Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 76556
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar, por extemporánea, la demanda originaria de inconstitucionalidad promovida por Ricardo Sebastián Falcón (art. 684, CPCC).
II. Por su actuación profesional en autos y en virtud del resultado obtenido, regúlanse los honorarios del abogado apoderado de la actora, doctor Cristian Alejandro Cóceres, en la suma de pesos equivalente a … (…) Jus arancelarios (arts. 16 inc. "e" y 49, ley 14.967), cantidad a la que se deberá adicionar el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6716) y lo que resulte de la condición de dicho letrado frente al IVA.
Dese cumplimiento a lo previsto en el art. 21 de la ley 6716 dentro de los cinco días de quedar firme la presente.
I.76.556 “FALCON, RICARDO SEBASTIÁN C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 188 IN FINE DEL DECRETO Nº 1050/09”
I. El señor Ricardo Sebastián Falcón, por medio de su apoderado, promueve demanda originaria de inconstitucionalidad con el objeto de que esta Suprema Corte declare la invalidez del art. 188 in fine del decreto 1.050/09 por haber desnaturalizado el alcance de la norma reglamentada y violar, de ese modo, lo dispuesto por el art. 144 inc. 2 de la Constitución provincial.
Explica que tanto el art. 8 de la ley 13.982 como el art. 271 del decreto 1.050/09, establecen la ejecutoriedad de la sanción separativa del agente una vez que el acto respectivo haya culminado la etapa recursiva y adquiera firmeza. Sin embargo, puntualiza que el art. 188 de ese mismo decreto reglamentario -motivo de impugnación en autos- especifica que "...el cumplimiento de la sanción de cesantía y exoneración comenzará a ejecutarse a partir de las cero (0) horas del día en que el imputado fuera notificado de la misma", circunstancia que impacta en la falta de pago de los haberes antes de que sanción adquiera firmeza.
En razón de ello solicita, tras la declaración de inconstitucionalidad pretendida, que "se ordene al Ministerio de Seguridad cesar con la ejecución temprana de la sanción impuesta por resolución de Asuntos Internos número 7876/18 dictada en el marco del expediente 21.100-690.418/13 I.S.A. 1050-8289/113 y que se encuentra en la actualidad transitando la tramitación de recursos con efecto suspensivos [...] así como el pago de haberes salariales, aportes y contribuciones penales, y la respectiva cobertura sanitaria".
Al mismo tiempo persigue que este Tribunal confiera efectos abrogatorios de la norma puesta en crisis para que en adelante la autoridad estatal se ajuste al efecto suspensivo de la interposición de los recursos administrativos. Asimismo, pretende que los órganos judiciales inferiores a la Suprema Corte resuelvan de modo uniforme de acuerdo al criterio de inconstitucionalidad que, eventualmente, fuera declarado por este Tribunal.
Al justificar la admisibilidad temporal de la demanda, afirma que su pretensión se entabla "en forma preventiva (art. 685 segundo párrafo, CPCC) por la inminente interposición de la acción que se detallará en el punto siguiente, así como por la actual afectación de intereses patrimoniales de quien suscribe...", refiriéndose con ello a que se encuentra próximo a iniciar una pretensión de restablecimiento y/o reconocimiento de derechos una vez resueltos los recursos administrativos pendientes de decisión.
II. En primer lugar, dado que compete a esta Suprema Corte realizar en esta etapa liminar el análisis de admisibilidad de las demandas de inconstitucionalidad, con independencia de otras consideraciones que pudieran realizarse sobre el cumplimiento de tales recaudos, se advierten serias dificultades para considerar en término la presentación bajo análisis.
Pese al alegado carácter preventivo de la pretensión deducida, no se presenta en la especie un supuesto de excepción (art. 685, CPCC) a la vigencia del plazo previsto en la norma procesal para la interposición de la demanda de inconstitucionalidad (art. 684, CPCC). Veamos:
II.1. El objeto de la acción no carece de contenido patrimonial, sino que, por el contrario, resulta claro que el bien jurídico cuya tutela se procura exhibe una sustancia evidentemente económica. Y ello es así pues la pretensión esgrimida consiste en obtener la declaración de inaplicabilidad del precepto normativo que, según sostiene la propia accionante en su demanda, impacta negativamente sobre la percepción regular de su salario en forma anticipada a la firmeza de la sanción impuesta.
Lo apuntado se hace más notorio en el caso, desde que quien acciona ha anexado a la pretensión declarativa de inconstitucionalidad la de reconocimiento y pago de las diferencias salariales que podrían derivarse del eventual acogimiento de su acción (v. ptos. II, IV.d in fine , VII del escrito inicial).
Así, siguiendo la doctrina del Tribunal según la cual los cuestionamientos vinculados con distintos aspectos de la relación de empleo público entrañan un reclamo de sustancia económica, ya sea que se invoque el derecho al sueldo u otros como el derecho a trabajar o el derecho a la estabilidad (conf. causas I. 1.514, "Chirdo", resol. de 23-IV-1991; I. 1.579, "Miño", resol. de 10-XII-1992; I. 1.591, "González", sent. de 20-X-1998; I. 2.199, "Aimeta", resol. de 7-IX-1999; I. 2.004, "Ditinis", sent. de 17-XI-1999; I. 2.170, "Asarchuk", sent. de 10-III-2010; I. 3.631, "Grammático Mazzari", sent. de 6-X-2010; I. 1.861, "Rodríguez", sent de 1-VI-2011; I. 69.477 "Álvarez", sent. de 14-VIII-2019; e.o.), por el modo en que fueron planteadas las cuestiones constitucionales materia de la litis , la naturaleza del derecho en juego impone la aplicación del plazo previsto en el art. 684 del Código Procesal Civil y Comercial (doctr. causas I. 70.883, "D'Argenio", resol. de 19-V-2010; I. 69.175, "Distribuidora REL SRL", resol. de 13-IV-2011; I. 1.861, "Rodríguez", sent. de 1-VI-2011; I. 74.191, "Antivari SA", resol. de 10-VIII-2016; I. 72.191, "Sociedad Anónima Comercial Agrícola Ganadera Andrés Mendizábal", resol. de 13-II-2019; e.o.).
III.2. Ahora bien, pese a remarcar que la demanda "se realiza en forma preventiva (art. 685, segundo párrafo, CPCC) por la inminente interposición de la acción que se detallará..." el actor describe su agravio como aquella situación "actual [de] afectación de intereses patrimoniales"(v. punto III del escrito de inicio).
Esta última afirmación, corroborada por las propias constancias que adjunta el accionante como prueba documental a la demanda, revela que la ejecución de las disposiciones normativas motivo de agravio -que en su aspecto económico se traducen en el perjuicio consistente en la interrupción del pago de haberes- ya se encontraban en curso de aplicación al momento de iniciar la demanda de inconstitucionalidad.
Este Tribunal tiene dicho que para que la acción sea considerada con finalidad preventiva, estando en juego derechos de contenido patrimonial, es necesario que haya sido promovida antes de que las normas cuestionadas le fueran aplicadas al demandante y de ese modo quede alcanzado por las previsiones del artículo 685, segundo párrafo, in fine , del Código Procesal Civil y Comercial en cuanto establece que -en tales supuestos- no regirá el plazo de treinta días para interponer la demanda, cualquiera sea la naturaleza de los preceptos impugnados (doctr. causa I. 1980 "Bruno", sent. de 27-XI-2013).
Siendo ello así, resulta infundada la alegación según la cual la demanda ha sido entablada en forma preventiva.
IV. Despejado el punto acerca de la efectiva aplicación del plazo, es necesario determinar la fecha a partir de la cual comenzó a correr dicho término para decidir acerca de la tempestividad de la demanda articulada.
De acuerdo a la norma referida, el plazo debe computarse "...desde que el precepto impugnado afecte concretamente los derechos patrimoniales del actor"; con lo cual, el momento a partir del cual comienza a correr dicho término es una cuestión de hecho que ha de verificarse en cada caso (doctr. causas I. 1.591, cit.; I. 2.148, "Mule", sent. de 21-V-2008; I. 3.231, "Supermercados Norte SA", sent. de 15-XII-2015; I. 72.510, "Tarasiuk", resol. de 17-X-2018; e.o.).
De la documentación presentada como archivo adjunto al escrito que da inicio a este juicio, surge que el día 23 de enero de 2019 se le notificó la sanción de cesantía al señor Falcón. Tal como lo dispone la norma impugnada es a partir de entonces que comenzó a ejecutarse la medida separativa y es también desde ese momento que cesó el pago del sueldo.
En lo concerniente a esto último, si el dies a quo se establece en la referida fecha, corresponde concluir que el plazo de caducidad para accionar que impone el art. 684 del Código adjetivo se encontraba vencido al 6-VIII-2020 -día en que se presentó la demanda-, lo que determina su inadmisibilidad.
VII. La decisión adoptada, desde ya, no perjudica la posibilidad con la que cuenta la parte actora para ocurrir por las vías idóneas a fin de defender los derechos constitucionales que reputa conculcados (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 684 in fine , 336 y concs., CPCC; doctr. causas B. 44.506, "Rolfo", sent. de 7-III-1967; I. 2.170, cit.; I. 2.201, "Search Organización de Seguridad SA", sent. de 27-IV-2016; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Rechazar, por extemporánea, la demanda originaria de inconstitucionalidad promovida por Ricardo Sebastián Falcón (art. 684, CPCC).
II. Por su actuación profesional en autos y en virtud del resultado obtenido, regúlanse los honorarios del abogado apoderado de la actora, doctor Cristian Alejandro Cóceres, en la suma de pesos equivalente a … (…) Jus arancelarios (arts. 16 inc. "e" y 49, ley 14.967), cantidad a la que se deberá adicionar el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6716) y lo que resulte de la condición de dicho letrado frente al IVA.
Dese cumplimiento a lo previsto en el art. 21 de la ley 6716 dentro de los cinco días de quedar firme la presente.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese (art. 352 inc. 1, CPCC).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/10/2020 10:16:03 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/10/2020 12:20:50 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/10/2020 18:00:22 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/10/2020 15:01:05 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/10/2020 13:11:39 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia