Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 78745
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar a la excepción de incompetencia deducida por el señor Asesor General de Gobierno y rechazar, por extemporánea, la acción de inconstitucionalidad promovida por el señor Omar Horacio Cabranes contra la ley 13.563 (arts. 161 inc. 1°, Const. prov., 683 y sigs., CPCC).
II. Por su actuación profesional en autos y en virtud del resultado obtenido, se regulan los honorarios del letrado de la parte actora, doctor Claudio Ernesto Luján, en la suma de … (…) Jus arancelarios y los del Asesor General de Gobierno en la suma de … (…) Jus arancelarios (arts. 16 inc. "e", 22 y 49, ley 14.967), cantidades a las que se deberá adicionar el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6716) y lo que resulte de la condición que revistan los mencionados profesionales frente al Impuesto al Valor Agregado.
III. Costas a la parte actora, en su objetiva calidad de vencida (art. 68, CPCC).
I.78.745 "CABRANES, OMAR HORACIO C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 1° DE LA LEY 13.563"
I. El señor Omar Horacio Cabranes, a través de su apoderado, promueve una acción originaria de inconstitucionalidad en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 del Código Procesal Civil y Comercial contra la Provincia de Buenos Aires , con el objeto de que se declare la invalidez del art. 1° de la ley 13.563 (B.O. 26-X-2006).
Relata que el texto original de la ley 12.006 –sancionada en el año 1997- establecía en su art. 5 que el monto del beneficio correspondiente a la Pensión Social Islas Malvinas sería “equivalente al cien (100) por ciento del sueldo básico de la jerarquía de Teniente Primero del Ejército Argentino (…) ”. Luego, explica que la base de referencia fue sustituida en el año 1999 por la ley 13.324, que determinó que la suma se computaría tomando en consideración el “cien (100) por ciento de la remuneración mensual, integrada por rubros ‘Sueldo y Regas’ que percibe el grado de cabo del Ejército Argentino ”.
De esta manera, arguye que –hasta ese momento- no se había configurado gravamen alguno, en tanto ambas categorías al ser perdurables en el tiempo desde el comienzo de la institución, reunían las características de ser existentes, objetivas, similares y no manipulables por la autoridad que las fijaba ni por el organismo que las abonaba.
En este marco, señala que la ley 13.563 introdujo una nueva variación al art. 5 de la ley 12.006, disponiendo que el monto del beneficio “será equivalente a tres (3) sueldos básicos de la categoría ingresantes del Agrupamiento Administrativo –clase 4- , o la que en el futuro la reemplace, de la escala salarial de la ley 10.430 –t.o. según dec.1.869/96- y sus modificatorias, con régimen de treinta (30) horas semanales de labor”.
Al respecto, sostiene que la nueva categoría tomada como “base de cálculo” siempre ha sido inferior a las empleadas anteriormente y que el perjuicio económico ocasionado como consecuencia de ello se ha ido incrementando con el transcurso de los años. Así pues, afirma que la norma impugnada ha alterado sustancialmente el espíritu de la ley y la voluntad que expresamente el legislador plasmó en ella, en franca violación al principio de progresividad que impera en materia previsional.
II. Corrido el traslado de la demanda, el Asesor General de Gobierno opone excepción de incompetencia por estimar que al momento de interponerse la acción ya se había extinguido la competencia originaria del Tribunal en los términos del art. 684 del Código Procesal Civil y Comercial. Ello, por reputar que en la especie resultaba aplicable el plazo de caducidad de 30 días allí establecido al tratarse de una pretensión de contenido netamente patrimonial, conforme el criterio sentado por esta Corte en la causa I. 72.366, “Poy”.
En esta línea, manifiesta que el art. 3 de la ley 13.563 cuestionada estableció que la norma entraría en vigencia el 1° de enero de 2007, razón por la cual entiende que es a partir de entonces que el actor experimentó el perjuicio derivado de la aplicación de aquel precepto (v. presentación electrónica de fecha 15-V-2023).
III. Sustanciada la defensa opuesta por la Provincia, el demandante se resiste a su acogimiento argumentando que es erróneo el hito temporal fijado por la demandada para computar el plazo de caducidad previsto en el ordenamiento de rito, toda vez que el derecho a percibir la pensión reclamada le fue reconocido mediante una sentencia confirmatoria de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, el día 15 de junio de 2021, en los autos “Cabranes, Omar Horacio c/ Instituto de Previsión Social (IPS) s/ Pretensión anulatoria – previsión” (causa n° 26.720-E). Por esto, arguye que pretender que el actor realizara “un reclamo al momento de la sanción de la ley 13.563 es un error manifiesto, ya que nadie puede poner en crisis un derecho del cual no goza ni tiene en expectativa”.
No obstante, refiere que aquel plazo igualmente no resulta aplicable a la especie toda vez que su pretensión se dirige a resguardar un derecho de la seguridad social, de carácter alimentario, de origen laboral, irrenunciable, indisponible e imprescriptible. A la par, esgrime que el objeto de esta causa “es la violación del principio de no regresividad con el nuevo parámetro instaurado por la ley 13.563”, y que la merma del haber sería sólo el daño colateral ocasionado como consecuencia del agravio principal invocado por su parte.
Remata diciendo que la acción originaria es la vía idónea para articular el planteo intentado, dado que su apoderado “viene entablando reclamos similares en las instancias contencioso administrativas de la jurisdicción sin resultado positivo” y cita una serie de causas en sustento de su postura (v. escrito electrónico de fecha 18-V-2023).
IV. El día 22 de mayo de 2023, el Asesor General de Gobierno contesta demanda y solicita que se la rechace por inadmisible y/o improcedente. Respecto del primer punto señalado, asevera que en el embate en abordaje –tal como fuera propuesto- se ha omitido precisar de manera clara cuáles son los derechos y garantías previstos la Constitución provincial que se encontrarían transgredidos y que este descuido obsta la formal procedencia de la acción impetrada, en tanto no aporta el impugnante ningún elemento de juicio fundamental contra la norma en concreto.
En subsidio, refuta el cuestionamiento constitucional ensayado y hace reserva del caso federal.
V. Corrido un nuevo traslado, la parte actora reitera que en la especie se han vulnerado los principios de no regresión y de progresividad. Tras esto, estima que “es de público y notorio que el haber es un elemento fundamental del derecho de propiedad”, por lo que –según su parecer- es evidente que en el sub lite también se ha producido una grave lesión económica a su patrimonio.
Concluye su postulación asegurando que “el legislador no puede, en virtud de una ley nueva, arrebatar o alterar un derecho patrimonial adquirido al amparo de la legislación anterior” y que, “en ese caso, el principio de no retroactividad deja de ser una simple norma legal para confundirse con el principio constitucional de la inviolabilidad de la propiedad”.
VI. En primer término, cabe recordar que la competencia originaria de esta Suprema Corte, de acuerdo a lo previsto en el art. 161 inc. 1 de la Constitución, comprende el conocimiento y resolución de casos en los que se discuta "la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos" que estatuyan sobre materia regida por ella y se controvierta por parte interesada. Y según doctrina constante, esto ocurre cuando se plantea un conflicto directo entre la disposición controvertida y las normas de la Carta local que se consideren infringidas (doctr. causas I. 2204, "Zamarreño", sent. de 8-X-2008; B. 68.940, "Asociación Mutual del Personal de la Administración Pública", resol. de 13-XII-2006; B. 69.932, "Citta", resol. de 3-XII-2008; B. 70.086, "Consorcio Exportador Pesquero S.A.", resol. de 29-IV-2009; I. 2213, "El Popular S.A.I.C.", sent. de 24-XI-2010; e.o.).
Este carril específico se encuentra regulado en el Capítulo I del Título IX del Código Procesal Civil y Comercial. Así, el art. 684 establece -como regla general- un límite temporal para el ejercicio de la acción respectiva cuando el asunto verse sobre cuestiones de naturaleza patrimonial. Ello, claro está, sin desmedro de la posibilidad de los interesados para ocurrir a la jurisdicción ordinaria a fin de ver satisfecha su pretensión y, eventualmente, plantear la cuestión constitucional en esa sede (art. 684, seg. párr., CPCC).
De lo expuesto, se colige que los planteos que involucren la cuestión relativa a la observancia del plazo de caducidad previsto para en este tipo de procesos -cuando éste resulte aplicable al caso- puedan ser canalizados a través de la excepción de incompetencia (doctr. causas I. 1.456, "Fiscal de Estado", resol. de 18-VI-1991; I. 1.305, "Municipalidad de La Plata", sent. de 17-VI-1997; I. 1.607, "Hidalgo", sent. de 13-IV-1999; I. 2.297, "Perrota", resol. de 24-IV-2002 e I. 76.927, “Cámara Empresaria del Parque Industrial Pilar”, resol. de 27-V-2021)
VII. Las partes discrepan acerca del carácter patrimonial de la pretensión esgrimida y, por consiguiente, de la eventual aplicación del plazo de caducidad de 30 días establecido en el art. 684 del Código Procesal Civil y Comercial para la promoción de este tipo de procesos.
Esta Corte ha precisado que la naturaleza patrimonial del juicio se evidencia allí donde la acción es entablada para salvaguardar derechos o intereses económicos eventualmente afectados por el precepto reputado inconstitucional o irregular, no debiéndose prescindir de tal carácter por el hecho de que se aleguen otros daños no patrimoniales que aparecen como complementarios del interés primario en cuya defensa se acciona (doctr. causas I. 1335, "Club Atlético Brown", sent. de 27-IX-1994; I. 75.556, “Casa Branchesi Metalúrgica Cooperativa de Trabajo Limitada” e I. 75.557, “CIDAP Cooperativa de Trabajo Limitada”, ambas resol. de 14-VIII-2019 e I. 76.927, cit.; e.o.).
En particular, respecto de las cuestiones vinculadas a los aspectos económicos de los beneficios previsionales en curso -situación en la que se encuentra el actor, según expresa en varios pasajes del escrito que da inicio a estas actuaciones-, este Tribunal -por mayoría- ha establecido un criterio que procura armonizar de modo razonable el régimen de la instancia originaria ante la Corte para que los particulares acudan con impugnaciones constitucionales en forma directa, en principio, dentro de un plazo determinado y la posibilidad expresamente reconocida de articular planteos de esa índole en el marco de las acciones contencioso administrativas ante los jueces de grado (art. 3, ley 12.008); ajustando la antigua comprensión del art. 685 del código ritual que reputaba no patrimoniales a la totalidad de los reclamos de la materia previsional (doctr. causa I. 72.366, "Poy", resol. de 25-X-2017).
Con ello se respeta el sentido y la finalidad previstos por el constituyente para esta singular vía judicial (cfr. art. 161, inc. 1, Const. prov.) de acuerdo a los específicos contornos que le ha dado el legislador (cfr. arts. 683 y sgts.).
En esa línea ha transitado la jurisprudencia del Tribunal luego de la entrada en vigencia de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-, deslindando aquellos casos previsionales en los que el objeto de la pretensión evidenciaba un contenido patrimonial (doctr. causas I. 2219, “Serrano González”, sent. de 3-IV-2008; I. 1995, “Sabatini”, sent. de 5-XI-2008; I. 70.883, “D’Argenio”, resol. de 19-V-2010; I. 3135, “Salvatierra”, sent. de 7-VII-2010) de aquellos otros en los que la controversia involucraba, esencialmente, el derecho al acceso a un beneficio de la seguridad social (doctr. causas I. 2.110, “Iriarte Madoz”, sent. de 6-X-2004 e I. 2175, “Torregrosa Lastra”, sent. de 15-XII-2010, e.o.); rechazándose por extemporánea la pretensión cuando se hallaba en juego un reclamo de índole económico, centrado en el aspecto patrimonial de la prestación previsional o el cumplimiento de ciertos recaudos pecuniarios.
En la resolución de la citada causa I. 72.366, "Poy", se anticipó que la aplicación del criterio referido regiría -en lo pertinente- para todas las demandas iniciadas con posterioridad a la fecha de ese decisorio; ello es, a partir del 25 de octubre de 2017.
Cabe, entonces, analizar la pretensión constitucional aquí deducida a la luz de los lineamientos expuestos.
VII.1. Conforme los términos en los que fue entablada la demanda -y pese al esfuerzo argumental en contrario efectuado por el actor-, se evidencia un claro contenido económico que justifica la aplicación de las reglas que se desprenden de la citada causa "Poy".
Así, en varios acápites del escrito bajo estudio se advierte la naturaleza patrimonial del reclamo, centrado -precisamente- en la merma económica que la aplicación del art. 1° de la ley 13.563 habría causado en el haber previsional del señor Cabranes. A la vez, sin ingresar en una indagación más profunda, es el propio actor quien alega –al justificar su legitimación para iniciar el presente pleito- que el precepto en pugna ocasionaría “una notoria regresión en el monto mensual de dicho beneficio previsional” y quien sostiene, luego, que “debe observarse el agravio irreparable que la aplicación de este artículo regresivo genera (…), ya que lo priva de un haber previsional cuyo monto mensual era significativamente superior al fijado por la norma atacada”.
VII.2. En esa inteligencia, cabe determinar la tempestividad de la demanda y, para ello, es menester desentrañar la fecha a partir de la cual comenzó a correr el término reglado por el art. 684 del Código Procesal Civil y Comercial.
De acuerdo a la norma referida, el plazo debe computarse "desde que el precepto impugnado afecte concretamente los derechos patrimoniales del actor"; con lo que, más allá del supuesto en que la pretensión es ejercida con finalidad preventiva, el momento a partir del cual comienza a correr dicho término es una cuestión que ha de verificarse en cada caso (doctr. causas I. 1591, "González", sent. de 20-X-1998; I. 2148, "Mule", sent. de 21-V-2008; I. 3.231, "Supermercados Norte S.A.", sent. de 15-XII-2015; I. 72.510, "Tarasiuk", resol. de 17-X-2018; I. 74.210, "Bolsatodo S.R.L.", resol. de 21-XI-2018; I. 72.214, "Quiet S.A.", sent. de 10-IV-2019; I. 75.865, "Parcelas S.R.L.", resol. de 23-IX-2020; I. 75.211, "Asoc. de Bancos de Capitales Arg. (ADEBA)", resol. de 26-XI-2020; I. 76.927, "Cámara Empresaria del Parque Industrial Pilar", resol. de 27-V-2021; I. 76.485, "Flores Pirán", resol. de 11-XI-2021; I. 77.631, "Menéndez", resol. de 16-III-2022, e.o.).
El art. 3 de la ley 13.563 expresamente estableció que la norma entraría a regir el 1° de enero de 2007, fecha a partir de la cual dejarían de tener vigencia las prescripciones emanadas del decreto 1.680/06 (B.O. de 26-X-2006); pudiendo afirmarse, entonces, que los beneficiarios alcanzados por sus disposiciones experimentaron el perjuicio derivado de la aplicación de tal precepto a partir de ese momento.
No obstante, en el caso bajo examen no debe soslayarse que al actor –conforme lo explica en su presentación del día 18 de mayo de 2023- ha obtenido el beneficio previsional a través de un pronunciamiento judicial que fuera confirmado por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata de fecha 15 de junio de 2021, en los autos caratulados “Cabranes, Omar Horacio c/ Instituto de Previsión Social (IPS) s/ Pretensión anulatoria –previsión”. Siendo esto así, de la consulta realizada en el portal de la Mesa de Entradas Virtual -MEV- de esta Suprema Corte surge que el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de La Plata dictó sentencia en dichas actuaciones el 30 de septiembre de 2020, declarando la inconstitucionalidad del art. 2° inc. b) de la ley 13.324 y su inaplicabilidad al actor, junto con la nulidad de la resolución 11.321 N°644. En consecuencia, se le reconoció el derecho a que se le otorgue la Pensión Social Islas Malvinas creada en la ley 12.006 y sus modificatorias. A su vez, se ordenó al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aries (IPS) a que, dentro del plazo de sesenta días, efectúe el pago de la pensión contenida en la norma citada, debiendo practicar la liquidación con dos años de retroactividad del momento en que interpuso su reclamo el día 11 de enero del 2010 –es decir, desde el día 11 de enero de 2008-, con más intereses.
Contra dicho fallo, la demandada interpuso un recurso de apelación que fue acogido parcialmente por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata con fecha 15 de junio de 2021, disponiéndose que el beneficio otorgado debía reconocerse a partir del 11 de enero del año 2009. Este pronunciamiento adquirió firmeza el 18 de junio de 2021, conforme surge de la consulta efectuada en el portal MEV y de lo manifestado por el propio apoderado del actor el día 7 de julio de 2021 en aquella causa.
VII.3. En este contexto, aún de considerar que los agravios invocados como fundamento de la acción -y, con ello, el dies a quo para acudir por esta vía- se produjeron a partir de la firmeza del pronunciamiento emitido por el Tribunal de Alzada y teniendo en consideración que la demanda se inició el 26 de abril de 2023 (v. escrito electrónico presentado a las 11:12:00 hs.), resulta evidente que a esa fecha el plazo de 30 días previsto en el art. 684 del Código Procesal Civil y Comercial había fenecido, por lo que corresponde hacer lugar a la excepción de incompetencia deducida por el señor Asesor General de Gobierno y rechazar, por extemporánea, la acción originaria de inconstitucionalidad promovida por el señor Omar Horacio Cabranes contra la ley 13.563.
VIII. La decisión adoptada, desde ya, no perjudica la posibilidad con la que cuenta la parte actora para ocurrir por las vías idóneas a fin de defender los derechos constitucionales que reputa conculcados (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 684 in fine , 336 y concs., CPCC; doctr. causas B. 44.506, "Rolfo", sent. de 7-III-1967; I. 2.170, cit.; I. 2.201, "Search Organización de Seguridad SA", sent. de 27-IV-2016; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Hacer lugar a la excepción de incompetencia deducida por el señor Asesor General de Gobierno y rechazar, por extemporánea, la acción de inconstitucionalidad promovida por el señor Omar Horacio Cabranes contra la ley 13.563 (arts. 161 inc. 1°, Const. prov., 683 y sigs., CPCC).
II. Por su actuación profesional en autos y en virtud del resultado obtenido, se regulan los honorarios del letrado de la parte actora, doctor Claudio Ernesto Luján, en la suma de … (…) Jus arancelarios y los del Asesor General de Gobierno en la suma de … (…) Jus arancelarios (arts. 16 inc. "e", 22 y 49, ley 14.967), cantidades a las que se deberá adicionar el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6716) y lo que resulte de la condición que revistan los mencionados profesionales frente al Impuesto al Valor Agregado.
III. Costas a la parte actora, en su objetiva calidad de vencida (art. 68, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/12/2023 16:46:04 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/12/2023 10:13:35 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/12/2023 12:45:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/12/2023 14:03:59 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/12/2023 15:02:01 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 21/12/2023 15:09:14 hs. bajo el número RR-1097-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia