Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 75986
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la medida cautelar solicitada por la actora (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
2Hacer saber al Municipio de Berazategui que arbitre todos los medios a su disposición para implementar efectivamente la ordenanza 5.694 en lo atinente a la sustitución vehicular reglada.
B.75.986 "SILGUERO LILIANA MARCELA C/ MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI S/INCONSTITUCIONALIDAD ART. 1º ORDENANZA 5694/19"
La Plata, 26 de febrero de 2020.
I. La actora, Liliana Marcela Silguero, con el patrocinio letrado del doctor Dante Gabriel Morini, promovió acción de amparo contra la Municipalidad de Berazategui con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de la ordenanza 5.694/19 y, asimismo, se suspenda cautelarmente su aplicación (V. fs. 6/13).
El Tribunal en lo Criminal N° 1 del Departamento Judicial de Quilmes se declaró incompetente y ordenó elevar las actuaciones a esta sede (V. fs. 14/15).
Radicada la causa ante esta Suprema Corte, se confirió un plazo de diez días a la parte actora para que adecue su presentación al proceso reglado en el Título IX, Cap. I, del Libro IV del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires –arts. 683 al 688- (V. fs. 19/20).
Al encauzar su demanda, la accionante, quien manifestó trabajar como carrera, alrededor de diez horas diarias, con un carro manual recolectando cartón, vidrio, papel y todo otro material reciclable que se encuentre abandonado en las calles del partido de Berazategui, sostuvo que la normativa que impugna, mediante la cual se prohíbe la circulación de vehículos de transporte de carga de tracción a sangre en dicha localidad (art. 1, Ord. 5.694/19), vulnera los artículos 10, 11 y 27 de la Constitución provincial y 14, 14 bis, 16, 17, 19, 28 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional.
En esta dirección, señaló que la prohibición prevista en la ordenanza cuestionada lesiona el derecho constitucional de propiedad en cuanto se le impide ejercer su actividad comercial en forma completa, exponiéndola, al secuestro del carro con el que realiza la tarea de recolección y, consecuentemente, a la aplicación de multas.
Paralelamente, afirmó que la referida interdicción vulnera los derechos constitucionales a trabajar, a ejercer industria lícita y a la salud, tanto de la suscripta como así también de todas las personas que realizan la actividad.
Asimismo, expuso que el Municipio pretende inmiscuirse dentro de su esfera de privacidad prohibiéndole llevar un carro con su propio cuerpo a mano, afectándose -además- el derecho a la libre circulación.
Por otra parte, alegó que la normativa comunal, sancionada el 21 de marzo del corriente año, resultaba irrazonable, por cuanto no estableció un plazo criterioso de transición en el cual la sustitución de la tracción a sangre por otro medio de circulación -en el caso, bicicletas eléctricas- pueda llevarse a cabo paulatinamente para atemperar la afectación de los derechos constitucionales referidos.
Por último, solicitó se dicte medida cautelar a fin de suspender la aplicación de la ordenanza 5.694 de la Municipalidad de Berazategui.
En este esquema, en virtud de la etapa del proceso en la que se encuentra la presente causa, resulta oportuno pronunciarse acerca de la tutela precautoria peticionada.
II. Este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria, atento la presunción de constitucionalidad de la que gozan las leyes (cfr. causas I. 3.024, "Lavaderos de Lanas El Triunfo SA", resol. de 8-VII-2003; B. 67.594, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 3-II-2004; I. 68.944, "UPCN", resol. de 5-III-2008; I. 71.446, "Fundación Biosfera", resol. de 24-V-2011 e I. 74.048, "ATE", resol. de 24-V-2016; e.o.).
Con todo, en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo acerca de su verosimilitud (art. 230 inc. 1, CPCC; doctr. causa I. 71.446, cit., e.o.), pues la finalidad del instituto cautelar no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético (doctr. causas B. 63.590 "Saisi", resol. de 5-III-2003, I. 72.634 "Frigorífico Villa Olga SA", resol. de 30-IV-2014 e I. 73.986 "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", resol. de 22-XII-2015, e.o.), se han acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada pueda generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado (doctr. causas I. 3521 "Bravo", resol. de 9-X-2003 y sus citas e I. 68.183 "Del Potro", resol. de 4-V-2005, e.o.) y, por cierto, cuando de la apreciación de las circunstancias se advierte que el planteo formulado por quien objeta la constitucionalidad de la norma posee una seria y consistente apariencia de buen derecho (doctr. causa I. 74.061 "Romay", resol. de 4-V-2016 y sus citas).
Con ese criterio se deben considerar los extremos exigidos por la ley adjetiva inherentes a la petición cautelar, f umus boni iuris y periculum in mora, resultando necesario que se acredite la presencia de ambos para proceder al despacho favorable de la tutela precautoria (arts. 230, 232 y concs., CPCC; doctr. causa B. 65.043, "Trade SA", resol. de 4-VIII-2004).
III.1. Sobre la base de tales parámetros, de conformidad a las constancias agregadas en autos y de los términos del escrito inicial en el que se solicita la suspensión de los efectos de la ordenanza 5.694, corresponde adelantar que no se configura la apariencia de buen derecho para el otorgamiento de la medida preventiva peticionada.
Preliminarmente, cabe señalar que esta Corte se pronunció cautelarmente acerca de las prerrogativas municipales de reglamentación en materia de tracción a sangre animal (doctr. causa I. 72.454 "Defensor del Pueblo de la Prov. Bs. As.", resol. de 4-VII-2018), cuyo plexo normativo aplicable se enmarca, a nivel nacional, en la ley 24.449 –texto según ley 27.445- que en su art. 2 prevé que serán autoridades de aplicación y comprobación de las normas contenidas en ella, entre otros, los órganos municipales, los que podrán disponer por vía de excepción exigencias distintas a las de la ley y su reglamentación, cuando así lo impongan fundadamente específicas circunstancias locales. Además, los faculta a dictar disposiciones exclusivas de carácter accesorio cuando se refieran al tránsito urbano y, en particular, a la circulación de vehículos impulsados por tracción a sangre.
En el ámbito provincial, la ley 13.927 consagra en su art. 20 el carácter excepcional del desplazamiento por vías públicas pavimentadas a través de este medio, supeditándolo a la previa autorización emitida por la autoridad municipal según circunstancias que serán determinadas por la pertinente reglamentación, la cual en esta parcela tiene incluso un carácter más restringido conforme dispone el art. 20, Anexo I, de su decreto reglamentario 532/09. A su vez, el referido decreto preceptúa reglas específicas de circulación respecto de la tracción a sangre –bicicletas, triciclos, etc.- (arts. 17 inc. a.2 y 22 inc. u.2, Anexo III, decreto 532/09).
Por último, en sintonía con estas previsiones normativas, el art. 192 de la Constitución provincial confiere a las municipalidades las potestades de tener a su cargo la vialidad pública (inc. 4) y de dictar ordenanzas (inc. 6) dentro de sus atribuciones. En este sentido, el art. 25 del decreto ley 6769/58, de un lado, dispone que las normas comunales deberán responder, entre otros, a conceptos de sanidad, asistencia social, seguridad, protección y demás estimaciones encuadradas en su competencia constitucional que coordinen con las atribuciones provinciales y nacionales; mientras que el art. 27 del mismo cuerpo legal faculta a los municipios a reglamentar el tránsito de vehículos públicos y privados en las calles y caminos de jurisdicción comunal atendiendo a conceptos de educación, prevención, ordenamiento y seguridad (inc. 18).
III.2. En el ejercicio de tales atribuciones constitucionales y legales, la Municipalidad de Berazategui sancionó la ordenanza 5.694, mediante la cual se prohíbe la circulación de vehículos de carga de tracción a sangre (art. 1) sea animal o humana (cfr. considerandos ord. 5.694).
