Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 2142
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado con la entonces señora Procuradora General, por las razones brindadas en las causas B. 59.197, "Cooperativa de Horticultores Mar del Plata Ltda.", sentencia de 27-IX-2017 y B. 63.444, "Cooperativa de Horticultores de Mar del Plata Ltda." y su acumulada B. 65.508, "Cooperativa de Horticultores de Mar del Plata Ltda.", sentencia de 27-XII-2017, se rechaza la demanda.
Las costas se imponen a la parte actora (art. 68, CPCC).
Por su actuación profesional en autos, regúlanse los honorarios de los letrados apoderados de la parte actora doctora Alda Susana De Paoli e Ignacio Erenchun en la suma de … pesos -$...- y … pesos -$...-, respectivamente (arts. 1, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 22, 28 inc. "a", 49 y 54, dec. ley 8.904/77; causa I. 73.016, "Morcillo", resol. de 8-XI-2017 y Acuerdo SCBA 3918, dictado el 19-XI-2018), con más el 10% de la ley 10.268 y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria de los mencionados profesionales frente al Impuesto al Valor Agregado.
En la ciudad de La Plata, a 24 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Negri, de Lázzari, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa I. 2.142, "Cooperativa de Horticultores Mar del Plata Ltda. y otros c/ Municipalidad de Gral. Pueyrredon s/ Inconstitucionalidad del art. 1 Ordenanza 11.749".
La "Cooperativa de Horticultores Mar del Plata Limitada" -por intermedio de su apoderada-, las señoras Ana Isabel Putzolu, Irene Della Rosa y Alba Rosa Toledo, los señores Sergio Doallo, Crescencio Pedro Baldino, José Roberto Picciani y Héctor Horacio Zarategui y la firma Golden Fruit S.A. promueven demanda originaria de inconstitucionalidad en los términos del art. 161, inc. 1, de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y de los arts. 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial contra la Municipalidad de General Pueyrredon, con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad del art. 1 de la ordenanza 11.749 de esa comuna (v. fs. 76/91 y 92/93).
Sostienen que aquel precepto -que prohibió la instalación de nuevos puestos y/o comercios y la transferencia de las habilitaciones existentes en el Mercado de la Cooperativa de Horticultores ubicado entre las calles Chile, 9 de Julio, México y a prolongación de la calle 25 de Mayo, en el Mercado de Abasto de Mar del Plata sito entre las calles Alberti, Champagnat, Rawson y Victoriano Montes, y las zonas circundantes- violenta sus derechos a la igualdad, de propiedad, a trabajar y ejercer toda industria lícita y el principio de jerarquía normativa.
Requiere que, como medida cautelar, se suspenda la ejecución de la norma impugnada.
Este Tribunal rechaza la tutela precautoria solicitada en el escrito de inicio, por considerar que no se hallan reunidos en el caso los extremos que la tornan procedente (v. fs. 95).
Corrido el traslado de ley, la Municipalidad de General Pueyrredon contesta la demanda. Allí postula la improcedencia formal de la pretensión y pide su rechazo (v. fs. 115/119).
La parte actora responde a las objeciones formales opuestas por la comuna requiriendo su rechazo (v. fs. 121 y vta. y 123 y vta.).
Agregada la documentación acompañada a los escritos de inicio y de contestación de demanda, el cuaderno de prueba de la actora -el único formado- y los alegatos de ambas partes (v. fs. 176/179 y 180/190 vta.), oída la entonces Procuradora General (v. fs. 193/199 vta.), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Procede formalmente la demanda?
En caso afirmativo:
2ª) ¿Es fundada?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La actora pretende la declaración de inconstitucionalidad del art. 1 de la ordenanza 11.749 que dispuso:
"Prohíbese la instalación de nuevos puestos y/o comercios y la transferencia de las habilitaciones existentes en el Mercado de la Cooperativa de Horticultores ubicado entre las calles Chile, 9 de Julio, México y a prolongación de la calle 25 de Mayo; en el Mercado de Abasto de Mar del Plata sito entre las calles Alberti, Champagnat, Rawson y Victoriano Montes; y las zonas circundantes".
II. El municipio plantea dos objeciones formales: por un lado, sostiene que en la demanda no se indica con la necesaria precisión cuál es el derecho constitucional quebrantado ni de qué manera se ha producido la pretendida afectación; y, por otro, postula que la acción intentada no se encamina a impugnar un mandato de alcance general, abstracto e impersonal, sino uno de alcance individual y personal, referido exclusivamente a los mercados y zonas que expresamente indica.
II.1. El planteo atinente a la falta de fundamentación adecuada de la demanda debe ser desestimado.
Ello así pues la parte actora efectúa un despliegue argumental suficiente para identificar los agravios constitucionales planteados y el vínculo directo que los une con su esfera de intereses, en tanto el dispositivo cuestionado proyecta o ha de proyectar allí sus efectos, en modo adverso o perjudicial. Es decir, independientemente de lo que se decidirá con relación al aspecto sustancial de sus planteos, la demanda satisface la necesidad de precisar ante esta Corte de qué modo la norma impugnada ha quebrantado o quebrantará las garantías constitucionales cuya tutela procura y, a la vez, expone la relación directa existente entre aquella y estas (doctr. causas I. 1.610, "Conti de Ferrario", sent. de 10-VI-1997; I. 1.460, "Expreso Merlo Norte SA", sent. de 9-III-1999; I. 68.239, "Vega", sent. de 6-VII-2005; I. 1.912, "Barsotelli", sent. de 19-IX-2007; I. 2.223, "Medipharma S.A.", sent. de 4-VI-2008; I. 2.335, "Fiscal de Estado s/ inconstitucionalidad de la ley 12.313", sent. de 21-X-2009; I. 74.255, "López, Ariel Claudio", sent. de 23-XI-2016; e.o.).
II.2. Tampoco puede prosperar la objeción del municipio según la cual la demanda se dirige contra un acto de alcance particular e individual.
La comuna puntualiza en ese sentido que la ordenanza 11.749 especifica los mercados y las zonas que son alcanzados por la nueva regulación, de modo que no reúne la condición de general y normativa necesaria para la admisibilidad de la acción intentada.
Si bien esta Suprema Corte tiene dicho que, en virtud del art. 161 de la Constitución provincial, pueden ser objeto de impugnación por este carril aquellos ordenamientos que, con independencia de su denominación, constituyan mandatos generales, abstractos e impersonales dirigidos a la comunidad (doctr. causas I. 1.612, "Barbieri", resol. de 8-V-1993; I. 2.204, "Zamarreño", sent. de 8-X-2008; I. 71.542, "De Amorrortu", resol. de 28-XII-2011; e.o.), también ha decidido que cabe admitir pretensiones originarias de inconstitucionalidad en supuestos en que las disposiciones o actos cuestionados, aun cuando apuntan a regular una situación específica, proyectan efectos que trascienden a sus destinatarios directos para revestir un alcance general o una incidencia colectiva (doctr. causas I. 1.490, "Bargo", sent. de 5-VII-2000; I. 3.024, "Lavadero de Lanas El Triunfo", resol. de 8-VII-2003; I. 2.071, "Simone", sent. de 14-VII-2010; e I. 2.107, "O'Connor", sent. de 18-II-2009).
De esa manera, por más que ciertas leyes u ordenanzas, próximas a la "ley medida" o " ad hoc ", poseen una individualización y concreción ajenas al típico y más extenso espacio de generalidad y abstracción predicable tanto respecto de las leyes como de las ordenanzas, con base en el texto constitucional que contempla la acción no cabe descartar en esos supuestos la admisibilidad de pretensiones de inconstitucionalidad en tanto el embate no se dirija contra actos meramente aplicativos (doctr. causas I. 73.601, "Instituto de Rehabilitación del Lisiado", resol. de 15-VI-2016 e I. 75.351, "Biesa", resol. de 17-X-2018).
Tal el supuesto de autos. En efecto, aunque el art. 1 de la ordenanza 11.749 identifica concretamente dos mercados -el "Mercado de la Cooperativa de Horticultores" y el "Mercado de Abasto de Mar del Plata"- y una específica zona alcanzada por su mandato, lo cierto es que la norma tiene una proyección evidentemente más amplia, vinculada con el ordenamiento físico-territorial, la sanidad, la higiene, la protección del medio ambiente y la agilidad de las operaciones comerciales en el ámbito del municipio demandado.
Así, las prohibiciones contenidas en el precepto cuestionado proyectan sus efectos en el conjunto de la comunidad, desplazando la posibilidad de ser considerado como un acto de alcance estrictamente particular y aplicativo.
A lo expuesto, cabe añadir que aquella disposición está llamada a surtir efectos de modo impersonal respecto de las entidades autorizadas a constituir los mercados concentradores, al igual que con relación a los titulares de habilitaciones para la instalación de puestos en ellos. A la vez, tendrá impacto también en cualquier persona interesada en instalar un nuevo punto de venta o en obtener por transferencia una habilitación ya concedida a otro sujeto.
Por los fundamentos expuestos, corresponde rechazar las oposiciones planteadas por la comuna demandada y proceder al análisis de la cuestión de fondo.
Voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Negri, de Lázzari y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La parte actora postula que el precepto impugnado violenta el derecho a la igualdad por resultarle aplicable exclusivamente al mercado concentrador de frutas y hortalizas ubicado en calle Chile 1.485 de Mar del Plata. Sostiene que ello es así pues el Mercado de Abasto mencionado en la norma dejó de funcionar antes de su entrada en vigencia y que, entonces, el dispositivo violenta las reglas de la generalidad y la razonabilidad que deben regir las discriminaciones de orden legal.
Plantea que la norma objetada adolece del vicio de desviación de poder en tanto su finalidad consiste en provocar el cierre definitivo del mercado concentrador que gestiona la cooperativa demandante, instando a los puesteros a trasladarse a otros centros de comercialización.
Por otro lado, alega que la cooperativa y los puesteros habían adquirido el derecho a funcionar en los términos de la ordenanza 3.555/74, el que se ve desnaturalizado y avasallado por la sanción del precepto impugnado. Expresa que las prohibiciones allí impuestas afectan también su derecho a trabajar y ejercer toda industria lícita.
Desde otro punto de vista manifiesta que el precepto cuestionado violenta el principio de jerarquía normativa en tanto prevé restricciones incompatibles con los decretos 2.284/91 del Poder Ejecutivo nacional y 3.942/91 dictado por el Poder Ejecutivo provincial que adoptaron la libertad de comerciar y que revisten un rango superior a su respecto.
II. La comuna sostiene que, conforme surge del expediente 1.035/98 D tramitado ante el Concejo Deliberante -en especial, del mensaje de elevación del proyecto correspondiente a la ordenanza 11.749-, la sanción de la norma cuestionada tuvo origen en la intención municipal de conjurar los perjuicios ecológicos, de orden, salubridad y protección de los derechos de los consumidores y participantes en la comercialización de frutas y hortalizas que se había generado para la comunidad marplatense a partir del crecimiento registrado en el volumen de la operatoria comercial habitual desplegada en el seno de los mercados concentradores en cuestión.
Plantea que, conforme lo establece el art. 27 inc. 6 de la Ley Orgánica Municipal, la regulación de la instalación y el funcionamiento de abastos es atribución de la comuna.
Precisa que la actora no posee un derecho adquirido a operar en el mercado para desarrollar su actividad comercial, sino un permiso precario de uso o una habilitación.
Concluye que la disposición mencionada contiene suficientes fundamentos y razones de necesidad y conveniencia (interés público) que la justifican plenamente, habiendo sido suficientemente discutida en el órgano deliberativo que tiene asignada la función de dictar normas locales.
Finalmente, pide el rechazo de la demanda, con costas.
III. Reseñadas las posiciones de las partes, conviene precisar que las circunstancias de este caso resultan sustancialmente análogas a las que fueron materia de debate y decisión en las causas B. 59.197, "Cooperativa de Horticultores Mar del Plata Ltda. contra Municipalidad de General Pueyrredon. Demanda contencioso administrativa", sentencia de 27-IX-2017 y B. 63.444, "Cooperativa de Horticultores de Mar del Plata Ltda." y su acumulada B. 65.508, "Cooperativa de Horticultores de Mar del Plata Ltda. contra Municipalidad de General Pueyrredon. Demanda contencioso administrativa", sentencia de 27-XII-2017.
En tales precedentes se discutió la legitimidad de actos administrativos que se fundaron en la ordenanza 11.749 y, también, la constitucionalidad de esta última. Precisamente, en esas causas el Tribunal analizó la adecuación constitucional de la misma norma que aquí se impugna por vía de la acción originaria, abordando idénticos planteos relativos a la igualdad, el derecho a la propiedad, a trabajar y ejercer toda industria lícita, así como al quebrantamiento del principio de jerarquía normativa.
De acuerdo a ello, la pretensión respecto de la Cooperativa de Horticultores Mar del Plata Ltda. queda comprendida en los alcances de la cosa juzgada que emana de las sentencias dictadas en las citadas causas B. 59.197 y B. 63.444 y su acumulada B. 65.508 (causa I. 2.207, "Ferrari", sent. de 3-IX-2008).
Con relación al resto de los actores que no formaron parte de las referidas controversias, por razones de celeridad y economía procesal, corresponde reiterar en este caso el criterio y la solución plasmados en los citados precedentes y tener por reproducidos aquí los fundamentos allí brindados.
IV. Por lo expuesto, por las razones brindadas en las referidas causas B. 59.197 y B. 63.444 y su acumulada B. 65.508, la demanda de inconstitucionalidad debe ser rechazada, con costas a la vencida por aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 68, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Negri, de Lázzari y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la segunda cuestión también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado con la entonces señora Procuradora General, por las razones brindadas en las causas B. 59.197, "Cooperativa de Horticultores Mar del Plata Ltda.", sentencia de 27-IX-2017 y B. 63.444, "Cooperativa de Horticultores de Mar del Plata Ltda." y su acumulada B. 65.508, "Cooperativa de Horticultores de Mar del Plata Ltda.", sentencia de 27-XII-2017, se rechaza la demanda.
Las costas se imponen a la parte actora (art. 68, CPCC).
Por su actuación profesional en autos, regúlanse los honorarios de los letrados apoderados de la parte actora doctora Alda Susana De Paoli e Ignacio Erenchun en la suma de … pesos -$...- y … pesos -$...-, respectivamente (arts. 1, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 22, 28 inc. "a", 49 y 54, dec. ley 8.904/77; causa I. 73.016, "Morcillo", resol. de 8-XI-2017 y Acuerdo SCBA 3918, dictado el 19-XI-2018), con más el 10% de la ley 10.268 y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria de los mencionados profesionales frente al Impuesto al Valor Agregado.
Regístrese y notifíquese.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia