Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 79054
I.79.054 "DI SALVO, RUBEN JOSE C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ INCONSTITUCIONALIDAD ART. 3 DECRETO 1.754/2023"
I. El señor Rubén José Di Salvo se presenta por derecho propio y promueve la presente acción en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y concs. del Código Procesal Civil y Comercial, contra la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que esta Suprema Corte declare la inconstitucionalidad del art. 3 del decreto 1.754/23 suscripto por el Gobernador, mediante el que se estableció que los Coeficientes Previsionales de Actualización (en adelante, CoPA; cuyo mecanismo de fijación se encuentra regulado en el artículo anterior de ese mismo decreto) "...serán aplicados de oficio por el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires conforme las disposiciones del artículo 50° del Decreto-Ley 9650/80, segundo párrafo, y por defecto a todos los cargos de extraña jurisdicción, sin distingo respecto a su pérdida de vigencia". Requiere también la declaración de inconstitucionalidad de las normas reglamentarias y/o complementarias que se dicten en su consecuencia y se ordene al Instituto de Previsión Social (en adelante, IPS) que "desde el 1° de octubre de 2023 continúe liquidando su haber jubilatorio conforme la resolución de ese mismo organismo, emitida en fecha 3 de diciembre de 2009 en el expediente 021557-121106-0-09-000, absteniéndose de aplicar el precepto impugnado" (v. presentación electrónica de fecha 2-XI-2023, 12:41:17 p.m.).
Sostiene que la norma objetada resulta contraria a los arts. 11, 31, 36 y 39 inc. 1 de la Constitución provincial, así como a los arts. 14, 14 bis , 16, 17, 28, 31 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional.
Postula que, siendo ello así, se ven violentados sus derechos a la igualdad, a la propiedad, a la protección integral de la tercera edad y a una retribución justa.
Relata que obtuvo el beneficio de la jubilación ordinaria desde el 1° de enero de 2009 con expresa disposición de que los correspondientes haberes debían equivaler a un 75% del sueldo y las bonificaciones asignadas al cargo de Oficial que desempeñó en el Poder Judicial de la Nación hasta el año 1977, en virtud del sistema de reciprocidad contemplado en el decreto ley 9.650/80.
Sostiene que la disposición final del art. 3 del decreto 1.754/23 remueve tal condición e importa un avasallamiento de sus derechos adquiridos pues, en adelante, su haber deberá ser calculado con aplicación de los CoPA, a pesar de que su cargo regulatorio existe y tiene asignación de partida presupuestaria en la actualidad.
Expresa que la liquidación de su beneficio en los términos del decreto 1.754/23 sujeta los incrementos que le corresponden "...a una categoría que por cierto recibirá aumento(s) muy inferiores a los que otorga el Poder Judicial de la Nación" (presentación electrónica de fecha 2-XI-2023, 12:41:17 p.m., punto II).
Menciona también que el Poder Ejecutivo se ha excedido en sus atribuciones al dictar este decreto, pues sus disposiciones contienen una reforma del decreto ley 9.650/80, para la que carece de facultades.
Finalmente solicita que, con carácter cautelar, se ordene al IPS la abstención de aplicar a su respecto el decreto 1.754/23 en lo que refiere a la liquidación de su haber jubilatorio y que continúe calculando su beneficio de acuerdo a los términos en que le fue concedido.
II. Cumplido el traslado de la demanda (v. actuación de fecha 6-XI-2023), se presenta el señor Asesor General de Gobierno y la responde (v. presentación electrónica de fecha 4-XII-2023, 3:52:13 p.m.).
Allí plantea la inadmisibilidad de la acción intentada, en el entendimiento de que no se expone una infracción directa a alguna norma constitucional sino a preceptos de rango legal. Sostiene también que la aplicación del precepto objetado no produce al actor el perjuicio que alega, pues la actualización del haber previsional por medio del nuevo sistema de coeficiente no importa una reducción del beneficio.
III. De tal presentación se corrió traslado a la parte actora (v. actuación de fecha 5-XII-2023), que la respondió insistiendo en que el canal intentado es el adecuado para articular su pretensión (v. presentación electrónica de fecha 12-XII-2023, 9:24:22 a.m.).
