Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 79225
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar la medida cautelar solicitada (arts. 195, 230, 232, y concs., CPCC).
II. Citar en carácter de terceros al Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires y al Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mercedes para que tomen en el presente juicio la intervención que estimen les corresponda, con suspensión de los términos procesales y con apercibimiento de extender a su respecto los efectos de la cosa juzgada (conf. arts. 34 inc. 5 ap. "b", 36 inc. 2, 94, 95 y 96, CPCC).
I.79.225 "DANERI, LAUTARO C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ INCONSTITUCIONALIDAD ART. 3 INC. "C" LEY 10.973"
I. El señor Lautaro Daneri promueve acción originaria de inconstitucionalidad contra la Provincia de Buenos Aires en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Carta local y 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que esta Suprema Corte declare la invalidez del art. 3 inc. "c" de la ley 10.973, en cuanto establece que no podrán ejercer la profesión de martillero y corredor público los "miembros de las fuerzas armadas y de seguridad", al considerar que esto infringe los arts. 10, 11, 27, 31, 35, 39 y 42 del texto fundamental.
II. Explica que mediante resolución N°2.354/15 del Ministerio de Seguridad fue designado Oficial Subayudante Administrativo del Comando de Prevención Rural de la localidad de 25 de Mayo, donde cumple funciones netamente administrativas como "funcionario no operativo", sin uso de armas ni uniforme y con un régimen laboral de 30 horas semanales.
Agrega que el 23 de julio de 2022 finalizó sus estudios en la carrera de "Martillero, Corredor Público y Corredor Inmobiliario" de la Facultad Empresarial Siglo XXI, obteniendo el título correspondiente, y que en el mes de noviembre de 2023 comenzó a realizar los trámites necesarios para poder matricularse en el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mercedes, donde fue informado que -por aplicación de la norma aquí impugnada- existía una incompatibilidad entre el ejercicio de esa profesión y sus tareas desempeñadas como policía y que dicho conflicto perduraba hasta tanto no optara entre la realización de una actividad o la otra, debiendo formalizarse la separación de su cargo policial a los fines de poder actuar como martillero.
Sostiene que la prohibición cuestionada viola el principio de razonabilidad, al no guardar una debida proporción entre los medios empleados y el fin perseguido, toda vez que lo que él pretende no es ejercer dos profesiones distintas, sino su profesión como martillero junto con el desempeño de tareas administrativas en relación de dependencia en el Comando de Prevención Rural de 25 de Mayo, que no requiere de un título habilitante.
En ese sentido, reconoce que algún conflicto de intereses "podría surgir en determinado caso particular", pero que bien se podría solucionar con la ética de cada martillero y el poder disciplinario de los respectivos colegios o con un sistema de incompatibilidades relativas, pero sin llegar al extremo de prohibir totalmente y de manera absoluta el ejercicio de esa actividad con la pertenencia a una fuerza de seguridad.
Afirma que la ley cuestionada infringe —también— sus derechos a la libertad individual, a la igualdad ante la ley, a trabajar, disponer de su propiedad, enseñar y aprender.
Pide una medida cautelar tendiente a que, hasta el dictado de la sentencia, la Provincia de Buenos Aires no requiera la aplicación del art. 3 inc "c" de la ley 10.973 y se le ordene al Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mercedes que admita su solicitud de inscripción en la matrícula sin exigir el cese de la relación laboral que mantiene con el Ministerio de Seguridad. Ello, considerando la similitud de lo que reclama con lo resuelto por este Tribunal en los precedentes "Suppa", "Pavanel Egea", "Nápoli" y "Bergallo" que cita.
Solicita, finalmente, que se cite como terceros interesados en el proceso en los términos del art. 94 del Código Procesal Civil y Comercial, al Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires y al Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mercedes.
III.1. Este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que la observancia de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria, atento la presunción de constitucionalidad o regularidad de la que gozan las normas susceptibles de ser cuestionadas por su conducto (doctr. causas I. 3.024, "Lavaderos de Lanas El Triunfo SA", resol. de 8-VII-2003; B. 67.594, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 3-II-2004; I. 68.944, "UPCN", resol. de 5-III-2008; I. 71.446, "Fundación Biosfera", resol. de 24-V-2011; I. 74.048, "ATE", resol. de 24-V-2016 e I. 75.756, "Barsi SA", resol. de 24-XI-2021; e.o.).
Con todo, en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino solo acerca de su verosimilitud (art. 230 inc. 1, CPCC; doctr. causa I. 71.446, cit., e.o.), pues la finalidad del instituto cautelar no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético (doctr. causas B. 63.590, "Saisi", resol. de 5-III-2003, I. 72.634, "Frigorífico Villa Olga SA", resol. de 30-IV-2014 e I. 73.986, "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", resol. de 22-XII-2015, e.o.), se han acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada pueda generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado (doctr. causas I. 3.521, "Bravo", resol. de 9-X-2003 y sus citas e I. 68.183, "Del Potro", resol. de 4-V-2005, e.o.) y, por cierto, cuando de la apreciación de las particularidades del caso se advierte que el planteo formulado por quien objeta la constitucionalidad de la norma posee una seria y consistente apariencia de buen derecho (doctr. causa I. 74.061, "Romay", resol. de 4-V-2016 y sus citas).
A la luz de los parámetros señalados, se debe analizar si en la especie se encuentran reunidos los extremos requeridos por la ley procesal inherentes a la petición precautoria, sopesando su concurrencia en el asunto traído a conocimiento del Tribunal (arg. arts. 230, 232 y concs., CPCC).
III.2. Teniendo en consideración que la finalidad del proceso cautelar consiste en asegurar la eficacia práctica de la sentencia que debe recaer en un proceso, corresponde adelantar que los requisitos que tornarían procedente el dictado de la medida solicitada no surgen, por ahora, suficientemente acreditados.
III.2.a. En primer lugar, porque el actor parte de una premisa errónea para justificar la verosimilitud del derecho que tendría su pretensión cautelar, al afirmar que en el presente caso debería aplicarse la doctrina que sentó esta Corte en la causa I. 73.106, "Nápoli", sentencia de 28-X-2015, reiterada en muchos otros expedientes (v. por todos, I. 79.065, "Fisicaro", resol. de 28-XII-2023).
En ellos se declaró la inconstitucionalidad de las incompatibilidades absolutas dispuestas por el 3 inc. "e" de la ley 5.177 para ejercer la profesión de abogado a quienes -según el caso- no cancelaran previamente su inscripción como martilleros o contadores públicos. El actor considera que aquí corresponde observar el mismo criterio jurisprudencial.
Sin embargo, esa alegada semejanza se difumina a poco de advertir que en esos precedentes lo que se cuestionaba eran prohibiciones para ejercer -al mismo tiempo- dos profesiones liberales que requieren, ambas, de un título académico habilitante, mientras que lo que el art. 3 inc. "c" de la ley 10.937 aquí rebatido impide es la matriculación como martilleros y corredores públicos a los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad en actividad.
Una restricción de ese tenor, que limita el ejercicio de una profesión lucrativa a alguien que —como en autos— cumple tareas en relación de dependencia dentro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, prima facie analizada, a diferencia de lo que sumariamente pudo constatarse en las causas que se invocan, no se exhibe abiertamente irrazonable.
Máxime teniendo en cuenta no solo las amplias atribuciones con las que cuenta el legislador en materia de creación y reglamentación del gobierno de las matrículas profesionales y del control interno de los respectivos colegios, sino también que la ley 13.982 de aplicación para el Personal de las Policías de la Provincia de Buenos Aires expresamente les prohíbe a sus miembros "desarrollar actividades lucrativas o de cualquier otro tipo incompatibles con el desempeño de los funciones policiales" (art. 12 inc. "e").
Siendo así, las invocadas violaciones de derechos no resultan en sí mismas suficientes para concluir, sin más, que la pretensión tenga sustento en algo verosímil, al menos en esta etapa liminar del juicio.
III.2.b. Tampoco se configura en la especie un supuesto de peligro en la demora que justifique la concesión del remedio preventivo solicitado (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
Este Tribunal ha dicho que en la evaluación de este requisito general de toda medida cautelar es preciso ponderar tanto el gravamen que produciría la ejecución de la norma cuestionada si al cabo del proceso fuese declarada ilegítima -para el caso, inconstitucional-, como -y en relación con- aquel que resultaría de la paralización temporal de los efectos de dicha norma, en el supuesto de arribarse a una sentencia adversa a la pretensión (doctr. causa B. 65.168, "Burgués", resol. de 30-IV-2003).
Y acá debe considerarse que la propia parte actora reconoce en su escrito de demanda que la norma impugnada todavía no le fue siquiera aplicada y que el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mercedes, ante la consulta efectuada, se limitó a informarle la existencia de la incompatibilidad dispuesta por el art. 3 inc. "c" de la ley 10.973, situación que descarta la inminencia de un perjuicio irreparable.
III.3. Así las cosas, en esta instancia del proceso no se advierte la existencia de un margen significativo o apreciable de riesgo de afectación constitucional que, prima facie considerado, justifique la protección urgente solicitada (doctr. arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
IV. Finalmente, corresponde abordar el pedido efectuado por la parte actora mediante el cual solicita la comparecencia del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires y del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mercedes en el presente juicio en los términos del art. 94 del Código Procesal Civil y Comercial.
La citación de un tercero obligado es un instituto de aplicación restrictiva y excepcional, que tiene como característica esencial la posibilidad de traer al proceso a aquel a cuyo respecto se considere que la controversia le es común (CSJN Fallos: 310:937; doctr. causas I. 1624, "Lecce de Valacco", resol. de 22-II-1994; B. 66.759, "Farro", resol. de 13-IX-2006 e I. 72.269, "CEAMSE", resol. de 6-V-2015, e.o.); es por ello que sobre quien solicita la citación pesa la carga de acreditar que se trata de alguno de los supuestos que autorizan a disponerla (CSJN Fallos: 313:1053; 318:2551 y 320:3004).
En el caso, tanto de las constancias acompañadas como de las manifestaciones vertidas por el señor Daneri, surge que el resultado del pleito evidentemente afectaría intereses propios de ambos colegios, considerando que no solo está en juego la validez constitucional de la ley 10.973 que regula el ejercicio de la profesión de martilleros y corredores públicos en el ámbito provincial, sino que además el actor pretende que se lo habilite para matricularse en la departamental de Mercedes.
Por consiguiente, a los efectos de evitar el planteo de futuras nulidades y con suspensión de los términos procesales, se cita en calidad de terceros al Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires y al Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mercedes, para que comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de extender a su respecto los efectos de la cosa juzgada (conf. arts. 34 inc. 5 ap. "b", 36 inc. 2, 94, 95 y 96, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Rechazar la medida cautelar solicitada (arts. 195, 230, 232, y concs., CPCC).
II. Citar en carácter de terceros al Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires y al Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mercedes para que tomen en el presente juicio la intervención que estimen les corresponda, con suspensión de los términos procesales y con apercibimiento de extender a su respecto los efectos de la cosa juzgada (conf. arts. 34 inc. 5 ap. "b", 36 inc. 2, 94, 95 y 96, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/06/2024 20:50:30 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/06/2024 08:44:31 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/06/2024 12:44:43 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/06/2024 15:11:42 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/06/2024 19:00:39 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 14/06/2024 19:25:41 hs. bajo el número RR-449-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia