Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 2289
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza la demanda interpuesta.
Cesen los efectos de la medida cautelar ordenada a fs. 47.
Las costas se imponen a la parte actora en su condición de vencida (art. 68, CPCC).
Por su actuación profesional en autos, regúlanse los honorarios de los abogados apoderados de la parte actora, doctores Guillermo Brown, en la suma de veintidós mil quinientos veinticuatro pesos ($22.524) y Pablo Alejandro Ferrario, en la suma de siete mil quinientos ocho pesos ($7.508); y del señor Asesor General de Gobierno, en la suma de treintaiún mil novecientos cincuenta pesos -$31.950- (arts. 9, 10, 14, 15, 16, 22, 28 inc. "a", 49 y 54, dec. ley 8.904/77; causa I. 73.016, "Morcillo", resol. de 8-XI-2017 y Acuerdo 3871, dictado el 25-X-2017), cantidades a las que se deberá adicionar el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6.716, t.o. dec. 4.771/96) y la suma que corresponda, según sea la condición tributaria de los profesionales mencionados frente al Impuesto al Valor Agregado.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa I. 2.289, "Municipalidad de La Costa s/ Inconstitucionalidad art. 22 bis inc. 4 de la Ley 12.355", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, de Lázzari.
I. El representante del Municipio Urbano de la Costa promueve acción originaria en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución de la Provincia y 683 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial. Pretende la declaración de inconstitucionalidad del art. 22 bis inc. 4 de la ley 12.355, añadido por la ley 12.604, que incorporó a la competencia del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires la intervención en conflictos individuales y colectivos de trabajo público municipales, ejerciendo facultades de conciliación y arbitraje con arreglo a las normas aplicables.
Sostiene que el precepto cuestionado es inconstitucional porque desconoce lo dispuesto en los arts. 45, 103, 190, 191 y 192 incs. 2, 4 y 6 de la Constitución provincial y afecta al régimen municipal. Requirió medida preventiva a fin de que se suspendan provisoriamente sus efectos.
II. A fs. 12 el Tribunal rechazó la petición cautelar solicitada.
III. Corrido el traslado de ley, el señor Asesor General de Gobierno contestó la demanda propiciando su rechazo, con expresa imposición de costas a la parte actora.
IV. Con posterioridad, la actora se presentó denunciando hechos nuevos y renovando el pedido de dictado de una medida cautelar que suspenda la norma atacada y ordene al Ministerio de Trabajo de la Provincia que se abstenga de citar a la comuna a participar en audiencias de conciliación o arbitraje, en el ejercicio de las facultades que le asigna la regla cuestionada en autos (v. fs. 31/33). Pedido que fue renovado a fs. 42/43.
V. En este estado , el Tribunal resolvió hacer lugar a la medida cautelar suspendiendo en sus efectos el art. 22 bis inc. 4 de la ley 12.355 -texto según ley 12.604-, con relación al Municipio Urbano de la Costa (v. fs. 47).
VI. Vencido el plazo por el cual las actuaciones se pusieron para alegar, no habiendo los litigantes hecho uso de ese derecho y oída la entonces señora Procuradora General, encontrándose la causa en estado de ser resuelta, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El representante del Municipio Urbano de la Costa relata que la comuna comenzó a recibir citaciones del Ministerio de Trabajo, tanto de su delegación de Mar del Tuyú como de su sede central en la ciudad de La Plata, con el objeto de que comparezca a las audiencias fijadas en virtud de las denuncias efectuadas por distintos agentes municipales y a través de una de las entidades que los agrupa -para el caso, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)-.
Considera que la norma que impugna es inconstitucional por incompatibilidad con el contenido de los arts. 45, 103, 190, 191 y 192 incs. 2, 4 y 6 de la Constitución provincial.
Afirma que el art. 22 bis inc. 4 de la ley 12.355 usurpa "...funciones propias del Municipio, colocando por sobre la Comuna, con autonomía funcional y administrativa, a un Ministerio de la Provincia de Buenos Aires" (fs. 8 vta.).
Alega -sin mayor explicación- que el precepto vulnera el art. 45 de la Constitución. Lo mismo considera con respecto al art. 103 el referido ordenamiento, por cuanto, a su juicio, el Poder Legislativo habría sancionado una norma avanzando sobre una materia que no era de su competencia.
En lo tocante a la afectación de los arts. 190, 191 y 192 de la Constitución provincial, aduce que la norma legal objetada, al poner en cabeza de un órgano de la órbita provincial todo lo atingente a la resolución de conflictos de empleo de naturaleza propiamente local, viola el régimen y la autonomía municipal.
II. Corrido el traslado de ley, el señor Asesor General de Gobierno solicita el rechazo de la demanda, con imposición de costas.
Señala que existe una facultad concurrente entre la Provincia y la Nación en cuestiones sustanciales en materia de trabajo que se vio plasmada con la incorporación del art. 14 bis a la Constitución nacional. Pero dice que este reparto de competencias en lo atinente a la legislación laboral no resulta aplicable a la denominada "policía del trabajo", cuyo campo de actuación dice ser muy vasto y se mantiene en cabeza de las provincias.
Agrega que en virtud de lo establecido en el art. 39 de la Constitución provincial, la Legislatura -en ejercicio de sus facultades implícitas y residuales consagradas en el art. 103 inc. 13- debe dictar las normas generales pertinentes que identifiquen o hagan operables los principios, derechos y garantías constitucionales otorgados al trabajador sin distinción de sectores -privado o público-.
Afirma que en ese marco se sancionó la ley 12.604, por la que se creó el Ministerio de Trabajo (art. 1) y se asignó su competencia específica (art. 2); en lo que interesa, incorporó el art. 22 bis inc. 4 a la ley 12.355, que le encomendó a esa cartera "...el conocimiento de las cuestiones vinculadas con el trabajo en todas sus formas [...] y en especial: [...] 4) Intervenir en el tratamiento de los conflictos individuales o colectivos de trabajo públicos, provinciales o municipales y privados, ejerciendo facultades de conciliación y arbitraje con arreglo a las normas aplicables...".
Asimismo, considera que la norma se dictó de modo compatible con la atribución que el art. 191 de la Constitución provincial le confiere a la Legislatura.
Por otro lado, en punto al contenido del artículo impugnado, asegura que es falso que se coloque al Ministerio de Trabajo provincial por encima de los municipios, sino que más bien se presenta como un tercero neutral que, al intervenir como un actor imparcial debe intentar -en primer término- la autocomposición del conflicto laboral por medio del avenimiento de las partes y, por su capacidad evaluadora y predictiva, ofrecer consejos o propuestas conciliadoras que permitan zanjar el conflicto conforme a derecho (v. fs. 22 vta.).
Añade que del contenido del precepto puesto en pugna y de la ley 10.149 -cuya constitucionalidad no ha sido cuestionada- es "...sólo en el supuesto que las partes decidan voluntariamente someterse a la jurisdicción arbitral del Ministerio (que) podría hablarse de cierta potestad decisoria del Organismo provincial", por lo que concluye que frente a un conflicto individual o colectivo derivado de la relación de empleo público municipal no existe ninguna autoridad de extraña jurisdicción que sustituya la voluntad o determinación autónoma de los municipios.
Hace reserva del caso federal.
III. La entonces señora Procuradora General dictaminó en sentido contrario a la pretensión, al reputar que no se evidenciaban vicios de inconstitucionalidad que permitiesen anular la disposición cuestionada. Aprovechó para recordar que con anterioridad se había expedido en pos del rechazo del conflicto de poderes promovido por el Municipio Urbano de la Costa contra la Provincia de Buenos Aires, proceso en el que también se impugnaba la norma aquí debatida (cfr. causa B. 63.337, "Municipalidad de La Costa c/ Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires s/ conflicto de poderes").
IV. Ante todo, cabe señalar que por resolución de 19-II-2002, esta Corte desestimó la pretensión deducida en la causa B. 63.337, supra detallada, y dejó sin efecto la suspensión cautelar allí dispuesta por no configurar un supuesto de conflicto en los términos de los arts. 161 inc. 2 y 196 de la Constitución provincial, al no evidenciarse una colisión de competencias que entorpecieran de modo irresoluble la marcha funcional pacífica de las instituciones.
En dicha oportunidad el Tribunal expresó que lo planteado constituía una mera disconformidad con el régimen implementado por la ley 12.355, y que no correspondía, en el estricto marco del conflicto de poderes, efectuar el control de la legalidad o constitucionalidad del precepto. Pero ello no es predicable en esta vía.
V. Disponía la ley 12.355, en su art. 22 bis, que "...corresponde al Ministerio de Trabajo asistir al Gobernador de la Provincia en la determinación de las políticas de empleo, en el conocimiento de las cuestiones vinculadas con el trabajo en todas sus formas, el ejercicio indelegable del poder de policía en materia laboral y en especial le compete: [...] 4. Intervenir en el tratamiento de los conflictos individuales o colectivos de trabajo público, provinciales o municipales y privados, ejerciendo facultades de conciliación y arbitraje con arreglo a las normas aplicables".
Esa regla fue derogada por la ley 12.856 (B.O. de 7-II-2002) que, no obstante, en su art. 22 inc. 4, reprodujo exactamente el texto anterior. Luego, las posteriores leyes de ministerios mantuvieron, en lo sustancial, la referida competencia: la ley 14.803 (B.O. de 14-XII-2015) en su art. 28 inc. 4 y las leyes 14.853 (B.O. de 6-XII-2016) y 14.989 (B.O. de 29-XII-2017), ambas en su art. 29 inc. 2.
Si bien es doctrina del Tribunal que éste debe abstenerse de pronunciarse sobre la constitucionalidad de una ley que ha sido derogada por otra posterior (doctr. causa Ac. 45.134, "Iwasch de Pociurko", sent. de 6-X-1992), en el sub examine tal criterio debe ser analizado considerando que aun cuando la ley impugnada por la Municipalidad de La Costa -la 12.355- fue sustituida, la competencia de la autoridad provincial para intervenir en el tratamiento de los conflictos individuales o colectivos de trabajo público, provinciales o municipales y privados, ejerciendo las facultades de conciliación y arbitraje que en el sub lite se denuncian ilegítimas, rige todavía en el presente (cfr. art. 29 inc. 2, ley 14.989).
Así las cosas, no parece evidente que la municipalidad que promovió la demanda haya perdido todo interés en la resolución de la controversia y, con ello, su aptitud para mantener una pretensión como la planteada ante esta Corte. En lo esencial, el contenido normativo controvertido por la actora ha sido reeditado sucesivamente en las cuatro leyes de ministerios que le siguieron. De tal modo, la cuestión litigiosa persiste y, con las adecuaciones propias del caso, es apta para ser abordada judicialmente (arg. contrario causas I. 1.853, "Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 14-IX-2005; I. 1.980, "Bruno", sent. de 27-XI-2013; I. 71.858, "Figueroa Alcorta", sent. de 6-VIII-2014 e I. 2.033, "Ferro", sent. de 29-XII-2014).
VI. Expuestas las posiciones de las partes, lo que corresponde resolver es si el art. 29 inc. 2 de la ley 14.989 (originalmente art. 22 bis de la ley 12.355 -texto según ley 12.604-) se encuentra en pugna con la Constitución de la Provincia; en particular, con sus arts. 45, 103, 190, 191 y 192 incs. 3, 4, y 6 invocados por la actora.
Como se dijo, el Municipio Urbano de la Costa, en lacónico puñado de frases, aduce la afectación al régimen municipal y al principio autonómico que ha de informarlo, así como el desconocimiento de algunas reglas constitucionales. Alega que la regulación controvertida avanza sobre funciones propias del municipio al colocar por sobre la autoridad del Departamento Ejecutivo municipal a un órgano provincial, con facultades de conciliación y arbitraje, para resolver conflictos internos con sus empleados. Asimismo, que el Poder Legislativo ha avanzado sobre una materia para la cual no resulta competente.
Por su lado, el señor Asesor General de Gobierno esgrime que, en virtud de lo establecido en los arts. 39 y 103 inc. 13 de la Constitución provincial, la Legislatura tiene facultades para dictar las normas generales pertinentes que identifiquen o hagan operables los principios, derechos y garantías constitucionales otorgadas al trabajador sin distinción de sectores.
En lo que hace a la validez de una regla atributiva de competencia como la aquí denunciada, niega que la intervención de una autoridad provincial en materia de un conflicto laboral entre el municipio y sus agentes vaya en detrimento de la autonomía de este último. Antes bien, dice, el ministerio actúa como "un tercero neutral" para intentar la autocomposición del entuerto (v. fs. 22 vta.).
VII. El escaso desarrollo argumental del escrito de demanda de fs. 8/10, cuyo fundamento no se extiende más allá de una carilla y media, carece de virtualidad como para justificar la pretensión que se entabla y extraer de esta Corte un pronunciamiento de invalidez constitucional como el pretendido, ultima ratio del orden jurídico.
La procedencia de semejante declaración, como se ha resuelto con reiteración, está supeditada a que el interesado demuestre acabadamente de qué manera la norma cuestionada contraría la Constitución causándole de ese modo un agravio. Pues, para que pueda ser atendido un planteo de tal índole, debe tener un sólido desarrollo argumental y contar con fundamentos que se apoyen en las probanzas de la causa (doctr. causas A. 70.305, "Ballast Ham Dredging BV", sent. de 3-VII-2013; I. 68.475, "Afirmación para una República Igualitaria (ARI)", sent. de 2-III-2011; B. 65.396, "Esso SA", sent. de 22-VI-2016; I. 72.447, "Procuradora General de la Suprema Corte", sent. de 29-V-2019; e.o.; arg. arts. 330 incs. 5 y 6 y 688, CPCC).
Limitadas al mero enunciado de las normas fundamentales que se reputan vulneradas, las referencias efectuadas en la demanda lucen vagas e inespecíficas, sin demostrar la infracción constitucional denunciada. De esa forma, revelan su ostensible insuficiencia para instar la delicada misión que el art. 161 inc. 1 de la Constitución de la Provincia pone en cabeza de este cuerpo como tribunal constitucional. Y ello, por sí solo, sella la suerte adversa de la acción originaria promovida (art. 688 in fine , CPCC; doctr. causas I. 1.597, "Wetzel", sent. de 28-III-1995; I. 1.252, "Ponce", sent. de 2-VII-2003 e I. 2.070, "Video Cable Comunicación SA", sent. de 28-V-2010).
A mayor abundamiento, he de notar que el eje central de la impugnación basado en la violación del principio autonómico omite cualquier alusión a la única norma que expresamente lo consagra, cual es el art. 123 de la Constitución nacional, aplicable de la mano de la infracción del art. 1 de la Constitución local, que tampoco arguye, aun cuando la incorporación de aquella a un proceso de esta clase -de base constitucional local- no venga libre de cualificaciones (cfr. doctr. causa I. 2.021, "Municipalidad de San Isidro", sent. de 27-VIII-2014).
VIII. Por lo expresado, dada su manifiesta carencia de fundamentación, corresponde rechazar la demanda promovida por la Municipalidad de La Costa a fs. 8/10 (art. 688 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
Cesen los efectos de la medida cautelar ordenada a fs. 47. Costas a la vencida (art. 68, CPCC).
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y de Lázzari, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza la demanda interpuesta.
Cesen los efectos de la medida cautelar ordenada a fs. 47.
Las costas se imponen a la parte actora en su condición de vencida (art. 68, CPCC).
Por su actuación profesional en autos, regúlanse los honorarios de los abogados apoderados de la parte actora, doctores Guillermo Brown, en la suma de veintidós mil quinientos veinticuatro pesos ($22.524) y Pablo Alejandro Ferrario, en la suma de siete mil quinientos ocho pesos ($7.508); y del señor Asesor General de Gobierno, en la suma de treintaiún mil novecientos cincuenta pesos -$31.950- (arts. 9, 10, 14, 15, 16, 22, 28 inc. "a", 49 y 54, dec. ley 8.904/77; causa I. 73.016, "Morcillo", resol. de 8-XI-2017 y Acuerdo 3871, dictado el 25-X-2017), cantidades a las que se deberá adicionar el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6.716, t.o. dec. 4.771/96) y la suma que corresponda, según sea la condición tributaria de los profesionales mencionados frente al Impuesto al Valor Agregado.
Regístrese y notifíquese.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el N°
Firmas
Funcionario Firmante: 21/06/2020 16:49:44 - SORIA Daniel Fernando
Funcionario Firmante: 22/06/2020 11:42:53 - DE LAZZARI Eduardo Nestor
Funcionario Firmante: 22/06/2020 14:12:02 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 23/06/2020 12:46:58 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 24/06/2020 19:49:15 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia