Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 76850
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa I. 76.850, "Pavanel Egea, Juliana Lucía contra Provincia de Buenos Aires. Inconstitucionalidad art. 3 inc. 'e' de la ley 5.177 y art. 3 inc. 'a' de la ley 10.973", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres , Genoud , Kogan , Soria.
I. Juliana Lucía Pavanel Egea promueve acción originaria en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial, persiguiendo la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 3 inc. "e" de la ley 5.177 y 3 inc. "a" de la ley 10.973 por entender que vulneran los derechos consagrados en la Constitución provincial a la libertad individual, a trabajar, a ejercer profesión lícita, de propiedad, igualdad ante la ley, la libertad de enseñar y aprender, y el principio de razonabilidad y congruencia.
Pide la citación como terceros interesados del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de San Isidro, del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires y del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Isidro.
Requiere, además, que se dicte medida cautelar a fin de que pueda ejercer ambas profesiones en forma simultánea en todo el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.
Ofrece prueba y formula reserva de caso federal.
II. Mediante resolución de fecha 23 de febrero de 2021, el Tribunal hizo lugar, previa caución juratoria, a la medida cautelar solicitada y ordenó que, hasta tanto se dicte sentencia en este juicio, el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de San Isidro se abstengan de aplicar a la actora el art. 3 inc. "e" de la ley 5.177 -texto según ley 12.277-. Idéntica manda realizó al Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires y al Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Isidro, con relación al art. 3 inc. "a" de la ley 10.973. Ello, sin perjuicio de las potestades con las que cuentan los colegios en el marco del gobierno de las respectivas matrículas para prevenir y sancionar los supuestos de incompatibilidad relativa que pudieran resultar de esta decisión, si la actora abusase de su derecho pretendiendo intervenir en su doble condición en un mismo asunto.
III. Corrido el traslado de la demanda, el señor Asesor General de Gobierno Adjunto la contesta y requiere su rechazo, con costas. Asimismo, formula reserva de caso federal (v. presentación de 24 de febrero de 2021).
IV. El Colegio de Abogados del Departamento Judicial de San Isidro contesta la citación en carácter de tercero interesado, solicitando se rechace la demanda, con costas y formula reserva de caso federal (v. presentación de 20 de mayo de 2021).
V. Con la presentación de fecha 21 de mayo de 2021 contesta la citación en carácter de tercero el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, quien también formula reserva de caso federal.
VI. El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Isidro manifiesta su voluntad de allanarse a la demanda. Sin perjuicio de ello, solicita que se ordene la incompatibilidad absoluta de la actora cuando pretenda actuar como martillera pública en su rol de auxiliar de la justicia y de abogada. Pide que las costas sean impuestas en el orden causado (v. presentación de 29 de mayo de 2021).
VII. El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires contesta la citación en carácter de tercero interesado y manifiesta su allanamiento real, incondicionado, oportuno, total y efectivo a la demanda. Solicita se haga lugar a la demanda con imposición de costas a la Provincia demandada (v. presentación de 2 de junio de 2021).
VIII. Corrido el traslado a la parte actora, rechaza el allanamiento manifestado por el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires y el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Isidro. Solicita que las costas sean impuestas en forma conjunta y solidaria a la demandada y a los terceros citados (v. presentación de 1 de agosto de 2021).
IX. Agregada la prueba documental, oído el señor Procurador General -quien dictaminó en sentido favorable al progreso de la demanda- y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La actora relata que luego de obtener el título de Abogada el 27 de diciembre de 2017, se matriculó en el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de San Isidro, constando su registro al Tomo LI, Folio 275.
Continúa narrando que, con posterioridad, obtuvo el título de Tecnicatura de Martillera Pública, Corredora y Administradora de Consorcios. Agrega que al presentarse ante el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Isidro para su matriculación le informaron que, en razón de la incompatibilidad establecida en el inc. "a" del art. 3 de la ley 10.973, para poder cumplir el aludido trámite debía previamente cancelar su matrícula de abogada.
Postula la arbitrariedad de la referida norma por carecer de motivo o fundamento legal suficiente para semejante prohibición, ni existir perjuicio alguno que pudiera provocar el ejercicio de esta profesión simultáneamente con otra para la que se requiera título habilitante.
Dice que la incompatibilidad absoluta consagrada en las normas impugnadas es irrazonable, vaga, imprecisa e injustificada pues carece de fundamento legal y vulnera derechos consagrados en la Constitución provincial.
Acota que sería válida la incompatibilidad por el enfrentamiento de intereses en el supuesto de actuar como abogado y martillero auxiliar de la justicia al mismo tiempo ante un Juzgado o Tribunal.
Aclara que no se encuentra inscripta como auxiliar de la justicia y que solo desea ejercer ambas profesiones en forma independiente y autónoma. Agrega que, en caso de inscribirse como auxiliar de la justicia, solicitaría la suspensión de la matrícula sin objeción alguna ante una eventual posibilidad de colisión de derechos.
Considera que el ejercicio de ambas profesiones en forma simultánea e independiente, se complementa y amalgama, enriqueciendo el conocimiento, garantizando al eventual cliente un asesoramiento completo e integral, por lo que mal puede considerarse que ambas profesiones se contrapongan entre sí y puedan hacer colisionar derechos.
Puntualiza que las normas en crisis, al establecer la incompatibilidad absoluta en el ejercicio de ambas profesiones, vulneran los derechos a la libertad individual, a la igualdad ante la ley, a la libertad de trabajo, a la propiedad, a enseñar y a aprender consagrados en los arts. 10, 11, 27, 31, 35, 39 y 42 de la Constitución provincial y 14 bis, 16, 17, 31 y concordantes de la Constitución nacional, al igual que los tratados internacionales de rango constitucional (art. 75 inc. 22, Const. nac.).
Señala, además, que las normas que por esta acción cuestiona son inconstitucionales por no superar los parámetros de razonabilidad. Cita al respecto el art. 57 de la Constitución provincial y precedentes de este Tribunal.
II. Al contestar la demanda, el señor Asesor General de Gobierno Adjunto señala que las incompatibilidades para el ejercicio profesional, como las consagradas en las normas que por esta acción se impugnan, son impuestas por las leyes en sentido formal y material. Agrega que el legislador, en el marco de su competencia constitucional adopta tal regulación por diversas razones y fundamentos de índole laboral, económica y moral.
Apunta que la reglamentación del ejercicio de profesiones liberales es una atribución constitucional privativa de los poderes locales y presupone la fijación de cargas, condiciones y requisitos para acceder a la matriculación y, en consecuencia, posibilitar el ejercicio profesional.
Por tal razón afirma que los regímenes sujetos a examen en autos no serían cuestionables desde el punto de vista constitucional, salvo irrazonabilidad manifiesta.
Alega que el fundamento de la incompatibilidad para el ejercicio de las profesiones de abogado y martillero público establecido en el inc. "e" del art. 3 de la ley 5.177 se funda en lograr una mayor eficiencia en la prestación del ejercicio de la abogacía, en tanto colaborador directo con la administración y servicio de justicia. Apunta que el objetivo es lograr que el profesional abogado tenga una dedicación exclusiva sin distracción por el ejercicio de otras profesiones que requieren igual contracción y habitualidad.
Pone de resalto que las Normas de Ética Profesional de la Abogacía y de los Martilleros Públicos de la Provincia exigen del matriculado la independencia del ejercicio de su actividad; quien ha de desempeñarse con celo y probidad, consagrando sus servicios enteramente a la defensa de los intereses de sus clientes, a más de ser ambos servidores y auxiliares de la justicia.
Asevera que las disposiciones legales atacadas de inconstitucionales cumplen con el requisito de razonabilidad. Precisa que la actuación de la atribución constitucional de regular el ejercicio de profesiones liberales supera el test al que se halla sometido para su validez constitucional por cuanto -entiende- que existen circunstancias justificantes, fin público, adecuación a él del medio utilizado para su obtención y ausencia de desigualdad manifiesta. Con fundamento en ello, considera que no pueden ser atendidos los agravios manifestados por la actora en cuanto denuncia violación de la libertad individual, del principio de igualdad ante la ley, de la libertad de trabajo, de la propiedad, de la libertad de enseñar y aprender, del derecho social al trabajo y el libre ejercicio profesional. Subraya que los derechos reconocidos por la constitución no son absolutos, sino que toleran reglamentaciones y limitaciones que permitan tanto una debida correspondencia entre los iguales derechos de los demás individuos como también el cumplimiento de su función social en orden a un beneficio general.
Por último, refuta que en el caso concurra la afectación del principio de igualdad ante la ley. Apunta que la actora alega la violación de esta garantía en cuanto contrasta los regímenes legales de la Provincia de Buenos Aires con las restantes jurisdicciones provinciales. Afirma que en el presente caso no se transgrede el aludido principio pues ambos regímenes cuestionados otorgan igual tratamiento en vista de situaciones que se estiman similares.
III. En oportunidad de contestar la citación en carácter de tercero, el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de San Isidro solicitó el rechazo de la acción de inconstitucionalidad interpuesta, con costas.
A su vez señala que en razón de que los derechos no son absolutos y están sujetos a lo que dispongan las leyes que reglamentan su ejercicio, el Estado puede y debe limitarlos razonablemente a fin de garantizar su efectivo cumplimiento en el marco de la legalidad. Apunta que en este contexto el legislador fijó pautas específicas para el ejercicio de las profesiones de abogado y martillero y corredor público, con la finalidad de organizar su desarrollo en aras de la función social que cada una de ellas tiene, respetando el principio de razonabilidad en sentido estricto a través de la adecuación idónea para el logro del fin que se busca alcanzar mediante su dictado.
En punto al caso particular de la actora, niega que haya realizado presentación alguna ante el Colegio de Abogados de San Isidro en la que sostuviera la posición planteada en la demanda. No obstante ello, manifiesta que de haberlo hecho, como toda institución de derecho público no estatal, habría tenido que aplicar el inc. "e" del art. 3 de la ley 5.177 por ser la norma de orden público vigente y aplicable a su situación.
Destaca que la finalidad de la incompatibilidad absoluta consagrada en la norma impugnada se vincula con la moralidad pública, las especiales atribuciones que a su respecto han sido confiadas al ejercicio de la abogacía y los requisitos de transparencia y rectitud de quienes ejercen tan importante tarea como es la de colaborador de la administración de justicia. Acota las normas de ética profesional que concuerdan y apoyan la incompatibilidad cuestionada en autos.
Refuta que las normas impugnadas hayan vulnerado los derechos constitucionales que aduce la actora y destaca que no ha quedado demostrada la lesión alegada. En este punto reitera que los derechos no son absolutos sino que están sujetos a las leyes que reglamenten su ejercicio, por lo que sostiene que el legislador, sea nacional o provincial, puede imponer restricciones con la única limitación de la razonabilidad.
Dice que la incompatibilidad contenida en torno a los martilleros y corredores públicos, lejos de traducirse en una prohibición sin sentido o discriminatoria, se encuentra engarzada en un complejo de incompatibilidades tendientes a asegurar la adecuada colaboración en el servicio de justicia que presta el abogado.
IV. El Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires comienza por destacar que los derechos constitucionales no son absolutos, sino que se encuentran sujetos a las leyes que, razonablemente, reglamentan su ejercicio y a las limitaciones indispensables para el orden social.
Agrega que el legislador tiene a su cargo la facultad de disponer todo lo relativo a las condiciones bajo las cuales es permitido el ejercicio de profesiones ligadas a la administración de justicia, la que solo está sometida -según dice- al límite de la razonabilidad.
En lo estrictamente tocante a la ley 5.177 afirma que "resulta plenamente razonable y constitucional". Señala que esta tiene por finalidad asegurar y afianzar el rol del abogado, en virtud de la función social que cumple como colaborador del juez y del servicio de justicia (art. 58). Para ello, afirma, es necesario establecer un régimen de reglas y prohibiciones como modo de garantizar la ética e independencia de dichos profesionales de otros intereses que puedan afectar el correcto desempeño de sus funciones. Así, entiende que la incompatibilidad cuestionada ha sido prevista como parte de un sistema establecido por el legislador para evitar que el abogado se encuentre bajo un posible conflicto de intereses, además de salvaguardar una función valiosa de la distracción que podría causar el ejercicio de otras profesiones.
Niega que los fines que persigue la incompatibilidad absoluta dispuesta en la norma en crisis puedan ser considerados arbitrarios o entenderse que desnaturalizan el derecho a trabajar. Asevera que guardan adecuada proporción con la necesidad de tutelar el interés público que se esgrime como una consecuencia justificante de las inhabilitaciones impuestas por la ley.
Razona que cuanto más experto y prestigioso sea el abogado en áreas ajenas al derecho, menor será la jerarquía del servicio que preste en el ejercicio de sus funciones como abogado, en perjuicio de aquellos que contratan un servicio de abogacía para defender sus más preciados derechos.
En ese mismo orden de ideas, justifica las incompatibilidades contenidas en la ley 5.177 en la moralidad pública, las especiales atribuciones que a su respecto han sido confiadas al ejercicio de la abogacía y los requisitos de transparencia y rectitud de quienes ejercen tan importante tarea como es la de colaborador de la administración de justicia. Apunta que la incompatibilidad cuestionada está dirigida a lograr una dedicación exclusiva del abogado con sus tareas. A fin de obtener una mayor eficacia en la prestación del servicio.
De otro lado, alega que la norma impugnada no vulnera el derecho a la igualdad toda vez que el impedimento allí dispuesto se aplica del mismo modo a todo el universo de abogados que quieran ejercer conjuntamente la contaduría pública.
Seguidamente cita varias disposiciones de las Normas de Ética Profesional del propio colegio de las cuales se desprende -en su criterio- que la esencia del deber profesional de los abogados radica en consagrarse enteramente a los intereses de sus clientes (art. 1) y que deben evitar la acumulación de cargos o tareas susceptibles de comprometer su independencia (art. 15 inc. 2). Asimismo, refiere que el art. 3 inc. "a" de la ley 10.973, que regula la profesión de martillero y corredor público, los inhabilita para el ejercicio de cualquier otra profesión o cargo que requiera título habilitante.
Finalmente y sin perjuicio de lo expresado previamente, señala que el Consejo Superior de ese Colegio profesional permanentemente analiza las disposiciones sobre incompatibilidades contempladas en la ley 5.177 en miras de poder resignificar el sentido que las mimas buscaban al momento de su introducción y revisar su alcance, necesidad y vigencia.
Agrega que esta revisión apunta a actualizar el espíritu de la norma con el objeto de adecuarla a los derechos fundamentales consagrados en las constituciones de la provincia de Buenos Aires, además de considerar las decisiones de este Tribunal en la materia. En tal marco, pone de resalto que el Consejo Superior ha trabajado en un anteproyecto de reforma integral de la ley 5.177 a fin de actualizar las incompatibilidades allí consagradas, encontrándose el mismo a revisión del Poder Ejecutivo provincial.
V. Al responder la citación como tercero interesado el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Isidro se allana a la pretensión de la actora. Asimismo, solicita se disponga la incompatibilidad absoluta de la actora cuando pretenda actuar como martillera en su rol de auxiliar de la justicia y de abogada.
De otro lado niega que haya rechazado la matriculación a la abogada Pavanel Egea como martillera y corredora pública.
Solicita se impongan las costas en el orden causado.
VI. El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires, al contestar la citación como tercero interesado, también se allana a la demanda, expresando que lo hace de modo real, incondicionado, oportuno, total y efectivo.
Señaló que hace tiempo que esa entidad "...ha tomado debida nota de que el régimen de incompatibilidades absolutas que dispone el art. 3 inciso 'a' de la ley 10.973, tiene un espíritu que contraría principios constitucionales que -en lo concreto- le ha significado inconvenientes en el desarrollo de la actividad pública a la que está destinado, ya que se ve obligado a aplicar una norma que conculca derechos de sus propios colegiados".
Cita precedentes de este Tribunal en la materia y pone de resalto que ante esta situación propició ante la Legislatura provincial la modificación de la norma contenida en el art. 3 inc. "a" de la ley 10.379. Apunta que a través del proyecto de ley en trámite por el expediente D-4691/20-21-0, iniciado ante la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y que tomó estado parlamentario el 4 de marzo de 2021, se intenta modificar de la incompatibilidad absoluta que establece la aludida norma, por un régimen de incompatibilidad relativa que se configure cuando, aquellos martilleros y corredores públicos que ejerzan otras profesiones u oficios, actos profesionales concretos o designaciones como auxiliares de justicia les generen conflictos de intereses, y mientras estos duren en el tiempo. Acota que se establece también la obligación a cargo de quien incurra en esta incompatibilidad, de dar aviso al Colegio respectivo dentro de los cinco días de producido el hecho.
De acuerdo a ello, solicita la eximición de costas de conformidad con lo previsto en el art. 70 del Código Procesal Civil y Comercial.
VII. Corresponde, entonces, tratar las cuestiones puestas a consideración de este Tribunal.
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