Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 81242
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar la causa remitida por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 4 del Departamento Judicial de La Plata, es de la competencia originaria de esta Suprema Corte de Justicia (art. 161 inc. 1, Const. prov.).
II. Radicarla ante estos estrados, en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo (art. 34 inc. 5, CPCC).
Mediante oficio electrónico, comuníquese lo resuelto al órgano que previno.
III. Disponer que, hasta tanto se dicte sentencia en este juicio, el Municipio de La Plata deberá abstenerse de aplicar el punto 3 del art. 10 del Anexo II del decreto reglamentario 532/09 y, por lo tanto, habrá de continuar con el trámite administrativo de renovación de la licencia de conducir del señor Alberto Fabián Torres (DNI 16.875.248) sin requerir la previa obtención del "libre deuda de infracciones de tránsito".
Todo ello bajo responsabilidad del actor, quien ya prestó caución juratoria en su presentación inicial por todas las costas, daños y perjuicios que pudiere ocasionar la medida en caso de haberla pedido sin derecho (arts. 199, 232 y concs., CPCC).
IV. A los fines de hacer efectiva la medida, prestada la caución, líbrense por Secretaría los oficios pertinentes.
I.81.242 "TORRES ALBERTO FABIAN C/ FISCALIA DE ESTADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTRO/A S/ INCONSTITUCIONALIDAD ART. 10 INC. 3 ANEXO II DECRETO 532/09"
I. Alberto Fabián Torres, acciona en los términos de los arts. 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial y 161 inc. 1 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad del art. 10 pto. 3 del Anexo II del decreto 532/09, reglamentario de la Ley de Tránsito n°13.927, en tanto prevé como requisito para expedir la licencia de conducir "tener libre deuda de infracciones de tránsito".
Explica que, próximo a vencer su licencia de conducir, inició los trámites correspondientes a su renovación, momento en el cual fue advertido que para continuar se le exigía el pago íntegro de la suma correspondiente a las infracciones de tránsito que surgían del sistema (v. licencia de conducir que expira el 23-VII-2026, boletas de pago correspondientes a la tasa provincial por servicios administrativos y al Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito, adjuntas a la presentación de fecha 1-VII-2026).
Sostiene que la norma impugnada incurre en exceso reglamentario y violación de la supremacía normativa al incorporar requisitos que ni la ley provincial 13.927, reglamentada por este, ni su par nacional 24.449 contemplan (cita arts. 31 y 99 inc.2, Const. nac.; 57 y 144 inc. 2, Const. prov.).
El denunciante afirma, además, que la norma es irrazonable y lesiona derechos de raigambre constitucional tales como el derecho al libre tránsito, a trabajar, a usar y disponer de la propiedad, a la igualdad (cita arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19 y 28, Const. nac.; 10, 11, 27 y 39, Const. prov.). Argumenta que el Estado ya dispone de un mecanismo legal a los efectos de hacerse del cobro de las infracciones de tránsito y, en consecuencia, señala que el argumento de la "seguridad vial" encubre una finalidad recaudatoria bajo la aparente invocación del valor "seguridad vial" (cita art. 35 bis, ley 13.927).
Es por todo ello que requiere el dictado de una medida cautelar mediante la cual se ordene tanto al Fisco provincial como al municipio de La Plata a que se abstengan de aplicar el inc. 3 del art. 10 del Anexo II del decreto 532/09 y permitan así que continúe y concluya el trámite de renovación de su licencia de conducir, sin exigir el previo “libre deuda de infracciones de tránsito”, hasta tanto recaiga sentencia definitiva (v. escrito electrónico de fecha 1-VII-2026).
II. La causa fue sorteada de conformidad con el régimen aplicable, resultando adjudicado el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 4 del Departamento Judicial de La Plata, el cual rehusó conocer en el asunto por razones de competencia y tras estimar que en autos se hallaba comprometida la competencia originaria de esta Suprema Corte (conf. arts. 166 inc. 1, Const. prov. y 683 y sigs. CPCC), se inhibió de entender en el asunto y dispuso elevar los obrados para su consideración (v. resol. de 7-VII-2026).
Así fue que las actuaciones quedaron radicadas en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo (v. providencia electrónica de fecha 8-VII-2026).
III. Más allá de la calificación atribuida a la acción promovida y el sorteo realizado por la Receptoría General de Expedientes, la lectura del escrito inicial da cuenta, efectivamente, de un cuestionamiento autónomo y abstracto del art. 10 del Anexo II del decreto reglamentario 532/09, por reputar el actor que las incompatibilidades allí receptadas resultan inconstitucionales por vulnerar los derechos fundamentales que enumera, garantizados en los textos constitucionales.
En consecuencia, corresponde declarar que la causa remitida por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 4 del Departamento Judicial de La Plata es de la competencia originaria de esta Suprema Corte, radicarla ante estos estrados, en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo (art. 161 inc. 1, Const. prov.; conf. doctr. causas B. 75.985, "Cámara Argentina de Fuegos Artificiales", resol. de 23-X-2019; B. 79.875, "Abeti", resol. de 31-III-2025; B. 80.311, "Herrera", resol. de 12-II-2026 y B. 80.824, "Pardo", resol. de 14-V-2026).
IV. Así las cosas, corresponde abocarse al tratamiento de la medida cautelar requerida en la demanda.
Respecto al alcance de la tutela, ante la alegada necesidad de trabajar, la vulneración de su derecho a la libertad de tránsito y con el fin de renovar su licencia de conducir, solicita que como medida cautelar se ordene tanto al Fisco provincial como a la Municipalidad de La Plata a que continúe con el trámite administrativo de renovación de aquella sin requerir la previa obtención de un "libre deuda" y/o pago de multas por infracciones de tránsito.
Cabe entonces analizar si se encuentran reunidos los presupuestos necesarios para el otorgamiento de la tutela precautoria que reclama.
IV.1. Esta Corte ha resuelto en reiteradas oportunidades que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad, atento a la presunción de constitucionalidad o regularidad de la que gozan las normas susceptibles de ser cuestionadas por su conducto (doctr. causas I. 1.520, "Peltzer", resol. de 28-V-1991; I. 3.024, "Lavaderos de Lanas El Triunfo SA", resol. de 8-VII-2003; B. 67.594, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 3-II-2004; I. 68.944 "UPCN", resol. de 5-III-2008; I. 73.947, "Greppi", resol. de 22-XII-2015; I. 69.637, "Marín", resol. de 23-V-2017; I. 76.258, "Intendente de la Municipalidad de General San Martín", resol. de 27-XI-2019; I. 75.708, "Mendoza", resol. de 11-XII-2019; I. 76.482, "Química True S.R.L.", resol. de 7-X-2020; I. 77.032, "Isabella", resol. de 26-IV-2021; I. 75.756, "Barsi SA", resol. de 24-XI-2021; I. 77.485, "Zacarías", resol. de 28-XII-2021; I. 77.815, "Cagnone", resol. de 5-VIII-2022; I. 78.789, "Girotti Blanco", resol. de 30-V-2023; I. 78.041, "Radaelli", resol. de 31-VII-2023; e.o.).
Con todo, en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo acerca de su verosimilitud (art. 230 inc. 1, CPCC; doctr. causa I. 71.446, "Fundación Biosfera", resol. de 24-V-2011; e.o.), pues la finalidad del instituto cautelar no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético (doctr. causas B. 63.590, "Saisi", resol. de 5-III-2003; I. 72.634, "Frigorífico Villa Olga SA", resol. de 30-IV-2014 e I. 73.986, "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", resol. de 22-XII-2015; e.o.), se han acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada pueda generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado (doctr. causas I. 3.521, "Bravo", resol. de 9-X-2003 y sus citas e I. 68.183, "Del Potro", resol. de 4-V-2005, e.o.) y, por cierto, cuando de la apreciación de las circunstancias se advierte que el planteo formulado por quien objeta la constitucionalidad de la norma posee una seria y consistente apariencia de buen derecho (doctr. causa I. 74.061, "Romay", resol. de 4-V-2016 y sus citas).
Con ese criterio, en el marco provisional propio del despacho cautelar, se impone la justificación - prima facie - de la presencia de ambos elementos exigidos por la ley adjetiva (f umus boni iuris y periculum in mora ) para proceder al despacho favorable de la tutela precautoria (arts. 230, 232 y concs., CPCC; doctr. B. 65.043, "Trade S.A.", resol. de 4-VIII-2004; I. 73.931, "Peralta", resol. de 6-IX-2017; I. 76.850, "Pavanel Egea", resol. de 23-II-2021; I. 78.674, "Mutilva", resol. de 24-X-2023; e.o.).
IV.2. Ahora bien, resulta de interés advertir que este Tribunal se ha expedido recientemente en casos análogos al presente, resolviendo sobre pedidos cautelares como el que aquí llega al acuerdo (v. causas I. 78.849, "Pérez Oriondo", resol. de 29-XI-2023; I. 79.300, "Murri", resol. de 19-IV-2024; I. 79.435, "Ferreyra Domínguez Ortíz", resol. de 11-VII-2024 y B. 79.875, cit.; I. 80.184, "Murri", resol. de 17-VII-2025; I. 80.280, "Gortari", resol. de 2-X-2025; I. 80.311, cit.; I. 80.640, "Frías", resol. de 6-IV-2026; B. 80.824, "Pardo", cit.).
En consecuencia, las consideraciones allí formuladas guiarán, en lo medular, la solución de la cuestión bajo análisis.
IV.3. Respecto de la verosimilitud del derecho, el actor argumenta que la misma resulta evidente a la luz de las disposiciones constitucionales y legales invocadas y la alegada la violación de los principios de igualdad ante la ley, razonabilidad y sus derechos a transitar libremente, trabajar y ejercer toda industria lícita, usar y disponer de su propiedad. Incluso, señala que el dictado de la medida pretendida no le genera un perjuicio al Estado demandado en tanto cuenta con la vía establecida en el art. 35 bis de la ley 13.927. Cuestionamientos que, se adelanta, tienen asidero a los fines de considerar la medida pretendida.
Es que el demandante, a lo largo del escrito de inicio, manifiesta la necesidad de que la norma cuestionada no se transforme en un requisito que obstaculice la renovación de su licencia de conducir en tanto le traería consecuencias en el ejercicio concreto de sus derechos para el desenvolvimiento de su vida diaria. Especialmente, señala que la imposibilidad de conducir por falta de aquella, conculca su derecho al trabajo toda vez que, siendo conductor profesional padece de una afectación directa e irreparable en su fuente de trabajo y sustento.
Parece, entonces, que en el caso el recaudo establecido en el art. 10 pto. 3 del Anexo II del decreto 532/09 afecta la esfera subjetiva del reclamante de manera singular, al impedir el goce de los derechos constitucionales reclamados.
Para más, cabe reparar en que la autoridad estatal que impuso las sanciones cuenta con mecanismos expresamente regulados por el legislador para exigir y percibir el importe de las multas por infracciones de tránsito (conf. art. 35 bis, ley 13.927).
En definitiva, del análisis que antecede corresponde tener por acreditada, en esta etapa preliminar, la apariencia de buen derecho de quien acciona.
IV.4. En cuanto al peligro en la demora, este Tribunal ha dicho que en la evaluación de este requisito general de toda medida cautelar es preciso ponderar tanto el gravamen que produciría la ejecución de la norma cuestionada si al cabo del proceso fuese declarada ilegítima -para el caso, inconstitucional-, como -y en relación con- aquel que resultaría de la paralización temporal de los efectos de dicha norma, en el supuesto de arribarse a una sentencia adversa a la pretensión (doctr. causas B. 65.168, "Burgués", resol. de 30-IV-2003; I. 3.521, cit.; e I. 68.183, cit.; I. 76.485, "Flores Pirán", resol. de 23-XI-2020; I. 77.485, cit.; I. 78.229, "Lallo", resol. de 2-VIII-2023; I. 78.662, "Bonelli", resol. de 11-VIII-2023; e.o.).
A los efectos del examen cautelar, son atendibles los argumentos vertidos por el demandante, pues dada la naturaleza de los derechos en juego y el tiempo que pudiera insumir arribar a la sentencia definitiva, frente al denunciado vencimiento de su licencia de conducir, es dable presumir que la amenaza de privación del pleno goce de su derecho a la libre circulación -en la especie, con potenciales repercusiones en su vida laboral- durante el transcurso del proceso, le ocasionará un gravamen de imposible o muy difícil reparación ulterior.
V. Por todo lo expuesto, en el marco de provisoriedad inherente al despacho de las medidas cautelares y sin que ello implique emitir opinión sobre el fondo de la cuestión planteada, corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Declarar la causa remitida por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 4 del Departamento Judicial de La Plata, es de la competencia originaria de esta Suprema Corte de Justicia (art. 161 inc. 1, Const. prov.).
II. Radicarla ante estos estrados, en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo (art. 34 inc. 5, CPCC).
Mediante oficio electrónico, comuníquese lo resuelto al órgano que previno.
III. Disponer que, hasta tanto se dicte sentencia en este juicio, el Municipio de La Plata deberá abstenerse de aplicar el punto 3 del art. 10 del Anexo II del decreto reglamentario 532/09 y, por lo tanto, habrá de continuar con el trámite administrativo de renovación de la licencia de conducir del señor Alberto Fabián Torres (DNI 16.875.248) sin requerir la previa obtención del "libre deuda de infracciones de tránsito".
Todo ello bajo responsabilidad del actor, quien ya prestó caución juratoria en su presentación inicial por todas las costas, daños y perjuicios que pudiere ocasionar la medida en caso de haberla pedido sin derecho (arts. 199, 232 y concs., CPCC).
IV. A los fines de hacer efectiva la medida, prestada la caución, líbrense por Secretaría los oficios pertinentes.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/07/2026 14:10:01 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/07/2026 15:25:13 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 17/07/2026 08:44:00 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/08/2026 10:18:37 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/08/2026 11:05:10 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/08/2026 11:12:33 hs. bajo el número RR-660-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia