Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 81131
Lo que resolvió el tribunal
I. Disponer que, hasta tanto se dicte sentencia en este juicio, el Municipio de Cañuelas deberá abstenerse de aplicar el punto 3 del art. 10 del Anexo II del decreto reglamentario 532/09 y, por lo tanto, habrá de continuar con el trámite administrativo de renovación de la licencia de conducir del señor Daniel Alberto Capici (DNI 14.619.129), sin requerir la previa obtención del "libre deuda de infracciones de tránsito".
Todo ello bajo responsabilidad del actor, quien ya prestó caución juratoria en su presentación inicial por todas las costas, daños y perjuicios que pudiere ocasionar la medida en caso de haberla pedido sin derecho (arts. 199, 232 y concs., CPCC).
II. A los fines de hacer efectiva la tutela concedida, líbrense por Secretaría los oficios pertinentes.
I.81.131 "CAPICI, DANIEL ALBERTO C/ PROVINCIA BUENOS AIRES S/ INCONSTITUCIONALIDAD ART. 10 INC. 3 ANEXO II DECRETO 532/09"
I. El señor Daniel Alberto Capici acciona ante esta Suprema Corte en los términos de los arts. 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial y 161 inc. 1 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad del art. 10 pto. 3 del Anexo II del decreto 532/09, reglamentario de la Ley de Tránsito n°13.927, en tanto prevé como requisito para expedir la licencia de conducir "tener libre deuda de infracciones de tránsito".
En consecuencia, solicita que se le ordene a la Municipalidad de Cañuelas continuar con el trámite de renovación de su licencia sin que le sea exigido el requisito cuestionado.
Relata que el 12 de mayo del corriente, se presentó en la Dirección de Tránsito municipal para renovar su licencia. Tras realizar los trámites de rigor, le informaron que debía abonar en concepto de infracciones de tránsito más de cuatro millones de pesos, sin posibilidad de defensa, lo cual le resulta imposible de abonar. Debido a ello, los funcionarios le negaron la renovación de la licencia, amparándose en lo establecido por el decreto 532/09 aquí cuestionado (v. boleta de pago emitida el 12-v-2026 y carnet de conducir con fecha de vencimiento de 21-IV-2026, documentos adjuntos a la presentación de fecha 16-VI-2026).
En consecuencia y en el marco de la acción interpuesta, manifiesta que la norma en cuestión resulta un atropello y una violación clara a los principios de razonabilidad y jerarquía normativa, además de lesiva de derechos de raigambre constitucional, tales como la libertad de tránsito, el derecho al trabajo, el derecho de usar y disponer de la propiedad, la igualdad ante la ley y la libertad individual (cita arts. 14, 16, 19, 28, 31 y concs., Const. nac.).
Señala que las leyes nacionales 24.449 y 26.363 y provincial 13.927, tienen como norte la concientización, buscan unificar criterios y pautas de prevención en la siniestralidad vial y el control del tránsito, a fin de reducir la tasa de accidentes. Sin embargo, entiende que la exigencia del pago previo de supuestas multas para la renovación de la licencia de conductor, no se dirige a lograr la seguridad vial sino que -a su entender- encubre una finalidad recaudatoria. Incluso, asegura que "[l]a finalidad invocada por la norma no se corresponde con el mecanismo elegido para alcanzarla, especialmente cuando la Administración dispone de vías judiciales idóneas y eficaces para perseguir el cobro de las acreencias derivadas de infracciones de tránsito, sin necesidad de restringir derechos fundamentales mediante mecanismos indirectos de coerción".
Resalta que la norma atacada vulnera el principio de igualdad ante la ley, en tanto autoriza una situación de discriminación económica al impedir la renovación del registro de conducir a una persona de escasos recursos frente a otras que, más allá de las infracciones cometidas o su reiteración, pueden afrontar las deudas (cita art. 16, Const. nac.).
Destaca que la norma en crisis lesiona el principio de jerarquía o supremacía normativa en tanto, del análisis del texto del art. 13 inc. "c" de la ley nacional 24.449, se evidencia que "la finalidad perseguida por dicha normativa es claramente preventiva, orientada a disminuir la siniestralidad vial y proteger la integridad física de los habitantes", pero en ningún momento condiciona la renovación de la licencia al pago previo de multas (cita arts. 28 y 31, Const. nac.).
A su favor, da cuenta de jurisprudencia de esta Suprema Corte sobre la materia aquí debatida (cita causa I. 78.849, "Pérez Oriondo", resol. de 29-XI-2023) y de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de General San Martín.
Solicita, como medida cautelar, que se ordene a la Municipalidad de Cañuelas a que continúe con el trámite administrativo para la renovación de su licencia de conducir, sin que le sea requerida la acreditación de libre deuda por infracciones de tránsito.
En esta instancia, corresponde entonces expedirse sobre la tutela precautoria solicitada.
II. Ante todo cabe señalar que el reclamante invoca en sustento de su pretensión los derechos constitucionales al libre tránsito, al trabajo y disposición de su propiedad, además de los principios de razonabilidad, igualdad y libertad en términos generales. Si bien lo hace anidando dichas garantías en normas de la Constitución Nacional, se trata de aquellas que existen de manera coincidente en el texto de la Constitución de la Provincia (conf. doctr. causa B. 75.985, "Cámara Argentina de Fuegos Artificiales", resol. de 23-X-2019).
Siendo así, aun cuando es sabido que por la vía escogida solo pueden cuestionarse reglamentos por ser repugnantes de normas contenidas en esta última (art. 161 inc. 1, Const. prov. y 683, CPCC), en la especie puede prescindirse de un emplazamiento al demandante para que adecue su postulación en esos exactos términos. Lo anterior, por ser evidentes los preceptos supralegales que se dicen conculcados (conf. arts. 10, 11, 27 y 31, Const. prov.) y en virtud del principio pro actione (art. 15, Const. prov.; conf. doctr. causa I. 78.849, "Pérez Oriondo", resol. de 29-XI-2023).
III. Aclarado lo anterior, esta Corte ha resuelto en reiteradas oportunidades que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad, atento a la presunción de constitucionalidad o regularidad de la que gozan las normas susceptibles de ser cuestionadas por su conducto (doctr. causas I. 1.520, "Peltzer", resol. de 28-V-1991; I. 3.024, "Lavaderos de Lanas El Triunfo SA", resol. de 8-VII-2003; B. 67.594, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 3-II-2004; I. 68.944 "UPCN", resol. de 5-III-2008; I. 73.947, "Greppi", resol. de 22-XII-2015; I. 69.637, "Marín", resol. de 23-V-2017; I. 76.258, "Intendente de la Municipalidad de General San Martín", resol. de 27-XI-2019; I. 75.708, "Mendoza", resol. de 11-XII-2019; I. 76.482, "Química True S.R.L.", resol. de 7-X-2020; I. 77.032, "Isabella", resol. de 26-IV-2021; I. 75.756, "Barsi SA", resol. de 24-XI-2021; I. 77.485, "Zacarías", resol. de 28-XII-2021; I. 77.815, "Cagnone", resol. de 5-VIII-2022; I. 78.789, "Girotti Blanco", resol. de 30-V-2023; I. 78.041, "Radaelli", resol. de 31-VII-2023; e.o.).
Con todo, en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo acerca de su verosimilitud (art. 230 inc. 1, CPCC; doctr. causa I. 71.446, "Fundación Biosfera", resol. de 24-V-2011; e.o.), pues la finalidad del instituto cautelar no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético (doctr. causas B. 63.590, "Saisi", resol. de 5-III-2003; I. 72.634, "Frigorífico Villa Olga SA", resol. de 30-IV-2014 e I. 73.986, "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", resol. de 22-XII-2015; e.o.), se han acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada pueda generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado (doctr. causas I. 3.521, "Bravo", resol. de 9-X-2003 y sus citas e I. 68.183, "Del Potro", resol. de 4-V-2005, e.o.) y, por cierto, cuando de la apreciación de las circunstancias se advierte que el planteo formulado por quien objeta la constitucionalidad de la norma posee una seria y consistente apariencia de buen derecho (doctr. causa I. 74.061, "Romay", resol. de 4-V-2016 y sus citas).
Con ese criterio, en el marco provisional propio del despacho cautelar, se impone la justificación - prima facie - de la presencia de ambos elementos exigidos por la ley adjetiva ( fumus boni iuris y periculum in mora ) para proceder al despacho favorable de la tutela precautoria (arts. 230, 232 y concs., CPCC; doctr. B. 65.043, "Trade S.A.", resol. de 4-VIII-2004; I. 73.931, "Peralta", resol. de 6-IX-2017; I. 76.850, "Pavanel Egea", resol. de 23-II-2021; I. 78.674, "Mutilva", resol. de 24-X-2023; e.o.).
III.1. Ahora bien, resulta de interés advertir que este Tribunal se ha expedido recientemente en casos análogos al presente, resolviendo sobre pedidos cautelares como el que aquí llega al acuerdo (v. causas I. 78.849, cit.; I. 79.300, "Murri", resol. de 19-IV-2024; I. 79.435, "Ferreyra Domínguez Ortíz", resol. de 11-VII-2024; B. 79.875, "Abeti", resol. de 31-III-2025; I. 80.184, "Murri", resol. de 17-VII-2025; I. 80.280, "Gortari", resol. de 2-X-2025; I. 80.311, "Herrera", resol. de 12-II-2026; I. 80.640, "Frías", resol. de 6-IV-2026; B. 80.824, "Pardo", resol. de 14-V-2026).
En consecuencia, las consideraciones allí formuladas guiarán, en lo medular, la solución de la cuestión bajo análisis.
III.2. Respecto de la verosimilitud del derecho, el actor argumenta que se desprende de los hechos descriptos -analizados a la luz de las disposiciones constitucionales y legales invocadas- la violación de los principios de igualdad ante la ley, razonabilidad y sus derechos a transitar libremente, trabajar y ejercer toda industria lícita, usar y disponer de su propiedad. Cuestionamientos que, se adelanta, tienen asidero a los fines de considerar la medida pretendida.
Es que el demandante, a lo largo del escrito de inicio, manifiesta la necesidad de que la norma cuestionada no se transforme en un requisito que obstaculice la renovación de su licencia de conducir en tanto le traería consecuencias en el ejercicio concreto de sus derechos para el desenvolvimiento de su vida diaria. Así, remarca que la imposibilidad de conducir por falta de aquella, conculca su derecho al trabajo toda vez que realiza "changas de transporte" con su automóvil para procurar su sustento diario, el de su pareja y, eventualmente, el de su hija menor, quien a su vez es madre.
Parece, entonces, que en el caso el recaudo establecido en el art. 10 pto. 3 del Anexo II del decreto 532/09 afecta la esfera subjetiva del reclamante de manera singular, al impedir el goce de los derechos constitucionales reclamados.
Para más, cabe reparar en que la autoridad estatal que impuso las sanciones cuenta con mecanismos expresamente regulados por el legislador para exigir y percibir el importe de las multas por infracciones de tránsito (conf. art. 35 bis, ley 13.927).
En definitiva, del análisis que antecede corresponde tener por acreditada, en esta etapa preliminar, la apariencia de buen derecho de quien acciona.
III.3. En cuanto al peligro en la demora, este Tribunal ha dicho que en la evaluación de este requisito general de toda medida cautelar es preciso ponderar tanto el gravamen que produciría la ejecución de la norma cuestionada si al cabo del proceso fuese declarada ilegítima -para el caso, inconstitucional-, como -y en relación con- aquel que resultaría de la paralización temporal de los efectos de dicha norma, en el supuesto de arribarse a una sentencia adversa a la pretensión (doctr. causas B. 65.168, "Burgués", resol. de 30-IV-2003; I. 3.521, cit.; e I. 68.183, cit.; I. 76.485, "Flores Pirán", resol. de 23-XI-2020; I. 77.485, cit.; I. 78.229, "Lallo", resol. de 2-VIII-2023; I. 78.662, "Bonelli", resol. de 11-VIII-2023; e.o.).
A los efectos del examen cautelar, son atendibles los argumentos vertidos por el demandante, pues dada la naturaleza de los derechos en juego y el tiempo que pudiera insumir arribar a la sentencia definitiva, frente al denunciado vencimiento de su licencia de conducir, es dable presumir que la amenaza de privación del pleno goce de su derecho a la libre circulación -en la especie, con potenciales repercusiones en su vida laboral, personal y familiar- durante el transcurso del proceso, le ocasionará un gravamen de imposible o muy difícil reparación ulterior.
IV. Por todo lo expuesto, en el marco de provisoriedad inherente al despacho de las medidas cautelares y sin que ello implique emitir opinión sobre el fondo de la cuestión planteada, corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Disponer que, hasta tanto se dicte sentencia en este juicio, el Municipio de Cañuelas deberá abstenerse de aplicar el punto 3 del art. 10 del Anexo II del decreto reglamentario 532/09 y, por lo tanto, habrá de continuar con el trámite administrativo de renovación de la licencia de conducir del señor Daniel Alberto Capici (DNI 14.619.129), sin requerir la previa obtención del "libre deuda de infracciones de tránsito".
Todo ello bajo responsabilidad del actor, quien ya prestó caución juratoria en su presentación inicial por todas las costas, daños y perjuicios que pudiere ocasionar la medida en caso de haberla pedido sin derecho (arts. 199, 232 y concs., CPCC).
II. A los fines de hacer efectiva la tutela concedida, líbrense por Secretaría los oficios pertinentes.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/07/2026 14:10:01 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/07/2026 15:25:10 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 17/07/2026 08:43:59 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/08/2026 10:18:35 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/08/2026 11:05:09 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/08/2026 11:12:32 hs. bajo el número RR-659-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia