Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 78480
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar a la medida cautelar solicitada, ordenando que, hasta tanto se dicte sentencia en este juicio, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires y el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata se abstengan de aplicar el art. 3 inc. "a" de la ley 10.973 en relación a Diego Leandro Villanueva.
Lo anterior, sin perjuicio de las potestades con las que cuentan los colegios en el marco del gobierno de las respectivas matrículas para prevenir y sancionar los supuestos de incompatibilidad relativa que pudieran resultar de esta decisión, si el demandante abusase de su derecho pretendiendo intervenir en su doble condición en un mismo asunto.
II. A los fines de hacer efectiva la medida, se librarán por Secretaría los oficios pertinentes, previa caución juratoria del interesado -que podrá ser prestada mediante presentación electrónica- de responder por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a la demandada en caso haber solicitado la medida sin derecho (arts. 199 y concs., CPCC).
I.78.480 “VILLANUEVA, DIEGO LEANDRO C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ INCONSTITUCIONALIDAD ART. 3 INC. "A" DE LA LEY 10973”
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Torres, dijeron:
I. Diego Leandro Villanueva, con patrocinio letrado, promovió la presente acción originaria de inconstitucionalidad contra la Provincia de Buenos Aires con el objeto de que se declare la invalidez del art. 3 inc. "a" de la ley 10.973, que obsta a su matriculación como martillero y corredor público por estar activo en su desempeño profesional como ingeniero agrónomo.
Entiende que las restricciones contenidas en dicha norma -en cuanto establece que no podrán ejercer la profesión de martillero y corredor público quienes practiquen de modo regular y permanente otra profesión o cargo para cuyo desempeño se requiera otro título habilitante- son irrazonables y desproporcionadas y violan los derechos constitucionales a la igualdad, a trabajar, a la protección de la propiedad privada, al aprendizaje y al ejercicio de las profesiones sin restricciones arbitrarias (cfr. arts. 10, 11, 27, 31, 35, 39 y 42, Const. prov.).
Hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el asunto, el demandante requirió el dictado de una medida cautelar con fundamento en recientes decisiones de este Tribunal que estima aplicables al caso.
II. Respecto al alcance de la medida cautelar, solicita que se ordene al Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires y al Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata que suspendan la aplicación a su caso de lo dispuesto en el art. 3 inc. "a" de la ley 10.973. Es decir, que se le permita matricularse sin que le sea exigida la cancelación de la matrícula de Ingeniero Agrónomo.
Cabe entonces analizar si se encuentran reunidos los presupuestos necesarios para el otorgamiento de la tutela precautoria que el actor reclama.
III. Esta Corte ha resuelto en reiteradas oportunidades que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad, atento a la presunción de constitucionalidad de la que gozan las leyes (doctr. causas I. 1520, "Peltzer", resol. de 28-V-1991; I. 3024, "Lavaderos de Lanas El Triunfo SA", resol. de 8-VII-2003; B. 67.594, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 3-II-2004; I. 68.944 "UPCN", resol. de 5-III-2008; I. 73.947, "Greppi", resol. de 22-XII-2015; I. 69.637, "Marín", resol. de 23-V-2017 e I. 75.418, "Centro de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores de Mar del Plata", resol. de 5-IX-2018, e.o).
Con todo, en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo acerca de su verosimilitud (art. 230 inc. 1, CPCC; doctr. causa I. 71.446, cit., e.o.), pues la finalidad del instituto cautelar no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético (doctr. causas B. 63.590, "Saisi", resol. de 5-III-2003, I. 72.634, "Frigorífico Villa Olga SA", resol. de 30-IV-2014 e I. 73.986, "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", resol. de 22-XII-2015, e.o.), se han acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada pueda generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado (doctr. causas I. 3521, "Bravo", resol. de 9-X-2003 y sus citas e I. 68.183, "Del Potro", resol. de 4-V-2005, e.o.) y, por cierto, cuando de la apreciación de las circunstancias se advierte que el planteo formulado por quien objeta la constitucionalidad de la norma posee una seria y consistente apariencia de buen derecho (doctr. causa I. 74.061, "Romay", resol. de 4-V-2016 y sus citas).
Con ese criterio se deben considerar los extremos exigidos por la ley adjetiva inherentes a la petición cautelar ( fumus boni iuris y periculum in mora) , resultando necesario que se acredite la presencia de ambos en el asunto traído a conocimiento del Tribunal para proceder al despacho favorable de la tutela precautoria (arts. 230, 232 y concs., CPCC; doctr. causa B. 65.043, "Trade SA", resol. de 4-VIII-2004).
IV. Ahora bien, resulta de interés advertir que este Tribunal se ha expedido en casos análogos al presente resolviendo sobre pedidos cautelares como el que aquí llega al acuerdo (causas I. 75.454, "Suppa", resol. de 29-V-2019; I. 76.850, "Pavanel Egea", resol. de 23-II-2021; I. 77.363, "Krampitz", resol. de 28-X-2021; I. 76.963 "Sesto", resol. de 27-V-2021; I. 77.554 "Guerrieri", resol. de 23-XII-2021; I. 77.558 "Dalla Libera", resol. de 16-III-2022; I. 78.392, "Rossi", resol. de 27-X-2022; e.o.). En consecuencia, las consideraciones allí formuladas guiarán, en lo medular, la solución de la cuestión bajo análisis.
En tales precedentes se puso de resalto que las restricciones impuestas a los martilleros y corredores públicos, dada su severidad, no lucen a simple vista ajustadas a las garantías y derechos fundamentales que se denuncian conculcados; esto es, el principio de igualdad, el derecho a la enseñanza y el aprendizaje y la libertad laboral profesional (cfr. arts. 10, 11, 27, 31, 35, 39 y 42, Const. prov.).
Por lo tanto, corresponde tener por acreditada, en esta etapa preliminar, la apariencia de buen derecho de quien acciona.
V. En cuanto al recaudo de peligro en la demora, ha de precisarse a los efectos del examen cautelar que son atendibles los argumentos vertidos por el demandante en tanto, dada la naturaleza de los derechos en juego y teniendo en cuenta el tiempo que pudiera eventualmente insumir arribar a la sentencia definitiva, es dable presumir que la privación del ejercicio simultáneo de las profesiones de ingeniero agrónomo y martillero y corredor público durante el transcurso del proceso le ocasionará un gravamen de muy difícil reparación ulterior.
VI. Por todo lo expuesto, en el marco de provisoriedad inherente al despacho de las medidas cautelares y sin que ello implique emitir opinión sobre el fondo de la cuestión planteada, corresponde hacer lugar a la medida precautoria solicitada por el actor (arts. 195, 230, 232 y conc., CPCC).
Consecuentemente, cabe disponer que hasta tanto se dicte sentencia en este juicio, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires y el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata deberán abstenerse de aplicar el art. 3 inc. "a" de la ley 10.973 en relación a Diego Leandro Villanueva.
Lo anterior, sin perjuicio de las potestades con las que cuentan los colegios en el marco del gobierno de las respectivas matrículas para prevenir y sancionar los supuestos de incompatibilidad relativa que pudieran resultar de esta decisión, si el demandante abusase de su derecho pretendiendo intervenir en su doble condición en un mismo asunto.
El señor Juez doctor Genoud dijo:
En virtud de lo dispuesto por este Tribunal en autos I. 73.106, "Nápoli", resol. de 28-X-2015; I. 74.052, "Bergaglio", resol. de 18-V-2016; I. 74.162, "Semacendi", resol. de 13-VII-2016 e I. 74.748, "Viggiano", resol. de 27-XII-2017, comparto las consideraciones vertidas por los señores magistrados que antecedieron a mi opinión, en cuanto a que -por las razones allí dadas-, corresponde -a título cautelar- ordenar al Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires y el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata se abstengan de aplicar el art. 3 inc. "a" de la ley 10.973 al actor (conf. I.77.121, "Blans", resol. de 12-VII-2021).
Ello, sin menoscabo de las potestades con las que cuentan los colegios en el marco del gobierno de las respectivas matrículas para prevenir y sancionar los supuestos de incompatibilidad relativa que pudieran resultar de esta decisión, si el demandante abusase de su derecho pretendiendo intervenir en su doble condición en un mismo asunto.
Previamente, el interesado deberá prestar caución juratoria de responder por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse en caso de haber solicitado la medida sin derecho (arts. 199 y concs., CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Hacer lugar a la medida cautelar solicitada, ordenando que, hasta tanto se dicte sentencia en este juicio, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires y el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata se abstengan de aplicar el art. 3 inc. "a" de la ley 10.973 en relación a Diego Leandro Villanueva.
Lo anterior, sin perjuicio de las potestades con las que cuentan los colegios en el marco del gobierno de las respectivas matrículas para prevenir y sancionar los supuestos de incompatibilidad relativa que pudieran resultar de esta decisión, si el demandante abusase de su derecho pretendiendo intervenir en su doble condición en un mismo asunto.
II. A los fines de hacer efectiva la medida, se librarán por Secretaría los oficios pertinentes, previa caución juratoria del interesado -que podrá ser prestada mediante presentación electrónica- de responder por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a la demandada en caso haber solicitado la medida sin derecho (arts. 199 y concs., CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/12/2022 10:41:37 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/12/2022 15:59:33 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/12/2022 16:01:38 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/12/2022 18:36:01 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/12/2022 08:03:46 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 19/12/2022 08:14:14 hs. bajo el número RR-1276-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia