Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 78041
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la medida cautelar solicitada (arts. 195, 230, 232, y concs., CPCC).
I.78.041 "RADAELLI, NATALIA CAROLINA Y OTRO C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ INCONSITITUCIONALIDAD ART 16 INC. 1 DEL. DECRETO LEY 9020/78"
I. Mediante resolución del 30-VII-2023 este Tribunal rechazó la medida cautelar solicitada por la escribana Natalia Carolina Radaelli tendiente a que se suspenda la aplicación del art. 16 inc. 1 del decreto ley 9.020/78 y, como consecuencia de ello, a que se le permita nombrar al doctor Rafael Tommei en calidad de notario adscripto al Registro de Escrituras Públicas N°52 de San Isidro del cual ella es escribana titular, a pesar de no contar con la antigüedad requerida por la norma atacada para realizar la referida designación.
Para así decidir, se ponderó que en el caso no se configuraban los requisitos de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora requeridos por la ley procesal para la concesión de ese tipo de medidas.
El primero, teniendo en cuenta que con los elementos acompañados en el expediente resultaba imposible determinar cómo el referido artículo (que se limita a establecer el plazo necesario para que un escribano titular pueda nombrar a un notario adscripto), analizado de forma abstracta, podría infringir los derechos a la igualdad ante la ley y al trabajo esgrimidos en el escrito de demandada.
El otro, porque resultaba insuficiente la mera alegación sobre la cantidad de tareas que se veía obligada a rechazar la doctora Radaelli al no contar con otro notario que la asistiera en su tarea profesional diaria, para justificar el gravamen irreparable que le habría generado la Dirección Provincial de Entidades Profesionales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos al rechazar su pedido de designación del doctor Rafael Tommei como escribano adscripto a su registro, por no reunir la antigüedad exigida por el art. 16 inc. 1 del decreto ley 9.020/78.
II. El 18-XII-2023 se presenta este último notario y requiere el dictado de la misma medida cautelar otrora rechazada.
Explica que oportunamente adhirió a la demanda presentada por la doctora Radaelli, ya que en el "otrosí digo" del escrito de inicio ratificó en todos sus términos el pedido de inconstitucionalidad allí planteado, por ocasionarle un gravamen irreparable al vulnerar sus derechos a la igualdad ante la ley y al trabajo.
Sin agregar nuevos argumentos a los anteriormente planteados, sostiene que por aplicación de la norma cuestionada tiene que esperar un plazo de dos años para poder ser designado como adjunto por la notaria titular, lo cual atentaría contra su proyecto de vida y, sobre todo, contra su derecho a la igualdad, al poseer los mismos requisitos que otros escribanos que acceden a la posición a la que él aspira.
III.1. Tal como se dijo en la resolución de 31-VII-2023, este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que la observancia de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria, atento la presunción de constitucionalidad o regularidad de la que gozan las normas susceptibles de ser cuestionadas por su conducto (doctr. causas I. 3.024, "Lavaderos de Lanas El Triunfo SA", resol. de 8-VII-2003; B. 67.594, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 3-II-2004; I. 68.944, "UPCN", resol. de 5-III-2008; I. 71.446, "Fundación Biosfera", resol. de 24-V-2011; I. 74.048, "ATE", resol. de 24-V-2016 e I. 75.756, "Barsi SA", resol. de 24-XI-2021; e.o.).
Con todo, en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino solo acerca de su verosimilitud (art. 230 inc. 1, CPCC; doctr. causa I. 71.446, cit., e.o.), pues la finalidad del instituto cautelar no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético (doctr. causas B. 63.590, "Saisi", resol. de 5-III-2003, I. 72.634, "Frigorífico Villa Olga SA", resol. de 30-IV-2014 e I. 73.986, "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", resol. de 22-XII-2015, e.o.), se han acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada pueda generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado (doctr. causas I. 3.521, "Bravo", resol. de 9-X-2003 y sus citas e I. 68.183, "Del Potro", resol. de 4-V-2005, e.o.) y, por cierto, cuando de la apreciación de las particularidades del caso se advierte que el planteo formulado por quien objeta la constitucionalidad de la norma posee una seria y consistente apariencia de buen derecho (doctr. causa I. 74.061, "Romay", resol. de 4-V-2016 y sus citas).
Desde esa óptica cabe afirmar, de nuevo, que en la especie no se encuentran reunidos los extremos requeridos por la ley procesal inherentes a la petición precautoria solicitada.
III.2.i. En primer lugar porque todos los argumentos mediante los cuales se rechazó la medida cautelar pedida por la doctora Radaelli son replicables respecto del requerimiento del doctor Tommei, en tanto sus postulaciones son idénticas por haber este último simplemente ratificado en todos sus términos el pedido de inconstitucionalidad presentado por aquella.
Nada agrega el escrito del 18-XII-2023 que permita clarificar a este Tribunal cómo el texto del art. 16 inc. 1 del decreto ley 9.020/78 infringiría los alegados derechos a la igualdad ante la ley y al trabajo, por no condecirse con lo que -a juicio de los reclamantes- efectivamente debería disponer si se hubieran tenido en cuenta los fundamentos que informaron a la norma que se sancionó y lo planteado en las XXXV° Jornadas Notariales Bonaerenses celebras en Tandil en el año 2007, ya que de allí se desprendería que la voluntad del legislador era la de brindar la potestad de nombrar a un notario adscripto a todos los escribanos titulares de un registro que hubieran cumplido 10 años de ejercicio profesional en la misma escribanía, sin importar qué cantidad de esos 10 años se hayan ejercido como titular o como adscripto.
Se insiste, un argumento de ese tipo, que se limita a atacar el contenido de una norma por contraste con lo que debería disponer si se hubieran atendido ciertos puntos de los antecedentes previos a su sanción, prima facie analizado, no resulta suficiente para concluir que la pretensión tenga sustento en un derecho verosímil.
III.2.ii. Pero además porque el doctor Tommei parte de una premisa no verificada en su nueva presentación para justificar la forma en la que la norma atacada violaría su derecho a la igualdad y cómo eso probaría el peligro en la demora.
Allí afirma que se encuentra en una situación desigual porque reúne todas las condiciones para ser nombrado escribano adjunto y que diariamente son designados otros profesionales que se encuentran en su misma situación.
Sin embargo, ese argumento pierde sostén a poco de observar que el rechazo de la Dirección Provincial de Entidades Profesionales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos está fundamentado en la falta de cumplimiento de un requisito esencial para que un escribano titular pueda nombrar a un adjunto -reunir la antigüedad exigida por la ley-, con lo que se infiere que el doctor Tommei no se encuentra en la misma situación que el resto de los escribanos que regularmente acceden a esa función, pues en el caso es propuesto como adjunto por una titular que carece de los años requeridos por la norma.
III.3. Así las cosas, a esta altura del proceso no se advierte la existencia de un margen significativo o apreciable de riesgo de afectación constitucional que, prima facie considerado, justifique la protección urgente solicitada (doctr. arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar la medida cautelar solicitada (arts. 195, 230, 232, y concs., CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/02/2024 18:03:27 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/02/2024 08:48:35 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/02/2024 15:17:34 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/02/2024 11:50:52 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/02/2024 12:24:22 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 26/02/2024 12:33:33 hs. bajo el número RR-77-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia