Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 79054
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar in limine el planteo de nulidad formulado por la parte demandada (art. 173, CPCC).
II. Como medida para mejor proveer (art. 36 inc. 2, CPCC), oficiar por Secretaría al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires para que, dentro del término de cinco (5) días, informe a esta Suprema Corte acerca de los siguientes puntos:
II.1. En virtud de qué norma determina actualmente la actualización del haber correspondiente a la jubilación de la que es titular el afiliado Rubén José Di Salvo (DNI 7.612.115, jubilado n° 107.612.115, Sección n° 3-1, n° de orden 276.180).
II.2. Si existe algún convenio entre ese organismo previsional y la entidad empleadora del cargo en extraña jurisdicción que sirve de base para el cómputo de la jubilación del señor Di Salvo, en cuyo marco se practiquen o puedan practicarse las liquidaciones de tales haberes de manera que concrete la aplicación de la movilidad jubilatoria prevista en el art. 50 del decreto ley 9.650/80
II.3. Cuál es o sería el porcentaje de incremento del haber jubilatorio del mencionado afiliado resultante de la aplicación de lo dispuesto en el art. 3 del decreto 1.754/23 y en qué oportunidad se hizo o haría efectivo.
II.4. Cuál es o sería y en qué momento se hizo o haría efectivo el aumento del haber en cuestión si se aplicara el mecanismo de actualización con el que se liquidaba con anterioridad a la sanción del decreto 1.754/23. …
I.79.054 "DI SALVO, RUBEN JOSE C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ INCONSTITUCIONALIDAD ART. 3 DECRETO 1.754/2023"
I. El señor Rubén José Di Salvo se presenta por derecho propio y promueve la presente acción en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y concs. del Código Procesal Civil y Comercial, contra la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que esta Suprema Corte declare la inconstitucionalidad del art. 3 del decreto 1.754/23 suscripto por el Gobernador, mediante el que se estableció que los Coeficientes Previsionales de Actualización (en adelante, CoPA; cuyo mecanismo de fijación se encuentra regulado en el artículo anterior de ese mismo decreto) "...serán aplicados de oficio por el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires conforme las disposiciones del artículo 50° del Decreto-Ley 9650/80, segundo párrafo, y por defecto a todos los cargos de extraña jurisdicción, sin distingo respecto a su pérdida de vigencia". Requiere también la declaración de inconstitucionalidad de las normas reglamentarias y/o complementarias que se dicten en su consecuencia y se ordene al Instituto de Previsión Social (en adelante, IPS) que "desde el 1° de octubre de 2023 continúe liquidando su haber jubilatorio conforme la resolución de ese mismo organismo, emitida en fecha 3 de diciembre de 2009 en el expediente 021557-121106-0-09-000, absteniéndose de aplicar el precepto impugnado" (v. presentación electrónica de fecha 2-XI-2023, 12:41:17 p.m.).
Sostiene que la norma impugnada resulta contraria a los arts. 11, 31, 36 y 39 inc. 1 de la Constitución provincial, así como a los arts. 14, 14 bis , 16, 17, 28, 31 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional.
Relata que obtuvo el beneficio de la jubilación ordinaria desde el 1° de enero de 2009 con expresa disposición de que los correspondientes haberes debían equivaler a un 75% del sueldo y las bonificaciones asignadas al cargo de Oficial que desempeñó en el Poder Judicial de la Nación hasta el año 1977, en virtud del sistema de reciprocidad contemplado en el decreto ley 9.650/80. Sostiene que la disposición final del art. 3 del decreto 1.754/23 remueve tal condición e importa un avasallamiento de sus derechos adquiridos pues, en adelante, su haber deberá ser calculado con aplicación de los CoPA, a pesar de que su cargo regulatorio -Oficial del Poder Judicial de la Nación- exista y tenga asignación de partida presupuestaria en la actualidad.
Expresa que ello es así porque tal precepto conduce a la aplicación a sus haberes del CoPA fijado por el art. 2 del decreto 1.754/23 que sujeta los incrementos "...a una categoría que por cierto recibirá aumento(s) muy inferiores a los que otorga el Poder Judicial de la Nación" (presentación electrónica de fecha 2-XI-2023, 12:41:17 p.m., punto II).
Manifiesta que el Poder Ejecutivo se ha excedido en sus atribuciones al dictar este decreto pues sus disposiciones contienen una reforma del decreto ley 9.650/80, para la que carece de facultades.
Postula que, en el caso, se violentan también los derechos a la igualdad, a la propiedad, a la protección integral de la tercera edad y a una retribución justa (arts. 11, 31, 36, y 39 inc. 1, Const. prov.).
Finalmente solicita que, con carácter cautelar, se ordene al IPS la abstención de aplicar, a su respecto, el decreto 1.754/23 en lo que refiere a la liquidación de su haber jubilatorio y que lo continúe calculando de acuerdo a los términos en que le fue concedido el beneficio.
II. Realizado el traslado de la demanda (v. actuación de fecha 6-XI-2023), se presenta el señor Asesor General de Gobierno y la responde (v. presentación electrónica de fecha 4-XII-2023, 3:52:13 p.m.). Allí plantea la inadmisibilidad de la acción intentada y requiere su rechazo.
III. De tal presentación se corrió traslado a la parte actora (v. actuación de fecha 5-XII-2023), que la respondió insistiendo en que el canal intentado es el adecuado para articular su pretensión (v. presentación electrónica de fecha 12-XII-2023, 9:24:22 a.m.).
IV. Mediante presentación electrónica de fecha 19-XII-2023, 3:15:34 p.m., la demandada planteó la nulidad del traslado ordenado el 5-XII-2023, alegando que tal disposición no se ajusta a las normas de rito que rigen el presente proceso y que violenta el principio de legalidad, así como su derecho de defensa y la garantía del debido proceso.
V. En fecha 1-II-2024 la parte actora presentó recurso de reposición contra la providencia del 28-XII-2023 requiriendo, subsidiariamente, que se la deje sin efecto en cuanto dispone tener presente el planteo de nulidad referido en el apartado anterior. Sostiene que ello violenta el principio de preclusión procesal y solicita que se ordene el desglose de la pieza (v. presentación electrónica de fecha 1-II-2024, 12:15:27 p.m.).
VI. Corresponde abordar en primer término el planteo de nulidad formulado por el señor Asesor General de Gobierno.
Teniendo en cuenta las manifestaciones vertidas y las circunstancias procesales reseñadas en los puntos anteriores, la petición no es de recibo.
En efecto, no puede pretenderse que se decrete la nulidad de un acto procesal tildado de irregular si éste ha sido convalidado por la parte interesada en tal declaración, consentimiento que debe presumirse cuando no se promueve el respectivo incidente dentro de los 5 días subsiguientes a su conocimiento (conf. causa B. 65.476, “Spezia”, resol. de 1-XI-2006).
En el caso, la demandada quedó notificada del proveído de fecha 5-XII-2023 el día 11-XII-2023. El planteo de nulidad fue articulado mediante presentación electrónica de fecha 19-XII-2023, 3:15:34 p.m. Se evidencia así con toda claridad que el reclamo resulta tardío, habiendo operado la convalidación tácita o presunta del acto impugnado por el transcurso del plazo legal para cuestionarlo (arts. 170 y 173, CPCC).
Además, cabe recordar que el llamado principio de trascendencia en materia de nulidades procesales impone que al promoverse su planteo deba expresarse -indefectiblemente- el perjuicio sufrido y las defensas que no han podido oponerse. Tanto uno como otro recaudo deben ser demostrados, ya que se precisa que la irregularidad haya colocado a la parte en estado de indefensión: no teórica, ni abstracta, sino que ha de ser concreta y efectiva (art. 172, CPCC).
Más aún, el art. 173 del Código Procesal Civil y Comercial impone a los magistrados el deber de rechazar in limine el incidente en el supuesto de que quien invoca la nulidad no exprese el perjuicio sufrido y el interés que procura subsanar o no mencione las defensas que no pudo oponer. Del mismo modo debe procederse -entonces- cuando el perjuicio no sea real o bien las defensas que se alegan sean extemporáneamente introducidas por la parte, dado que no existiría interés jurídicamente tutelable (conf. causa B. 53.085, "Faroco S.A.", resol. de 9-X-2019).
Por otro lado, cabe destacar que el régimen de nulidades debe interpretarse con criterio restrictivo, partiendo de la idea de que en principio debe estarse por la conservación del acto procesal y no por su decaimiento (doctr. art. 169, CPCC; causas L. 58.906, “Balderramo”, sent. de 8-VII-1997; L. 62.136, “Redondo”, sent. de 31-VIII-1999; Ac. 33.834, “Banco San Miguel Coop. Ltdo.”, sent. de 3-XII-1985 y B. 65.476, cit.).
En atención a lo expuesto, corresponde rechazar el incidente de nulidad intentado por el señor Asesor General de Gobierno, por carecer de los requisitos mínimos para su admisibilidad y resultar manifiestamente improcedente (art. 173, CPCC).
VII. Lo anterior torna innecesario el abordaje del pedido de reposición -y el subsidiariamente formulado en el mismo escrito- por la parte actora mediante la ya referida presentación electrónica de fecha 1-II-2024.
Ello es así, pues la decisión adoptada en cuanto al planteo de nulidad efectuado por la demandada satisface por completo el interés procesal que tiende a procurar aquella parte con su pedido de revocatoria.
VIII. En torno a la tutela precautoria requerida y a la oposición formal al progreso de la acción efectuada, en esta etapa liminar debe puntualizarse que merece especial atención la naturaleza alimentaria de los derechos en juego, así como las circunstancias personales alegadas por el demandante que permiten vislumbrar la configuración de un cuadro de vulnerabilidad que no puede ser relegado en el abordaje de sus peticiones (conf. causas I. 75.223 bis , "Tripicchio", resol. de 31-VIII-2021 e I. 75.132, "Asociación Bancaria", resol. de 14-III-2023; e.o.).
Debe sopesarse también que en fecha 24-XI-2023 el Directorio del IPS emitió la resolución RESO-2023-22497-GEDEBA-IPS mediante la que, en cuanto aquí interesa, dispuso "...la aplicación del coeficiente de actualización definido conforme DECRE-2023-1754-GDEBA-GPBA a todos los beneficiarios cuyo haber haya sido determinado en base a un cargo regulatorio principal o simultáneo de extraña jurisdicción" (art. 1), previendo que "...quedan exceptuados de lo dispuesto en el ARTÍCULO PRIMERO, todos aquellos beneficios regulados en base a un cargo de extraña jurisdicción, que se encuentren alcanzados por un CONVENIO con la Entidad Empleadora, vigente a la fecha de la sanción del DECRE-2023-1754-GDEBA-GPBA, por el cual sea factible la aplicación de la movilidad jubilatoria prevista en el artículo 50 del Decreto-Ley N° 9650/80, así como los que eventualmente suscriban en el futuro" (art. 3).
Frente a ese panorama, se considera menester recabar más elementos de juicio que permitan al Tribunal evaluar acabadamente las peticiones, pues algunos que se estiman relevantes no surgen de la documentación obrante al momento en la causa. De modo tal que la mejor protección de los derechos invocados amerita la disposición de ciertas medidas necesarias para arrimarlos al proceso.
Así pues, como medida para mejor proveer (conf. art. 36 inc. 2, CPCC; causa I. 75.111, "Macchi", resol. de 14-II-2018), se deberá librar oficio al IPS para que, dentro de los cinco (5) días de recibido, informe al Tribunal acerca de los siguientes puntos:
1. En virtud de qué norma determina actualmente la actualización del haber correspondiente a la jubilación de la que es titular el afiliado Rubén José Di Salvo (DNI 7.612.115, jubilado n° 107.612.115, Sección n° 3-1, n° de orden 276.180).
2. Si existe algún convenio entre ese organismo previsional y la entidad empleadora del cargo en extraña jurisdicción que sirve de base para el cómputo de la jubilación del señor Di Salvo, en cuyo marco se practiquen o puedan practicarse las liquidaciones de tales haberes de manera que concrete la aplicación de la movilidad jubilatoria prevista en el art. 50 del decreto ley 9.650/80.
3. Cuál es o sería el porcentaje de incremento del haber jubilatorio del mencionado afiliado resultante de la aplicación de lo dispuesto en el art. 3 del decreto 1.754/23 y en qué oportunidad se hizo o haría efectivo.
4. Cuál es o sería y en qué momento se hizo o haría efectivo el aumento del haber en cuestión si se aplicara el mecanismo de actualización con el que se liquidaba con anterioridad a la sanción del decreto 1.754/23.
IX. En este particular contexto, frente a la potencialidad de un riesgo objetivo de afectación a los principios y derechos constitucionales que protegen al actor en sus particulares condiciones de vulnerabilidad —dada su avanzada edad y los certificados médicos que acompaña con el escrito de demanda-, corresponde ordenar al IPS que, hasta tanto se brinde la información requerida y este Tribunal se pronuncie en autos acerca de la tutela preventiva solicitada, suspenda la aplicación y los efectos respecto del demandante del art. 3 del decreto 1.754/23 y continúe liquidando su haber jubilatorio en las mismas condiciones en las que venía determinándolo hasta el momento de la emisión de esa norma (arts. 195, 199, 230, 232, CPCC).
Esto último, bajo caución juratoria de la parte actora de responder por los daños y perjuicios que la medida dispuesta pudiera ocasionar (art. 199, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Rechazar in limine el planteo de nulidad formulado por la parte demandada (art. 173, CPCC).
II. Como medida para mejor proveer (art. 36 inc. 2, CPCC), oficiar por Secretaría al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires para que, dentro del término de cinco (5) días, informe a esta Suprema Corte acerca de los siguientes puntos:
II.1. En virtud de qué norma determina actualmente la actualización del haber correspondiente a la jubilación de la que es titular el afiliado Rubén José Di Salvo (DNI 7.612.115, jubilado n° 107.612.115, Sección n° 3-1, n° de orden 276.180).
II.2. Si existe algún convenio entre ese organismo previsional y la entidad empleadora del cargo en extraña jurisdicción que sirve de base para el cómputo de la jubilación del señor Di Salvo, en cuyo marco se practiquen o puedan practicarse las liquidaciones de tales haberes de manera que concrete la aplicación de la movilidad jubilatoria prevista en el art. 50 del decreto ley 9.650/80
II.3. Cuál es o sería el porcentaje de incremento del haber jubilatorio del mencionado afiliado resultante de la aplicación de lo dispuesto en el art. 3 del decreto 1.754/23 y en qué oportunidad se hizo o haría efectivo.
II.4. Cuál es o sería y en qué momento se hizo o haría efectivo el aumento del haber en cuestión si se aplicara el mecanismo de actualización con el que se liquidaba con anterioridad a la sanción del decreto 1.754/23.
III. Ordenar a título precautelar que, hasta tanto sea satisfecho el pedido de información y este Tribunal resuelva en punto a la medida precautoria peticionada en autos, el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires se abstenga de aplicar al demandante el art. 3 del decreto 1.754/23 y disponer que continúe liquidando su haber jubilatorio en las mismas condiciones en las que venía determinándolo hasta el momento de la emisión de ese decreto.
Previa caución juratoria del actor de responder por los daños y perjuicios que la medida dispuesta pudiera ocasionar. Para su cumplimiento, líbrese oficio por Secretaría.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/02/2024 18:03:28 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/02/2024 08:48:36 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/02/2024 15:17:35 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/02/2024 11:50:53 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/02/2024 12:24:23 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 26/02/2024 12:33:36 hs. bajo el número RR-79-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia