Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 75101
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la medida cautelar solicitada por las empresas demandantes (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
I.75.101 "A. RUSSONIELLO S.A. Y OTROS C/ PROVINCIA DE BS. AS. S/ INCONST. ART. 195 COD. FISCAL"
La Plata, 06 de junio de 2018.
I. El doctor Miguel Marcos Sorá, en carácter de representante de las firmas cuyas denominaciones se consignan a fs. 11/12 (v. Anexo I de fs. 5/10), 45 y 94, juntamente con el patrocinio de la doctora Daniela Paula Manesi, promueve la presente acción originaria de inconstitucionalidad en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y concs. del CPCC, contra la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que esta Corte declare la inconstitucionalidad del art. 195, segundo párrafo, del Código Fiscal (Ley 10.397, T.O. por res. N° 39/2011).
Afirma que la norma puesta en crisis impide que los concesionarios o agentes oficiales de venta, liquiden el impuesto sobre los ingresos brutos según el régimen de base imponible especial contemplado en el primer párrafo del artículo y, en consecuencia, los obliga "… a incluir en ella no sólo la retribución que reciben por el ejercicio de la actividad que realizan sino también el importe abonado a los concedentes o terminales automotrices por las unidades que adquieren a las mismas y luego comercializan" (v. fs. 12 vta./13). Es decir, sostienen que su verdadero ingreso no es el ingreso bruto total, como supone la legislación provincial, sino aquél que surge de la diferencia entre los precios de venta y de compra.
Señala que tal circunstancia contraviene en forma directa la regulación dispuesta en el Código Civil y Comercial de la Nación, respecto del contrato de concesión, dispensándoles así "… un trato manifiestamente arbitrario y discriminatorio respecto del que se otorga a otros contribuyentes que efectúan actividades que se retribuyen de manera análoga, conculcando elementales derechos y garantías constitucionales, tales como el principio de capacidad contributiva, el derecho a la igualdad, la garantía innominada de razonabilidad y, como resultado de ello, su derecho de propiedad (cfr. arts. 4°, 14, 16, 17, 28, 75, inciso 12, y 126 de la Constitución Nacional y 1°, 10, 11, 31 y 103, inciso 1, de la Constitución Provincial)" (v. fs. 13).
En sustento de su pretensión, explica que sus mandantes se encuentran en un estado de incertidumbre en virtud de que, a través de la norma en crisis, se les exige abonar el impuesto sobre los ingresos brutos conforme a una base imponible que no se condice con la retribución que perciben por el ejercicio de la actividad gravada "… en tanto no resultan la expresión verdadera de la riqueza que es objeto de la imposición, desconociéndose de ese modo su capacidad contributiva, la cual se aparta de lo establecido por el propio hecho imponible del tributo e implica legislar en forma contraria de lo que regula la legislación de fondo…" (v. fs. 16 vta./17).
Asimismo, señala que sus mandantes carecen de otro medio legal para dar fin con aquél estado de incertidumbre, considerando que la Provincia desconoce la normativa constitucional que limita su poder tributario contemplando la legislación de fondo y los principios constitucionales citados; además, alega una imposibilidad de que los funcionarios públicos cumplan con tal normativa sin la previa declaración aquí pretendida y encontrarse frente a la obligación de pagar un tributo en las condiciones que se cuestionan.
II. Bajo ese esquema solicita el dictado de una medida cautelar de no innovar a los fines de que se intime a la Provincia de Buenos Aires, hasta tanto se dicte sentencia definitiva, a que se abstenga de determinar el impuesto sobre los ingresos brutos de sus mandantes como resultado de aplicar el dispositivo legal impugnado; disponer la percepción y/o retención del impuesto citado a través de agentes designados por la ley sobre la base imponible impugnada; expedir títulos de ejecución, promover ejecuciones contra las empresas representadas, trabar embargos y/o cualquier otra medida precautoria por montos determinados sobre el cálculo cuestionado; informar a Bancos y/o Registros de Datos Personales deudas originadas en función de considerar la base imponible aquí cuestionada; modificar la categoría de riesgo fiscal de los accionantes con relación al impuesto a los ingresos brutos en tanto importaría el incremento de puntos porcentuales a adicionar para retenciones y percepciones (v. fs. 38 vta./39 vta. y 97/98).
III. Este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad, atento la presunción de constitucionalidad de la que gozan las normas susceptibles de ser cuestionadas por su conducto (cfr. causas I. 3024, "Lavaderos de Lanas El Triunfo SA", res. de 8-VII-2003; B. 67.594, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", res. de 3-II-2004; I. 68.944 "UPCN", res. de 5-III-2008; I. 71.446 "Fundación Biosfera", res. de 24-V-2011 e I. 74.048 "ATE", res. de 24-V-2016, entre otras). Con todo, en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo acerca de su verosimilitud (art. 230, inc. 1°, CPCC; doctr. causa I. 71.446, cit., entre otras), pues el instituto cautelar atiende a aquello que no excede del marco de lo probable (doctr. causas B. 63.590 "Saisi", res. de 5-III-2003, I. 72.634 "Frigorífico Villa Olga SA", res. de 30-IV-2014 e I. 73.986 "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", res. de 22-XII-2015, entre otras), ha acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada pueda generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado (doctr. causas I. 3521 "Bravo", res. de 9-X-2003 y sus citas e I. 68.183 "Del Potro", res. de 4-V-2005, entre otras) y por cierto, cuando de la apreciación de las circunstancias se advierte que el planteo formulado por quien objeta la constitucionalidad de la norma posee una seria y consistente apariencia de buen derecho (doctr. causa I. 74.061 "Romay", res. de 4-V-2016 y sus citas).
Sobre la base de tales parámetros, se impone analizar los extremos requeridos por la ley adjetiva ( fumus boni iuris y periculum in mora ; arts. 230, 232 y concs., CPCC) inherentes a la petición cautelar, sopesando la concurrencia de ambos en el asunto traído a conocimiento del Tribunal.
IV. Considerando la solicitud de tutela precautoria articulada por las empresas demandantes, es necesario considerar si, en este estado del proceso, corresponde ordenar a la Provincia de Buenos Aires que se abstenga de determinar la base imponible del impuesto sobre los ingresos brutos, en este caso, conforme lo establece el artículo 195, segundo párrafo, del Código Fiscal cuestionado.
Ello, en virtud de sostener que "… teniendo en cuenta que el Congreso de la Nación, en ejercicio de facultades constitucionales, ha regulado el contrato de concesión que aquí nos ocupa, los códigos fiscales y las leyes tributarias anuales provinciales deberán adecuarse al Código Civil y Comercial de la Nación, en lo que a la base imponible del impuesto sobre los ingresos brutos aplicable a la actividad de las concesionarias se refiere, ya que como están contempladas en el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, son manifiestamente inconstitucionales".
Es decir, determinar la base imponible del impuesto sobre los ingresos brutos a partir de lo dispuesto respecto de la retribución de los concesionarios en el Código de fondo ("…una comisión o un margen sobre el precio de las unidades vendidas por él a terceros o adquiridas al concedente, o también en cantidades fijas u otras formas convenidas con el concedente…", art. 1507) y no así sobre el ingreso bruto total previsto en la norma en crisis y que, en este caso, correspondería al precio de venta de las unidades vendidas.
De aquella diferencia de determinación de la base imponible del impuesto referido, alega la afectación de derechos y garantías constitucionales, tales como el principio de capacidad contributiva, el derecho a la igualdad, la garantía innominada de razonabilidad, y, como resultado de ello, su derecho de propiedad (cfr. arts. 4°, 14, 16, 17, 28, 75, inciso 12, y 126 de la Constitución Nacional y 1, 10, 11, 31 y 103, inciso 1, de la Constitución Provincial).
V.1. De lo expuesto se desprende que la argumentación en la que se basa la pretensión declarativa de inconstitucionalidad sometida a decisión de la Corte en este caso, estriba en la supuesta infracción a disposiciones contenidas en el Código Civil y Comercial relativas al contrato de concesión y al ejercicio, por parte de la Provincia, de facultades delegadas al Congreso de la Nación (art. 75 inc. 12, Const. Nacional).
En cuanto respecta al primero de los fundamentos referidos en el párrafo anterior, cabe resaltar que, con arreglo a la tradicional doctrina de esta Corte, en el marco de la acción originaria de inconstitucionalidad no corresponde aducir, como exclusivos o principales motivos de impugnación, meras infracciones a normas de rango legal o reglamentario (conf. causas I. 1329, "Playamar S.R.L.", sent. de 10-XII-1992; I. 1335, "Club Atlético Brown", sent. de 27-XII-1994 y sus citas; I. 1597, "Wetzel", sent. de 28-III-1995; I. 1516, "Aguas Minerales S.A.", I. 1517, "Lactona S.A.", ambas sents. de 27-VI-1995; I. 1640, "Expreso Merlo Norte S.A.", sent. de 9-III-1999; I. 2039, "Siemens S.A.", sent. de 11-V-1999; I. 2027, "Sindicato de Trabajadores Municipales Necochea", sent. de 13-XII-2000, I. 2213 "El Popular", sent. del 24-XI-2010, entre otras), pues el objeto del proceso reside, precisamente, en verificar la adecuación constitucional de aquellas normas ("leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos", en la terminología del art. 161 inc. 1° de la Const. pcial.); aunque también se ha dicho que de ello no debe seguirse la absoluta inadmisión de semejantes motivos impugnativos, dado que, en ocasiones, dichas infracciones pueden dar cuenta o evidenciar una invalidez constitucional (doc. causa I. 68.174, "Filón", res. de 18-IV-2007).
En tal sentido, no parece éste tratarse de un supuesto de excepción, en la medida en que la disposición impugnada se encuentra vigente desde hace años y el agravio expuesto consiste en que, desde que empezó a regir el Código Civil y Comercial, debió ser modificada para adecuarla a la regulación -supletoria de la voluntad de las partes- que éste contiene de la figura de la concesión. Así, la verosimilitud del derecho no aparece acreditada, desde este punto de vista y por el momento, con la nitidez que un despacho cautelar como el requerido exige.
Tampoco resulta plausible, prima facie , la alegación que en la demanda se efectúa en el sentido de que el Código Fiscal de la Provincia regula sobre una materia delegada al Congreso de la Nación, en tanto la determinación de la base imponible de un tributo local no importa una reglamentación del contrato de concesión, sino la manifestación del ejercicio de la potestad de las provincias para disponer sus propias normas en materia de impuestos, facultad que es inherente a su condición de entes preexistentes y autónomos (conf. arts. 1 y 103, inc. 1 de la Const. Prov.).
V. 2. Respecto del peligro en la demora, es pertinente reiterar que la norma cuestionada se halla en vigencia desde hace años, por lo que el tributo ha sido abonado de acuerdo a ella por los actores durante todo ese tiempo.
Y si bien en el escrito de demanda se señala que ARBA "…ha comenzado a requerir información respecto a aquellos concesionarios, que comenzaron a tributar el impuesto sobre los ingresos brutos tomando como parámetro de base imponible el margen comisional, tal como aparece consagrado en el CCCN" y, por lo tanto, supone el comienzo de un proceso de fiscalización con el posible riesgo de dictar un acto administrativo mediante el cual le sean reclamadas las diferencias restantes, tal afirmación se vincula con el cumplimiento, por parte de la autoridad tributaria local, de una medida cautelar dictada por un Juez Federal, que a la fecha ha sido dejada sin efecto.
Dicha afirmación no resulta suficiente a los fines de considerar que existe en el caso peligro en la demora en la medida en que, de las constancias agregadas a la causa en esta etapa del proceso, no se desprende cuál sería el impacto que sobre el giro comercial de los demandantes generaría la determinación del impuesto en cuestión conforme la regla establecida en el Código Fiscal, sin que sea posible, por tanto, apreciar si el tiempo que insuma la tramitación del proceso sea susceptible de generar un perjuicio de difícil o imposible reparación ulterior.
Siendo ello así, no se evidencia la urgencia necesaria para el otorgamiento de una medida de este tipo.
Por ello la Suprema Corte de Justicia
Rechazar la medida cautelar solicitada por las empresas demandantes (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
Regístrese y notifíquese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-Ne-So-Ge
Reg. Nº 214
Fin de la sentencia