Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 73059
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe declara extinguida la controversia por haberse tornado abstracta la cuestión traída a conocimiento del Tribunal.
Costas por su orden (arts. 163 inc. 6 –segundo apartado- e inc. 8, 68 seg. parte y 73, CPCC).
Por su actuación profesional en autos, regúlanse los honorarios del letrado apoderado de la parte actora, doctor Emilio Sarmiento, en la suma de pesos … -$...-, por los trabajos realizados ante esta instancia (arts. 1, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 22, 49 y 54, dec. ley 8.904/77; causa I. 73.016, "Morcillo", resol. de 8-XI-2017 y Acuerdo SCBA 3.913, dictado el 7-XI-2018), con más el 10% de la ley 10.268 y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria del mencionado profesional frente al Impuesto al Valor Agregado.
En la ciudad de La Plata, a 20 de marzo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Genoud, Kogan, de Lázzari, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa I. 73.059, "Liminal S.A. c/ A.R.B.A. s/ inconst. Res. Norm. 1/2014".
I. La firma "Liminal S.A.", por apoderado, promueve demanda originaria de inconstitucionalidad en los términos del art. 161 inc. 1 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y de los arts. 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial contra la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), con el objeto de que este Tribunal declare la inconstitucionalidad de los arts. 1 inc. "a" y 6 de la resolución normativa 1/14 dictada por el citado organismo (v. fs. 25/32 vta.).
Sostiene que aquellos preceptos importan una afrenta a los principios de legalidad y de división de poderes y resultan violatorios del derecho de defensa y de la garantía del debido proceso.
Asimismo, formula consideraciones en torno al procedimiento de aplicación a la clausura de establecimientos previsto en el art. 78 del Código Fiscal (t.o. 2011, al que se referirá en lo sucesivo), expresando que resulta incompatible con el derecho de defensa, el debido proceso y la división de poderes.
II. Corrido el traslado de ley, el señor Asesor General de Gobierno contesta la demanda y pide su rechazo (v. fs. 47/51 vta.).
III. Agregada la documentación acompañada al escrito de inicio -única prueba ofrecida-, glosado el alegato de la demandada y oída la entonces señora Procuradora General, la causa quedó en estado de dictar sentencia, decidiendo la Suprema Corte plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. La actora pretende la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 1 inc. "a" y 6 de la resolución normativa 1/14 de ARBA.
Respecto de la primera disposición, con cita de los arts. 103 y 144 de la Constitución provincial, postula que es violatoria de los principios de legalidad y de división de poderes.
En ese sentido expresa que la administración tributaria se extralimitó en el ejercicio de sus facultades al establecer que serán pasibles de la sanción de clausura prevista en el art. 78 del Código Fiscal quienes, teniendo la obligación de hacerlo, no se inscribieran como agentes de recaudación en los regímenes generales relativos al Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Sostiene que aquella hipótesis de procedencia de la clausura innova respecto de los casos previstos en la norma legal, toda vez que el art. 78 del Código Fiscal prescribía que ese instituto debía aplicarse "...En los casos en que: a) No se inscriba como contribuyente o responsable aquel que tuviera la obligación de hacerlo, y cuyo volumen de comercialización y/o producción supere el monto establecido por la Autoridad de Aplicación".
En ese orden, manifiesta que la resolución impugnada configura un avance ilegítimo por parte de la administración respecto de una materia cuya regulación corresponde exclusivamente al Poder Legislativo.
Por otra parte, expresa que el art. 6 vulnera los derechos de defensa y la garantía del debido proceso en cuanto establece que "Contra la sanción reglamentada por la presente [...] resultará procedente el recurso de apelación ante el Juzgado en lo Correccional en turno, previsto en el último párrafo del artículo 78 del Código Fiscal". Funda su tesitura refiriendo los arts. 10, 15 y 31 de la Constitución provincial y los arts. 1, 18, 28, 29 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional.
Sostiene, en síntesis, que el procedimiento de aplicación a la clausura y su impugnación judicial, tal como están previstos en la norma del Código Fiscal cuya aplicación prevé el art. 6 de la resolución normativa 1/14, privan al particular de "...garantías procesales mínimas que deben regir todo procedimiento disciplinario o infraccional" (fs. 29).
Ello así, según postula, en tanto se prevé la efectivización de la medida sin instancia anterior de descargo para el contribuyente o responsable, de manera directa por los agentes de la administración y sin previa intervención judicial -dado el efecto devolutivo asignado al recurso de apelación en el art. 78 del Código Fiscal-. En particular, enumera los principios de non bis in ídem , de publicidad y del juez natural, la garantía de la presunción de inocencia, los derechos a la tutela judicial efectiva, a la información de los hechos imputados, a ser oído, ofrecer y producir prueba, a que la sanción se aplique mediante un acto fundado y al control judicial -oportuno y suficiente- de la actividad de la administración (en particular, v. fs. 29 y vta.).
Precisa, además, que su impugnación se dirige al art. 6 de la resolución normativa 1/14 y no constituye un embate directo al art. 78 del Código Fiscal. En ese sentido, señala que su pretensión refiere a aquel precepto en tanto es el conducto normativo mediante el que se dispone la aplicación del art. 78 del Código Fiscal en la hipótesis prevista en el art. 1 inc. "a" de la resolución normativa 1/14 (v. fs. 31).
II. El señor Asesor General de Gobierno, sostiene que, independientemente de las aclaraciones efectuadas en el escrito de demanda en sentido contrario, la pretensión articulada debe considerarse dirigida a cuestionar la compatibilidad de la resolución normativa 1/14 con el art. 78 del Código Fiscal.
Partiendo de tal afirmación, concluye que la acción es improcedente por no alegarse una infracción directa a la Constitución provincial, sino una afrenta a la disposición de rango legal referida.
Con carácter subsidiario, postula que la resolución normativa 1/14 fue sancionada por ARBA "...en calidad de autoridad de aplicación del régimen procedimental tributario (cfr. art. 8 del C.F.) y, particularmente [...] constituye una norma reglamentaria del art. 78 del Código Fiscal" (fs. 49 vta.).
Agrega que, de tal modo, la resolución impugnada se limita a precisar que los agentes de recaudación se hallan comprendidos entre los responsables a los que refería el art. 78 inc. "a" del Código Fiscal y que la disposición resulta en ese punto razonable.
Finalmente sostiene que el planteo vinculado al efecto devolutivo del recurso de apelación no puede ser atendido pues el art. 6 de la resolución normativa 1/14 encuentra suficiente apoyo en el art. 78 del Código Fiscal, y la actora indica de manera expresa que, en ese punto, su cuestionamiento no está dirigido a esa última norma.
III. Reseñadas las posiciones de las partes, cabe puntualizar lo siguiente:
III.1. Al momento de la interposición de la demanda (7 de marzo de 2014, conf. cargo de fs. 32 vta.) y de la correspondiente contestación (15 de octubre de 2014, conf. cargo de fs. 51 vta.), el art. 78 del Código Fiscal, en cuanto es pertinente destacar, disponía: "En los casos en que: a) No se inscriba como contribuyente o responsable aquel que tuviera obligación de hacerlo, y cuyo volumen de comercialización y/o producción supere el monto establecido por la Autoridad de Aplicación [...] el funcionario interviniente procederá, en ese mismo acto, a la clausura del o de los establecimientos comerciales, industriales, agropecuarios o de servicios en los que se hubiere producido la omisión".
Aquella disposición también preveía que, ante la aplicación de la clausura, el interesado podía interponer recurso de apelación ante el Juzgado en lo Correccional, el que "...se otorgará, en todos los casos, al solo efecto devolutivo".
La redacción del precepto parcialmente transcripto respondía a las modificaciones introducidas al Código Fiscal por la ley 14.333 (B.O. de 30-XII-2011, vigente desde el 1 de enero de 2012).
Por su parte, como quedó expuesto precedentemente, la resolución normativa 1/14 emitida por ARBA establecía que "...de conformidad con lo previsto en el art. 78 del Código Fiscal [...] quedarán sujetos a la aplicación inmediata de las sanciones de clausura allí previstas, quienes deban encontrarse inscriptos: a) Como agentes de recaudación en los regímenes generales previstos para el Impuesto sobre los Ingresos Brutos..." (art. 1); y "...contra la sanción reglamentada en la presente Resolución Normativa resultará procedente el recurso de apelación ante el Juzgado en lo Correccional en turno, previsto en el último párrafo del art. 78 del Código Fiscal..." (art. 6).
III.2. Mediante la sanción de la ley 14.653 (B.O. de 19-XII-2014, vigente desde el 1 de enero de 2015), se sustituyó el art. 78 del Código Fiscal (estableciendo el texto de esa norma vigente en la actualidad).
En cuanto es útil poner de resalto, aquel precepto pasó a disponer: "En los casos en que se constate el desarrollo de actividad gravada con el impuesto sobre los ingresos brutos sin contar con la inscripción en dicho tributo de acuerdo a lo previsto en el art. 205 de este Código, o bien contando con dicha inscripción, no posea talonarios, controladores fiscales u otro medio idóneo para emitir facturas, los agentes intervinientes procederán, en ese mismo acto, a adoptar las medidas tendientes a evitar que se continúen desarrollando actividades sin regularizar la situación constatada, pudiendo disponer la suspensión de las mismas así como el cierre del establecimiento" .
A la par, en fecha 30 de diciembre de 2014, ARBA emitió la resolución normativa 81/14 (B.O. de 20-I-2015, vigente desde su publicación y hasta la actualidad) mediante la que derogó la resolución normativa 1/14 (art. 12) y reglamentó nuevamente el art. 78 del Código Fiscal.
Conviene destacar que el art. 1 de esa resolución, al detallar los supuestos de aplicación de la suspensión inmediata de actividades prevista en el art. 78 del Código Fiscal, no incluyó a los agentes de recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos ni de ningún otro gravamen.
Aquel acto de alcance general también dispuso "Establecer que de detectarse la falta de inscripción por parte de sujetos alcanzados por la obligación de actuar como agentes de recaudación de los regímenes generales o especiales previstos para el Impuesto sobre los Ingresos Brutos [...] se instarán las acciones previstas por el art. 72, inciso 10 del Código Fiscal -Ley N° 10.397 (Texto Ordenado 2011 y modificatorias)" (art. 7).
El texto vigente del art. 72 del Código Fiscal establece que "Serán pasibles de una multa de hasta ochenta mil pesos ($80.000) y de la clausura de cuatro (4) a diez (10) días, de sus establecimientos comerciales, industriales, agropecuarios o de servicios, quienes incurran en alguno de los siguientes hechos u omisiones: [...] 10) No se encuentre inscripto como contribuyente o responsable aquel que tuviera la obligación de hacerlo". Conforme el art. 75 del mismo cuerpo normativo (también en su redacción actual), contra la aplicación de alguna de las sanciones previstas en el art. 72 "...podrá interponerse el recurso de apelación, otorgado con efecto suspensivo ante el Juzgado en lo Correccional en turno" .
IV. La secuencia normativa descripta se presenta como un elemento que ciertamente altera el contenido del reclamo originario y, como tal, debe ser considerado en la sentencia (art. 163 inc. 6 -segundo apartado-, CPCC).
Es doctrina invariable de esta Suprema Corte que los jueces están en condiciones de pronunciarse sobre el contenido de la relación procesal sólo mientras se mantenga un real interés del accionante (doctr. causas B. 49.206, "Acuerdos y Sentencias", 1989-I, pág. 363 y sus citas; B. 53.370, "Prando de Quitegui", sent. de 17-VI-1997; B. 61.703, "Giles", sent. de 14-II-2001; I. 2.284, "Aguas Argentinas", sent. de 21-XII-2011 e I. 73.782, "Durrieu", sent. de 6-VI-2018).
En el marco señalado, se advierte que en virtud de la modificación del art. 78 del Código Fiscal por la ley 14.653 y de la emisión de la resolución normativa 81/14 -en especial, en cuanto derogó la 1/14 y previó la aplicación del art. 72 del Código Fiscal para el caso de los agentes de recaudación-, el interés de la actora respecto del pronunciamiento requerido en la demanda ha perdido virtualidad.
En efecto, dado el texto actual de las normas del Código Fiscal involucradas, la pérdida de vigencia de la resolución normativa 1/14 y los términos de su par 81/14, las razones originalmente alegadas por la accionante para fundar sus planteos de inconstitucionalidad carecen de actualidad.
V. A lo expuesto cabe añadir que no fue invocado por la actora -ni surge de las constancias de autos- que la administración tributaria hubiera hecho aplicación a su respecto de las normas impugnadas mientras se encontraban vigentes.
Ante tales circunstancias debe recordarse que este Tribunal ha decidido en reiteradas oportunidades que cuando al momento de dictar sentencia la norma cuestionada en la demanda de inconstitucionalidad haya perdido actualidad o vigencia, se torna abstracto el caso planteado si el actor no conserva un interés concreto derivado de la subsistencia de efectos definitivamente producidos al amparo de dicho precepto (doctr. causas I. 1.335, "Club Atlético Brown", sent. de 27-IX-1994; I. 2.284, cit.).
De tal modo, la ausencia de efectos actuales, respecto de la accionante, derivados de la aplicación de las disposiciones impugnadas abona la decisión que se propicia.
VI. Por las razones expuestas, corresponde declarar extinguida la controversia planteada en autos por haberse tornado abstracta la cuestión traída a conocimiento del Tribunal.
VII. En oportunidad de fallar casos similares, esta Suprema Corte ha dicho que cuando la cuestión litigiosa se ha tornado abstracta en razón de haber perdido vigencia la norma cuestionada por demanda de inconstitucionalidad, corresponde imponer las costas en el orden causado (doctr. causas I. 1.636, "Colegio Internacional Sek Argentina S.A.", res. de 21-VI-1995; I. 1.453, cit.; I. 1.870, "Pérez Demarchi", sent. de 31-V-2000; I. 1.853, "Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 14-IX-2005; I. 2.264, "Figueroa Alcorta", sent. de 28-XII-2010; I. 2.284, cit.; I. 73.782, cit.).
Siguiendo el criterio de los citados precedentes, entiendo que no cabe considerar vencida a ninguna de las partes y, por lo tanto, las costas deben imponerse por su orden (arts. 163 inc. 6 -segundo apartado- e inc. 8, 68 segunda parte y 73, CPCC).
Así lo voto .
El señor Juez doctor Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor de Lázzari , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oída la entonces señora Procuradora General, se declara extinguida la controversia por haberse tornado abstracta la cuestión traída a conocimiento del Tribunal.
Costas por su orden (arts. 163 inc. 6 –segundo apartado- e inc. 8, 68 seg. parte y 73, CPCC).
Por su actuación profesional en autos, regúlanse los honorarios del letrado apoderado de la parte actora, doctor Emilio Sarmiento, en la suma de pesos … -$...-, por los trabajos realizados ante esta instancia (arts. 1, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 22, 49 y 54, dec. ley 8.904/77; causa I. 73.016, "Morcillo", resol. de 8-XI-2017 y Acuerdo SCBA 3.913, dictado el 7-XI-2018), con más el 10% de la ley 10.268 y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria del mencionado profesional frente al Impuesto al Valor Agregado.
Regístrese y notifíquese.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia