Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 76124
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar in limine la demanda originaria de inconstitucionalidad promovida por la firma Clamaco S.A. (arts. 161, inc. 1, Const. prov. y 683 y sigs., CPCC).
II. Por su actuación profesional en autos, la instancia en la que se encuentra el proceso y el resultado obtenido, regúlanse los honorarios de los letrados patrocinantes de la parte actora, doctores Mario Enrique Althabe y Mayra Dozo, en el equivalente en pesos a … Jus… -… Jus-, correspondiendo a cada uno de ellos la suma que representen … Jus … —… Jus— (arts. 1, 2 seg. párr., 13 prim. párr., 15, 16 inc. "e", 28 inc. "a" pto. 1 y 49 prim. párr., ley 14.967). A los honorarios regulados precedentemente se deberá adicionar el 10% (art. 12 inc. "a" y 16, ley 6.716 y modif.) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria de los mencionados profesionales frente al Impuesto al Valor Agregado.
I.76.124 "CLAMACO S.A. C/ PROVINCIA DE BS. AS. S/ INCONST. ART. 169 LEY 14.394 (RES. NORM. 52/17; 02/19)"
La Plata, 23 de octubre de 2019.
I. "Clamaco S.A.", por intermedio de su presidente, promueve la presente demanda originaria de inconstitucionalidad en los términos de los arts. 161, inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y sigs. del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que esta Corte declare la invalidez de los arts. 169 y siguientes del Código Fiscal (texto según ley 14.394) y de las resoluciones normativas 52/17 y 2/19, emitidas por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA; v. fs. 38/56 vta.).
En primer lugar, la actora manifiesta haber articulado la pretensión dentro del plazo de caducidad fijado por el art. 684 del Código Procesal Civil y Comercial. Describe haber tomado conocimiento de la aplicación a su respecto de los preceptos impugnados y de la consecuente pretensión fiscal cuando tuvo noticia de la existencia del expediente 61.706, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Clamaco S.A. s/ apremio provincial, de trámite por ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo n°2 del Departamento Judicial de La Plata. Expresa que el plazo para la interposición de la acción de inconstitucionalidad debe computarse desde su notificación espontánea en las actuaciones referidas.
Plantea que las disposiciones objetadas, mediante las que fue previsto y puesto en marcha el llamado Impuesto Inmobiliario Complementario, vulneran los artículos 3, 10, 11, 31, 45, 57 de la Constitución provincial y los artículos 16, 17, 18, 19 y 75, inc. 2 de la Constitución nacional.
Postula que las disposiciones impugnadas se oponen al principio de reserva de ley tributaria en tanto colocan en manos de la administración fiscal la definición de elementos estructurales de la hipótesis de incidencia tributaria, como son los sujetos pasivos, la base de cálculo y el elemento temporal. Considera que, en efecto, las resoluciones normativas de ARBA 52/17 y 2/19 contienen regulaciones respecto de esos conceptos que invaden la esfera de facultades propias y exclusivas del Poder Legislativo.
Alega también que se ven vulnerados los principios de razonabilidad e igualdad en la distribución de las cargas públicas.
Por otro lado, sostiene que el método de cálculo y liquidación de la obligación afecta el derecho de defensa pues, con el pretexto de una inexistente similitud estructural con el Impuesto Inmobiliario, evade el mecanismo de liquidación más apto para el Impuesto Inmobiliario Complementario que sería la autodeterminación por el contribuyente y, eventualmente, el procedimiento determinativo de oficio establecido en el Código Fiscal. Manifiesta que ese diseño procedimental, a su vez, inhibe la posibilidad de que los interesados recurran a las vías impugnativas del recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal y del recurso de reconsideración que permiten una mejor concreción del debido proceso.
Agrega que, en diferentes hipótesis, la aplicación de las normas objetadas importa un quebrantamiento de la prohibición de analogía establecida en el art. 9, inc. b de la ley 23.548. Explica que ello es así porque, según el caso, se alcanzaría la misma materia imponible que mediante los impuestos sobre los bienes personales, a la ganancia mínima presunta y al valor agregado (leyes 23.966 y modif., 25.063 y modif., 23.349 y modif., respectivamente).
Finalmente, requiere el dictado de una medida cautelar mediante la que se ordene a ARBA suspender la ejecución y la traba de medidas cautelares a su respecto con relación al Impuesto Inmobiliario Complementario.
Ofrece prueba y hace reserva del caso federal.
II. De los términos del escrito de inicio se extrae que la naturaleza de las normas cuestionadas y los agravios en los que se funda la impugnación revisten un contenido eminentemente patrimonial. Ello impone la aplicación de la regla prevista en el art. 684 del Código Procesal Civil y Comercial, conforme a la que la demanda originaria de inconstitucionalidad deberá interponerse dentro del plazo de treinta días (doctr. causas I. 70.883, "D'Argenio", resol. de 19-V-2010; I. 69.175, "Distribuidora REL S.R.L.", resol. de 13-IV-2011; I. 1.861, "Rodríguez", sent. de 1-VI-2011; I. 74.191, "Antivari S.A.", res. de 10-VIII-2016; "Bolsa de Cereales, Oleaginosos, Frutos y Productos de Bahía Blanca", resol. de 27-VI-2018; I. 74.210, "Bolsatodo S.R.L.", resol. de 21-XI-20118; I. 72.214, "Quiet S.A.", sent. de 10-IV-2019; e.o.).
Es necesario, entonces, determinar la fecha a partir de la cual comenzó a correr dicho término para decidir acerca de la tempestividad de la pretensión articulada.
De acuerdo a la norma referida, el plazo aludido debe computarse "…desde que el precepto impugnado afecte concretamente los derechos patrimoniales del actor"; con lo cual, más allá del supuesto en que la pretensión es ejercida con finalidad preventiva, el momento a partir del cual comienza a correr dicho término es una cuestión de hecho que ha de verificarse en cada caso (doctr. causas I. 1.591, "González", sent. de 20-X-1998; I. 2.148, "Mule", sent. de 21-V-2008; I. 3.231, "Supermercados Norte S.A.", sent. de 15-XII-2015; I. 74.210, cit.; I. 72.510, "Tarasiuk", resol. de 17-X-2018; I. 72.214, cit.; e.o.).
Sobre esa base, esta Suprema Corte ha sostenido que, si del relato y los antecedentes de la causa surge que la afectación de la situación invocada por quien acciona se produjo con el dictado de la norma que cuestiona por establecerse en ella la obligación pecuniaria aplicable a su situación y por quedar con su vigencia sujeto al cumplimiento de tal imposición, el plazo de caducidad debe computarse desde aquel momento (doctr. causas I. 1.854, "Lamano", resol. de 11-X-1995; I. 2.148, cit.; I. 74.210, cit.; I. 72.214, cit.; e.o.).
También ha dicho que el art. 684 del código de rito no exige el dictado de un acto administrativo de alcance particular para considerar afectados de modo concreto los derechos patrimoniales de los contribuyentes comprendidos en las normas atacadas y, por tanto, sujetos a la obligación de pago del impuesto en cuestión. Lo determinante del caso, a efectos de iniciar el cómputo del plazo de caducidad, es que de los hechos acreditados en la causa resulte inequívoca la aplicación de la norma impugnada a quien persigue su declaración de inconstitucionalidad (doctr. causas I. 1.514, "Chirdo", resol. de 23-IV-1991; I. 1.513, "Merlo", resol. de 18-V-1991; I. 1.329, "Playamar S.R.L.", sent. de 10-XII-1992; I. 1.451, "Clínica Cosme Argerich", sent. de 5-III-1996; I. 2009, "Falocco", sent. de 7-X-1997; I. 2.151, "Smaldini", resol. de 8-IX-1998; I. 1.607, "Hidalgo", sent. de 13-IV-1999; I. 2.160, "Parque Eterno C.A.", resol. de 27-IV-1999; I. 2.219, "Serrano González", sent. de 3-IV-2008 e I. 2.148, cit.; I. 72.214, cit.; e.o.).
III. Cabe puntualizar que en el acápite II del escrito de demanda se anuncia la impugnación de los arts. 169 y sigs. del Código Fiscal, texto según la reforma introducida por la ley 14.394.
Aquella ley, impositiva para el año 2013, fue sancionada el 1-XI-2012 y publicada en el Boletín Oficial n° 26.953 (suplemento) de 15-XI-2012.
Cabe destacar que no escapa al conocimiento de este Tribunal que los arts. 169 y sigs., integrantes del Título I del Código Fiscal, dedicado a la regulación del Impuesto Inmobiliario, en su mayoría, sufrieron modificaciones con posterioridad a la ley 14.394 indicada en el escrito de demanda.
Siendo ello así, toda vez que los planteos formulados por la actora se dirigen a cuestionar el instituto del llamado Impuesto Inmobiliario Complementario previsto en las disposiciones referidas, es dable hacer notar que los últimos cambios al Título I fueron efectuados a través de la ley 15.079. Esta última ley fue sancionada el 3-XII-2018 y publicada en el Boletín Oficial n°28.418 de 11-XII-2018.
A su vez, mediante las resoluciones normativas 52/17 y 2/19, ARBA dispuso mecanismos tendentes a la aplicación gradual de los preceptos objetados.
La primera de ellas fue emitida el 21-XII-2017 y su publicación tuvo lugar a través del Boletín Oficial n° 28.185 de 29-XII-2017.
La resolución normativa n° 2/19 se emitió el 15-01-2019 y fue publicada en el Boletín Oficial n° 28.445 de 21-I-2019.
IV. Dados los términos del escrito de demanda, debe entenderse que los agravios allí invocados como fundamento de la pretensión -y, con ello, el dies a quo para acudir por esta vía- se produjeron a partir de la publicación de la ley 14.394 y de las resoluciones normativas 52/17 y 2/19 pues a partir de allí la demandante estuvo en condiciones de tomar conocimiento del contenido de las normas controvertidas y, de este modo, estimar las consecuencias perjudiciales que su aplicación le podía generar.
En efecto, la accionante no desconoce haber reunido, al tiempo de la publicación de las normas cuya declaración de inconstitucional requiere, los elementos previstos en el Código Fiscal para la procedencia del instituto allí previsto. Tampoco alega haber perfeccionado aquellos elementos con posterioridad a la publicidad indicada, propiciando el cómputo del término de caducidad para accionar desde ese momento.
Por el contrario, como se adelantó, expresamente funda la tempestividad de la interposición de la demanda en el entendimiento de que corresponde considerar como dies a quo de aquel término el momento en que tomó conocimiento de la existencia de una pretensión fiscal a su respecto e identifica esa oportunidad con la fecha de su notificación espontánea en el proceso de apremio iniciado en su contra.
Resulta entonces que propone el cálculo del término del art. 684 desde un momento que no se identifica con las pautas arriba referenciadas, aplicables al caso, sino con una particular manifestación de la actividad recaudatoria a su respecto.
A ello cabe agregar, para más, que no se acompañó a la demanda constancia alguna que dé cuenta de la notificación espontánea desde la que la actora pretende el cómputo del término de caducidad. Ello torna imposible cotejar en las actuaciones si es correcta su postulación, lo que también conduce a descartarla.
V. De acuerdo a las consideraciones precedentes, toda vez que la demanda fue presentada el 28-VIII-2019 (v. fecha del sello de cargo de fs. 56 vta.), corresponde concluir que el plazo de caducidad para accionar que impone el art. 684 del código adjetivo se encontraba holgadamente vencido al tiempo del inicio de la acción -computándose desde la fecha de publicación de las resoluciones objetadas y aún desde la publicación de la ley que introdujo las últimas modificaciones a los arts. 169 y sigs. del Código Fiscal (ley 15.079)-.
VI. La decisión adoptada, desde ya, no perjudica la posibilidad con la que cuenta la actora para ocurrir por las vías idóneas a fin de cuestionar los actos aplicativos de este complejo normativo que repute lesivos de su esfera de derechos o intereses (arts. 161 inc. 1, Const. prov., 683 y sigs., 336 y concs., CPCC; doctr. causas "Rolfo", sent. de 7-III-1967; I. 2219, cit.; I. 2170, "Asarchuk", sent. de 10-III-2010; I. 2201, "Search Organización de Seguridad S.A.", sent. de 27-IV-2016, e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Rechazar in limine la demanda originaria de inconstitucionalidad promovida por la firma Clamaco S.A. (arts. 161, inc. 1, Const. prov. y 683 y sigs., CPCC).
II. Por su actuación profesional en autos, la instancia en la que se encuentra el proceso y el resultado obtenido, regúlanse los honorarios de los letrados patrocinantes de la parte actora, doctores Mario Enrique Althabe y Mayra Dozo, en el equivalente en pesos a … Jus… -… Jus-, correspondiendo a cada uno de ellos la suma que representen … Jus … —… Jus— (arts. 1, 2 seg. párr., 13 prim. párr., 15, 16 inc. "e", 28 inc. "a" pto. 1 y 49 prim. párr., ley 14.967). A los honorarios regulados precedentemente se deberá adicionar el 10% (art. 12 inc. "a" y 16, ley 6.716 y modif.) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria de los mencionados profesionales frente al Impuesto al Valor Agregado.
Regístrese y notifíquese.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
HÉCTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI SERGIO GABRIEL TORRES
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: So-Ge-Ko-Pe
Reg. Nº 523
Fin de la sentencia