Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 78540
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar in limine la presente demanda originaria de inconstitucionalidad dirigida contra el art. 231 bis del Código Procesal Penal (arts. 161 inc. 1°, Const. prov., 336 y concs. y 683 y sigs., CPCC).
II. Por su actuación profesional en autos, se regulan los honorarios del doctor Andrés Eduardo Bursztyn en la suma equivalente a … Jus (arts. 1, 2, 9, 16, 24, 28 inc. "a" y 54, ley 14.967). A los honorarios regulados precedentemente se deberá adicionar el 10% (art. 12 inc. "a" y 16, ley 6716 y modif.) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria del mencionado profesional frente al IVA.
I.78.540 “BURSZTYN, ANDRES EDUARDO S/ INCONSTITUCIONALIDAD ART. 231 BIS CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA PROV. DE BS. AS.”
I. El abogado Andrés Eduardo Bursztyn, en representación de un grupo de vecinos de la localidad de Burzaco, promueve la presente demanda de inconstitucionalidad en los términos de los arts. 161 inc. 1° de la Constitución provincial y 683 y sigs. del Código Procesal Civil y Comercial, en relación al art. 231 bis del Código Procesal Penal al considerar que su texto infringe el contenido de los arts. 10, 11 y 15 de la Constitución de la provincia, 75 inc. 22 de la Constitución Nacional y 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
II. Explica que la referida norma establece que en las causas iniciadas por la posible comisión del delito de usurpación previsto en el art. 181 del Código Penal, tanto el Agente Fiscal como la víctima del delito o el particular damnificado, pueden solicitar a los órganos jurisdiccionales intervinientes, en cualquier momento del proceso y aún antes de la convocatoria a prestar declaración en los términos del art. 308 del Código Procesal Penal, que se reintegre el inmueble al damnificado, ordenando el desalojo compulsivo de todas las personas que se encuentren en el inmueble.
Sostiene que la posibilidad que brinda el artículo impugnado de requerir el desahucio forzoso de todos aquellos que se hallen habitando la propiedad, sin tener en cuenta si ellos se encuentran o no imputados en la causa penal y sin la posibilidad de que puedan ejercer sus derechos en el marco de ese proceso, violaría la presunción de inocencia garantizada por el art. 10 de la Constitución provincial, según la cual la privación de los derechos como consecuencia de la imposición de una pena requiere necesariamente de una sentencia judicial previa en la que se declare la culpabilidad del acusado.
Argumenta, en apoyo a esta postura, que en los procesos por delitos de usurpación, junto con la imposición de una condena penal, la sentencia tiene el fin de hacer cesar la comisión de dicha infracción mediante la exclusión del autor del inmueble objeto de delito, en consonancia con lo que establece el art. 23 del Código Penal, por lo que sería evidente que el artículo cuestionado adelanta un aspecto coercitivo propio de la condena a un momento previo del proceso, en clara transgresión a la presunción de inocencia. Máxime cuando el desalojo se ejecuta contra terceros ocupantes que no se encuentran siquiera imputados en la causa penal, ni resultan partícipes del delito.
Afirma que, como corolario de ello, también se infringiría el art. 15 de la Carta local que garantiza el debido proceso y el derecho de defensa, pues no se respeta la potestad de ser oídos que tienen todos aquellos que se encuentran ocupando un inmueble, al autorizar al juez a ordenar su desalojo sin necesidad de escuchar previamente a quienes afecta directamente la medida.
En este sentido, insiste con que el desalojo constituye un adelanto de la condena y, en todo caso, debería estar alcanzado por los requisitos generales de procedencia de cualquier remedio cautelar en el ámbito penal: apariencia de responsabilidad del titular del derecho a afectar, verificación del peligro cierto de frustración de los fines del proceso, proporcionalidad entre la medida y el objeto de tutela y exigencia de contracautela. De los cuales, sostiene, en la mayoría de los casos no se configura ninguno.
Finalmente, alega la inconstitucionalidad del cuestionado art. 231 bis por violación al derecho a una vivienda adecuada previsto en los arts. 11 de la Constitución provincial y 11 del PIDESC, al considerar que el legislador no contempló una serie de aspectos que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas ha establecido en su Observación General N°7 como presupuestos previos a la posibilidad de desalojar forzosamente a quienes se encuentran ocupado un terreno, tales como un plazo razonable de notificación previa a los afectados, no ejecutar la medida cuando hubiese muy mal tiempo o durante la noche, ofrecer asistencia jurídica y evitar que haya personas que se queden sin vivienda a raíz de la orden de desalojo.
III.1. Conforme lo dispone el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial, la Suprema Corte de Justicia ejerce jurisdicción originaria para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por la Constitución provincial y sea controvertida por parte interesada, de lo cual se infiere que el objeto de esta acción y, por ende, el ámbito de conocimiento reservado a esta vía, reside en la discusión sobre la validez constitucional de una norma considerada en abstracto.
En el caso, si bien el representante de los actores se esfuerza por tratar de convencer a este Tribunal de que la impugnación que hace del art. 231 bis del Código Procesal Penal es independiente de cualquier otro juicio, haciendo propios los argumentos otrora presentados por el Defensor de Casación Penal en un proceso iniciado contra la misma norma -del cual repite hasta los fundamentos por los cuales se encontraría legitimado para requerir la inconstitucionalidad, los que evidentemente no le son replicables a su condición de patrocinante de un grupo de vecinos- (v. escrito de inicio en autos I. 74.644, "Coriolano", presentación de fecha 17-III-2017), lo cierto es que de la demanda se desprende que ello no es así.
Al justificar la medida cautelar solicitada en el punto XIV, se sostiene que la verosimilitud en el derecho invocado por los actores estaría dada por lo dispuesto en el expediente 07-00-039379-20/00, caratulado: "Averiguación de ilícito - Imputados Acosta, Emilio Gabriel y Echenique, Yamila Diana" en trámite por ante una Unidad Fiscal Funcional de Instrucción y Juicio del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, con intervención del Juzgado de Garantías N°1 departamental, requiriendo que hasta tanto se dicte sentencia se ordene la suspensión del allanamiento y lanzamiento allí decretados.
Siendo así, al margen de cualquier consideración que pudiera ser hecha sobre el confronte efectuado entre el texto del art. 231 bis del Código Procesal Penal y las disposiciones de la Constitución provincial, y sin entrar en la cuestión sobre si la parte actora reúne o no la condición de "parte interesada", se torna claro que la presente demanda de inconstitucionalidad, tal como ha sido planteada, resulta inadmisible.
En efecto, este Tribunal ha señalado que en la acción originaria de inconstitucionalidad resultan improcedentes los planteos que no consistan en la validez constitucional de una norma considerada en sí misma, sino que versan sobre la aplicación de ella al interesado, pues si bien la actuación concreta de un precepto puede afectar principios constitucionales, ello nada tiene que ver con la validez en abstracto, que es lo único que puede discutirse mediante la mencionada acción (conf. causas I. 1.308, "Abasto Mar del Plata S.A.", sent. de 28-VI-1994; I. 1.616, "Marsiglia", sent. de 8-IX-1998 e I. 2.171, "Bayón", resol. de 2-V-1999; e.o.), de manera que en la ponderación de la validez constitucional de una norma no resultan atendibles los agravios que solo constituyen una consecuencia de su aplicación y no la previsión objetiva del precepto cuestionado (conf. causas I. 1.335, "Club Atlético Brown", sent. de 27-IX-1994; I. 68.276, "Empresa de Transportes 25 de mayo S.R.L.", resol. de 21-X-2005; I. 2.179, "Jaroslavsky", sent. de 30-XI-2011; I. 72.580, "Florentin", resol. de 8-V-2013; I. 74.293, "Suárez", resol. de 7-IX-2016; e.o.).
En definitiva, el objeto primario de la acción prevista por el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial reside en la verificación de la validez de una norma considerada en sí misma, sin que ello importe que deban desatenderse por completo los perjuicios derivados de la lesión a los derechos de la parte interesada y que resulten ser consecuencia de su inminente o efectiva aplicación. De lo contrario, no habría "caso" ni "legitimación", requisitos estos que se infieren a partir de la situación fáctica en que se enmarca la pretensión (conf. art. 683 y sigs., CPCC; y causa I. 72.580, cit.).
III.2. Pero además, esta Corte ya ha resuelto en precedentes análogos en los que también se impugnaba el art. 231 bis del Código Procesal Penal, que planteos de esta índole deben sustanciarse por las vías previstas en el régimen procesal específico y no por medio de la acción originaria de inconstitucionalidad (doctr. causas I. 72.580, "Florentín", resol. de 8-V-2013 e I. 74.293, "Suárez", resol. de 07-IX-2016).
Lo anterior, porque el acierto o error de las decisiones adoptadas en un proceso penal no se encuentra sujeto al control de magistrados de otros fueros o instancias, sino solo al de los órganos de alzada del fuero penal previamente establecidos por el ordenamiento, incluso en casos como el presente en el que se evidencian situaciones que involucran a personas en estado de vulnerabilidad social, puesto que cualquier consideración que se pueda hacer al respecto no habilita a alterar el orden de las competencias legalmente determinadas ni a ejercer materias que desbordan las propias de cada jurisdicción (doctr. causa B. 73.724, "Calles Añasgo", resol. de 15-VII-2015).
III.3. Finalmente, no resulta ocioso destacar que este Tribunal ya ha abordado la problemática aquí planteada teniendo en cuenta las situaciones de alta conflictividad social que se generan a raíz de ciertas situaciones de desalojos masivos, ha dictado un protocolo de actuación judicial que se aprobó mediante la Resolución SCBA N°707/19 el 17-IX-2019, el que tiene como objetivo que en estos casos se cumplan las garantías constitucionales, normas y estándares internacionales en materia de derechos humanos (p.II.1 de su Anexo Único), ha brindado protección a mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores y demás personas especialmente vulnerables (p.II.2 de su Anexo Único). Dicho protocolo prevé muchas de las situaciones en las cuales la parte actora funda su derecho, como la necesidad de que el Agente Fiscal acompañe documentación que brinde verosimilitud suficiente previo a cualquier intervención suya en el procedimiento (p.III.2.b de su Anexo Único), la citación a la Defensoría Oficial, al Asesor de Incapaces, a la Subsecretaría de Derechos Humanos, al Ministerio de Desarrollo Social, al Defensor del Pueblo y a la Subsecretaría Social de Tierras y Acceso Justo al Hábitat (p.III.2.f-i de su Anexo Único) y la reglamentación de que el mandamiento de desalojo debe indicar expresamente que la medida debe realizarse en horario diurno, no pudiendo llevarse a cabo cuando las condiciones climáticas sean adversas, con presencia de servicio de asistencia médica y con el cuidado por parte de la fuerza pública de la integridad física de las personas que ocupen el predio (p.III.5.a de su Anexo Único).
IV. Por todo ello, corresponde rechazar in limine la presente demanda originaria de inconstitucionalidad dirigida contra el art. 231 bis del Código Procesal Penal. Ello, desde ya, sin desmedro de la posibilidad con la que cuentan los actores para ocurrir por los carriles procesales idóneos a fin de cuestionar los actos aplicativos de dicha norma que reputen lesivos a su esfera de derechos (arts. 161 inc. 1°, Const. prov., 336 y concs. y 683 y sigs., CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Rechazar in limine la presente demanda originaria de inconstitucionalidad dirigida contra el art. 231 bis del Código Procesal Penal (arts. 161 inc. 1°, Const. prov., 336 y concs. y 683 y sigs., CPCC).
II. Por su actuación profesional en autos, se regulan los honorarios del doctor Andrés Eduardo Bursztyn en la suma equivalente a … Jus (arts. 1, 2, 9, 16, 24, 28 inc. "a" y 54, ley 14.967). A los honorarios regulados precedentemente se deberá adicionar el 10% (art. 12 inc. "a" y 16, ley 6716 y modif.) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria del mencionado profesional frente al IVA.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/08/2023 16:17:39 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/08/2023 21:28:46 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/08/2023 11:45:07 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/08/2023 15:23:37 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/08/2023 17:22:56 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 22/08/2023 17:28:10 hs. bajo el número RR-788-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia