los descuentos en el impuesto inmobiliario, como se anticipó, merece una tutela jurídica concreta.
A la par, resulta evidente que la demandante bien pudo prever los descuentos del caso en la programación y ejecución de sus propias decisiones. Admitir la modificación del cuadro normativo como pretende la demandada implicaría además un quebrantamiento de los principios de seguridad jurídica, buena fe y equidad. Se convalidaría así una vulneración de aquellas reglas de raigambre constitucional que revisten especial trascendencia en materia tributaria ante la profusión de regulaciones -de diversas fuentes y jerarquías- llamadas a regir la relación entre el Fisco y los sujetos pasivos de obligaciones de esa naturaleza.
La postura asumida, además, se compadece con la necesidad de que el Estado prescriba claramente los gravámenes y exenciones para que los contribuyentes puedan fácilmente ajustar sus conductas respectivas en materia tributaria (causa I. 68.491, "Striebeck", sent. de 3-XII-2014) y con aquella doctrina de esta Suprema Corte, conforme a la cual, tratándose del modo en que el Estado hará efectivos ciertos privilegios -que implican una tensión con los principios de generalidad y de igualdad en la tributación- no deben quedar dudas acerca de la recta finalidad normativa y la idoneidad de los medios empleados como exigencia que despeje cualquier resquicio a posibles inequidades en el establecimiento de las liberalidades dispuestas o excluidas (causa I. 2.215, "Asociación Testigos de Jehová", sent. de 14-VI-2017).
En atención a ello, el principio de la confianza legítima resulta también una razonable y justa fuente para el abordaje y resolución de la cuestión aquí planteada pues, en el contexto de esta causa, su violación lesiona las garantías establecidas en los arts. 10 y 31 de la Constitución provincial en cuanto brindan amparo, entre otros bienes, a la seguridad y al derecho de propiedad en su concepción más amplia.
VI. Cabe concluir entonces que el art. 149 de la ley 14.394 avanza sobre derechos constitucionalmente amparados de la actora, justificándose la declaración de inconstitucionalidad requerida en la demanda (arts. 10, 15 y 31, Const. prov.).
Lo hasta aquí expuesto resulta suficiente para dar sustento a la decisión que se adopta, lo que hace innecesario el tratamiento del resto de los planteos formulados por la actora.
VII. De acuerdo a las consideraciones expuestas, corresponde hacer lugar parcialmente a la demanda; lo que importa declarar la inconstitucionalidad del art. 149 de la ley 14.394 (arts. 10, 15 y 31, Const. prov.) y, en consecuencia, ordenar a ARBA que en el plazo de treinta días (art. 163 inc. 7, CPCC) evalúe si la actora reúne -respecto de los inmuebles descriptos en la demanda- los requisitos establecidos por los arts. 8 inc. "b" y 10 bis inc. "b" de la ley 14.333 para la procedencia del crédito fiscal previsto en esas mismas disposiciones para el año 2012 (art. 110, Cód. Fiscal, t.o. 2011, y disp
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