Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 75101
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a la excepción de incompetencia deducida por la Provincia de Buenos Aires y rechazar, por extemporánea, la demanda originaria de inconstitucionalidad promovida en las presentes actuaciones (arts. 161 inc. 1°, Const. prov. y 683 y 684, CPCC). Con costas (art. 68, CPCC).
Intímase a la parte actora a que, en el plazo de quince (15) días, estime el monto del juicio e integre en consecuencia las diferencias en concepto de tasa de justicia que pudieran corresponder conforme resolución de fs. 106 (arts. 337 ap. a, 338 ap. a y concs., Cód. Fiscal, t.o. por res. 39/2011; arts. 155 ap. 2 y 330, CPCC).
Difiérese la regulación de honorarios para la oportunidad en que se haya cumplido con lo ordenado en el párrafo precedente (art. 51, última parte, ley 14.967).
I.75.101 “A. RUSSONIELLO S.A. Y OTROS C/ PROVINCIA DE BS. AS. S/ INCONST. ART. 195 COD. FISCAL”
La Plata, 26 de diciembre de 2018.
I. El Asesor General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires opone excepción de incompetencia de este Tribunal para conocer en instancia originaria en la controversia, con fundamento en el vencimiento del plazo normado en el art. 684 del Código Procesal Civil y Comercial.
Manifiesta que las actoras persiguen la declaración de inconstitucionalidad del art. 195 del Código Fiscal en su condición de sujetos pasivos del impuesto a los Ingresos Brutos, invocando la transgresión de los principios y derechos constitucionales de capacidad contributiva y proporcionalidad, de propiedad, de igualdad tributaria y razonabilidad, lo cual, por su marcado carácter patrimonial, define el contenido de la acción y con ello la aplicación del plazo de caducidad al que se halla sujeta su admisibilidad (v. fs. 110 vta.).
Insiste con que hay un interés económico concreto y directo de parte de los accionantes y terceros adherentes simples, en tanto su finalidad es tributar un monto sustancialmente menor al que abonan actualmente por el impuesto de referencia y ello por ser excluidos del supuesto de excepción previsto en el art. 195 cuestionado (v. fs. 111).
Por consecuencia, sostiene que es inexcusable la aplicación del art. 684 del CPCC, debiéndose verificar si la demanda ha sido interpuesta en forma tempestiva o no, sosteniendo que en el caso es dable constatar este último supuesto al tomar como referencia la fecha de sanción de la norma cuestionada (legislada en la ley 10.397, B.O. 20.785 del 03-VII-1986) y aquella en la que se interpone la demanda (27-XII-2017), esto es, más de 30 días después de haber vencido el plazo de caducidad (v. fs. 112). Incluso, advierte que luego de diversos reordenamientos legislativos, la norma controvertida mantuvo su redacción.
II. Sustanciada la excepción, la parte actora sostiene que la acción interpuesta no remite a cuestiones patrimoniales, sino que compromete garantías constitucionales básicas que fueron desconocidas por la legislación local de modo flagrante luego de la vigencia del Código Civil y Comercial que regula actualmente el contrato de concesión y establece con claridad el alcance de los ingresos del concesionario y, por lo tanto, señala que la regulación tributaria local provoca un conflicto de poderes por la subsistencia de una norma local que está en contradicción con la legislación de fondo en la materia (v. fs. 139 vta.).
Asimismo, señala que no existe ni se discute un reclamo tributario concreto ni se impugna un acto de determinación tributaria circunscripto a un período fiscal preciso.
Continúa exponiendo que, aun cuando se considerara que su interés reviste naturaleza patrimonial, no debe tomarse en cuenta el mentado plazo de 30 días en razón de que los agravios no se detienen en un hecho o acto de aplicación concreto sino, por el contrario, se mantienen en el tiempo mientras no se modifique o sea declarada inconstitucional la norma.
En este sentido, sostiene que no es cierto que la norma tenga la pretendida "antigüedad" a la que alude el Asesor General de Gobierno en virtud de la periodicidad que caracteriza el impuesto y las leyes impositivas que fijan las alícuotas anualmente.
En ese contexto, señala que la ley impositiva del período fiscal 2018 fue publicada en el Boletín Oficial N° 28.171, suplemento del 7-XII-2017 y la acción se interpuso el 26-XII-2017. En consecuencia, entiende que debe rechazarse la excepción de incompetencia por haberse instado en forma oportuna la acción (v. fs. 141).
III. 1. En primer lugar, debe señalarse que a juicio de este Tribunal reviste carácter patrimonial la acción que se entabla para salvaguardar intereses económicos eventualmente afectados por la norma reputada inconstitucional, no debiéndose prescindir de tal carácter por el hecho de que se esbocen argumentos de carácter institucional ni porque se aleguen otros daños no patrimoniales que aparecen como complementarios del interés primario en cuya defensa se acciona (doctr. causa I. 1.335, "Club Atlético Brown", sent. del 27-IX-1994).
En este sentido, del relato efectuado en el escrito inicial, se desprende que la naturaleza de la norma cuestionada y los términos en los que se encuentra desarrollada su impugnación gozan de un contenido eminentemente patrimonial.
En efecto, tal como se ha planteado la cuestión, es claro que el agravio se origina al aplicársele a los accionantes el segundo párrafo del art. 195 del Código Fiscal cuestionado, que impide que los sujetos alcanzados -concesionarios o agentes oficiales de venta- liquiden el impuesto sobre los ingresos brutos según el régimen de base imponible especial contemplado en el primer párrafo de la norma y, por lo tanto, deben incluir no sólo la retribución que reciben por el ejercicio de la actividad que realizan sino también el importe abonado a los concedentes o terminales automotrices por las unidades que les adquieren y luego comercializan. Tanto en el escrito de inicio como en el de fs. 139/142, se alega la vulneración de principios y garantías constitucionales tales como el de capacidad contributiva y proporcionalidad, de igualdad, de razonabilidad, el derecho a ejercer toda industria lícita y, claro, el de propiedad (v. fs. 13).
Determinado el carácter patrimonial de la demanda de inconstitucionalidad y al no ser suficiente lo alegado a los fines de acreditarse en el caso un supuesto de excepción (art. 685 CPCC), resulta de estricta aplicación el plazo de caducidad dispuesto en el artículo 684 del código de rito para interponer la acción.
III.2. De acuerdo a la norma referida, la demanda originaria de inconstitucionalidad deberá presentarse dentro del plazo de treinta días computados "desde que el precepto impugnado afecte concretamente los derechos patrimoniales del actor" (doctr. causas I. 1.861 "Rodríguez", sent. de 1-VI-2011; I. 69.175 "Distribuidora REL SRL", res. de 13-IV-2011; I. 70.883 "D'Argenio", res. de 19-V-2010 e I. 74.191 "Antivari SA", res. de 10-VIII-2016, entre muchas); con lo cual, a los fines de determinar la tempestividad de la pretensión articulada, es menester desentrañar el momento a partir del cual se origina la afectación de derechos mentada por el citado art. 684 y así determinar la fecha en la que comenzó a correr el plazo perentorio (conf. causas I. 68.449, "IGT S.A.", res. de 31-V-2006; I. 2.219, "Serrano González", sent. de 3-IV-2008), cuestión esta última que ha de verificarse en cada caso (doctr. causas I. 1.591, "González", sent. de 20-X-1998; I. 2.148, "Mule", sent. de 21-V-2008; I. 3.231, "Supermercados Norte S.A.", sent. de 15-XII-2015).
Siendo ello así, es necesario analizar la concreta afectación de derechos en el caso bajo análisis.
En este sentido, tanto del escrito de demanda como del que contesta la excepción de incompetencia bajo análisis, resulta evidente que el agravio esgrimido por la parte actora se concretó a partir de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, que regula actualmente el contrato de concesión y que, de acuerdo lo expuesto por los demandantes, impuso a la Provincia la obligación de modificar la norma fiscal cuestionada. Así, sostuvo que el artículo 195 compromete garantías constitucionales -sin perjuicio de insistir en que no remite a cuestiones patrimoniales- "… luego de la vigencia del Código Civil y Comercial que regula actualmente el contrato de concesión y establece con claridad el alcance de los ingresos del concesionario" (v. fs. 139 vta.).
Bajo esta tesitura, para establecer la tempestividad de la pretensión debe advertirse, por un lado, que la ley 26.994, que aprueba el Código Civil y Comercial de la Nación, entró en vigencia el 1-VIII-2015 (conf. ley 27.077, B.O 19-XII-2014) y, por otro, que la demanda se dedujo el 27-XII-2017.
Siendo así, al momento de interponerse la demanda, el plazo de caducidad del artículo 684, de aplicación al caso conforme lo reseñado, había expirado.
III.3. Para más, cabe señalar que aún teniendo en cuenta que poco después de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, en virtud de una medida cautelar dictada por un Juez Federal, la determinación de la base imponible del impuesto sobre los ingresos brutos en la Provincia de Buenos Aires fue hecha de acuerdo al criterio pretendido por los accionantes (ver ley 14.850, B.O 27.911 del 17-XI-2016), en tanto los efectos de dicha medida fueron suspendidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 14-II-2017, recobrando desde entonces plena operatividad las normas locales relativas a la liquidación y pago del referido tributo, la demanda igualmente resulta extemporánea.
Ello es así en razón de que el fallo de la Corte Suprema de Justicia data del 14-II-2017 y la demanda, como se dijo, se interpuso el 27-XII-2017, esto es, ya vencido plazo de caducidad del art. 684 del CPCC.
IV. En virtud de lo expresado y dada su extemporaneidad, corresponde hacer lugar a la excepción de incompetencia planteada por el señor Asesor General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y declarar que la demanda iniciada el 27 de diciembre de 2017 (v. cargo de fs. 46 vta.) fue extemporánea a los efectos de habilitar la competencia originaria de este Tribunal. Con costas (art. 68, CPCC).
Ello, sin desmedro de la posibilidad con la que cuentan los actores de instar los restantes caminos procesales en defensa de los derechos constitucionales que dicen tener conculcados (doctr. causas "Rolfo, Mateo y otros c/ Municipalidad de San Pedro", sent. del 7-III-1967, "Jurisprudencia Argentina", 1967-VI-511, reiterada recientemente en I. 2219, "Serrano González", sent. del 3-IV-2008; I. 2170, "Asarchuk", sent. del 10-III-2010).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar a la excepción de incompetencia deducida por la Provincia de Buenos Aires y rechazar, por extemporánea, la demanda originaria de inconstitucionalidad promovida en las presentes actuaciones (arts. 161 inc. 1°, Const. prov. y 683 y 684, CPCC). Con costas (art. 68, CPCC).
Intímase a la parte actora a que, en el plazo de quince (15) días, estime el monto del juicio e integre en consecuencia las diferencias en concepto de tasa de justicia que pudieran corresponder conforme resolución de fs. 106 (arts. 337 ap. a, 338 ap. a y concs., Cód. Fiscal, t.o. por res. 39/2011; arts. 155 ap. 2 y 330, CPCC).
Difiérese la regulación de honorarios para la oportunidad en que se haya cumplido con lo ordenado en el párrafo precedente (art. 51, última parte, ley 14.967).
Regístrese y notifíquese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-Ne-So-Ge
Reg. Nº 729
Fin de la sentencia