Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 80280
Lo que resolvió el tribunal
I. Disponer que, hasta tanto se dicte sentencia en este juicio, el Municipio de Trenque Lauquen deberá abstenerse de aplicar el punto 3 del art. 10 del Anexo II del decreto reglamentario 532/09 y, por lo tanto, habrá de continuar con el trámite administrativo de renovación de la licencia de conducir de la señora Mercedes Gortari (DNI 29.250.670) sin requerir la previa obtención del "libre deuda de infracciones de tránsito" y, en caso de ser necesario, gestionar las medidas que entienda necesarias a los fines del efectivo cumplimiento de lo aquí ordenado (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
Todo ello bajo responsabilidad de la actora, quien deberá prestar caución juratoria por todas las costas, daños y perjuicios que pudiere ocasionar la medida precautoria en caso de haberla pedido sin derecho (arts. 199, 232 y concs., CPCC).
II. A los fines de hacer efectiva la medida, prestada la caución, líbrense por Secretaría los oficios pertinentes.
I.80.280 "GORTARI, MERCEDES C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ INCONST. ART. 10 INC. 3 ANEXO II DECRETO 532/09"
I. La señora Mercedes Gortari acciona ante esta Suprema Corte en los términos de los arts. 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial y 161 inc. 1 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad del art. 10 pto. 3 del Anexo II del decreto 532/09, reglamentario de la Ley de Tránsito n°13.927, en tanto prevé como requisito para expedir la licencia de conducir "tener libre deuda de infracciones de tránsito".
En consecuencia, solicita que se le ordene a la Municipalidad de Trenque Lauquen continuar con el trámite de renovación de su licencia sin que le sea exigido el requisito cuestionado.
Relata que el 6 de agosto de 2025 inició el trámite de renovación ante la oficina correspondiente y luego se acercó al Juzgado de Faltas de la comuna donde certificaron que no registraba deudas en el municipio. Sin embargo, en la Oficina de Tránsito se verificaron dos infracciones presuntamente cometidas en la provincia de Misiones el día 17/7/2023 por las cuales se pretende que abone la suma de setecientos cincuenta y ocho mil ochocientos pesos ($ 758.800). A su vez, indica que la misma boleta menciona que las infracciones cuentan con sentencia firme informadas por las respectivas jurisdicciones a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y que su falta de pago impedirá iniciar el trámite de renovación de la licencia, conforme el art. 10 pto. 3 del decreto provincial 532/09.
En el marco de la acción interpuesta, manifiesta que la disposición resulta un atropello y una violación clara a los principios de razonabilidad y jerarquía normativa, además de lesiva de derechos de raigambre constitucional, tales como la defensa en juicio, el derecho al libre tránsito, a trabajar y ejercer industria lícita, a usar y disponer de la propiedad, a la igualdad y a la libertad (cita arts. 10, 11, 15, 27, 31, 57, Const. prov. y 14, 16, 18, 19, 28, 31, Const. nac.).
Señala que las leyes nacionales 24.449 y 26.363 y provincial 13.927, tienen como norte la concientización, buscan unificar criterios y pautas de prevención de la siniestralidad vial y el control del tránsito, a fin de reducir la tasa de accidentes. Sin embargo, entiende que la exigencia del pago previo de supuestas multas para la renovación de la licencia de conductor, no se dirige a lograr la seguridad vial sino que -a su entender- encubre una finalidad recaudatoria. Sobre el punto destaca que existen otros medios judiciales previstos para el cobro de dichas sumas (apremios).
Resalta, además, que la norma atacada vulnera el principio de igualdad ante la ley, en tanto autoriza una situación de discriminación económica al impedir la renovación del registro de conducir a una persona de escasos recursos frente a otras que, más allá de las infracciones cometidas o su reiteración, pueden afrontar las deudas (cita arts. 11, Const. prov. y 16, Const. nac.).
Destaca que la norma en crisis lesiona el principio de jerarquía o supremacía normativa en tanto del análisis de los textos de los arts. 13 inc. "c" de la ley nacional 24.449 y 8 de la ley provincial 13.927 se evidencia que la primera tiene como objetivo organizar la materia para evitar la siniestralidad vial y resguardar la seguridad física de los habitantes de la República, pero nada dice respecto a cancelar multas de tránsito; y su par provincial refiere a la previa certificación de "aptitud para conducir", mediante informe de antecedentes que exhiba la ausencia de inhabilitación o sanciones que le impidan conducir, pero considera que no puede ello equipararse a la existencia de "presuntas multas impagas" ni erigirse como impedimento para tramitar la renovación de la licencia (cita arts. 57 y 144 inc. 2, Const. prov. y 28 y 31, Const. nac.).
Por otra parte, desconoce las infracciones que se le endilgan y la firmeza aludida. Denuncia que no fue notificada de la constatación de las infracciones y no pudo ejercer su derecho de defensa.
Solicita, como medida cautelar, que se ordene a la Municipalidad de Trenque Lauquen a que continúe con el trámite administrativo para la renovación de su licencia de conducir, sin que le sea requerido un certificado de "libre deuda" y/o pago de multas por infracciones de tránsito y, en todo caso, realice todas las gestiones que entienda necesarias ante las autoridades que correspondan para cumplir la medida, por ser el órgano responsable y encargado de tramitar y emitir las licencias de conducir y sus renovaciones (cita, e.o., causas I. 78.849, "Pérez Oriondo", resol. de 29-XI-2023; I. 79.300, "Murri", resol. de 19-IV-2024; I. 79.435, "Ferreyra Domínguez Ortíz", resol. de 11-VII-2024 e I. 79.875, "Abeti", resol. de 31-III-2025; I. 80.184, "Murri", resol. de 17-VII-2025).
En esta instancia, corresponde entonces expedirse sobre la tutela precautoria solicitada.
II. Esta Corte ha resuelto en reiteradas oportunidades que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad, atento a la presunción de constitucionalidad o regularidad de la que gozan las normas susceptibles de ser cuestionadas por su conducto (doctr. causas I. 1.520, "Peltzer", resol. de 28-V-1991; I. 3.024, "Lavaderos de Lanas El Triunfo SA", resol. de 8-VII-2003; B. 67.594, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 3-II-2004; I. 68.944 "UPCN", resol. de 5-III-2008; I. 73.947, "Greppi", resol. de 22-XII-2015; I. 69.637, "Marín", resol. de 23-V-2017; I. 76.258, "Intendente de la Municipalidad de General San Martín", resol. de 27-XI-2019; I. 75.708, "Mendoza", resol. de 11-XII-2019; I. 76.482, "Química True S.R.L.", resol. de 7-X-2020; I. 77.032, "Isabella", resol. de 26-IV-2021; I. 75.756, "Barsi SA", resol. de 24-XI-2021; I. 77.485, "Zacarías", resol. de 28-XII-2021; I. 77.815, "Cagnone", resol. de 5-VIII-2022; I. 78.789, "Girotti Blanco", resol. de 30-V-2023; I. 78.041, "Radaelli", resol. de 31-VII-2023; e.o.).
Con todo, en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo acerca de su verosimilitud (art. 230 inc. 1, CPCC; doctr. causa I. 71.446, "Fundación Biosfera", resol. de 24-V-2011; e.o.), pues la finalidad del instituto cautelar no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético (doctr. causas B. 63.590, "Saisi", resol. de 5-III-2003; I. 72.634, "Frigorífico Villa Olga SA", resol. de 30-IV-2014 e I. 73.986, "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", resol. de 22-XII-2015; e.o.), se han acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada pueda generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado (doctr. causas I. 3.521, "Bravo", resol. de 9-X-2003 y sus citas e I. 68.183, "Del Potro", resol. de 4-V-2005, e.o.) y, por cierto, cuando de la apreciación de las circunstancias se advierte que el planteo formulado por quien objeta la constitucionalidad de la norma posee una seria y consistente apariencia de buen derecho (doctr. causa I. 74.061, "Romay", resol. de 4-V-2016 y sus citas).
Con ese criterio, en el marco provisional propio del despacho cautelar, se impone la justificación -prima facie- de la presencia de ambos elementos exigidos por la ley adjetiva (fumus boni iuris y periculum in mora) para proceder al despacho favorable de la tutela precautoria (arts. 230, 232 y concs., CPCC; doctr. causas B. 65.043, "Trade SA", resol. de 4-VIII-2004; I. 73.931, "Peralta", resol. de 6-IX-2017; I. 74.643, "Asociación para la Protección del Medioambiente y Educación Ecológica 18 de Octubre", resol. de 18-IX-2019; I. 76.850, "Pavanel Egea", resol. de 23-II-2021; I. 76.801, "Helacor S.A.", resol. de 9-IV-2021; I. 76.963, "Sesto", resol. de 27-V-2021; I. 75.873, "Carlos E. Iturriaga e Hijos SA", resol. de 23-II-2022; e.o.).
II.1. Ahora bien, resulta de interés advertir que este Tribunal se ha expedido recientemente en casos análogos al presente, resolviendo sobre pedidos cautelares como el que aquí llega al acuerdo (v. causas I. 78.849, "Pérez Oriondo", resol. de 29-XI-2023; I. 79.300, "Murri", resol. de 19-IV-2024; I. 79.435, "Ferreyra Domínguez Ortíz", resol. de 11-VII-2024 y B. 79.875, "Abeti", resol. de 31-III-2025; I.80.184, "Murri", resol. de 17-VII-2025).
En consecuencia, las consideraciones allí formuladas guiarán, en lo medular, la solución de la cuestión bajo análisis.
II.2. Respecto de la verosimilitud del derecho, la actora argumenta que se desprende de los hechos descriptos -analizados a la luz de las disposiciones constitucionales y legales invocadas- la violación de los principios de igualdad ante la ley, razonabilidad y sus derechos a transitar libremente, trabajar y ejercer toda industria lícita, usar y disponer de su propiedad. Cuestionamientos que, se adelanta, tienen asidero a los fines de considerar la medida pretendida.
Es que la demandante, a lo largo del escrito de inicio, manifiesta la necesidad de que la norma cuestionada no se transforme en un requisito que obstaculice la renovación de su licencia de conducir en tanto le traería consecuencias en el ejercicio concreto de sus derechos para el desenvolvimiento de su vida diaria. Así, refiere que la imposibilidad de conducir por falta de aquella entorpecería la concurrencia a su lugar de trabajo, además de dificultar la satisfacción de requerimientos de índole personal (trámites en general, compras, gestiones bancarias, salidas recreativas) y familiar (con dos hijas en edad escolar y con actividades deportivas) para los cuales cuenta con el desplazamiento vehicular.
Parece, entonces, que en el caso el recaudo establecido en el art. 10 pto. 3 del Anexo II del decreto 532/09 afecta la esfera subjetiva de la reclamante de manera singular, al impedir el goce de los derechos constitucionales reclamados.
Para más, cabe reparar en que la autoridad estatal que impuso las sanciones cuenta con mecanismos expresamente regulados por el legislador para exigir y percibir el importe de las multas por infracciones de tránsito (conf. art. 35 bis, ley 13.927).
En definitiva, del análisis que antecede corresponde tener por acreditada, en esta etapa preliminar, la apariencia de buen derecho de quien acciona.
II.3. En cuanto al peligro en la demora, este Tribunal ha dicho que en la evaluación de este requisito general de toda medida cautelar es preciso ponderar tanto el gravamen que produciría la ejecución de la norma cuestionada si al cabo del proceso fuese declarada ilegítima -para el caso, inconstitucional-, como -y en relación con- aquel que resultaría de la paralización temporal de los efectos de dicha norma, en el supuesto de arribarse a una sentencia adversa a la pretensión (doctr. causas B. 65.168, "Burgués", resol. de 30-IV-2003; I. 3.521, cit.; e I. 68.183, cit.; I. 76.485, "Flores Pirán", resol. de 23-XI-2020; I. 77.485, cit.; I. 78.229, "Lallo", resol. de 2-VIII-2023; I. 78.662, "Bonelli", resol. de 11-VIII-2023; e.o.).
A los efectos del examen cautelar, son atendibles los argumentos vertidos por la demandante, pues dada la naturaleza de los derechos en juego y el tiempo que pudiera insumir arribar a la sentencia definitiva, frente al denunciado vencimiento de su licencia de conducir, es dable presumir que la amenaza de privación del pleno goce de su derecho a la libre circulación -en la especie, con potenciales repercusiones en su vida laboral, personal y familiar- durante el transcurso del proceso, le ocasionará un gravamen de imposible o muy difícil reparación ulterior.
III. Por todo lo expuesto, en el marco de provisoriedad inherente al despacho de las medidas cautelares y sin que ello implique emitir opinión sobre el fondo de la cuestión planteada, corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Disponer que, hasta tanto se dicte sentencia en este juicio, el Municipio de Trenque Lauquen deberá abstenerse de aplicar el punto 3 del art. 10 del Anexo II del decreto reglamentario 532/09 y, por lo tanto, habrá de continuar con el trámite administrativo de renovación de la licencia de conducir de la señora Mercedes Gortari (DNI 29.250.670) sin requerir la previa obtención del "libre deuda de infracciones de tránsito" y, en caso de ser necesario, gestionar las medidas que entienda necesarias a los fines del efectivo cumplimiento de lo aquí ordenado (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
Todo ello bajo responsabilidad de la actora, quien deberá prestar caución juratoria por todas las costas, daños y perjuicios que pudiere ocasionar la medida precautoria en caso de haberla pedido sin derecho (arts. 199, 232 y concs., CPCC).
II. A los fines de hacer efectiva la medida, prestada la caución, líbrense por Secretaría los oficios pertinentes.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/09/2025 13:23:00 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/09/2025 10:47:07 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/09/2025 11:32:34 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/10/2025 09:52:03 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/10/2025 10:00:28 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 02/10/2025 10:16:40 hs. bajo el número RR-712-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia