Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 79435
Lo que resolvió el tribunal
I. Disponer que, hasta tanto se dicte sentencia en este juicio, la Municipalidad de Berazategui deberá abstenerse de aplicar el punto 3 del art. 10 del Anexo II del decreto reglamentario 532/09 y, por lo tanto, habrá de continuar con el trámite administrativo de renovación de la licencia de conducir del señor Ernesto Nicolás Ferreyra Domínguez Ortíz (DNI 28.573.784), sin requerir la previa obtención del "libre deuda de infracciones de tránsito".
Todo ello bajo responsabilidad del actor, quien deberá prestar caución juratoria por todas las costas, daños y perjuicios que pudiere ocasionar la medida precautoria en caso de haberla pedido sin derecho (arts. 199, 232 y concs., CPCC).
II. A los fines de hacer efectiva la medida, prestada la caución, líbrense por Secretaría los oficios pertinentes.
I.79.435 "FERREYRA DOMINGUEZ ORTIZ, ERNESTO NICOLAS S/ INCONSTITUCIONALIDAD ART. 10 INC. 3 DEL ANEXO II AL DECRETO 539/09"
I. El señor Ernesto Nicolás Ferreyra Domínguez Ortíz acciona ante esta Suprema Corte en los términos de los arts. 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial y 161 inc. 1 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad del art. 10 pto. 3 del Anexo II del decreto 532/09, reglamentario de la Ley de Tránsito n°13.927, en tanto prevé como requisito para expedir la licencia de conducir "tener libre deuda de infracciones de tránsito".
En consecuencia, solicita que se le ordene a la Municipalidad de Berazategui dar curso al trámite de renovación de su licencia sin que le sea exigido el requisito cuestionado.
Relata que próxima a vencer su licencia de conducir (en el mes de julio 2024), se presentó en la oficina municipal a efectos de consultar sobre el trámite pertinente y le comunicaron que no posee infracciones en ese municipio pero que surgía del sistema la existencia de supuestas infracciones de tránsito respecto de las cuales no le dieron mayores precisiones ni le exhibieron documentación que respaldara la existencia y determinación de las faltas que habría cometido y motivado la imposición de las multas.
Asimismo, denuncia que en el año 2016 inició una acción de amparo ante el Tribunal de Trabajo N° 5 del Departamento Judicial de Quilmes contra la Provincia y el municipio de referencia, a los fines de obtener la declaración de inconstitucionalidad del art. 10 pto. 3 del Anexo II del decreto 532/09, reglamentario de la Ley de Tránsito n°13.927, frente a la exigencia de cancelación previa de multas en una anterior tramitación de renovación de su licencia de conducir. Relata que, finalmente, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata sentenció, con fecha 3-X-2017, la procedencia de la acción y declaró inaplicable al caso la norma en crisis (refiere que ello se resolvió en la causa CCALP N° 18.883, "Ferreyra Domínguez Ortíz, Ernesto Nicolás c/ Municipalidad de Berazategui y otro/a s/ Amparo"). Puntualiza que tal decisión quedó firme al ser rechazado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto ante este Tribunal (causa A. 75.056, "Ferreyra Domínguez Ortíz, Ernesto Nicolás", sent. de 3-IV-2019).
No obstante, ante la inminencia de que nuevamente le sea aplicada la norma cuya constitucionalidad controvierte, solicita sea invalidada en este proceso. En ese cometido, argumenta que el art. 10 pto. 3 del Anexo II del decreto 532/09 revela un exceso reglamentario que importa un atropello y una violación clara al principio de razonabilidad, el derecho de libre tránsito, a trabajar y ejercer industria lícita, a usar y disponer de la propiedad y a la juridicidad (cita el Preámbulo y arts. 10, 11, 12, 25, 26, 27, 31, 36, 45, 56, 57 y 144 inc. 2, Const. prov. y el Preámbulo y arts. 14, 17, 18, 19, 28 y 75 inc. 22, Const. nac.). Señala, con el objeto de fundar su pretensión, numerosos pasajes de fallos que considera aplicables al caso.
Finalmente, solicita como medida cautelar que se le ordene a la Municipalidad de Berazategui que continúe con el trámite administrativo para la renovación de su licencia de conducir, sin que le sea requerido un certificado de "libre deuda" y/o pago de multas por infracciones de tránsito.
En esta instancia, corresponde entonces expedirse sobre la tutela precautoria solicitada.
II. Ante todo cabe señalar que, si bien el reclamante invoca normas de la ley 12.008 en sustento de su pretensión cautelar, se trata de aquellas que existen de manera coincidente -en lo medular- en el texto del Código adjetivo provincial que rige la materia y, conforme al cual, será analizada su pretensión.
II.1. Esta Corte ha resuelto en reiteradas oportunidades que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad, atento a la presunción de constitucionalidad o regularidad de la que gozan las normas susceptibles de ser cuestionadas por su conducto (doctr. causas I. 1.520, "Peltzer", resol. de 28-V-1991; I. 3.024, "Lavaderos de Lanas El Triunfo SA", resol. de 8-VII-2003; B. 67.594, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 3-II-2004; I. 68.944 "UPCN", resol. de 5-III-2008; I. 73.947, "Greppi", resol. de 22-XII-2015; I. 69.637, "Marín", resol. de 23-V-2017; I. 76.258, "Intendente de la Municipalidad de General San Martín", resol. de 27-XI-2019; I. 75.708, "Mendoza", resol. de 11-XII-2019; I. 76.482, "Química True S.R.L.", resol. de 7-X-2020; I. 77.032, "Isabella", resol. de 26-IV-2021; I. 75.756, "Barsi SA", resol. de 24-XI-2021; I. 77.485, "Zacarías", resol. de 28-XII-2021; I. 77.815, "Cagnone", resol. de 5-VIII-2022; I. 78.789, "Girotti Blanco", resol. de 30-V-2023; I. 78.041, "Radaelli", resol. de 31-VII-2023; e.o.).
Con todo, en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo acerca de su verosimilitud (art. 230 inc. 1, CPCC; doctr. causa I. 71.446, "Fundación Biosfera", resol. de 24-V-2011; e.o.), pues la finalidad del instituto cautelar no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético (doctr. causas B. 63.590, "Saisi", resol. de 5-III-2003; I. 72.634, "Frigorífico Villa Olga SA", resol. de 30-IV-2014 e I. 73.986, "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", resol. de 22-XII-2015; e.o.), se han acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada pueda generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado (doctr. causas I. 3.521, "Bravo", resol. de 9-X-2003 y sus citas e I. 68.183, "Del Potro", resol. de 4-V-2005, e.o.) y, por cierto, cuando de la apreciación de las circunstancias se advierte que el planteo formulado por quien objeta la constitucionalidad de la norma posee una seria y consistente apariencia de buen derecho (doctr. causa I. 74.061, "Romay", resol. de 4-V-2016 y sus citas).
Con ese criterio, en el marco provisional propio del despacho cautelar, se impone la justificación - prima facie - de la presencia de ambos elementos exigidos por la ley adjetiva ( fumus boni iuris y periculum in mora) para proceder al despacho favorable de la tutela precautoria (arts. 230, 232 y concs., CPCC; doctr. causas B. 65.043, "Trade SA", resol. de 4-VIII-2004; I. 73.931, "Peralta", resol. de 6-IX-2017; I. 74.643, "Asociación para la Protección del Medioambiente y Educación Ecológica 18 de Octubre", resol. de 18-IX-2019; I. 76.850, "Pavanel Egea", resol. de 23-II-2021; I. 76.801, "Helacor S.A.", resol. de 9-IV-2021; I. 76.963, "Sesto", resol. de 27-V-2021; I. 75.873, "Carlos E. Iturriaga e Hijos SA", resol. de 23-II-2022; e.o.).
II.2. Ahora bien, resulta de interés advertir que este Tribunal se ha expedido recientemente en casos análogos al presente, resolviendo sobre pedidos cautelares como el que aquí llega al acuerdo (v. causas I. 78.849, "Pérez Oriondo", resol. de 29-XI-2023 e I. 79.300, "Murri", resol. de 19-IV-2024).
En consecuencia, las consideraciones allí formuladas guiarán, en lo medular, la solución de la cuestión bajo análisis.
III.1. Respecto de la verosimilitud del derecho, el actor argumenta que se desprende de los hechos y precedentes judiciales descriptos -analizados a la luz de las disposiciones constitucionales y legales invocadas- la violación del principio de razonabilidad y sus derechos a transitar libremente, trabajar y ejercer toda industria lícita, usar y disponer de su propiedad. Cuestionamientos que, se adelanta, tienen asidero a los fines de considerar la medida pretendida.
Es que el demandante, a lo largo del escrito de inicio, manifiesta la necesidad de que la norma cuestionada no se transforme en un requisito que obstaculice la renovación de su licencia de conducir -que vencerá el mes próximo- en tanto le traería consecuencias en el ejercicio concreto de sus derechos para el desenvolvimiento de su vida diaria. Así, refiere que la imposibilidad de conducir por falta de licencia entorpecería el ejercicio habitual de su profesión de abogado atento las distancias que debe recorrer entre los diferentes departamentos judiciales e interferiría en la satisfacción de requerimientos de índole personal y familiar para los cuales cuenta con el desplazamiento vehicular.
Refuerza lo expuesto con el hecho de que se le haya exigido con anterioridad el cumplimiento del recaudo de "libre deuda de multas de tránsito", fundado en la norma cuya validez constitucional aquí controvierte. En consecuencia, sostiene enfáticamente que se configura una alta probabilidad de que le sea exigida nuevamente la acreditación de dicho requisito en oportunidad de tramitar el mes próximo la renovación de su licencia de conducir.
Además, demuestra que ya ha realizado en sede municipal los exámenes de salud y psicotécnicos reglados, con resultados satisfactorios, como para dar curso a la acreditación de las condiciones de aptitud necesarias para la expedición favorable del trámite (v. documentación adjunta al escrito de inicio de fecha 27-V-2024).
Parece, entonces, que el recaudo establecido en el art. 10 pto. 3 del Anexo II del decreto 532/09 afecta, en el caso, la esfera subjetiva del reclamante de manera singular al impedir el goce de los derechos constitucionales reclamados. Y esto, con el agregado de que - prima facie - la disposición controvertida no pareciera ajustarse a los objetivos legales definidos en la regulación que rige en la materia (v. leyes nacionales 24.449 y 26.363, provincial 13.927 y decreto cit.).
Para más, cabe reparar en que la autoridad estatal que impuso las sanciones cuenta con mecanismos expresamente regulados por el legislador para exigir y percibir el importe de las multas por infracciones de tránsito (conf. art. 35 bis, ley 13.927).
En definitiva, del análisis que antecede corresponde tener por acreditada, en esta etapa preliminar, la apariencia de buen derecho de quien acciona.
III.2. En cuanto al peligro en la demora, este Tribunal ha dicho que en la evaluación de este requisito general de toda medida cautelar es preciso ponderar tanto el gravamen que produciría la ejecución de la norma cuestionada si al cabo del proceso fuese declarada ilegítima -para el caso, inconstitucional-, como -y en relación con- aquel que resultaría de la paralización temporal de los efectos de dicha norma, en el supuesto de arribarse a una sentencia adversa a la pretensión (doctr. causas B. 65.168, "Burgués", resol. de 30-IV-2003; I. 3.521, cit.; e I. 68.183, cit.; I. 76.485, "Flores Pirán", resol. de 23-XI-2020; I. 77.485, cit.; I. 78.229, "Lallo", resol. de 2-VIII-2023; I. 78.662, "Bonelli", resol. de 11-VIII-2023; e.o.).
A los efectos del examen cautelar, son atendibles los argumentos vertidos por el demandante, pues dada la naturaleza de los derechos en juego y el tiempo que pudiera insumir arribar a la sentencia definitiva, frente al inminente vencimiento de su licencia de conducir (v. documentación adjunta al escrito de inicio de fecha 27-V-2024), es dable presumir que la amenaza de privación del pleno goce de su derecho a la libre circulación -en la especie, con potenciales repercusiones en su vida laboral, personal y familiar- durante el transcurso del proceso, le ocasionará un gravamen de imposible o muy difícil reparación ulterior.
V. Por todo lo expuesto, en el marco de provisoriedad inherente al despacho de las medidas cautelares y sin que ello implique emitir opinión sobre el fondo de la cuestión planteada, corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada (arts. 195, 202, 230, 232 y concs., CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Disponer que, hasta tanto se dicte sentencia en este juicio, la Municipalidad de Berazategui deberá abstenerse de aplicar el punto 3 del art. 10 del Anexo II del decreto reglamentario 532/09 y, por lo tanto, habrá de continuar con el trámite administrativo de renovación de la licencia de conducir del señor Ernesto Nicolás Ferreyra Domínguez Ortíz (DNI 28.573.784), sin requerir la previa obtención del "libre deuda de infracciones de tránsito".
Todo ello bajo responsabilidad del actor, quien deberá prestar caución juratoria por todas las costas, daños y perjuicios que pudiere ocasionar la medida precautoria en caso de haberla pedido sin derecho (arts. 199, 232 y concs., CPCC).
II. A los fines de hacer efectiva la medida, prestada la caución, líbrense por Secretaría los oficios pertinentes.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/06/2024 13:45:45 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/06/2024 11:44:10 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/06/2024 14:47:58 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/07/2024 12:06:30 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/07/2024 12:10:54 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 11/07/2024 12:11:13 hs. bajo el número RR-543-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia