Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 75278
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa I. 75.278, "Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur —PROCONSUMER— c/ Municipalidad de San Isidro s/ Inconst. decr. 401/2017", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Maidana.
I. La Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur (Proconsumer) promovió demanda originaria de inconstitucionalidad en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que se declare la invalidez del art. 1.1.2.4. del Código de Ordenamiento Urbano (COU) de la Municipalidad de San Isidro —aprobado por decreto 401/17—, regulatorio de la instalación, funcionamiento y comercialización de los conjuntos inmobiliarios en la zona.
Denuncia que las normas impugnadas vulneran lo previsto en los arts. 41 de la Constitución nacional; 28 de la carta local; 11 a 13 de la ley nacional 25.675; 10 a 12 de la ley provincial 11.723; 1 a 6 de la ley provincial 6.253; 1 a 4 del decreto reglamentario 11.368/61; 1 a 3 y 5 de la ley provincial 6.254; 56 y 59 del decreto ley 8.912/77 y la resolución 234/10 de la Autoridad del Agua (ADA).
II. Corrido el traslado de ley, se presentó la Municipalidad de San Isidro, denunció el vencimiento del plazo de caducidad establecido en el art. 684 del Código adjetivo y planteó la falta de legitimación activa de la actora para instar el presente juicio, más otros defectos formales de la postulación inicial. En cuanto al fondo, sostiene la constitucionalidad de las disposiciones controvertidas y peticiona el rechazo de la pretensión articulada.
III. El día 28 de noviembre de 2018, la asociación actora contestó las objeciones a la admisibilidad de la vía intentada opuestas por la comuna.
IV. El día 26 de septiembre de 2019, la demandante desistió de las pruebas oportunamente ofrecidas, no quedando, por tanto, ninguna pendiente de producción.
V. Agregados los alegatos de ambas partes, oído el señor Procurador General y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es admisible la demanda?
En caso afirmativo:
2ª) ¿Es fundada?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur (Proconsumer) cuestiona la constitucionalidad de los preceptos del Código de Ordenamiento Urbano de la Municipalidad de San Isidro —aprobado por decreto 401/17—, en cuanto regulan la instalación, funcionamiento y comercialización de los "conjuntos inmobiliarios" (de acuerdo con la denominación dada por los arts. 2.073 a 2.075 del Código Civil y Comercial), supuestamente en contravención a las normas y principios que rigen la materia ambiental.
En ese sentido, precisa que al incorporar en el art. 1.1.2.4. del nuevo régimen urbanístico a las llamadas "viviendas unifamiliares" y "viviendas unifamiliares agrupadas", la comuna ha eludido el cumplimiento de lo establecido en las leyes 25.675 y 11.723.
Dice que el día 7 de septiembre de 2016 presentó ante el municipio un pedido de información para que se le indicara la nómina de urbanizaciones cerradas instaladas en el partido y si contaban con estudios o declaraciones de impacto ambiental y certificados de prefactibilidad, entre otras cuestiones. Explica que, frente al silencio guardado, se iniciaron los autos caratulados "Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur c/ Municipalidad de San Isidro s/ materia a categorizar (acción sumarísima ley 25.831)", que tramitaron ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 2 del Departamento Judicial de San Isidro. Comenta que el día 28 de marzo de 2017 se condenó a la demandada a brindar los datos requeridos. Empero, expone que ella se limitó a comunicar que no existían en la zona barrios cerrados ni clubes de campo y que, por ende, no se habían emitido declaraciones de impacto ambiental ni creado nóminas para su registro.
De seguido, recuerda la normativa de cuño ambiental que, a su criterio, directa o indirectamente gobierna las urbanizaciones cerradas o conjuntos inmobiliarios. Transcribe para eso lo dispuesto en los arts. 2.073, 2.074 y 2.075 del Código Civil y Comercial; 41 de la Constitución nacional; 28 de la provincial; 11 a 13 de la ley 25.675; 10 a 12 de la ley 11.723; 1 a 6 de la ley 6.253; 1 a 4 del decreto reglamentario 11.368/61; 1 a 3 y 5 de la ley 6.254; 56 y 59 de la ley 8.912; 5 y 6 de la ley 12.257 y la resolución 234/10 de la Autoridad del Agua (ADA).
En particular, denuncia que la comuna ha eludido las leyes que prevén procesos específicos para la toma de decisiones en materia urbano-ambiental, como así también las leyes protectorias de los suelos, humedales y acuíferos.
Manifiesta que, al no haberse dado participación a la ciudadanía con anterioridad al emplazamiento de los barrios cerrados en el partido, los vecinos no han tenido oportunidad de expedirse ni hacerse oír, "padeciendo y soportando en las cercanías de estos conjuntos inmobiliarios las consecuencias del daño ambiental que pudieran surgir de tales violaciones, como ser el elevamiento de la cota de los suelos, la derivación de las aguas pluviales, la contaminación de las aguas superficiales y profundas, toda vez que se ignora si esos conjuntos inmobiliarios poseen plantas de tratamientos de efluvios cloacales, etc.".
Asevera que el municipio, mediante maniobras que califica de "burdas", ha dejado "en manos administrativas comunales la autorización de la instalación de tales emprendimientos, a través de una interpretación caprichosa e ilegal de las leyes vigentes", sustrayendo de la Provincia la potestad de control de los nuevos núcleos urbanos que se planeen erigir.
Luego habla de la futilidad de llevar adelante ya los trámites previos para la aprobación de ciertas obras —que no individualiza—, las cuales habrían tenido principio de ejecución, estando el daño consumado. Por tal razón, considera que a estas alturas sólo cabría "realizar un estudio de impacto ambiental por profesionales idóneos que compruebe [...] hasta qué punto ha sido agredido el ambiente y se ha violado la ley. Ello podrá, congelando el panorama actual, determinar la posibilidad de remediar y en qué medida, la fijación de la indemnización sustitutiva prevista por la ley y el ejercicio de las acciones por responsabilidad que marca la ley".
Finalmente, requiere que se le confiera el beneficio de gratuidad para la tramitación de esta causa, ofrece prueba y hace reserva del caso federal.
II. A su turno, el apoderado de la Municipalidad de San Isidro plantea la inadmisibilidad de la demanda y, subsidiariamente, su improcedencia sustancial.
II.1. En primer lugar, arguye que la interposición de la acción resulta extemporánea, al haberse cumplido el plazo de caducidad dispuesto en el art. 684 del Código Procesal Civil y Comercial. Además, entiende que la pretensión no ha sido articulada con carácter preventivo y recalca que la norma puesta en crisis no es más que un texto ordenado de una antecesora que data del año 2015.
A continuación, sostiene que el embate se centra en el actuar de la Administración y en la interpretación del plexo normativo que la actora juzga correcto para este tipo de asuntos, pero que ningún reproche se le hace a la norma considerada en abstracto. En esa línea, precisa que la mera calificación de ciertos asentamientos como "viviendas unifamiliares agrupadas" que efectúa el Código de Ordenamiento Urbano municipal (COU) resulta insuficiente para sustentar el planteo intentado y subraya que es la propia asociación demandante la que omite identificar cuál sería el vicio constitucional que —concretamente— se le atribuye al régimen aprobado por el decreto 401/17.
Expresa que Proconsumer no acredita ningún daño actual, inminente o potencial como consecuencia de la aplicación de los preceptos impugnados. Y que las alusiones genéricas vertidas en el escrito inicial no bastan para tener por configurado un "caso" o "controversia".
II.2. Desde otroángulo, postula que el COU simplemente recopila las definiciones técnicas que establece el decreto ley 8.912/77, cuyo propósito es determinar y regular los índices FOT y FOS para establecer la densidad poblacional por metro cuadrado. En virtud de esto, considera que el ataque debió haberse enderezado contra tales disposiciones.