IV. Corresponde abordar en primer término la oposición formal al progreso de la acción planteada por el Asesor General de Gobierno.
En esa labor debe recordarse que, como ha dicho esta Suprema Corte en reiteradas oportunidades, cuando el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial alude a "materia regida por esta Constitución" se refiere -y la interpretación jurisprudencial ha sido invariable al respecto antes y después de la reforma constitucional de 1994- a la necesidad del planteamiento de un conflicto directo entre la disposición controvertida y la o las normas de la Carta local que se consideren violentadas (doctr. causas I. 1.169, "Malacari", sent. de 11-XII-1984; I. 1.998, "Piombo", resol. de 18-VI-1996; I. 2.027, "Sindicato de Trabajadores Municipales de Necochea", sent. de 27-XII-2000; I. 1.447, "Expreso Merlo SA", sent. de 28-III-2001; B. 70.086, "Consorcio Exportador Pesquero SA", resol. de 29-IV-2009; B. 75.890, "Martínez", resol. de 14-VIII-2019 y B. 77.524, "Thomart GNC SA", resol. de 10-XII-2021; e.o.).
De allí que no sean procedentes las demandas de inconstitucionalidad en las que se denuncian infracciones a la Constitución nacional o a leyes o reglamentos dictados por autoridades federales, ni tampoco cuando se postulan argumentos de estricta o preferente legalidad. Sobre esa base se ha decidido que la competencia originaria en cuestión no se ve afectada en los casos así planteados (doctr. causas B. 68.381, "Ganadera 2000 SA" y B. 68.416, "Agroindustrias Quilmes S.A.", ambas resol. de 23-XI-2005; B. 68.940, "Asociación Mutual del Personal de la Administración Pública", resol. de 13-XII-2006; B. 69.932, "Citta", resol. de 3-XII-2008; B. 72.098, "Mariano Emilio Furt SA", resol. de 10-IV-2013; I. 74.725, "Miño", resol. de 7-II-2018; B. 75.316, "Siniego Berri", resol. de 3-V-2018; B. 76.039, "Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales", resol. de 23-X-2019; B. 78.225, "Blasi", resol. de 29-IX-2022).
En la especie, al contrario de lo sostenido por la demandada, la impugnación al art. 3 del decreto 1.754/23 es propuesta haciendo eje principal y fundamentalmente en la violación a los derechos consagrados en los arts. 11, 31, 36 y 39 inc. 3 de la Constitución Provincial, alegando la inmediata violación de la cobertura que sus enunciados ofrecen al actor en atención a su particular condición de jubilado.
A la vez, no desmerecen la centralidad de tales argumentos las referencias que se hacen en el escrito inicial al decreto ley 9.650/80 pues resultan coadyuvantes al planteo medular, vinculado a la modificación perjudicial del régimen de movilidad jubilatoria, sin desplazarlo.
Se advierte, así, que la cuestión traída a conocimiento del Tribunal versa sobre la pretendida violación directa de las normas constitucionales aludidas, especialmente en cuanto aseguran a los habitantes de la Provincia una "retribución justa". Expresión esta que, en lo concerniente al haber previsional, esta Suprema Corte ha vinculado al carácter sucedáneo que reviste la prestación de esa naturaleza (doctr. causas I. 68.019, "Rossi", sent. de 14-IX-2011; I. 75.132, "Asociación Bancaria", resol. de 14-III-2023).
Es que, bien leídos, los planteos del actor se dirigen a demostrar que, de aplicarse el coeficiente dispuesto en el decreto 1.754/23, sus haberes mermarán o es esperable que se reduzcan o desconecten de la anunciada finalidad sustitutiva, alterando el equilibrio que debe guardar respecto del salario que percibe quien se encuentra en actividad en el cargo otrora desempeñado.
En atención a las consideraciones precedentes, la oposición formal expuesta en la contestación de demanda debe ser rechazada (arts. 345 inc. 1 y 683, CPCC).
V. Decidido lo anterior, corresponde analizar la pertinencia del otorgamiento de la medida cautelar solicitada por el demandante.
Este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que, en el marco provisional propio del despacho cautelar, se impone la justificación — prima facie — de la presencia de ambos elementos exigidos por la ley adjetiva ( fumus boni iuris y periculum in mora ) para proceder al despacho favorable de la tutela precautoria (arts. 230, 232 y concs., CPCC; doctr. causas B. 65.043, "Trade SA", resol. de 4-VIII-2004; I. 73.931, "Peralta", resol. de 6-IX-2017; I. 74.643, "Asociación para la Protección del Medioambiente y Educación Ecológica 18 de Octubre", resol. de 18-IX-2019; I. 76.850, "Pavanel Egea", resol. de 23-II-2021; I. 76.801, "Helacor S.A.", resol. de 9-IV-2021; I. 76.963, "Sesto", resol. de 27-V-2021; I. 75.873, "Carlos E. Iturriaga e Hijos SA", resol. de 23-II-2022; I. 78.674, "Mutilva", resol. de 24-X-2023; e I. 79.300, "Murri", resol. de 19-IV-2024; e.o.).
Tiene dicho también que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas de esta naturaleza es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria, atento la presunción de constitucionalidad o regularidad de la que gozan las normas susceptibles de ser cuestionadas por su conducto (doctr. causas I. 1.520, "Peltzer", resol. de 28-V-1991; I. 3.024, "Lavaderos de Lanas El Triunfo SA", resol. de 8-VII-2003; B. 67.594, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 3-II-2004; I. 68.944 "UPCN", resol. de 5-III-2008; I. 73.947, "Greppi", resol. de 22-XII-2015; I. 69.637, "Marín", resol. de 23-V-2017; I. 76.258, "Intendente de la Municipalidad de General San Martín", resol. de 27-XI-2019; I. 75.708, "Mendoza", resol. de 11-XII-2019; I. 76.482, "Química True S.R.L.", resol. de 7-X-2020; I. 77.032, "Isabella", resol. de 26-IV-2021; I. 75.756, "Barsi SA", resol. de 24-XI-2021; I. 77.485, "Zacarías", resol. de 28-XII-2021; I. 77.815, "Cagnone", resol. de 5-VIII-2022; I. 78.789, "Girotti Blanco", resol. de 30-V-2023; I. 78.041, "Radaelli", resol. de 31-VII-2023; e I. 79.435, "Ferreyra", resol. de 11-VII-2024; e.o).
Por excepción, ha acogido solicitudes suspensivas de normas locales, en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino, en rigor, acerca de su verosimilitud (art. 230 inc. 1, CPCC; doctr. causas I. 71.446, cit.; B. 63.590, "Saisi", resol. de 5-III-2003; I. 72.634, "Frigorífico Villa Olga SA", resol. de 30-IV-2014; I. 73.986, "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", resol. de 22-XII-2015; e.o.).
Así lo ha resuelto cuando de la apreciación de las circunstancias existentes se advierte que la impugnación de la disposición reputada lesiva posee una precisa y fundada apariencia de buen derecho (doctr. causa I. 74.061, "Romay", resol. de 4-V-2016 y sus citas), porque demuestra prima facie la transgresión constitucional y acredita en igual modo que el cumplimiento o los efectos de la norma controvertida han de generar un gravamen irreparable al derecho invocado (doctr. causas I. 3.521, "Bravo", resol. de 9-X-2003 y sus citas; I. 68.183, "Del Potro", resol. de 4-V-2005; I. 69.045, "Larumbe", resol. de 21-II-2007; I. 73.256, "Canseco", resol. de 13-VIII-2014; e I. 75.223, "Tripicchio", resol. de 31-VIII-2021; e.o.).
De tal manera, se impone considerar con ese criterio los extremos requeridos por la ley adjetiva inherentes a la petición cautelar formulada en autos.
Cabe adelantar que, en las particulares condiciones del caso, los elementos que habilitan la protección requerida se encuentran actualmente configurados.
V.1. Con respecto a la apariencia de buen derecho, como lo hizo este Tribunal en otros casos en los que también se enjuiciaban normas modificatorias de un especial régimen de movilidad jubilatoria (v. causas I. 75.223 bis , "Tripicchio", resol. de 31-VIII-2021 e I. 75.132, "Asociación Bancaria", resol. de 14-III-2023), es útil recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación es particularmente sensible al resguardo de los derechos del sector pasivo, precisamente por tratarse de un grupo vulnerable. De allí que con sus decisiones procura hacer efectiva la protección que la Constitución nacional garantiza a la ancianidad (considerando 21 del precedente "García", CSJN Fallos: 342:411 y sus citas [art. 75, inc. 23, Const. nac.; Fallos: 328:566, 1602; 329:3089; 332:1914; 337:1564; 341:1924, e.o.]). Ello en un todo conteste con diversos instrumentos internacionales sobre derechos humanos aplicables en el caso (Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 26; Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 9.1.; Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de la Organización de Estados Americanos, 45ta. Asamblea General de la OEA, 15 de junio de 2015; ley 27.360, arts. 3, apdo. 1; 4 incs. "c" y "d" y 17).
El máximo Tribunal federal ha reconocido que la ya mencionada necesidad de mantener una proporción justa y razonable entre el haber en pasividad y la situación de los activos es consecuencia del carácter integral que reconoce la Constitución a todos los beneficios de la seguridad social y de la íntima vinculación que guardan las prestaciones aseguradas al trabajador con aquellas de naturaleza previsional, que son financiadas primordialmente con los aportes efectuados durante el servicio (causas "Sánchez", CSJN Fallos: 328:1602; "Badaro I" y "Badaro II", Fallos: 329:3089 y 330:4866, respectivamente; "Blanco", Fallos: 341:1924, e.o.). Definió asimismo que el derecho a la movilidad no constituye un enunciado vacío que puede llenarse por la ley de cualquier modo, sino que debe garantizar el propósito de darle toda plenitud, lo que importa asegurar a los beneficiarios el mantenimiento de un nivel de vida acorde con la posición que tuvieron durante sus años de trabajo (CSJN Fallos: 279:389; 280:424; 292:447; 293:235; 300:84, 571; 305:866; 328:1602).
Con relación al caso, corresponde valorar la información brindada por el IPS en cumplimiento de las medidas para mejor proveer ordenadas mediante las resoluciones de fechas 26-II-2024 y 6-V-2024, así como los sucesivos informes que el mismo organismo fue incorporando ante los pedidos de explicaciones, aclaraciones o manifestaciones formuladas por ambas partes (v. actuaciones de fechas 14-III-2024; 20-III-2024; 8-IV-2024; 10-IV-2024; 17-IV-2024; 18-IV-2024; 16-V-2024; 21-V-2024; 24-V-2024 7-VI-2024; 12-VI-2024; 29-VI-2024; 2-VII-2024 y 10-VII-2024).
De allí surge, en cuanto es pertinente destacar, que al día 16-V-2024 no se había suscripto ningún convenio entre el organismo previsional provincial y el Poder Judicial de la Nación a efectos de la actualización de los haberes jubilatorios para el supuesto en que el cargo que sirve de base para su cálculo corresponda a esa otra jurisdicción. Recuérdese que a esa clase de acuerdo refiere el art. 3 de la resolución 22.497/23 del IPS, cuya suscripción desplazaría la aplicación del CoPA que se señala como agraviante.
Sin perjuicio de ello, también fue denunciado en autos que el IPS ha avanzado en la realización de gestiones tendientes a la concreción de un acuerdo como el referido con el ex empleador del aquí demandante a efectos de hacer posible la aplicación de la movilidad prevista en el art. 50 del decreto ley 9.650/80 (v. presentación electrónica de fecha 16-V-2024 y sus anexos).
Ahora bien, con respecto a las diferencias que podrían registrarse en el monto del beneficio que corresponde al actor, se ha ofrecido una comparación entre las sumas arrojadas en caso de liquidarlo con aplicación del coeficiente previsto en el decreto 1.754/23 y en el supuesto de calcularlo mediante el mecanismo previsto con anterioridad a la emisión de ese reglamento. De ese cotejo, como se verá, no puede extraerse, en esta etapa preliminar del proceso, que la aplicación del nuevo mecanismo resulte inocua o más beneficiosa para el actor sino que, al contrario, conduce a vislumbrar un escenario opuesto.
En efecto, si bien se da cuenta de que en algunos períodos la aplicación del CoPA ofrece un monto nominal mayor, lo cierto también es que el valor de comparación para el mismo mes se veía incidido por la circunstancia de encontrarse pendiente el procesamiento de la comunicación por el jubilado de los aumentos asignados por su ex empleador al cargo que sirve de base.
Concretamente, el haber del mes de mayo 2024, computado de acuerdo al sistema derogado por el decreto 1.754/23, ascendía al monto de un millón doscientos sesenta y un mil ciento veintidós con 52/100 pesos ($ 1.261.122,52); mientras que, de calculárselo conforme el nuevo régimen, habría sido de un millón cuatrocientos setenta y un mil seiscientos deciséis con 10/100 pesos ($ 1.471.616,10).
Ahora bien, se ha informado también que el salario considerado como base de cálculo en el primero de los supuestos era el que correspondía a la respectiva categoría del personal activo en el Poder Judicial de la Nación al mes de enero 2024, es decir, sin computar en ese punto de partida los incrementos salariales concedidos al personal en actividad con posterioridad a ese mes calendario y que no habían sido informadas por el interesado al IPS para permitir la actualización de su beneficio (v. informe de fecha 16-V-2024).
Del mismo modo, para el mes de junio 2024 la liquidación del beneficio, practicada conforme el sistema derogado, arrojaba el total de un millón quinientos veinticinco mil cuatrocientos cincuenta y tres con 81/100 pesos ($ 1.525.453,81), mientras que efectuada por aplicación del nuevo coeficiente resultaba de un millón quinientos cuarenta y dos mil setecientos ochenta y uno con 11/100 pesos ($ 1.542.781,11).
Para ese mismo período, último objeto de relevamiento en autos, nuevamente se tomó en cuenta el cargo regulatorio sin computar el impacto de ciertos aumentos salariales que habían sido dispuestos por el ex empleador del actor, que no habían sido a esa fecha informados al IPS —motivo por el que, nuevamente, el valor resultante fue inferior al emergente de la aplicación del CoPA discutido— (v. informe de fecha 7-VI-2024 y presentaciones electrónicas de fechas 12-VI-2024 y 29-VI-2024).
Las consideraciones precedentes dejan ver, por un lado, que existe un contexto de preocupación o, al menos, el especial interés del organismo previsional respecto de la posibilidad de concretar la suscripción de un convenio de colaboración y asistencia recíprocas con el Poder Judicial de la Nación -ex empleador del demandante-, con el específico objetivo de "garantizar el principio de movilidad" (v. modelo de convenio adjunto al informe de fecha 16-V-2024).
A la vez, lo anterior también exhibe que en la actualidad tal garantía no se ve razonablemente satisfecha respecto del actor con la aplicación del decreto objetado, pues resulta esperable que ofrezca una liquidación del beneficio inferior al monto emergente si se efectúa el cálculo con apego al sistema anterior. Ello así, independientemente de la fecha en que efectivamente el jubilado goce de esa diferencia a su favor, según el momento de la comunicación al organismo de los aumentos registrados en el cargo regulatorio y el lapso que demande su procesamiento por el IPS. Tal el perjuicio que, precisamente, se aspira a conjurar con la medida cautelar peticionada.
En otros términos, el Señor Di Salvo, en la actualidad, particularmente transita el riesgo cierto de verse perjudicado por la sustitución del sistema de movilidad directa, basado en la acreditación ante el IPS de las modificaciones en el salario que corresponde al cargo regulatorio, pues así surge de las constancias obrantes en la causa. Peligro este que no se disipa por la circunstancia de que las liquidaciones comparadas informadas en estas actuaciones no exhiban como resultado una cant
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