A continuación, dicha normativa articula un sistema consistente en la sustitución de los carros utilizados para la carga recolectada –los cuales deberán ser puestos a disposición del municipio- por bicicletas eléctricas a otorgarse en comodato, a fin de cumplir con la tarea de recolección informal, previo empadronamiento de quienes realizan esta actividad en el Registro Único Obligatorio de Recolectores Informales (cfr. arts. 3, 4 y 7, ord. 5.694).-
III.3. En ese contexto, y en relación con los cuestionamientos formulados por la actora referidos a la vulneración de los derechos constitucionales a trabajar, a ejercer industria lícita, a la igualdad y a la salud, enlazados con la afectación al derecho de propiedad, resulta preciso indicar que las disposiciones consagradas en la norma comunal que siguen a la interdicción de la tracción a sangre, no suponen la supresión de la actividad de recolección informal de residuos urbanos. Antes bien, y añadiendo como sustento los considerandos de la ordenanza cuestionada, en los cuales se evidencian “ problemáticas vinculadas a la precarización laboral, marginación social y salubridad ”, y resultando “ manifiesto e indiscutible el daño producido en la persona que traslada con su fuerza el vehículo, en su integridad física y psíquica ”, se propicia, a través del mecanismo de reemplazo vehicular descripto, la seguridad en la circulación vial, la mejora de las condiciones de labor y la preservación de la salud de quienes, como en el caso de la peticionante, efectúan la recolección en forma manual dentro del distrito.
III.4. Asimismo, frente a la alegación relativa al quebrantamiento de los derechos a la privacidad y a la libre circulación en que estaría incurriendo la normativa atacada, a la luz del régimen legal aplicable en la especie, no concurren elementos suficientes que permitan afirmar a esta altura del proceso una extralimitación inconstitucional por parte del Municipio en uso de sus facultades legislativas.
IV.1 En relación con lo expresado en los párrafos precedentes, debe analizarse el presupuesto de peligro en la demora que impone la ley adjetiva para este tipo de solicitudes.
En cuanto a este recaudo, esta Corte tiene dicho que en su evaluación como requisito general de toda medida cautelar es preciso ponderar tanto el gravamen que produciría la ejecución de los preceptos cuestionados si al cabo del proceso fuesen declarados inconstitucionales, como -y en relación con- aquel que resultaría de la paralización temporal de los efectos de dichos preceptos, en el supuesto de arribarse a una sentencia adversa a la pretensión (doctr. causa I. 73.577, "Telecom Personal SA", resol. de 18-X-2017 y sus citas).
En efecto, tampoco se advierte la configuración del requisito consistente en el peligro en la demora, toda vez que la actora en el capítulo correspondiente de la demanda (fs. 24), olvida precisar de qué manera concreta la prohibición dispuesta por la Municipalidad la afecta a ella, causándole un daño grave o irreparable, de difícil o imposible reparación ulterior (doctr. causa I. 73.986 "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", resol. de 22-XII-2015).
IV.2. Finalmente, en relación al planteo relativo a la razonabilidad de la normativa local, teniendo en consideración que su articulado resulta aplicable, especialmente, al sector de los recolectores informales, los cuales se encuentran, prima facie , en circunstancias socio económicas de vulnerabilidad, este Tribunal estima pertinente hacer saber al Municipio de Berazategui que arbitre todos los medios a su disposición para implementar efectivamente la ordenanza 5.694 en lo atinente a la sustitución vehicular reglada.
V. De allí que ante las circunstancias expuestas, sin que ello implique emitir opinión sobre el fondo de la cuestión planteada, no concurren en el sub lite los elementos de urgencia y probabilidad que habiliten el otorgamiento de una medida de este tipo en el marco de la acción contemplada en los artículos 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y concs. del CPCC.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Rechazar la medida cautelar solicitada por la actora (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
2. Hacer saber al Municipio de Berazategui que arbitre todos los medios a su disposición para implementar efectivamente la ordenanza 5.694 en lo atinente a la sustitución vehicular reglada.
Regístrese y notifíquese.
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria Eduardo Julio Pettigiani
Luis Esteban Genoud Hilda Kogan
Sergio Gabriel Torres
Juan José Martiarena
Secretario
Fdo.: So-Pe-Ko-To
Reg. Nº 34
Fin de la sentencia