II.3. Más adelante, aunque de artículo previo, desconoce la aptitud procesal de Proconsumer para promover la demanda. A esto aduna que la asociación no tiene domicilio en el partido de San Isidro ni en la Provincia de Buenos Aires, por lo que no se sabe qué afiliados podrían eventualmente ver afectados sus intereses de manera particularizada.
Ampliando la oposición formulada, argumenta que el objeto social —aun con la modificación introducida en su estatuto— tampoco habilita a la asociación a instar esta acción, en tanto la finalidad primaria de la agrupación reside en defender los derechos de los consumidores ante lesiones concretas, lo que no ocurriría en el caso. Por tal motivo, afirma que la demandante no posee ningún interés jurídico a resguardar que la vincule con la cuestión aquí debatida.
II.4. Ya como consideraciones finales, expresa que no existen áreas rurales en el partido de San Isidro y que, conforme lo establecido en el art. 5 inc. I punto "b" del decreto ley 8.912/77, toda la zonificación es urbana. Por lo demás, comenta que el municipio integra el primer cordón del conurbano, en una traza continua de ciudad, de parcelamiento urbano con calles asfaltadas, agua corriente, electricidad, cloacas y gas natural. Añade que en ese espacio no se transformaron humedales ni zonas rurales en áreas urbanas. Sencillamente porque no existen —ni existían al momento de la sanción del mencionado decreto ley— superficies agropecuarias sujetas a fraccionamiento especulativo en aquel distrito.
Acompaña la prueba documental de la que pretende valerse, se opone a la propuesta por la asociación Proconsumer y formula reserva del caso federal.
III. La parte actora contestó las objeciones al progreso de la demanda.
Rebate que en la especie sea aplicable el plazo de caducidad previsto en el ordenamiento de rito y reitera su disconformidad con la norma atacada, tildándola de lesiva del medio ambiente, las instancias de participación ciudadana y los controles provinciales en la materia.
En lo concerniente a su legitimación para accionar judicialmente, asegura que el art. 41 de la Constitución nacional la autoriza a actuar en defensa de los recursos naturales y el disfrute de un ambiente sano. Subraya que dentro del objeto social de la Organización No Gubernamental (ONG) se encuentra la protección del ambiente.
IV. El día 26 de septiembre de 2019 la demandante desistió de la prueba informativa ofrecida y de la exhibición de la documentación solicitada en su escrito inaugural.
V. Al emitir el dictamen contemplado en el art. 687 del Código Procesal Civil y Comercial, el señor Procurador General concluye que la demanda intentada resulta inadmisible, debido a que la actora no logra demostrar un interés concreto que refleje la necesaria vinculación entre su actuación y el bien que dice proteger, en tanto no tiene domicilio en la Provincia de Buenos Aires y no identifica cuáles serían los afiliados que resultarían afectados por los preceptos cuestionados.
A todo evento, entiende que la acción es improcedente, porque la asociación se limita a plantear su disconformidad con las previsiones del decreto 401/17 en lo que atañe a la regulación de los conjuntos inmobiliarios, pero omite demostrar de manera clara cómo es que la legislación municipal colisiona con los preceptos de la Constitución provincial que se reivindican.
VI. A los fines de resolver en el marco de la acción originaria de inconstitucionalidad, esta Suprema Corte ha de considerar las modificaciones legislativas con incidencia en la vigencia de las normas atacadas por esa vía (v. causas I. 2.284, "Aguas Argentinas S.A.", sent. de 21-XII-2012; I. 71.858, "Figueroa Alcorta", sent. de 6-VIII-2018; I. 2.033, "Ferro", resol. de 19-XII-2014; I. 73.782, "Durrieu", sent. de 6-VI-2018; I. 69.020, "Intendente Municipal de Brandsen", sent. de 21-XI-2018; I. 73.059, "Liminal", sent. de 20-III-2019; e.o.).
Esto por cuanto los jueces están en condiciones de pronunciarse sobre el contenido de la relación procesal sólo mientras se mantenga un real interés de quien acciona (doctr. causas B. 49.206, "Acuerdos y Sentencias", 1989-I, pág. 363 y sus citas; B. 53.370, "Prando de Quitegui", sent. de 17-VI-1997; B. 61.703, "Giles", sent. de 14-II-2001; I. 2.284, "Aguas Argentinas", sent. de 21-XII-2011; I. 73.782, "Durrieu", sent. de 6-VI-2018; I. 73.059, "Liminal S.A.", sent. de 20-III-2019; I. 2.361, "Rodríguez", sent. de 27-VIII-2020; e.o.). Y aunque la causa de una pretensión haya podido presentarse inicialmente como concreta, es factible que, con posterioridad, se torne abstracta como consecuencia de la alteración de las condiciones constitutivas del objeto de la decisión jurisdiccional perseguida (doctr. causas B. 57.233, "Empresa Abel y Marcial García", sent. de 12-X-2005; A. 68.097, "Jiménez Herwing", sent. de 13-XII-2006; I. 2.206, "Federación de Clínicas", sent. de 3-IV-2008 y sus citas; B. 64.673, "Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines de Bragado", sent. de 1-IX-2010; I. 2.361, "Rodríguez", sent. de 27-VIII-2020; A. 74.073, "Orbis Mertig San Luis SAIC", sent. de 23-II-2021; B. 65.684, "Albezan", sent. de 3-II-2022; e.o.).
Por ende, previo a avanzar, cabe resaltar lo siguiente:
VI.1.a. Al momento de la adecuación de la demanda (el 12 de septiembre de 2018, a tenor de lo resuelto por este Tribunal con fecha 29 de agosto de aquel año y de la correspondiente contestación del 12 de noviembre de 2018) se encontraba vigente el decreto 401/17, que disponía: "Apruébese el Texto Ordenado del Código de Ordenamiento Urbano, el que como Anexo, forma parte del presente agregado a fojas 2/254 del Expediente Nº 1384/2017, con las Reglamentaciones e Interpretaciones y Notas incorporadas en el mismo" (art. 1).
Como quedó expuesto precedentemente, el art. 1.1.2.4. regulaba las cuestiones relativas a las "viviendas unifamiliares agrupadas" y a la "vivienda unifamiliar", cuyo cuestionamiento constituye el único objeto de este pleito.
VI.1.b. Ahora bien, mediante el dictado del decreto 2.076/22 (B.O. de 29-XI-2022, Edición Extra n° 1.257) se aprobó el texto ordenado del Código de Ordenamiento Urbano —año 2022— y se derogó cualquier otro que se le opusiera.
En sus considerandos se plasma que se han producido modificaciones al último plan urbanístico, incorporando algunas correcciones, adecuaciones e interpretaciones reglamentarias.
VI.2. La apuntada alteración normativa debe tenerse en cuenta, pues no correspondería expedirse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un precepto que ha dejado de regir al momento de dictarse sentencia, porque ello importaría —tal como se ha señalado— un pronunciamiento abstracto y carente de significación efectiva, de aquellos que una pacífica doctrina constitucional veda realizar al Poder Judicial (causas I. 2.252, "Mollo", sent. de 22-XII-2004; I. 2.206, "FE.CLI.BA.", sent. de 3-IV-2008; e.o.).
De allí que sea necesario compulsar el contenido de la norma originalmente impugnada en autos con el COU sancionado posteriormente por la Municipalidad de San Isidro, para determinar si la parte actora objetivamente conserva un interés justiciable que habilite la prosecución de este proceso.
VI.3. Bajo tales premisas, debe atenderse a que la demanda busca la declaración de inconstitucionalidad de un contenido específico del COU aprobado por el decreto 401/17, en cuanto regula la instalación, funcionamiento y comercialización de conjuntos inmobiliarios (v. acápite "VI-Objeto de este proceso" del escrito de inicio).
De la lectura del art. 1.1.2.4. (y del art. 1.2.1.14. al que remite) del actual COU (decreto 2.076/22) luce evidente que su texto replica —en lo sustancial— el articulado anterior controvertido en autos. Por ende, atendiendo a dicha circunstancia, cabe concluir que la actora no ha perdido su interés en el dictado de un pronunciamiento judicial que resuelva la cuestión, la que no ha devenido abstracta.
Además, en un contexto impugnativo de normas, no cabría permitirle a la demandada poner fin a la controversia a través de un mero reordenamiento del texto legal originalmente enjuiciado.
VII. Aclarado lo que antecede, el examen de admisibilidad de la demanda de inconstitucionalidad es atribución que corresponde a esta Suprema Corte, con independencia de las alegaciones vertidas por las partes en sus escritos postulatorios (doctr. causas I. 1.499, "Fiscal de Estado", resol. de 5-III-1991; I. 1.329, "Playamar", sent. de 10-XII-1992; I. 1.465, "Las Totoras", sent. de 1-VI-1993; I. 1.322, "Industrias Ganaderas Inga", sent. de 17-X-1995; I. 1.631, "Labinca S.A.", sent. de 17-II-1998; I. 68.449, "I.G.T. 33 S.A.", resol. de 31-V-2006; I. 2.270, "VAGSA", sent. de 8-VII-2014; I. 2.201, "Search Org. de Seguridad S.A.", sent. de 22-VI-2016; I. 71.551, "Asociación Civil Usuarios y Consumidores Unidos", sent. 23-XI-2020; e.o.).
No habiéndolo realizado in limine litis, cabe efectuarlo al momento de dictar sentencia (doctr. causas I. 1.191, "Hipódromo de La Plata", sent. de 5-III-1991; I. 1.579, "Miño", sent. de 10-XII-1992; I. 1.502, "Castilla", sent. de 30-III-1993; I. 1.617, "El Libertador", sent. de 16-VII-1996; I. 1.607, "Hidalgo", sent. de 13-IV-1999; I. 2.129, "A.DI.GRA.N.", sent. de 13-VII-2016; e.o.), circunstancia reforzada por la expresa resistencia de la parte demandada al respecto.
VII.1. Ante todo, la denuncia acerca de la caducidad de la acción formulada por la Municipalidad de San Isidro debe ser desestimada, en tanto la contienda, carente evidentemente de contenido patrimonial, subsume en la excepción prevista en el art. 685 del Código Procesal Civil y Comercial y no se ve afectada por aquella barrera temporal.
VII.2. Establecido lo anterior, cabe abordar el segundo planteo de inadmisibilidad efectuado por la comuna, vinculado con la denuncia de defectos formales en la postulación.
VII.2.a. La demandada asegura que no se está aquí frente a un cuestionamiento en abstracto de la norma relevante del COU —que solo incorpora una definición—, basándose la controversia en actuaciones ulteriores y distintas del municipio que implican la interpretación de diferentes normativas.
Al contestar el traslado ordenado, la actora expresa que el precepto cuestionado incide sobre los hechos y que los núcleos urbanos deben respetar la legislación que establece un procedimiento específico y previo para su instalación y funcionamiento. Repite que ese trámite no ha sido observado en tanto hay obras —no especificadas— que se habrían empezado a ejecutar sin contar con una evaluación de impacto ambiental ni participación ciudadana.
VII.2.b. Conforme lo dispone el art. 161 inc. 1 de la Constitución bonaerense, la Suprema Corte de Justicia ejerce jurisdicción originaria para conocer y resolver "...acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por la Constitución y se controvierta por parte interesada", de lo cual se infiere que el objetivo de esta acción y, por ende, el ámbito de conocimiento reservado a esta vía, reside en la discusión sobre la validez constitucional de una norma considerada en abstracto.
En línea con ello, esta Suprema Corte ha señalado que en la acción originaria de inconstitucionalidad resultan improcedentes los planteos que no consist
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