Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 76343
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar, por inadmisible, la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por Otto Garde y Cia. SA (arts. 161 inc. 1°, Const. prov. y 683 y sigs., CPCC).
II. Atento el modo en que se resuelve la cuestión, las costas del proceso se distribuyen en el orden causado (art. 68, CPCC).
III. Por su actuación profesional en autos, se regulan los honorarios del doctor Ricardo Bautista Albina en la suma de … (…) Jus arancelarios (arts. 16 inc. "e" y 49, ley 14.967), cantidad a la que se deberá adicionar el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6716) y lo que resulte de su condición frente al Impuesto al Valor Agregado.
I.76.343 "OTTO GARDE Y CIA. S.A. IND. FIN. E INMOB. C/ PROVINCIA DE BS. AS. S/ INCONST. ART. 169 COD. FISCAL"
I. La firma Otto Garde y Cia. SA, mediante apoderado, promueve la presente acción originaria de inconstitucionalidad en los términos de los arts. 161 inc. 1° de la Constitución provincial y 683 y sigs. del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que esta Corte declare la invalidez del art. 169 del Código Fiscal, que dispone quiénes serán los contribuyentes del Impuesto Inmobiliario previsto en el Título I del Libro Segundo de dicho cuerpo legal.
Sostiene que el referido artículo, en cuanto establece que los titulares de dominio quedan obligados a abonar el tributo en cuestión, violaría lo que establecen los arts. 10, 11, 27, 31 y 36 de la Carta local y 17, 28, 31, 75 inc. 22 y 123 de la Constitución Nacional, cuando quien figura como titular del bien ante el Registro de la Propiedad ha perdido su disponibilidad en manos de un tercero.
En este sentido, explica que la empresa es titular registral de un predio ubicado en el partido de Quilmes, identificado catastralmente como Circunscripción VIII, Sección C, Fracción I, Parcela 2p, Partida 086-216376-1, Matrícula 51.387, del cual perdió la posesión el 1° de julio de 1988 como consecuencia de su toma por un grupo de personas organizadas que se apropiaron del terreno y formaron allí un asentamiento denominado "La Esperanza II" o "San Sebastián II".
Agrega que ello motivó a que iniciara las causas judiciales "Otto Garde y Cia. SA s/ denuncia por usurpación de propiedad" en trámite ante el Tribunal en lo Criminal N°3 del Departamento Judicial de La Plata; "Otto Garde y Cia. SA c/ ocupantes s/ desalojo" y "Otto Garde y Cia. SA c/ Benítez, Susana Carmen y otros s/ interdicto para recobrar la posesión", ambas en trámite ante el Juzgado en lo Civil y Comercial N°24 del Departamento Judicial de La Plata, con el objeto de recuperar la tenencia del inmueble, pero que estas fueron infructuosas ya que en el año 1993 la Provincia sancionó la ley 11.402 mediante la cual declaró la utilidad pública y sujeto a expropiación el referido predio y promovió el juicio "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Otero Osvaldo Daniel y otros s/ expropiación" ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°8 del Departamento Judicial de Quilmes, el cual fue desistido cuatro años después.
Señala que en simultáneo al trámite de este último proceso, la parte actora firmó con la Secretaría de Tierras y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires un "acta-acuerdo" con la finalidad de hacer efectivo el Programa de Regularización Dominial, trasladando la propiedad del inmueble a los ocupantes a cambio de la entrega de una suma de dinero, el cual nunca se concretó porque fue intencionalmente "abandonado" por el órgano estatal.
Asimismo, acompaña la consulta 053-05 de la Dirección de Técnica Tributaria de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), en la cual se le informó que los poseedores a título de dueño de un predio revisten el carácter de sujetos pasivos del Impuesto Inmobiliario y afirma que como consecuencia de ello promovió los autos "Otto Garde y Cia. SA c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ pretensión declarativa de certeza" y "Otto Garde y Cia. SA c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ expropiación inversa".
Señala que en el primero de ellos obtuvo el dictado de una medida cautelar y, luego, una sentencia favorable por parte del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de La Plata que determinó que no le correspondía a la empresa actora pagar el tributo en cuestión, ordenando su desvinculación de la partida registral. Sin embargo, la Fiscalía de Estado recurrió esa decisión y la Cámara en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata revocó la sentencia del juez de grado, al entender que en la causa no existía una situación de incertidumbre sino una disconformidad "respecto de la política estatuida por el legislador, cuya tacha de inconstitucionalidad puede peticionar de modo audible por ante el servicio de administración de justicia". Contra ese fallo interpuso un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley frente a esta Suprema Corte de Justicia, el cual fue declarado mal concedido al no tratarse la decisión impugnada de una sentencia definitiva (v. causa A. 75.823, "Otto Garde", resol. de 23-X-2019).
La demanda de expropiación inversa deducida, en cambio, fue rechazada por el mismo juzgado del fuero especializado, sentencia que luego confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata. Actualmente se encuentra en trámite ante esta Corte para el tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora contra lo decidido por la Alzada (v. causa A. 75.891, "Otto Garde").
En este esquema, al no haber encontrado una respuesta satisfactoria en ninguno los procesos iniciados con anterioridad, sostiene que el continuo cobro de un impuesto sobre un bien del cual fue despojada y ha perdido su disponibilidad económica hace más de treinta años, por el solo hecho de ser su titular registral, resultaría inconstitucional, situación que solicita sea declarada por este Tribunal en el marco de la presente causa. Además, requiere que se dicte una medida cautelar con el objeto de que la Provincia se abstenga de aplicarle el art. 169 del Código Fiscal, hasta el dictado de la sentencia definitiva.
II. Corrido el traslado de la demanda, se presenta el Asesor General de Gobierno y deduce excepción de incompetencia, al considerar que aquella fue interpuesta fuera del plazo fijado por el art. 684 del Código Procesal Civil y Comercial.
En ese sentido, advierte que es evidente el concreto interés económico que la parte actora tiene en la prosecución del proceso, dado que su finalidad consiste en no tributar los montos correspondientes al Impuesto Inmobiliario, lo que definiría su contenido eminentemente patrimonial y, con ello, la aplicabilidad del término perentorio de treinta días dispuesto en el código de forma.
Siendo así, y reputando que la norma cuya tacha de inconstitucionalidad persigue la parte actora -en cuanto establece como contribuyentes de este tributo a los titulares registrales- se encuentra vigente desde la redacción original del actual Código Fiscal en 1986, colige que la acción deducida por Otto Garde resulta intempestiva. Subsidiariamente contesta demanda.
III. A su turno, la parte actora sostiene que el juicio fue promovido dentro del plazo previsto en el referido art. 684. Ello, en la inteligencia de que los treinta días dispuestos en esa norma comenzaron a correr cuando se le notificó el rechazo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto en los autos "Otto Garde y Cia. SA c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ pretensión declarativa de certeza", pues habría sido en ese momento que la medida cautelar dispuesta en dicho expediente por el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de La Plata -consistente en que se le ordene a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires que se abstenga a iniciar acciones judiciales por la falta de pago del Impuesto Inmobiliario respecto del predio en cuestión- "comenzó a perder sustento" y la empresa quedó desprotegida ante cualquier proceso que la Provincia podría iniciar para ejecutar el cobro del tributo, configurándose así -en esa oportunidad- la afectación concreta de sus derechos patrimoniales.
Además, sostiene que en el referido expediente tanto la Cámara en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata como esta Corte habrían encauzado su pretensión hacia esta acción originaria. La primera, al decidir que lo que pretendía la actora no era procurar una declaración de certeza respecto al alcance del Impuesto Inmobiliario, sino mostrar una disconformidad con lo establecido en el Código Fiscal. La otra, al resolver que la sentencia dictada por el a quo no revestía el carácter de definitiva.
A todo evento, afirma que el caso posee carácter institucional, en tanto han intervenido los tres poderes del Estado: el Judicial en todos los procesos que inició, el Legislativo al dictar la ley 11.402 mediante la cual declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble y el Ejecutivo a través del "acta-acuerdo" entre la empresa y la Secretaría de Tierras y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires y de la consulta 053-05 de la Dirección de Técnica Tributaria de la ARBA. Eso, sumado a que también se encuentra en discusión el derecho a una vivienda digna por parte de las posibles familias adjudicatarias de las parcelas que conforman el predio (art. 36 inc. 7°, Const. prov.), encuadraría el caso en el supuesto del art. 685 del Código Procesal Civil y Comercial, por lo que no regiría el plazo perentorio de treinta días para interponer la demanda.
IV.1. El examen de los requisitos de admisibilidad de la demanda de inconstitucionalidad es una atribución que corresponde a este Suprema Corte con independencia de las alegaciones de las partes (doctr. causas I. 1499, "Fiscal de Estado", resol. de 5-III-1991; I. 1579, "Miño", resol. de 10-XII-1992; I. 1329, "Playmar SRL", sent. de 10-XII-1992; I. 1465, "Las Totoras SRL", sent. de 1-VI-1993; I. 1322, "Industrias Ganaderas Inga SAICIF", sent. de 17-X-1995; I. 1631, "Labinca SA", sent. de 17-II-1998; I. 1607, "Hidalgo", sent. de 13-IV-1999; I. 68.449, "IGT 33 SA", resol. de 31-V-2006 e I. 2270, "Victorino Américo Gualtieri SA", sent. de 8-VII-2014; e.o.). Siendo así, en primer lugar corresponde dejar establecido que resulta innecesario el tratamiento de la cuestión acerca de si la demanda fue interpuesta dentro del plazo de treinta días previsto en el art. 684 del Código Procesal Civil y Comercial.
IV.2. Conforme lo dispone el art. 161 inc. 1º de la Constitución local, la Suprema Corte de Justicia ejerce jurisdicción originaria para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por ella y se controvierta por parte interesada, de lo cual se infiere que el objeto de esta acción y, por ende, el ámbito delimitado de conocimiento reservado a esta vía, reside en la discusión sobre la validez constitucional de una norma considerada en abstracto. De allí que no sea posible cuestionar por este cauce la constitucionalidad de tales normas cuando el agravio de quien demanda reside en los actos concretos de aplicación y no en aquello que en forma genérica dispone el precepto impugnado.
De este modo, siendo evidente que esta causa se promueve como consecuencia de no haber obtenido un resultado favorable a sus intereses en la acción declarativa de certeza y previendo que la medida cautelar allí dispuesta podría quedar sin efecto, y teniendo en cuenta además que la propia parte actora reconoció en la contestación a la excepción de incompetencia que había iniciado dicha demanda con el objeto de obtener un procedimiento judicial que lo eximiera de afrontar el Impuesto Inmobiliario "atento las demandas recibidas de cobro de pesos por la vía de apremio", resulta claro que este juicio originario no tiene por objeto exclusivo y primordial la declaración de inconstitucionalidad del art. 169 del Código Fiscal, sino remover una serie de actos concretos de aplicación de esa disposición que son los que, en definitiva, produjeron el perjuicio que la actora describe en su demanda.
Por lo tanto, aun cuando una declaración en tal sentido sea requerida, el que aquí ocupa a este cuerpo es un caso ajeno a su competencia originaria (doctr. causas B. 55.744, "Conarges", resol. de 10-V-1994; B. 58.614, "Bibbo", resol. de 28-X-1997; B. 58.835, "Curieses", resol. de 3-II-1998; B. 68.646, "Chiletto", resol. de 19-VI-2006; B. 65.124, "Glaria", sent. de 16-VI-2004; B. 68.048, "Asesor General de Gobierno", resol. de 20-X-2004; B. 73.041, "Supermercados Mayoristas Yaguar SA", resol. de 5-III-2014; B. 73.734, "CAVC", resol. de 12-VIII-2015; B. 73.956, "Alfani SA", resol. de 22-XII-2015; I. 74.191, "Antivari SA", resol de 10-VIII-2016; I. 74.358, "Telecom Argentina", resol. de 22-II-2017; I. 73.781, "Usuarios y Consumidores Unidos", resol. de 19-VIII-2020; e.o.) .
Máxime teniendo en cuenta que la norma que se controvierte, en cuanto es motivo de agravio, establece que "los titulares de dominio […] pagarán anualmente por los inmuebles situados en la Provincia, el impuesto establecido en el presente Título", con lo que, juzgada en abstracto, difícilmente podría ser considerada como repugnante de alguno de los derechos constitucionales que la parte actora reputa violados. Por el contrario, el hecho de que el Código Fiscal prevea que quienes figuran como dueños de un predio sean sujetos pasivos del Impuesto Inmobiliario, luce - prima facie analizada- una disposición no carente de cierta lógica y compatible con la Carta local.
Y hay más, porque el propio artículo impugnado coloca también como sujetos pasivos del tributo a los "poseedores a título de dueño", de manera que el reclamo de la actora podría tener acogida a través del uso de los carriles adecuados para que se cumpla la normativa impositiva atacada, ya que esta establece la posibilidad de que personas como las que ocuparon su terreno queden obligadas al pago.
Todo ello evidencia que la pretensión de Otto Garde se limita a refutar la aplicación que del art. 169 del Código Fiscal se hace en su particular situación de propietaria de un predio del cual ha perdido la posesión en manos de terceros, careciendo de la abstracción necesaria para habilitar la competencia originaria de esta Suprema Corte.
IV.3. Adicionalmente, cabe señalar que no obsta a la solución aquí arribada el hecho de que la Cámara en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata haya considerado, para revocar la sentencia del juez de grado en el referido expediente, que la pretensión de Otto Garde se dirigía a mostrar una disconformidad con la política adoptada por el legislador y no a obtener una declaración de certeza acerca de su situación frente al cuestionado tributo -circunstancia que fue ponderada por este Tribunal para declarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley allí introducido-, pues con ello de ningún modo se le dio a entender, contrariamente a lo afirmado por la accionante, que el carril procesal adecuado para satisfacer sus intereses era la interposición de esta acción originaria de inconstitucionalidad.
El ordenamiento jurídico prevé que la validez constitucional de las normas puede cuestionarse mediante el uso de distintos carriles procesales y no solo a través del particular proceso regulado en el Capítulo 1, Título IX, Libro IV del Código Procesal Civil y Comercial provincial que exige, entre otros recaudos, que el agravio contra la Carta local se desprenda del texto mismo de la norma impugnada y no de aplicación que de ella se hizo.
V. Por todo lo expuesto, y sin perjuicio de las consideraciones que pudieran realizarse en relación al vencimiento o no del plazo para demandar, corresponde rechazar la acción de inconstitucionalidad promovida contra el art. 169 del Código Fiscal (arts. 161 inc. 1°, Const. prov. y 683 y sigs., CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Rechazar, por inadmisible, la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por Otto Garde y Cia. SA (arts. 161 inc. 1°, Const. prov. y 683 y sigs., CPCC).
II. Atento el modo en que se resuelve la cuestión, las costas del proceso se distribuyen en el orden causado (art. 68, CPCC).
III. Por su actuación profesional en autos, se regulan los honorarios del doctor Ricardo Bautista Albina en la suma de … (…) Jus arancelarios (arts. 16 inc. "e" y 49, ley 14.967), cantidad a la que se deberá adicionar el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6716) y lo que resulte de su condición frente al Impuesto al Valor Agregado.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/09/2024 15:41:21 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2024 11:28:42 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2024 13:23:16 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/09/2024 11:42:39 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/09/2024 08:29:29 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 25/09/2024 08:29:44 hs. bajo el número RR-731-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia