Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 75865
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar a la excepción de incompetencia planteada por el señor Asesor General de Gobierno a fs. 117/120 y rechazar, por extemporánea, la demanda originaria de inconstitucionalidad promovida por las firmas "Pacerlas SRL" y "El Resguardo SA" (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 683 y 684, CPCC). Con costas (art. 68, CPCC).
II. Por su actuación profesional en autos y en virtud del resultado obtenido, regúlanse los honorarios de la doctora Florencia Esteban en la suma de … (…) Jus arancelarios (arts. 16 inc. "e", 26 y 49, ley 14.967) y los del señor Asesor General de Gobierno en la suma de … (…) Jus arancelarios (arts. 16 inc. "e" y 49, ley 14.967), cantidades a las que se deberá adicionar el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6716) y lo que resulte de la condición del primero de los nombrados frente al IVA.
Costas a la parte actora (art. 68, CPCC).
I.75.865 “PARCELAS S.R.L. C/ PROVINCIA DE BS. AS. S/ INCONST. ART. 169 COD. FISCAL”
I. Las firmas "Parcelas SRL" y "El Resguardo SA", a través de apoderada, promueven la presente acción originaria de inconstitucionalidad en los términos de los arts. 161 inc. 1° de la Constitución provincial y 683 y sigs. del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que se declare la invalidez del art. 169 del Código Fiscal, por medio del cual se creó el Impuesto Inmobiliario Complementario. A su vez, solicitan el reintegro de los importes que han abonado en tal concepto.
Relatan que la actividad comercial que desarrollan involucra la compra de tierras para la subdivisón de parcelas y posterior venta de tales unidades, en cuotas a largo plazo. Así, manifiestan que mantienen la titularidad registral de los bienes hasta tanto los nuevos adquirentes procedan a la efectiva escrituración de la operación realizada.
En este contexto indican que, el 21 de febrero de 2019, la primera de las accionantes recibió el mandamiento de intimación de pago librado en los autos "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Parcelas SRL s/ Apremio", en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial de Quilmes. En virtud de ello, señalan que tras efectuar una consulta en la Mesa de Entradas Virtual (MEV), tomaron conocimiento del proceso iniciado contra la segunda de las actoras, el que aún no se encontraba notificado al momento de interponer la presente acción (v. fs. 103 vta.).
Ahora bien, afirman que ante la urgente necesidad de que se procediera al levantamiento de las medidas cautelares dispuestas en dichos juicios –esto es, la inhibición general de bienes y el embargo de las cuentas bancarias-, debieron avenirse al plan de pago propuesto por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA). De este modo, suscribieron un acuerdo de reconocimiento de deuda y renunciaron a cualquier reclamo posterior.
Sin embargo, sostienen que dicho pacto carece de valor jurídico, al haberse formalizado ante el "estado de necesidad" en que se encontraban las peticionantes. Por otro lado, alegan que el planteo de inconstitucionalidad aquí formulado continúa vigente, puesto que su conducta no debe ser interpretada como un consentimiento tácito de la aplicación de la norma impugnada.
Respecto al plazo de 30 días establecido en el art. 684 del código de rito, atento la índole de los intereses invocados, señalan que éste comenzó a correr "desde que el precepto impugnado afectó concretamente los derechos patrimoniales de mis mandantes, lo que ocurrió el 21 de febrero de 2019 cuando Parcelas SRL recibió el mandamiento de intimación de pago y respecto de El Resguardo SA cuando se avino al pago de las costas con fecha 11/3/2019" (v. fs. 104 vta.).
Finalmente, puntualizan que la norma cuestionada vulnera los arts. 10 y 11 de la Carta local y los arts. 4, 16, 17, 28 y 33 de la Constitución nacional y contraría los principios de equidad, proporcionalidad y razonabilidad que rigen la materia.
II. Con fecha 6 de septiembre de 2020 el Asesor General de Gobierno se presenta y deduce excepción de incompetencia, por inadmisibilidad temporal de la acción. Ello, toda vez que entiende que el plazo debe computarse a partir momento en que entró a regir la ley 14.394 por medio de la cual se instituyó la norma atacada, lo que tuvo lugar el 1° de enero de 2013 (v. fs. 117/120).
El día 17 del mismo mes y año, contesta la demanda sobre el fondo del asunto, oportunidad en la que realiza una defensa de la constitucionalidad de dicho precepto (v. fs. 122/126).
III. Por su parte, el 14 de octubre de 2019, la accionante denuncia el pago del impuesto que debió realizar la firma "El Resguardo SA" a raíz de la escrituración del inmueble identificado con la Partida 120-109671. En consecuencia, requiere la ampliación del pedido de repetición efectuado en su escrito inicial y la incorporación de este concepto a su reclamo (v. fs. 138/139).
IV. Sustanciadas ambas presentaciones, con fecha 14 de noviembre de 2019 el señor Asesor General de Gobierno se opone a la incorporación del alegado hecho nuevo y, con fecha 3 de agosto del corriente año, la parte actora solicita la desestimación de la defensa articulada por la Provincia.
V. Las actuaciones pasan al acuerdo continuo del Tribunal con el objeto de resolver las siguientes cuestiones: a) la excepción de incompetencia planteada por el señor Asesor General de Gobierno y, en caso de no prosperar esa defensa, b) la admisibilidad del hecho nuevo invocado por las peticionantes bajo las circunstancias impeditivas alegadas por la accionada.
V.1. En primer lugar, cabe señalar que ambas partes coinciden en el carácter patrimonial de la pretensión esgrimida y la consiguiente aplicación del plazo de caducidad establecido en el art. 684 del código de rito; sin embargo, discrepan acerca del momento a partir del cual debe operar su cómputo.
La actora sostiene en su escrito postulatorio que el término de 30 días para promover la demanda se inició el 21 de febrero respecto de la empresa "Parcelas SRL" y el 3 de marzo, ambos del año 2019, en relación a la firma "El Resguardo SRL", por haber sido estas las fechas en que se notificó el mandamiento de intimación de pago y se produjo el avenimiento a la cancelación de las costas del proceso, respectivamente. Así, interpretan que estos hechos, que han tenido lugar en el marco de los correspondientes juicios de apremio seguidos en su contra, constituyen la afectación concreta a sus derechos a la que alude el citado art. 684. Por ello, consideran que la interposición de la acción el 9 de abril de 2019 ha sido tempestiva (v fs. 104 vta.).
En apoyo de su postura, argumentan que dada la actividad inmobiliaria que desarrollan, la entrada en vigencia de la ley 14.394 no provocó un perjuicio concreto a sus derechos, dado que "la titularidad de más de un inmueble -que resulta condición para ser alcanzado por el impuesto inmobiliario complementario-, no se presenta en este caso como una circunstancia ordinaria y duradera, desde que los bienes están destinados a ser transferidos y mientras tanto, los adquirentes de los lotes asumen el pago de los impuestos existentes y los que se creen, conforme surge de los boletos de compraventa de estilo" (v. presentación electrónica del 3-VIII-2020, a las 12:08:54 a.m.). De modo que, concluyen, la afectación sólo se materializó al anoticiarse de sendos procesos de apremio.
Por el contrario, el Asesor General de Gobierno afirma que la demanda se dedujo en forma extemporánea. En este sentido, resalta que la afectación concreta a la que hace mención el referido art. 684 se produjo cuando la norma cuestionada comenzó a regir. Manifiesta que, toda vez que las obligaciones fiscales se presumen conocidas por los contribuyentes desde su publicación, mal podría alegarse el desconocimiento o error de derecho.
En consecuencia, recuerda que "el impugnado artículo 169 del Código Fiscal, en cuanto regula el Impuesto Inmobiliario Complementario, se instituyó por el artículo 114 de la Ley N° 14.394 (Impositiva para el Ejercicio Fiscal 2013), el cual entró en vigor a partir de enero de 2013" (v. fs. 119).
V.2. De los términos del escrito de inicio se extrae que la naturaleza de la norma cuestionada y los agravios en los que se funda la impugnación revisten un contenido eminentemente patrimonial. Ello impone –tal como indican las partes- la aplicación de la regla prevista en el art. 684 del Código Procesal Civil y Comercial, conforme a la cual la demanda originaria de inconstitucionalidad deberá interponerse dentro del plazo de treinta días (doctr. causas I. 70.883, "D'Argenio", resol. de 19-V-2010; I. 69.175, "Distribuidora REL S.R.L.", resol. de 13-IV-2011; I. 1.861, "Rodríguez", sent. de 1-VI-2011; I. 74.191, "Antivari S.A.", resol. de 10-VIII-2016; "Bolsa de Cereales, Oleaginosos, Frutos y Productos de Bahía Blanca", resol. de 27-VI-2018; I. 74.210, "Bolsatodo S.R.L.", resol. de 21-XI-20118; I. 72.214, "Quiet S.A.", sent. de 10-IV-2019; e.o.).
Es necesario, entonces, determinar la fecha que ha de servir de dies a quo para el cálculo de dicho término, a fin de decidir acerca de la tempestividad o no de la pretensión articulada.
De acuerdo a la norma referida, el plazo aludido debe computarse "…desde que el precepto impugnado afecte concretamente los derechos patrimoniales del actor"; con lo cual, más allá del supuesto en que la pretensión es ejercida con finalidad preventiva, el momento a partir del cual comienza a correr dicho término es una cuestión de hecho que ha de verificarse en cada caso (doctr. causas I. 1.591, "González", sent. de 20-X-1998; I. 2.148, "Mule", sent. de 21-V-2008; I. 3.231, "Supermercados Norte S.A.", sent. de 15-XII-2015; I. 74.210, cit.; I. 72.510, "Tarasiuk", resol. de 17-X-2018; I. 72.214, cit.; e.o.).
Sobre esa base, esta Suprema Corte ha sostenido que, si del relato y los antecedentes de la causa surge que la afectación de la situación invocada por quien acciona se produjo con el dictado de la norma que cuestiona por establecerse en ella la obligación pecuniaria aplicable a su situación y por quedar con su vigencia sujeto al cumplimiento de tal imposición, el plazo de caducidad debe computarse desde aquel momento (doctr. causas I. 1.854, "Lamano", resol. de 11-X-1995; I. 2.148, cit.; I. 74.210, cit.; I. 72.214, cit.; e.o.).
También se ha dicho que el art. 684 del código de rito no exige el dictado de un acto administrativo de alcance particular para considerar afectados de modo concreto los derechos patrimoniales de los contribuyentes comprendidos en las normas atacadas y, por tanto, sujetos a la obligación de pago del impuesto en cuestión. Lo determinante del caso, a efectos de iniciar el cómputo del plazo de caducidad, es que de los hechos acreditados en la causa resulte inequívoca la aplicación del precepto impugnado a quien persigue su declaración de inconstitucionalidad (doctr. causas I. 1.514, "Chirdo", resol. de 23-IV-1991; I. 1.513, "Merlo", resol. de 18-V-1991; I. 1.329, "Playamar S.R.L.", sent. de 10-XII-1992; I. 1.451, "Clínica Cosme Argerich", sent. de 5-III-1996; I. 2009, "Falocco", sent. de 7-X-1997; I. 2.151, "Smaldini", resol. de 8-IX-1998; I. 1.607, "Hidalgo", sent. de 13-IV-1999; I. 2.160, "Parque Eterno C.A.", resol. de 27-IV-1999; I. 2.219, "Serrano González", sent. de 3-IV-2008 e I. 2.148, cit.; I. 72.214, cit.; e.o.).
V.3. Conforme lo expuesto, cabe ponderar que en las presentes actuaciones, únicamente se cuestiona la validez constitucional del art. 169 del Código Fiscal, por medio del cual se creó el Impuesto Inmobiliario Complementario.
Al respecto, es dable recordar que este tributo fue incorporado con la reforma introducida a ese cuerpo legal por la ley 14.394 –impositiva para el año 2013-, sancionada el 1° de noviembre del año 2012 y publicada en el Boletín Oficial N° 26.953 (suplemento) del día 15 de noviembre de 2012.
Dicho ello y a pesar de la falta de impugnación por parte de las actoras, no escapa al análisis del Tribunal que los arts. 169 y sigs., integrantes del Título I del Código Fiscal, sufrieron modificaciones con posterioridad a la citada ley. Así, los últimos cambios normativos fueron introducidos a través de la ley 15.079, sancionada el 3 de diciembre de 2018 y publicada el 11 de diciembre de 2018 en el Boletín Oficial N° 28.418.
A su vez, mediante las resoluciones normativas 52/17 y 2/19, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) estableció una serie de mecanismos tendientes a la implementación gradual de aquellos preceptos. La primera de estas disposiciones fue emitida el 21 de diciembre de 2017 y se publicó en Boletín Oficial N° 28.185 del día 29 de diciembre del mismo año; mientras que la segunda de ellas fue dictada el 15 de enero de 2019 y publicada en el Boletín Oficial N° 28.445 del día 21 de enero 2019 (conf. causa I. 76.124, "Clamaco SA", resol. de 23-X-2019).
V.4. En este marco, las accionantes -como se adelantó- expresamente fundan la tempestividad de la interposición de la demanda en el entendimiento de que el plazo de caducidad debe correr a partir del anoticiamiento de la existencia de una pretensión fiscal a su respecto. En este sentido, identifican esa oportunidad, por un lado, con la fecha de la notificación del mandamiento de intimación de pago y embargo cursado a la firma "Parcelas SRL" (21-II-2019) y, por el otro, con el avenimiento a la cancelación de las costas judiciales por parte de "El Resguardo SA" en el proceso de apremio iniciado en su contra (11-III-2019).
Resulta, entonces, que proponen el cálculo del término previsto en el art. 684 de la ley ritual desde un momento que no se identifica ni se ajusta con las pautas arriba referenciadas, aplicables al caso, sino con una particular manifestación de la actividad recaudatoria desplegada.
Por otra parte, no se acompaña documento alguno que dé cuenta del hecho a partir del cual se pretende efectuar el cómputo del plazo respecto a la coactora "El Resguardo". Por el contrario, sólo se adjuntan constancias de los títulos ejecutivos emitidos por ARBA, que corresponden a las liquidaciones practicadas al 31 de agosto de 2018 (v. fs. 74/82); circunstancia que impide cotejar en las actuaciones la corrección de la postulación esbozada, lo que conduce a descartarla.
VI. Ahora bien, atento los términos del escrito de demanda, es dable concluir que los agravios invocados como fundamento de la pretensión –y, con ello, el dies a quo para acudir por esta vía- se produjeron a partir de la publicación de la ley 14.394, por medio de la cual se creó el Impuesto Inmobiliario Complementario aquí cuestionado.
Esto pues, a partir de allí, las accionantes estuvieron en condiciones de tomar conocimiento del contenido de la norma controvertida y, de ese modo, estimar las consecuencias perjudiciales que su aplicación podía aparejar. En especial, si se tiene en cuenta que la actividad inmobiliaria y comercial que desarrollan las empresas data de años anteriores a la fecha antes indicada, de acuerdo a las copias certificadas de los contratos de compraventa por ellas suscriptos y de las escrituras adjuntas, siendo la más antigua del año 1991 (v. fs. 5/20 y 32/66).
Bajo estos parámetros, se advierte que el plazo de caducidad de 30 días para instar la presente acción se encontraba vencido al 9 de abril de 2019, día en que se interpuso la demanda (v. fecha del sello de cargo de fs. 107 vta.).
A mayor abundamiento, cabe destacar que la solución arribada se impondría, incluso, en el hipotético caso de estimarse aplicables en autos -pese a no encontrarse objetados- los preceptos que introdujeron las últimas modificaciones a los arts. 169 y sigs. del Código Fiscal. Es decir, la demanda resultaría intempestiva aún de tomarse las fechas de publicación de ley 15.079 y de las resoluciones 52/17 y 2/19 dictadas por ARBA, lo que sella definitivamente la suerte adversa del planteo intentado ante esta sede.
VII. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar a la excepción deducida por el señor Asesor General de Gobierno a fs. 117/120 y rechazar, por extemporánea, la acción de inconstitucionalidad de fs. 101/107.
Ello, sin mella de la facultad de la interesada para ocurrir a la jurisdicción ordinaria (art. 684, seg. párr., CPCC).
VIII. Atento el modo en que ha sido resuelta la primera cuestión, deviene inoficioso el tratamiento del punto restante vinculado a la admisibilidad del hecho nuevo denunciado a fs. 138/139.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Hacer lugar a la excepción de incompetencia planteada por el señor Asesor General de Gobierno a fs. 117/120 y rechazar, por extemporánea, la demanda originaria de inconstitucionalidad promovida por las firmas "Pacerlas SRL" y "El Resguardo SA" (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 683 y 684, CPCC). Con costas (art. 68, CPCC).
II. Por su actuación profesional en autos y en virtud del resultado obtenido, regúlanse los honorarios de la doctora Florencia Esteban en la suma de … (…) Jus arancelarios (arts. 16 inc. "e", 26 y 49, ley 14.967) y los del señor Asesor General de Gobierno en la suma de … (…) Jus arancelarios (arts. 16 inc. "e" y 49, ley 14.967), cantidades a las que se deberá adicionar el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6716) y lo que resulte de la condición del primero de los nombrados frente al IVA.
Costas a la parte actora (art. 68, CPCC).
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese (art. 352 inc. 1, CPCC).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/09/2020 12:27:33 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/09/2020 12:41:29 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/09/2020 21:29:49 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/09/2020 11:21:06 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/09/2020 14:07:21 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/09/2020 10:48:51 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia