Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 79300
Lo que resolvió el tribunal
I. Disponer que, hasta tanto se dicte sentencia en este juicio, el Municipio de San Nicolás deberá abstenerse de aplicar el punto 3 del art. 10 del Anexo II del decreto reglamentario 532/09 y, por lo tanto, habrá de continuar con el trámite administrativo de renovación de la licencia de conducir del señor Ricardo Mario Murri (DNI 12.028.481) sin requerir la previa obtención del "libre deuda de infracciones de tránsito".
Todo ello bajo responsabilidad del actor, quien deberá prestar caución juratoria por todas las costas, daños y perjuicios que pudiere ocasionar la medida precautoria en caso de haberla pedido sin derecho (arts. 199, 232 y concs., CPCC).
II. A los fines de hacer efectiva la medida, prestada la caución, líbrense por Secretaría los oficios pertinentes.
I.79.300 "MURRI, RICARDO MARIO C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ INCONSTITUCIONALIDAD ART. 10 INC. 3 DEL DECRETO 532/2009"
I. El señor Ricardo Mario Murri acciona ante esta Suprema Corte en los términos de los arts. 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial y 161 inc. 1 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad del art. 10 pto. 3 del Anexo II del decreto 532/09, reglamentario de la Ley de Tránsito n°13.927, en tanto prevé como requisito para expedir la licencia de conducir "tener libre deuda de infracciones de tránsito".
En consecuencia, solicita que se le ordene a la Municipalidad de San Nicolás continuar con el trámite de renovación de su licencia sin que le sea exigido el requisito cuestionado.
Relata que próxima a vencer su licencia de conducir (en el mes de abril 2024) inició el trámite de renovación en forma on-line a través del sitio oficial del municipio. El asistente virtual le indicó que, previo a otorgarle un turno a aquellos efectos, poseía multas de tránsito municipales que debían ser abonadas, las cuales fueron individualizadas y se generaron cupones de pago por la suma de doscientos siete mil doscientos cuatro pesos ($ 207.204).
Dice que luego de reiterar su solicitud a través del mismo sistema y obtener idéntica respuesta, se comunicó telefónicamente con el municipio y un operador le avisó que el sistema no le permitía avanzar si previamente no se verificaba el pago de las multas y que tal exigencia surgía del art. 10 inc. 3 del Anexo II del decreto reglamentario 532/09.
En consecuencia y en el marco de la acción interpuesta, manifiesta que la norma en cuestión resulta un atropello y una violación clara a los principios de razonabilidad y jerarquía normativa, además de lesiva de derechos de raigambre constitucional, tales como la defensa en juicio, el derecho al libre tránsito, a trabajar y ejercer industria lícita, a usar y disponer de la propiedad, a la igualdad y a la libertad (cita arts. 10, 11, 15, 27, 31, 57, Const. prov. y 14, 16, 18, 19, 28, 31, Const. nac.).
Señala que las leyes nacionales 24.449 y 26.363 y provincial 13.927, tienen como norte la concientización, buscan unificar criterios y pautas de prevención en la siniestralidad vial y el control del tránsito, a fin de reducir la tasa de accidentes. Sin embargo, entiende que la exigencia del pago previo de supuestas multas para la renovación de la licencia de conductor, no se dirige a lograr la seguridad vial sino que -a su entender- encubre una finalidad recaudatoria. Incluso, asegura que "[r]esulta irrazonable requerir la regularización en el pago de multas impuestas por supuestas infracciones de tránsito, como recaudo agregado por un decreto reglamentario de la ley (que ésta no exige), cuando otra previsión legal posibilita y resguarda -respetando la garantía del debido proceso- el cobro de las sumas respectivas por los medios judiciales pertinentes (apremio y medidas cautelares)" y, en consecuencia, genera una restricción equiparable a una inhabilitación sin ley.
Resalta que la norma atacada vulnera el principio de igualdad ante la ley, en tanto autoriza una situación de discriminación económica al impedir la renovación del registro de conducir a una persona de escasos recursos frente a otras que, más allá de las infracciones cometidas o su reiteración, pueden afrontar las deudas (cita arts. 11, Const. prov. y 16, Const. nac.).
Destaca que la norma en crisis lesiona el principio de jerarquía o supremacía normativa en tanto del análisis de los textos del art. 13 inc. "c" de la ley nacional 24.449 y el art. 8 de la ley provincial 13.927, se evidencia que la primera tiene como objetivo organizar la materia para evitar la siniestralidad vial y resguardar la seguridad física de los habitantes de la República, pero nada dice respecto a cancelar multas de tránsito y, por otra parte, su par provincial refiere a la previa certificación de “aptitud para conducir”, mediante informe de antecedentes que exhiba la ausencia de inhabilitación o sanciones que le impidan conducir, pero entiende que de ningún modo puede equipararse aquello a la existencia de “presuntas multas impagas” ni erigirse como impedimento para tramitar la renovación de la licencia (cita arts. 57 y 144 inc. 2, Const. prov. y 28 y 31, Const. nac.).
Por otra parte, desconoce las infracciones que se le endilgan "por no haberlas cometido, amparándose el municipio en puras presunciones para inculpar[lo]". Denuncia que no fue notificado de la constatación de las infracciones, de las pruebas en su contra, del desarrollo del proceso ni de la existencia de resolución final o sentencia de juez competente que aplicara las sanciones. Manifiesta que solamente fue "informado verbalmente que se trataría de infracciones captadas por 'cinemómetros fijos automáticos'".
Finalmente señala que, si bien es titular de dos vehículos, los comparte con sus hijos y su esposa "por lo que mal podría el Municipio exhibir certeza sobre la comisión de las supuestas infracciones [cometidas] por [él], y condenar[lo] asumiendo [su] culpabilidad a espaldas del principio de inocencia" (acompaña copia de las cédulas azules respectivas).
Solicita, como medida cautelar, que se ordene a la Municipalidad de San Nicolás a que continúe con el trámite administrativo para la renovación de su licencia de conducir, sin que le sea requerido un certificado de "libre deuda" y/o pago de multas por infracciones de tránsito.
En esta instancia, corresponde entonces expedirse sobre la tutela precautoria solicitada.
II. Esta Corte ha resuelto en reiteradas oportunidades que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad, atento a la presunción de constitucionalidad o regularidad de la que gozan las normas susceptibles de ser cuestionadas por su conducto (doctr. causas I. 1.520, "Peltzer", resol. de 28-V-1991; I. 3.024, "Lavaderos de Lanas El Triunfo SA", resol. de 8-VII-2003; B. 67.594, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 3-II-2004; I. 68.944 "UPCN", resol. de 5-III-2008; I. 73.947, "Greppi", resol. de 22-XII-2015; I. 69.637, "Marín", resol. de 23-V-2017; I. 76.258, "Intendente de la Municipalidad de General San Martín", resol. de 27-XI-2019; I. 75.708, "Mendoza", resol. de 11-XII-2019; I. 76.482, "Química True S.R.L.", resol. de 7-X-2020; I. 77.032, "Isabella", resol. de 26-IV-2021; I. 75.756, "Barsi SA", resol. de 24-XI-2021; I. 77.485, "Zacarías", resol. de 28-XII-2021; I. 77.815, "Cagnone", resol. de 5-VIII-2022; I. 78.789, "Girotti Blanco", resol. de 30-V-2023; I. 78.041, "Radaelli", resol. de 31-VII-2023; e.o.).
Con todo, en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo acerca de su verosimilitud (art. 230 inc. 1, CPCC; doctr. causa I. 71.446, "Fundación Biosfera", resol. de 24-V-2011; e.o.), pues la finalidad del instituto cautelar no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético (doctr. causas B. 63.590, "Saisi", resol. de 5-III-2003; I. 72.634, "Frigorífico Villa Olga SA", resol. de 30-IV-2014 e I. 73.986, "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", resol. de 22-XII-2015; e.o.), se han acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada pueda generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado (doctr. causas I. 3.521, "Bravo", resol. de 9-X-2003 y sus citas e I. 68.183, "Del Potro", resol. de 4-V-2005, e.o.) y, por cierto, cuando de la apreciación de las circunstancias se advierte que el planteo formulado por quien objeta la constitucionalidad de la norma posee una seria y consistente apariencia de buen derecho (doctr. causa I. 74.061, "Romay", resol. de 4-V-2016 y sus citas).
Con ese criterio, en el marco provisional propio del despacho cautelar, se impone la justificación - prima facie - de la presencia de ambos elementos exigidos por la ley adjetiva ( fumus boni iuris y periculum in mora ) para proceder al despacho favorable de la tutela precautoria (arts. 230, 232 y concs., CPCC; doctr. causas B. 65.043, "Trade SA", resol. de 4-VIII-2004; I. 73.931, "Peralta", resol. de 6-IX-2017; I. 74.643, "Asociación para la Protección del Medioambiente y Educación Ecológica 18 de Octubre", resol. de 18-IX-2019; I. 76.850, "Pavanel Egea", resol. de 23-II-2021; I. 76.801, "Helacor S.A.", resol. de 9-IV-2021; I. 76.963, "Sesto", resol. de 27-V-2021; I. 75.873, "Carlos E. Iturriaga e Hijos SA", resol. de 23-II-2022; e.o.).
III. Ahora bien, resulta de interés advertir que este Tribunal se ha expedido recientemente en un caso análogo al presente, resolviendo sobre un pedido cautelar como el que aquí llega al acuerdo (v. causa I. 78.849, "Pérez Oriondo", resol. de 29-XI-2023).
En consecuencia, las consideraciones allí formuladas guiarán, en lo medular, la solución de la cuestión bajo análisis.
III.1.a. Respecto de la verosimilitud del derecho, el actor argumenta que se desprende de los hechos descriptos -analizados a la luz de las disposiciones constitucionales y legales invocadas- la violación de los principios de igualdad ante la ley, razonabilidad y sus derechos a transitar libremente, trabajar y ejercer toda industria lícita, usar y disponer de su propiedad. Cuestionamientos que, se adelanta, tienen asidero a los fines de considerar la medida pretendida.
Es que el demandante, a lo largo del escrito de inicio, expresa las ventajas que el uso de un automotor aporta, no solamente en sus actividades cotidianas (realizar compras, trámites, reuniones familiares y recreativas, etc.), sino que denuncia -en concreto- que tiene 66 años, se encuentra jubilado por la ANSeS y padece diversas afecciones médicas producto de su actividad laboral pasada (como hernia de disco, lumbalgia, hernia inguinal, tendinitis de hombro, etc.), que son atendidas en centros de salud de la localidad de Rosario (distante a 68 km de San Nicolás) y por lo que necesita contar con la licencia de conducir para movilizarse en su vehículo mensualmente (adjunta copias de constancias de prácticas médicas).
Todo ello se ve impedido como consecuencia de la exigencia de cancelar la suma de doscientos siete mil doscientos cuatro pesos ($ 207.204) reclamada en concepto de multas por infracciones de tránsito como condicionamiento a la expedición de su licencia.
Parece, entonces, que en el caso el recaudo establecido en el art. 10 pto. 3 del Anexo II del decreto 532/09 afecta la esfera subjetiva del reclamante de manera singular, al impedir el goce de los derechos constitucionales reclamados. Y esto, con el agregado de que - prima facie - la disposición controvertida no pareciera ajustarse a los objetivos legales definidos en la regulación que rige en la materia (v. leyes nacionales 24.449 y 26.363, provincial 13.927 y decreto cit.).
Para más, cabe reparar en que la autoridad estatal que impuso las sanciones cuenta con mecanismos expresamente regulados por el legislador para exigir y percibir el importe de las multas por infracciones de tránsito (conf. art. 35 bis, ley 13.927).
III.1.b. En definitiva, del análisis que antecede corresponde tener por acreditada, en esta etapa preliminar, la apariencia de buen derecho de quien acciona.
III.2. En cuanto al peligro en la demora, este Tribunal ha dicho que en la evaluación de este requisito general de toda medida cautelar es preciso ponderar tanto el gravamen que produciría la ejecución de la norma cuestionada si al cabo del proceso fuese declarada ilegítima -para el caso, inconstitucional-, como -y en relación con- aquel que resultaría de la paralización temporal de los efectos de dicha norma, en el supuesto de arribarse a una sentencia adversa a la pretensión (doctr. causas B. 65.168, "Burgués", resol. de 30-IV-2003; I. 3.521, cit.; e I. 68.183, cit.; I. 76.485, "Flores Pirán", resol. de 23-XI-2020; I. 77.485, cit.; I. 78.229, "Lallo", resol. de 2-VIII-2023; I. 78.662, "Bonelli", resol. de 11-VIII-2023; e.o.).
A los efectos del examen cautelar, son atendibles los argumentos vertidos por el demandante, pues dada la naturaleza de los derechos en juego y el tiempo que pudiera insumir arribar a la sentencia definitiva, es dable presumir que la amenaza de privación del pleno goce de su derecho a la libre circulación -en la especie, con potenciales repercusiones en su salud, economía y/o vida familiar- durante el transcurso del proceso, le ocasionará un gravamen de imposible o muy difícil reparación ulterior.
IV. Por todo lo expuesto, en el marco de provisoriedad inherente al despacho de las medidas cautelares y sin que ello implique emitir opinión sobre el fondo de la cuestión planteada, corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada (arts. 195, 202, 230, 232 y concs., CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Disponer que, hasta tanto se dicte sentencia en este juicio, el Municipio de San Nicolás deberá abstenerse de aplicar el punto 3 del art. 10 del Anexo II del decreto reglamentario 532/09 y, por lo tanto, habrá de continuar con el trámite administrativo de renovación de la licencia de conducir del señor Ricardo Mario Murri (DNI 12.028.481) sin requerir la previa obtención del "libre deuda de infracciones de tránsito".
Todo ello bajo responsabilidad del actor, quien deberá prestar caución juratoria por todas las costas, daños y perjuicios que pudiere ocasionar la medida precautoria en caso de haberla pedido sin derecho (arts. 199, 232 y concs., CPCC).
II. A los fines de hacer efectiva la medida, prestada la caución, líbrense por Secretaría los oficios pertinentes.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/04/2024 17:28:49 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/04/2024 08:59:41 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/04/2024 11:51:45 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/04/2024 13:19:49 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/04/2024 14:14:15 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 19/04/2024 14:18:25 hs. bajo el número RR-242-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia