Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 78041
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la medida cautelar solicitada (arts. 195, 230, 232, y concs., CPCC).
I.78.041 “RADAELLI, NATALIA CAROLINA Y OTRO C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/INCONSITITUCIONALIDAD ART 16 INC. 1 DEL. DECRETO LEY 9020/78”
I. La escribana Natalia Carolina Radaelli acciona ante esta Suprema Corte en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial y, en su condición de notaria titular del Registro de Escrituras Públicas N°52 de San Isidro, pretende la declaración de inconstitucionalidad del art. 16 inc. 1 del decreto ley 9.020/78 -texto según ley 14.099- que dispone que "Cada notario titular, podrá proponer un único adscripto siempre que se reúnan los siguientes requisitos: 1. Tener una antigüedad como Titular de Registro de la Provincia no inferior a cinco años contada desde la primera escritura autorizada. Este requisito no será exigible para el adscripto que accede a la titularidad, en los casos que se hubiere desempeñado en tal carácter, en ese mismo registro y en forma ininterrumpida, por un plazo no inferior a diez (10) años."
Explica que en virtud de lo que determina la norma transcripta, un escribano titular de un registro puede nombrar a un notario adscripto pasados los cinco años desde la primera escritura, salvo que previamente a ser designado como titular se haya desempeñado como adscripto de ese mismo registro durante el término de 10 años, ya que en estos casos la ley lo exime de tener que cumplir con el mencionado requisito.
II. Relata que a comienzos del año 2012 fue designada escribana adscripta al Registro de Escrituras Públicas N°52 de San Isidro y el 17 de marzo de 2020 fue nombrada titular de ese mismo registro.
Luego, que el 11 de abril de 2022 solicitó formalmente ante la Dirección Provincial de Entidades Profesionales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia la designación del doctor Rafael Tommei como escribano adscripto a su registro y que el mencionado organismo rechazó la petición argumentando que no reunía la antigüedad exigida por el art. 16 inc. 1 del decreto ley 9.020/78 "...ya que no se pueden sumar los años de adscripto y aquellos en que el notario se desempeña como titular a fin de ejercer la facultad prevista por el mencionado artículo".
En ese sentido, sostiene que la referida norma infringe sus derechos de igualdad ante la ley y a trabajar, en tanto no prevé que en un caso como el suyo -se desempeñó cerca de 8 años como adscripta y luego más de 2 como titular de un mismo registro- pueda ejercer la potestad que se le otorga a aquellos notarios que cuenten con 10 años como adscriptos y hayan sido posteriormente designados titulares.
Agrega que la raíz del problema estaría dada por la inclusión de la frase "en tal carácter" en el inciso cuestionado, ya que en los fundamentos de la ley 14.099 por la que se modificó el decreto ley 9.020/78 no se encontraba incluida la distinción entre la antigüedad en el registro en condición de escribano titular, de un lado, o de escribano adscripto, de otro.
En esa inteligencia, afirma que la intención del legislador era otra de la que finalmente se plasmó en la norma, al sostener que resulta irrelevante cuántos años se desempeñó un escribano como adscripto y cuántos como titular "...siendo lo único importante haberse desempeñado por un plazo no inferior a 10 años en un mismo Registro Notarial".
Defiende su postura señalando que la comisión que se constituyó en las XXXV Jornadas Notariales Bonaerenses celebradas en la ciudad de Tandil en el año 2007 propuso que el texto del inciso en cuestión quedara redactado de la siguiente forma: "...este requisito no será exigido para el adscripto que acceda a la titularidad, en los casos que se hubiere desempeñado en ese mismo registro ininterrumpidamente por un plazo no inferior a diez años", sin agregar la frase "en tal carácter".
Requiere que hasta tanto se dicte sentencia en autos se ordene la suspensión de los efectos del art. 16 inc. 1 del decreto ley 9.020/78 -texto según ley 14.099- y se admita el pedido por ella realizado tendiente a que el doctor Rafael Tommei sea designado como escribano adscripto al registro del cual la doctora Natalia Carolina Radaelli es titular.
III.1. Este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que la observancia de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria, atento la presunción de constitucionalidad o regularidad de la que gozan las normas susceptibles de ser cuestionadas por su conducto (doctr. causas I. 3.024, "Lavaderos de Lanas El Triunfo SA", resol. de 8-VII-2003; B. 67.594, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 3-II-2004; I. 68.944, "UPCN", resol. de 5-III-2008; I. 71.446, "Fundación Biosfera", resol. de 24-V-2011; I. 74.048, "ATE", resol. de 24-V-2016 e I. 75.756, "Barsi SA", resol. de 24-XI-2021; e.o.).
Con todo, en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino solo acerca de su verosimilitud (art. 230 inc. 1, CPCC; doctr. causa I. 71.446, cit., e.o.), pues la finalidad del instituto cautelar no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético (doctr. causas B. 63.590, "Saisi", resol. de 5-III-2003, I. 72.634, "Frigorífico Villa Olga SA", resol. de 30-IV-2014 e I. 73.986, "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", resol. de 22-XII-2015, e.o.), se han acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada pueda generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado (doctr. causas I. 3.521, "Bravo", resol. de 9-X-2003 y sus citas e I. 68.183, "Del Potro", resol. de 4-V-2005, e.o.) y, por cierto, cuando de la apreciación de las particularidades del caso se advierte que el planteo formulado por quien objeta la constitucionalidad de la norma posee una seria y consistente apariencia de buen derecho (doctr. causa I. 74.061, "Romay", resol. de 4-V-2016 y sus citas).
A la luz de los parámetros señalados, se debe analizar si en la especie se encuentran reunidos los extremos requeridos por la ley procesal inherentes a la petición precautoria, sopesando su concurrencia en el asunto traído a conocimiento del Tribunal (arg. arts. 230, 232 y concs., CPCC).
III.2. Teniendo en consideración que la finalidad del proceso cautelar consiste en asegurar la eficacia práctica de la sentencia que debe recaer en un proceso, corresponde adelantar que los requisitos que tornarían procedente el dictado de la medida solicitada no surgen, por ahora, suficientemente acreditados.
III.2.i. Más allá de la imposibilidad de determinar con los elementos obrantes en la causa cómo la norma impugnada -que se limita a establecer el plazo necesario para que un escribano titular pueda nombrar a un notario adscripto-, analizada de forma abstracta, podría infringir los alegados derechos a la igualdad ante la ley y al trabajo, lo cierto es que el argumento a través del cual la demandante llega a esa afirmación carece de la fuerza suficiente para satisfacer el recaudo de verosimilitud en el derecho.
Ella funda la violación a los derechos referidos sosteniendo que el texto plasmado por la ley 14.099 en el art. 16 inc. 1 del decreto ley 9.020/78 no se condice con lo que efectivamente debería disponer, si se hubieran tenido en cuenta los fundamentos que informaron a la norma que se sancionó y lo planteado en las XXXV° Jornadas Notariales Bonaerenses celebras en Tandil en el año 2007, ya que de allí se desprendería -siempre a juicio de la reclamante- que la voluntad del legislador era la de brindar la potestad de nombrar a un notario adscripto a todos los escribanos titulares de un registro que hubieran cumplido 10 años ejerciendo la profesión en la misma escribanía, sin importar qué cantidad de esos 10 años se hayan ejercido como titular o como adscripto.
Textualmente, en la demanda precisa: "la intención del legislador fue claramente la siguiente: si un escribano se desempeña en un Registro Notarial, como adscripto o titular, por un plazo mayor a 10 años, se encuentra habilitado para solicitar la designación de un adscripto. Es irrelevante cuántos años se desempeñó como adscripto y cuántos como titular siendo lo único importante haberse desempeñado por un plazo no inferior a 10 años en un mismo Registro Notarial".
Un argumento de ese tipo, que se limita a atacar el contenido de una norma por contraste con lo que debería disponer si se hubieran atendido ciertos puntos de los antecedentes previos a su sanción, prima facie analizado, no resulta suficiente para concluir que la pretensión tenga sustento en un derecho verosímil.
III.2.ii. Tampoco se configura en la especie un supuesto de peligro en la demora que justifique la concesión del remedio preventivo solicitado (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
Este Tribunal ha dicho que en la evaluación de este requisito general de toda medida cautelar es preciso ponderar tanto el gravamen que produciría la ejecución de la norma cuestionada si al cabo del proceso fuese declarada ilegítima -para el caso, inconstitucional-, como -y en relación con- aquel que resultaría de la paralización temporal de los efectos de dicha norma, en el supuesto de arribarse a una sentencia adversa a la pretensión (doctr. causa B. 65.168, "Burgués", resol. de 30-IV-2003).
Acá debe ponerse de relieve que la actora parte de la base de que resulta inequívoca la demostración de la verosimilitud del derecho -que, conforme lo expuesto en los considerandos precedentes, no es tal- y, así, afirma que lo resuelto por la Dirección Provincial de Entidades Profesionales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, al no hacer lugar a su pedido de designación del doctor Rafael Tommei como escribano adscripto a su registro por no reunir la antigüedad exigida por el art. 16 inc. 1 del decreto ley 9.020/78, le generaría un gravamen irreparable por tener que rechazar trabajos que, de tener un escribano adscripto, podría hacerlos.
La supuesta merma en la calidad y cantidad de los trabajos que realiza la escribanía por no contar con un notario adscripto, en la que podría basarse el peligro en la demora, es un hecho sobre el cual no se ha ofrecido prueba y que no cabe presumir.
III.3. Así las cosas, a esta altura del proceso no se advierte la existencia de un margen significativo o apreciable de riesgo de afectación constitucional que, prima facie considerado, justifique la protección urgente solicitada (doctr. arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar la medida cautelar solicitada (arts. 195, 230, 232, y concs., CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/06/2023 18:47:01 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/06/2023 10:56:24 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/06/2023 13:31:06 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 30/07/2023 22:43:22 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/07/2023 07:40:30 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 31/07/2023 08:00:59 hs. bajo el número RR-656-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia