Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 72227
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar a la excepción deducida por la Provincia de Buenos Aires y se rechaza la demanda por extemporánea (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 683 y sigs., CPCC).
Las costas se imponen a la parte actora (art. 68, CPCC).
Por su actuación profesional en autos, regúlanse los honorarios de los letrados de esta última, los doctores José Miguel López Alconada (h) y José Miguel López Alconada, en la suma de … pesos -$...- y … pesos -$...-, respectivamente; y del señor Asesor General de Gobierno en la suma de … pesos -$...- (arts. 1, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 22, 28 inc. "a", 49 y 54, dec. ley 8.904/77; causa I. 73.016, "Morcillo", resol. de 8-XI-2017), con más el 10% de la ley 10.268 y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria de los mencionados profesionales frente al Impuesto al Valor Agregado.
En la ciudad de La Plata, a 11 de septiembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Soria, Kogan, de Lázzari, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa I. 72.227, "Manrique de Raimondi, Ana María y ots. c/ Provincia de Bs. As. s/ Inconst. Decr. 442/12 y ots. normas".
Ana María Manrique de Raimondi, Elena María Manrique, María Imelda Manrique de Müler, Ana Carolina Harriague Castex, Eduardo Harriague Castex y Marina Harriague Castex, por su apoderado, promueven demanda originaria de inconstitucionalidad con el objeto de que esta Corte declare la invalidez del decreto 442/12 y de las normas vinculadas a éste, contenidas en las leyes 14.333 y 14.357 (v. fs. 32/42).
Con la interposición de la demanda requirieron que, con carácter cautelar, se ordenara a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) que se abstuviera de aplicar a su respecto los aumentos en el Impuesto Inmobiliario que resultaran de la aplicación de los preceptos objetados (v. fs. 38 vta.).
Posteriormente, las partes actoras desistieron de la petición precautoria requerida (v. fs. 50).
Corrido el traslado de ley, el señor Asesor General de Gobierno contesta la demanda y pide su rechazo (v. fs. 52/58).
Agregada la documentación acompañada al escrito de inicio, incorporados el cuaderno de prueba de la parte actora y su alegato y oído el señor Procurador General, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es admisible la demanda?
En caso afirmativo:
2ª) ¿Es fundada?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Tal como surge del relato precedente, en autos la parte actora pretende la declaración de inconstitucionalidad del decreto 442/12 y de las normas vinculadas a éste, contenidas en las leyes 14.333 y 14.357.
Sostiene que aquellos preceptos vulneran el principio de legalidad tributaria y de jerarquía normativa al prescindir del mecanismo establecido en el art. 59 y siguientes de la Ley de Catastro Territorial n° 10.707 para la fijación del valor de la tierra rural.
Postula también que el decreto 442/12 generó un incremento en el Impuesto Inmobiliario Rural de una magnitud desproporcionada, lesionando así su derecho de propiedad.
Con esos argumentos y en su condición de contribuyente del referido gravamen, expone que la normativa impugnada infringe los arts. 1, 10, 11, 25, 31, 39 inc. 3, 56, 57, 103 inc. 12 (sic.) y 144 inc. 15 de la carta local y sus correspondientes de la Constitución nacional.
II. Al contestar la demanda, el señor Asesor General de Gobierno manifiesta que la presentación de las partes actoras es inadmisible por haber sido interpuesta fuera del plazo establecido en el art. 684 del Código Procesal Civil y Comercial. Ello, por reputar que en la especie resultaba aplicable el término de caducidad de treinta días allí establecido, al tratarse de una pretensión de contenido netamente patrimonial (v. fs. 53).
En lo que respecta puntualmente a la objeción formal, recuerda las fechas en las que fueron publicadas en el Boletín Oficial las leyes y el decreto que integran el bloque normativo impugnado y concluye que esa circunstancia daría cuenta de la extemporaneidad con la que fue promovido el presente proceso judicial.
Contesta también los argumentos referidos al fondo de la cuestión planteada y postula que la pretensión resulta improcedente.
III. Sustanciada esa presentación, las accionantes resisten la oposición con el pretexto de que, al tiempo de promulgarse las normas objetadas, desconocían cuál habría de ser la concreta base imponible del impuesto en cuestión a partir de las modificaciones allí dispuestas (v. fs. 60/61).
Manifiestan que recién tuvieron acceso a ese dato "...al momento de recibir la boleta del impuesto con el importe a abonar" (fs. 60). Postulan que, por tal motivo, la demanda debe considerarse presentada en término.
Conviene destacar que, en el escrito inicial, al justificar la procedencia formal de la acción entablada, las actoras también sostienen que la demanda fue presentada "...dentro del plazo de treinta días del vencimiento del 'Adicional de la cuota 2/12 según ley 14.357'" (fs. 33).
IV.1. La defensa formal opuesta por el señor Asesor General de Gobierno exige un tratamiento análogo al dispensado por esta Suprema Corte en las causas I. 72.191, "Sociedad Anónima Comercial Agrícola Ganadera Andrés Mendizabal", resolución de 13-II-2019 e I. 72.237, "Carolina Lucila Anchorena de Speroni, Carolina Lucila Arrillaga y Adriana María Arrillaga", sentencia de 10-IV-2019. Por tal motivo, para decidir el presente caso reproduciré -en lo pertinente- los fundamentos allí expuestos por el doctor Soria en su voto, al que presté mi adhesión.
IV.2. Tal como se expresó, las demandantes tacharon de inconstitucionales una serie de disposiciones que, de consuno, derivaron en un incremento en la base imponible del Impuesto Inmobiliario Rural. Así las cosas, es evidente la naturaleza patrimonial de la acción, lo cual impone la aplicación de la regla prevista en el art. 684 del Código adjetivo que rige en la especie, conforme a la cual la demanda originaria de inconstitucionalidad deberá interponerse dentro del plazo de treinta días (doctr. causas I. 70.883, "D'Argenio", resol. de 19-V-2010; I. 69.175, "Distribuidora REL SRL", resol. de 13-IV-2011; I. 1.861, "Rodríguez", sent. de 1-VI-2011 e I. 74.191, "Antivari SA", resol. de 10-VIII-2016; e.o.).
IV.3. Es necesario, entonces, determinar la fecha a partir de la cual comenzó a correr dicho término para decidir acerca de la tempestividad de la pretensión articulada.
De acuerdo al referido dispositivo procesal, el plazo debe computarse "...desde que el precepto impugnado afecte concretamente los derechos patrimoniales del actor"; con lo cual, más allá del supuesto en que la pretensión es ejercida con finalidad preventiva, el momento a partir del cual comienza a correr dicho término es una cuestión de hecho que ha de verificarse en cada caso (doctr. causas I. 1.591, "González", sent. de 20-X-1998; I. 2.148, "Mule", sent. de 21-V-2008; I. 3.231, "Supermercados Norte SA", sent. de 15-XII-2015 e I. 72.510, "Tarasiuk", resol. de 17-X-2018; e.o.). Y sobre esa base, se ha sostenido que si del relato y los antecedentes de la causa surge que la afectación de la situación invocada por quien acciona se produjo con el dictado de la norma que cuestiona, al establecerse en ella la obligación pecuniaria aplicable y quedando con su vigencia sujeto al cumplimiento de tal imposición, el término de caducidad debe computarse desde ese momento (doctr. causas I. 1.854, "Lamano", resol. de 11-X-1995; I. 2.148, cit. e I. 74.610, "Bolsa de Cereales, Oleaginosos, Frutos y Productos de Bahía Blanca", resol. de 27-VI-2018; e.o.).
V. Cabe señalar que la ley 14.333 -impositiva para el año 2012-, entre las disposiciones de su Título I, estableció coeficientes para el cálculo de la valuación parcelaria de los inmuebles de las plantas rural y subrural y dispuso las escalas, cuotas y alícuotas sobre el excedente del límite mínimo a efectos de la determinación de los valores a pagar en concepto de Impuesto Inmobiliario Rural. Esta ley fue publicada en el Boletín Oficial n° 26.746 de 30-XII-2011.
Poco tiempo después, a fin de efectuar la valuación general de la tierra libre de mejoras en las referidas plantas, el decreto 442/12 fijó "...los valores unitarios básicos por unidad de superficie, respecto al suelo óptimo determinado por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires para las distintas Circunscripciones que componen el Partido, conforme el detalle contenido en el Anexo Único" (art. 1). Estableció también que dichos valores serían aplicables para la determinación de los tributos pertinentes, conforme la base imponible, las escalas y las alícuotas fijadas por la ley (art. 2), a la par que facultó a la autoridad de aplicación para dictar las normas y procedimientos complementarios que resulten necesarios para la debida implementación de sus disposiciones (art. 3).
En el anexo único de ese decreto se individualizaron -y esto es de esencia- los nuevos valores unitarios básicos del suelo libre de mejoras, en virtud del partido y la circunscripción correspondiente.
El texto del mencionado decreto y su anexo fueron publicados en el Boletín Oficial n° 26.846 (suplemento) de 31-V-2012.
Concomitantemente, se sancionó la ley 14.357 que, por un lado, estableció los coeficientes de actualización de las edificaciones y mejoras de la planta rural y de los valores unitarios básicos fijados en el decreto 442/12 -mediante la sustitución del art. 4 de la ley 14.333 y la incorporación del art. 9 bis a ese mismo cuerpo normativo, respectivamente-. Por el otro, derogó el art. 11 y el anexo I de la ley 14.333, que establecían otros coeficientes y porcentajes que debían ser aplicados a efectos de determinar el quantum de las obligaciones por el Impuesto Inmobiliario Rural correspondiente al ejercicio 2012.
La ley 14.357 también fue publicada en el Boletín Oficial n° 26.846 (suplemento) de 31-V-2012.
VI. Precisado lo anterior, cabe apuntar que de los términos del art. 684 del Código Procesal Civil y Comercial no se desprende la necesidad del dictado de un acto administrativo de alcance particular para considerar afectados de modo concreto los derechos patrimoniales de los contribuyentes comprendidos en las normas atacadas y, por tanto, sujetos a la obligación de pago del impuesto en cuestión. Lo determinante del caso, a efectos de iniciar el cómputo del plazo de caducidad, es que de los hechos acreditados en la causa resulte inequívoca la aplicación de la norma impugnada a quien persigue su declaración de inconstitucionalidad (doctr. causas I. 1.514, "Chirdo", resol. de 23-IV-1991; I. 1.513, "Merlo", resol. de 18-V-1991; I. 1.329, "Playamar SRL", sent. de 10-XII-1992; I. 1.451, "Clínica Cosme Argerich", sent. de 5-III-1996; I. 2.009, "Falocco", sent. de 7-X-1997; I. 2.151, "Smaldini", resol. de 8-IX-1998; I. 1.607, "Hidalgo", sent. de 13-IV-1999; I. 2.160, "Parque Eterno CA", resol. de 27-IV-1999; I. 2.219, "Serrano González", sent. de 3-IV-2008 e I. 2.148, cit.; e.o.).
VII.1. En las condiciones reseñadas, se debe entender que el menoscabo o detrimento patrimonial que las accionantes invocan como fundamento de su pretensión -y con ello, el dies a quo para acudir por esta vía- se produjo a partir del 31 de mayo de 2012, fecha en la que fueron publicados el decreto 442/12 y la ley 14.357 pues, desde ese momento, las demandantes estuvieron en condiciones de tomar conocimiento del contenido de las normas controvertidas y, de tal manera, estimar las consecuencias perjudiciales que su aplicación le podía generar.
En efecto, los preceptos impugnados establecieron con precisión los valores y coeficientes aplicables como consecuencia del revalúo general inmobiliario, y su incidencia respecto de la valuación fiscal de los inmuebles rurales surge con claridad de las normas de la ley 10.707 (en especial, de sus arts. 53, 58, 59, 70 y 79). A la vez, la importancia de aquellos conceptos en relación con la base imponible del Impuesto Inmobiliario se extrae de modo directo de los preceptos del Código Fiscal que estructuran el gravamen (en particular, su art. 170).
En otros términos, dado el mecanismo legalmente previsto para la definición de la valuación fiscal de los inmuebles rurales, resulta palmario el impacto que cualquier modificación de los valores unitarios básicos o de los coeficientes de actualización tiene respecto de la valuación fiscal correspondiente a cada terreno. Es que, especialmente por conducto de los arts. 58 inc. "c", 59 y 79 de la ley 10.707, tales elementos componen la ecuación que permite asignar un valor -a efectos tributarios- a los bienes inmuebles ubicados en la Provincia de Buenos Aires, de modo que su alteración redunda necesariamente en ese resultado.
Así entonces, con la publicación de los preceptos impugnados las actoras fácilmente pudieron saber de la modificación en la valuación fiscal que de ellos derivaría y que luego se vio reflejada en la liquidación administrativa del "adicional a la cuota 2/2012" y de las cuotas sucesivas del Impuesto Inmobiliario Rural. De esa manera, como se adelantó, fue en aquella oportunidad que pudo producirse la afectación de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, y del derecho de propiedad que se alegan vulnerados.
La misma consideración merece la invocada violación de los principios de legalidad tributaria y de jerarquía normativa. Es que resulta evidente que la falta de participación de las comisiones asesoras en la determinación de los nuevos valores unitarios básicos es una circunstancia que las demandantes podían experimentar desde la publicación del decreto 442/12 cuya inconstitucionalidad se alega en autos con tal fundamento.
Así, toda vez que la demanda fue presentada el 1 de octubre de 2012 (v. fecha del sello de cargo de fs. 42), corresponde concluir que el plazo de caducidad para accionar que impone el art. 684 del Código adjetivo se encontraba vencido al tiempo del inicio de la acción; motivo por el que la objeción formal planteada por el señor Asesor General de Gobierno es de recibo.
VII.2. La decisión adoptada, desde ya, no perjudica la posibilidad con la que cuenta la parte actora para ocurrir por las vías idóneas a fin de cuestionar los actos aplicativos de este complejo normativo que repute lesivos de su esfera de derechos o intereses (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 683 y sigs., 336 y concs., CPCC; doctr. causas "Rolfo", sent. de 7-III-1967; I. 2.219, cit.; I. 2.170, "Asarchuk", sent. de 10-III-2010 e I. 2.201, "Search Organización de Seguridad SA", sent. de 27-IV-2016; e.o.).
Por los fundamentos expuestos, la demanda debe ser rechazada por extemporánea.
Voto por la negativa .
En atención al sentido de mi voto, es innecesario que me expida respecto de la segunda cuestión planteada.
Costas a la parte actora, por su objetiva condición de vencida (art. 68, CPCC).
El señor Juez doctor Soria, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor de Lázzari, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se hace lugar a la excepción deducida por la Provincia de Buenos Aires y se rechaza la demanda por extemporánea (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 683 y sigs., CPCC).
Las costas se imponen a la parte actora (art. 68, CPCC).
Por su actuación profesional en autos, regúlanse los honorarios de los letrados de esta última, los doctores José Miguel López Alconada (h) y José Miguel López Alconada, en la suma de … pesos -$...- y … pesos -$...-, respectivamente; y del señor Asesor General de Gobierno en la suma de … pesos -$...- (arts. 1, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 22, 28 inc. "a", 49 y 54, dec. ley 8.904/77; causa I. 73.016, "Morcillo", resol. de 8-XI-2017), con más el 10% de la ley 10.268 y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria de los mencionados profesionales frente al Impuesto al Valor Agregado.
Regístrese y notifíquese.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia