Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 72214
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar a la excepción deducida por la Provincia de Buenos Aires y se rechaza la demanda por extemporánea (arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 683 y sig., CPCC).
Las costas se imponen a la parte actora (art. 68, CPCC).
Por su actuación profesional en autos, regúlanse los honorarios del letrado apoderado del doctor Juan Pedro Merbilhaa y de la doctora Viviana Ginesta en la suma de … pesos -$...- y … pesos -$...-, respectivamente; y del Asesor General de Gobierno en la suma de … pesos -$...- (arts. 1, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 22, 28 inc. "a", 49 y 54, dec. ley 8.904/77; causa I. 73.016, "Morcillo", resol. de 8-XI-2017 y Acuerdo SCBA 3.918, dictado el 19-XI-2018), con más el 10% de la ley 10.268 y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria del mencionado profesional frente al Impuesto al Valor Agregado.
En la ciudad de La Plata, a 10 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Kogan, Genoud, de Lázzari, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa I. 72.214, "Quiet S.A. - Zimmermann Eduardo Luis c/ Provincia de Bs. As. s/ Inconst. Ley 14.333 y otras normas".
Eduardo Jesús Zimmermenn y "Quiet S.A.", por medio de su apoderado, promueven demanda originaria de inconstitucionalidad con el objeto de que esta Corte declare la invalidez del decreto 442/12, de las normas vinculadas a éste contenidas en las leyes 14.333 y 14.357, y de la resolución normativa 23/12 emitida por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA).
Con la interposición de la demanda requirieron que, con carácter precautorio, se suspendiera la aplicación de las normas impugnadas y solicitaron "...como 'medida o alcance de esta cautelar', [...] seguir pagando el impuesto tal como se lo había establecido antes del imprevisto aumento" (fs. 109 vta.) que alegan perfeccionado y del que se agravian.
El tribunal rechazó la medida cautelar requerida (v. fs. 123/126).
Corrido el traslado de la demanda, el señor Asesor General de Gobierno la contesta y pide su rechazo (v. fs. 128/138).
Agregada la documentación acompañada al escrito de inicio, incorporados los alegatos de ambas partes y oída la entonces señora Procuradora General, la causa quedó en estado de pronunciar sentencia, decidiendo la Suprema Corte plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es admisible la demanda?
En caso afirmativo:
2ª) ¿Es fundada?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Tal como surge del relato precedente, en autos la parte actora pretende la declaración de inconstitucionalidad del decreto 442/12, de las normas vinculadas a éste contenidas en las leyes 14.333 y 14.357, y de la resolución normativa 23/12 emitida por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) (v. fs. 92/114).
Se agravia, en síntesis, por considerar afectados los principios de legalidad tributaria y de interdicción de la arbitrariedad, con fundamento en que las disposiciones impugnadas prescinden del mecanismo establecido en el art. 59 y siguientes de la Ley de Catastro Territorial n° 10.707 para la fijación del valor de la tierra rural, y modifican aquellas disposiciones afectando la distribución constitucional de potestades entre los poderes Legislativo y Ejecutivo y en perjuicio de la participación directa de los contribuyentes en aquel procedimiento. Expresa también que aquellos preceptos fueron emitidos sin contar con el respaldo documental y técnico que justifique el resultado impositivo al que arriba.
Postula también que las normas objetadas dieron lugar a un incremento inesperado en el Impuesto Inmobiliario Rural de una magnitud desproporcionada e irrazonable que atenta contra la seguridad jurídica y lesiona su derecho de propiedad.
Con ese argumento y en su condición de contribuyente del referido gravamen, sostiene que la normativa impugnada infringe los arts. 10, 12 inc. 4, 27, 36, 45 y 103 inc. 1 de la Carta local y sus correspondientes de la Constitución nacional.
II. Al contestar la demanda, el señor Asesor General de Gobierno manifiesta que la presentación de la parte actora es inadmisible por haber sido interpuesta fuera del plazo establecido en el art. 684 del Código Procesal Civil y Comercial. Ello, por reputar que en la especie resultaba aplicable el plazo de caducidad de treinta días allí establecido, al tratarse de una pretensión de contenido netamente patrimonial (v. fs. 128/138).
En lo que respecta puntualmente a la objeción formal, recuerda las fechas en las que fueron publicadas en el Boletín Oficial las leyes y el decreto que integran el bloque normativo impugnado y concluye que esa circunstancia daría cuenta de la extemporaneidad con la que fue promovido el presente proceso judicial.
Contesta también los argumentos referidos al fondo de la cuestión planteada y postula que la pretensión resulta improcedente.
III. Sustanciada la oposición de inadmisibilidad, la parte actora lo resiste sosteniendo que recién pudo conocer la medida del impacto de las nuevas valuaciones en sus respectivas obligaciones tributarias con la recepción de la boleta que contenía la liquidación administrativa del llamado "adicional cuota 2", de modo que la concreta afectación de sus derechos "...se produjo el día en que debió hacer el pago del impuesto (16/08/12)" (fs. 141) -fecha que coincide con el vencimiento indicado en la boleta referida- (v. fs. 57).
Expresa, en ese sentido, que al tiempo de la sanción de los preceptos cuestionados desconocía cuál habría de ser la concreta base imponible del impuesto en cuestión, actualizada como consecuencia de los valores y modificaciones allí dispuestos.
Postula que, por tal motivo, la demanda debe considerarse presentada en término (v. fs. 140/144).
IV.1. La defensa formal opuesta por el señor Asesor General de Gobierno en autos exige el abordaje de una cuestión análoga a la que fue objeto de tratamiento por esta Suprema Corte en la causa I. 72.191, "Sociedad Anónima Comercial Agrícola Ganadera Andrés Mendizabal", resolución de 13-II-2019, cuyos fundamentos reproduciré
-en lo pertinente- para decidir el presente caso.
IV.2. Tal como se expresó, los demandantes tachan de inconstitucionales una serie de disposiciones que, de consuno, derivaron en un incremento en la base imponible del Impuesto Inmobiliario Rural. En este esquema, es evidente la naturaleza patrimonial de la acción, lo cual naturalmente impone la aplicación de la regla prevista en el art. 684 del Código adjetivo que rige en la especie, conforme al cual la demanda originaria de inconstitucionalidad deberá interponerse dentro del plazo de treinta días (doctr. causas I. 70.883, "D'Argenio", resol. de 19-V-2010; I. 69.175, "Distribuidora REL SRL", resol. de 13-IV-2011; I. 1.861, "Rodríguez", sent. de 1-VI-2011; I. 74.191, "Antivari SA", resol. de 10-VIII-2016; e.o.).
IV.3. Es necesario, entonces, determinar la fecha a partir de la cual comenzó a correr dicho término para decidir acerca de la tempestividad o no de la pretensión articulada.
De acuerdo a la norma referida, el plazo debe computarse "...desde que el precepto impugnado afecte concretamente los derechos patrimoniales del actor"; con lo cual, más allá del supuesto en que la pretensión es ejercida con finalidad preventiva, el momento a partir del cual comienza a correr dicho término es una cuestión de hecho que ha de verificarse en cada caso (doctr. causas I. 1.591, "González", sent. de 20-X-1998; I. 2.148, "Mule", sent. de 21-V-2008; I. 3.231, "Supermercados Norte SA", sent. de 15-XII-2015; I. 72.510, "Tarasiuk", resol. de 17-X-2018; e.o.). Y sobre esa base, se ha sostenido que, si del relato y los antecedentes de la causa surge que la afectación de la situación invocada por quien acciona se produjo con el dictado de la norma que cuestiona, al establecerse en ella la obligación pecuniaria aplicable a su situación y quedando con su vigencia sujeto al cumplimiento de tal imposición, el plazo de caducidad debe computarse desde ese momento (doctr. causas I. 1.854, "Lamano", resol. de 11-X-1995; I. 2.148, cit.; I. 74.610, "Bolsa de Cereales, Oleaginosos, Frutos y Productos de Bahía Blanca", resol. de 27-VI-2018; e.o.).
V. Cabe señalar que, en cuanto es pertinente destacar, la ley 14.333 -impositiva para el año 2012-, entre las disposiciones de su Título I, estableció coeficientes para el cálculo de la valuación parcelaria de los inmuebles de las plantas rural y subrural y dispuso las escalas, cuotas y alícuotas sobre el excedente del límite mínimo a efectos de la determinación de los valores a pagar en concepto de Impuesto Inmobiliario Rural.
Puntualmente, mediante el art. 92 de la ley 14.333 se sustituyó el art. 59 de la 10.707, disponiéndose que ARBA ejecutaría un revalúo general inmobiliario en la Provincia de Buenos Aires y calcularía a ese fin los valores unitario básicos del suelo y las accesiones sobre la base del estudio del mercado y las circunstancias determinantes del mismo. A su vez, mediante su art. 93, reemplazó el art. 60 de la ley 10.707 modificando la composición de las comisiones asesoras a las que este último precepto asigna cierta participación en el procedimiento de valuación general inmobiliaria.
La citada ley 14.333 fue publicada en el Boletín Oficial n° 26.746 de 30-XII-2011.
Poco tiempo después, a fin de efectuar la valuación general de la tierra libre de mejoras en las plantas rural y subrural, el decreto 442/12 fijó "...los valores unitarios básicos por unidad de superficie, respecto al suelo óptimo determinado por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires para las distintas Circunscripciones que componen el Partido, conforme el detalle contenido en el Anexo Único" (art. 1). Estableció también que dichos valores serían aplicables para la determinación de los tributos pertinentes, conforme la base imponible, las escalas y las alícuotas fijadas por la ley (art. 2), a la par que facultó a la autoridad de aplicación para dictar las normas y procedimientos complementarios que resulten necesarios para la debida implementación de sus disposiciones (art. 3).
En el anexo único de ese decreto se individualizaron -y esto es de esencia- los nuevos valores unitarios básicos del suelo libre de mejoras, en virtud del partido y la circunscripción correspondiente.
El texto del mencionado decreto y su anexo fueron publicados en el Boletín Oficial n° 26.846 (suplemento) del día 31-V-2012.
Concomitantemente, se sancionó la ley 14.357 que, nuevamente en cuanto interesa poner de resalto, por un lado, estableció los coeficientes de actualización de las edificaciones y mejoras de la planta rural y de los valores unitarios básicos fijados en el decreto 442/12
-mediante la sustitución del art. 4 de la ley 14.333 y la incorporación del art. 9 bis a ese mismo cuerpo normativo, respectivamente-. Por el otro, derogó el art. 11 y el anexo I de la ley 14.333, que establecían otros coeficientes y porcentajes que debían ser aplicados a efectos de determinar el monto a pagar en concepto de Impuesto Inmobiliario Rural por el ejercicio 2012.
La ley 14.357 también fue publicada en el Boletín Oficial n° 26.846 (suplemento) del día 31-V-2012.
Con posterioridad, ARBA sancionó la resolución normativa 23/12, por la que se dispuso incorporar un adicional a la segunda cuota del Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural, "...correspondiente al incremento producido a raíz de las modificaciones introducidas en la Ley N°14.333, por la Ley N°14.357" (art. 1).
La referida resolución fue publicada en el Boletín Oficial n° 26.867 de 2-VII-2012.
VI. Precisado lo anterior, cabe apuntar que de los términos del art. 684 del Código Procesal Civil y Comercial no se desprende la necesidad del dictado de un acto administrativo de alcance particular para considerar afectados, de modo concreto, los derechos patrimoniales de los contribuyentes comprendidos en las normas atacadas y, por tanto, sujetos a la obligación de pago del impuesto en cuestión. Lo determinante del caso, a efectos de iniciar el cómputo del plazo de caducidad, es que de los hechos acreditados en la causa resulte inequívoca la aplicación de la norma impugnada a quien persigue su declaración de inconstitucionalidad (doctr. causas I. 1.514, "Chirdo", resol. de 23-IV-1991; I. 1.513, "Merlo", resol. de 18-V-1991; I. 1.329, "Playamar SRL", sent. de 10-XII-1992; I. 1.451, "Clínica Cosme Argerich", sent. de 5-III-1996; I. 2.009, "Falocco", sent. de 7-X-1997; I. 2.151, "Smaldini", resol. de 8-IX-1998; I. 1.607, "Hidalgo", sent. de 13-IV-1999; I. 2.160, "Parque Eterno CA", resol. de 27-IV-1999; I. 2.219, "Serrano González", sent. de 3-IV-2008; I. 2.148, cit.; e.o.).
VII.1. En las condiciones reseñadas, se debe entender que el menoscabo o detrimento patrimonial que los accionantes invocan como fundamento de su pretensión -y, con ello, el dies a quo para acudir por esta vía- se produjo a partir de que fueron publicados las leyes 14.333 y 14.357 y el decreto 442/12 pues desde ese momento la demandante estuvo en condiciones de tomar conocimiento del contenido de las normas controvertidas y, de tal manera, estimar las consecuencias perjudiciales que su aplicación le podía generar.
En efecto, los preceptos impugnados establecieron con precisión los valores y coeficientes aplicables en el decidido revalúo general inmobiliario, y su incidencia respecto de la valuación fiscal de los inmuebles rurales surge con claridad de las normas de la ley 10.707 (en especial, de sus arts. 53, 58, 59, 70 y 79). A la vez, la trascendencia de aquellos conceptos en relación a la base imponible del Impuesto Inmobiliario se extrae de modo directo de los preceptos del Código Fiscal que estructuran el gravamen (en particular, su art. 170).
En otros términos, dado el mecanismo legalmente previsto para la definición de la valuación fiscal de los inmuebles rurales, resulta palmario el impacto que cualquier modificación de los valores unitarios básicos y de los coeficientes de actualización tiene respecto de la valuación fiscal correspondiente a cada terreno. Es que, particularmente por conducto de los arts. 58 inc. "c", 59 y 79 de la ley 10.707, tales elementos componen la ecuación que permite asignar un valor -a efectos tributarios- a los bienes inmuebles ubicados en la Provincia de Buenos Aires, de modo que su alteración redunda necesariamente en ese resultado.
Así entonces, con la publicación de los preceptos impugnados, los actores fácilmente pudieron saber de la modificación en la valuación fiscal que de ellos derivaría y que luego se vio reflejada en la liquidación administrativa del "adicional a la cuota 2/2012" y de las cuotas sucesivas del Impuesto Inmobiliario Rural. De esa manera, como se adelantó, fue en aquella oportunidad que, pudo producirse la afectación de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, y del derecho de propiedad que se alegan vulnerados.
La misma consideración merece la invocada violación a los principios de legalidad tributaria y de interdicción de la arbitrariedad. Es que la asignación a ARBA de la función de fijar los valores unitarios básicos a fines de la valuación general inmobiliaria y al Poder Ejecutivo para disponer la necesidad de nuevos revalúos inmobiliarios generales (y la entrada en vigencia de los eventuales nuevos valores), así como la modificación en la composición de las comisiones asesoras (arts. 59, 60 y 78 ley 10.707) deben reputarse conocidas por la parte actora al momento de la publicación de la ley 14.333 en tanto introdujo los apuntados cambios (arts. 92 y 93 de esa ley).
Por otro lado, resulta evidente que la falta de participación de las comisiones asesoras y la alegada ausencia de justificación técnica para la determinación de los nuevos valores unitarios básicos es una circunstancia que los demandantes podían experimentar desde la publicación del decreto 442/12, cuya inconstitucionalidad se postula con apoyo en tales fundamentos.
Así, toda vez que la demanda fue presentada el 1 de octubre de 2012 (v. fecha del sello de cargo de fs. 114), corresponde concluir que el plazo de caducidad para accionar que impone el art. 684 del Código adjetivo se encontraba vencido al tiempo del inicio de la acción; motivo por el que la objeción formal planteada por el señor Asesor General de Gobierno es de recibo.
VII.2. No obstante haber quedado definido el momento en que deben considerarse afectados los derechos invocados por la parte actora, debe precisarse que la demanda tampoco podría considerarse tempestiva ni aun partiendo de la fecha de publicación de la resolución normativa 23/12 -indicada como objeto de impugnación en el escrito de demanda- que, como quedó expuesto en el punto V, tuvo lugar el 2 de julio de 2012.
VII.3. La decisión adoptada, desde ya, no perjudica la posibilidad con la que cuenta la parte actora para ocurrir por las vías idóneas a fin de cuestionar los actos aplicativos de este complejo normativo que repute lesivos de su esfera de derechos o intereses (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 683 y sigs., 336 y concs., CPCC; doctr. causas "Rolfo", sent. de 7-III-1967; I. 2.219, cit.; I. 2.170, "Asarchuk", sent. de 10-III-2010; I. 2.201, "Search Organización de Seguridad SA", sent. de 27-IV-2016; e.o.).
Por lo fundamentos expuestos, la demanda debe ser rechazada por extemporánea.
Voto por la negativa .
En atención al sentido de mi voto, es innecesario que me expida respecto de la segunda cuestión planteada.
Costas a la actora, por su objetiva condición de vencida (art. 68, CPCC).
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y de Lázzari , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oída la entonces señora Procuradora General, se hace lugar a la excepción deducida por la Provincia de Buenos Aires y se rechaza la demanda por extemporánea (arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 683 y sig., CPCC).
Las costas se imponen a la parte actora (art. 68, CPCC).
Por su actuación profesional en autos, regúlanse los honorarios del letrado apoderado del doctor Juan Pedro Merbilhaa y de la doctora Viviana Ginesta en la suma de … pesos -$...- y … pesos -$...-, respectivamente; y del Asesor General de Gobierno en la suma de … pesos -$...- (arts. 1, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 22, 28 inc. "a", 49 y 54, dec. ley 8.904/77; causa I. 73.016, "Morcillo", resol. de 8-XI-2017 y Acuerdo SCBA 3.918, dictado el 19-XI-2018), con más el 10% de la ley 10.268 y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria del mencionado profesional frente al Impuesto al Valor Agregado.
Regístrese y notifíquese.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia