Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 78480
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa I. 78.480, "Villanueva, Diego Leandro c/ Prov. Bs. As. s/ Inconstitucionalidad art. 3 inc. 'a' de la ley 10.973", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño.
I. Diego Leandro Villanueva promueve acción originaria en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial, por la que solicita la declaración de inconstitucionalidad del art. 3 inc. "a" de la ley 10.973 en cuanto prohíbe el ejercicio de la profesión de martillero y corredor público a quien ejerza cualquier otra profesión para cuyo desempeño se requiera título habilitante.
Sostiene que la interdicción así formulada resulta contraria a los arts. 10, 11, 27, 31, 35, 39 y 42 de la Constitución provincial, sus similares de la Constitución nacional y concordantes de los contenidos en los tratados internacionales de rango constitucional.
Con fundamento en la eventual afectación que la sentencia de autos pueda causar en sus intereses y en los de otros profesionales, pide la citación del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires y del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata.
Requiere, además, que con carácter precautorio se declare la suspensión de la aplicación en su caso de la prohibición contenida en la norma que impugna y que se le permita matricularse en el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos sin que le sea exigida la cancelación respectiva como ingeniero agrónomo.
Ofrece prueba y formula reserva de caso federal.
II. Mediante resolución de fecha 19 de diciembre de 2022, el Tribunal hizo lugar, bajo caución juratoria, a la medida cautelar solicitada y ordenó que, hasta tanto se dicte sentencia en este juicio, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires y el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata se abstengan de aplicar al actor el art. 3 inc. "a" de la ley 10.973. Ello, sin perjuicio de las potestades con las que cuentan los colegios en el marco del gobierno de las respectivas matrículas para prevenir y sancionar los supuestos de incompatibilidad relativa que pudieran resultar de esta decisión, si el actor abusase de su derecho pretendiendo intervenir en su doble condición en un mismo asunto.
III. Corrido el traslado de ley, se presentó a contestar la demanda el señor Asesor General de Gobierno, oportunidad en la que se allanó a la pretensión de inconstitucionalidad. En razón de ello, solicitó que se exima a su parte de tener que cargar con las costas, de conformidad con lo que establece el art. 70 del Código Procesal Civil y Comercial (v. presentación de 21-XII-2022).
IV. Por resolución de este Tribunal de fecha 31-VII-2023 se rechazó el pedido de citación en carácter de terceros de los colegios profesionales, formulado oportunamente por la actora.
V. Agregada la prueba documental, oído el señor Procurador General —quien dictaminó en sentido favorable al progreso de la demanda— y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El actor relata que finalizó sus estudios de ingeniero agrónomo el 25 de noviembre de 2004 en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata y se matriculó en el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la Provincia de Buenos Aires, constando su registro en la matrícula n° 02747.
Señala que, con la finalidad de progresar, capacitarse y enriquecer sus conocimientos, decidió iniciar la carrera de martillero y corredor público en la Universidad Empresarial Siglo 21 de Córdoba y el 23 de julio de 2022 culminó sus estudios, con la entrega del título correspondiente.
Continúa narrando que, con posterioridad, precisamente el día 24 de octubre de 2022, concurrió al Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata, donde le informaron que rechazaban su solicitud de matriculación porque se encontraba desarrollando otra actividad con título habilitante. Fundamenta denegatoria en lo dispuesto por el art. 3 inc. "a" de la ley 10.973.
Postula la arbitrariedad de la referida norma por no evidenciarse motivo o fundamento legal a la prohibición de ejercer estas profesiones en forma simultánea ni el perjuicio que ello pudiera provocar.
Dice que no se advierten incompatibilidades absolutas, ya que, en el ejercicio de ambas profesiones, en forma independiente y autónoma, estas se complementan y amalgaman garantizando al eventual cliente, un asesoramiento completo e integral.
Manifiesta, respecto de otros supuestos de "colisión de intereses", que estos están abarcados por las restricciones de ambas leyes a los matriculados y deberán ser analizadas en cada caso en concreto mediante las facultades disciplinarias de cada colegio.
Asevera que la norma impugnada es absurda, irrazonable, genérica, vaga, imprecisa e injustificada, vulnera derechos consagrados en la Constitución provincial, en la Constitución nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos.
Aduce que resulta violatoria de los derechos constitucionales a la libertad individual, a la igualdad ante la ley, a la libertad de trabajo, a la propiedad, a enseñar y aprender (arts. 10, 11, 27, 31, 35, 39 y 42, Const. prov. y 14 bis, 16, 17, 31 y 75 inc. 22 y concs., Const. nac.).
Señala, además, que la norma que por esta acción se cuestiona es inconstitucional por no superar los parámetros de razonabilidad previstos. Cita al respecto precedentes de este Tribunal.
II. En su oportunidad, el señor Asesor General de Gobierno se allanó a la pretensión, invocando lo resuelto por esta Suprema Corte en las causas "Napoli", "Bergaglio", "Pavanel Egea" y "Krampitz".
Explica que esos antecedentes y la contundencia de sus argumentos justifican el allanamiento por razones de celeridad y economía procesal. También solicita que se haga lugar al beneficio de exención de costas que establece el art. 70 del Código Procesal Civil y Comercial.
III. Corresponde, entonces, tratar las cuestiones puestas a consideración de este Tribunal.
Esta Suprema Corte analizó, por primera vez, en la causa I. 73.106, "Napoli", sentencia de 8-VI-2020, la constitucionalidad del inc. "e" del art. 3 de la ley 5.177, aunque en relación con la incompatibilidad absoluta dispuesta respecto al ejercicio profesional como contador público, doctrina reiterada en I. 74.052 "Bergaglio", sentencia de 23-II-2022. Con posterioridad y con relación a la posibilidad de ejercer simultáneamente la profesión de abogado y martillero, este Tribunal se expidió en las causas I. 76.850, "Pavanel Egea" e I.77.363, "Krampitz", ambas con sentencia de 30-V-2023. Los fundamentos de estos precedentes guiarán —en lo pertinente— la solución de esta parcela de la pretensión.
III.1. La Provincia de Buenos Aires, en uso del llamado poder de policía en virtud del cual se encuentra facultada para reglamentar la práctica de todas las profesiones liberales, sin otra limitación que la que se deriva del art. 28 de la Constitución nacional, reguló, a través de la ley 10.973, el ejercicio de la profesión de martillero y corredor público (cfr. art. 121, Const. nac.; "Acuerdos y Sentencias", 1991-II-537).
Tal potestad ha sido expresamente reconocida por esta Suprema Corte al decir que "dentro de dichas facultades y poderes no delegados se encuentra la de reglamentar el ejercicio de las actividades profesionales dentro de sus jurisdicciones, en la medida que con dicha reglamentación no se alteren sustancialmente los requisitos que al efecto exige la norma nacional, pues ésta es suprema respecto de la norma que dictase la provincia, conforme lo que dispone la Constitución en su art. 31" (cfr. doctr. causas I. 2.085, "Souto", sent. de 8-XI-2000 e I. 73.005, "Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 26-V-2021).
Expresó también que "si el título habilita para ejercer la profesión, puede concebirse que las autoridades potenciadas para reglamentar dicho ejercicio determinen, dentro de lo razonable, los modos de él según las circunstancias y establezcan requisitos complementarios destinados a asegurar la rectitud y responsabilidad con que la profesión ha de ser ejercida" (cfr. doctr. causas I. 2.085, "Souto", sent. de 8-XI-2000; I. 73.005; I. 73.106; I. 74.052; I. 76.850 e I. 77.363, cits.).
III.2. Siendo ello así, corresponde analizar primeramente si el Poder Legislativo provincial, al establecer dentro de las incompatibilidades absolutas previstas en el art. 3 de la ley 10.973, el ejercicio de otra actividad que para su desempeño requiera título habilitante, hizo un uso razonable de su potestad reglamentaria o si, por el contrario, al hacerlo infringió derechos y garantías tutelados en las Constituciones nacional y provincial.
La respuesta negativa se impone ya que la transgresión es palmaria.
La parte actora dirige su embate constitucional a la afectación de las garantías y derechos de igualdad ante la ley, a la libertad individual, a enseñar y aprender, a trabajar, a la propiedad y al ejercicio de las profesiones liberales, previstos en los arts. 10, 11, 27, 31, 35 y 39 de la Constitución provincial y 14, 14 bis, 16 y 17 de la Constitución nacional.
La Provincia tiene constitucionalmente atribuido el poder de policía para reglamentar el ejercicio de las profesiones liberales, en virtud de lo que disponen los arts. 42 y 103 inc. 13 de la Constitución local.
El poder de reglamentación del que goza es indudable; sin embargo, toda norma reguladora del ejercicio de los derechos y del cumplimiento de los deberes del individuo, como lo es la impugnada en autos, para gozar de validez constitucional debe descansar sobre el principio de razonabilidad (art. 28, Const. nac.; doctr. causas B. 63.983, "Servipark SA", sent. de 9-XII-2009; I. 70.164, "Agroservicios Pampeanos SA", sent. de 29-VIII-2017; I. 74.078, "Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales", sent. de 19-IX-2018; A. 75.514, "Martín", sent. de 16-XII-2020; e.o.).
De allí que, en este punto, cobre relevancia el juicio de adecuación de los medios instituidos por el precepto puesto aquí en crisis con la finalidad que procura alcanzar. En consecuencia, la cuestión a esclarecer, reside en establecer si la incompatibilidad absoluta dispuesta en el art. 3 inc. "a" de la ley 10.973 respecto al ejercicio de la profesión de martillero público e ingeniero agrónomo, en este caso, encierra una justificación objetiva y razonable. Luego, habrá que indagar acerca de la idoneidad de los medios elegidos para obtener aquel propósito y consultar si existe una relación proporcional entre el costo de las medidas y los beneficios que estas reportan, procurando que el resultado al que se arribe se logre sin mengua del contenido esencial de los derechos involucrados.
En tal cometido, no pueden desconocerse las amplias atribuciones con las que cuenta el legislador en materia de creación y reglamentación del gobierno de las matrículas profesionales y del control interno de los respectivos colegios. Empero, el principio de razonabilidad marca el límite al que se halla sometido para su validez constitucional el ejercicio de la potestad pública y reclama la existencia de circunstancias justificantes, fin público, adecuación a él del medio utilizado para su obtención y ausencia de iniquidad manifiesta (cfr. doctr. causas I. 2.026, "Busada", sent. de 10-V-2000; I. 2.110, "Iriarte Madoz", sent. de 6-X-2004; I. 2.260, "FEB", sent. de 27-II-2008; I. 2.175, "Torregrosa Lastra", sent. de 15-XII-2010; I. 2.522, "Medivid", sent. de 21-IX-2011; I. 2.445, "Lunghi", sent. de 2-X-2012; I. 2.888, "Chicote", sent. de 12-VI-2013; entre muchas otras). Así las limitaciones a los derechos han de basarse en la razón y no ser arbitrarias ni caprichosas, vale decir, que deberán estar impuestas por la necesidad y proporcionadas al fin propuesto (cfr. doctr. causas I. 3.353, "Valentín", sent. de 30-XI-2011 e I. 3.252, "Salvemini", sent. de 21-XII-2012).
III.2.a. El art. 3 inc. "a" de la ley 10.973 reza: "Sin perjuicio de lo establecido en las leyes de fondo respectivas, no podrán ejercer la profesión de Martillero y Corredor Público: a) Los que ejerzan de modo regular y permanente otra profesión o cargo para cuyo desempeño se requiera otro título habilitante".
Es posible suponer que el legislador, al prohibir en forma total, el ejercicio simultáneo de profesiones que requieran título, intentó impedir que se generaran eventuales conflictos de intereses, alentando así a los martilleros públicos a que desempeñen su profesión con exclusividad.
III.2.b. Dicho esto, corresponde analizar si los medios empleados son idóneos para la obtención del fin perseguido. En este punto advierto que, al consistir la disposición impugnada en una incompatibilidad absoluta, sin distinguir entre la vasta cantidad de supuestos en los que podría converger el ejercicio de todas las actividades profesionales —entre ellas la de ingeniero agrónomo— con la de martillero público, entonces, no puede sino concluirse en que no existe una adecuada relación entre los costos de la medida con los pocos claros beneficios que podría reportar.
Aun si fuera posible que una prohibición así contribuyera a la prestación de un servicio de excelencia por parte de los martilleros públicos provinciales, o evitara los conflictos de intereses en los que pudieran quedar inmersos quienes desempeñan ambas profesiones, se evidencia que la decisión de prohibir en forma total no admite matices en el ejercicio de los derechos en juego, lo que genera una fuerte convicción acerca de que la reglamentación los infringe.
III.2.c. Para más, el ejercicio del poder de policía de la Provincia no resulta suficiente para justificar una incompatibilidad absoluta como la cuestionada en autos, en tanto el desarrollo de la función reglamentaria debe propender a equilibrar la práctica de los derechos involucrados en su vinculación con el resto de los intereses que concurren, orientándolo al bien común. Así lo ha considerado este Tribunal al afirmar que "...reglamentar no es prohibir, sino establecer condiciones para determinada actividad, en forma que ésta pueda cumplirse mediante el acatamiento de los requisitos administrativos de forma que el reglamento impone por razones de policía..." (cfr. causas I. 74.078; I. 73.106; I. 74.052; I. 75.716; I. 76.850 e I. 77.363, cits.).
III.2.d. De tal forma, sin perjuicio de la potestad reglamentaria con la que cuenta el legislador provincial, la incompatibilidad absoluta dispuesta en el art. 3 inc. "a" de la ley 10.973 que les impide a todos los martilleros públicos, sin distinción alguna, poder matricularse, sin antes renunciar a otra profesión que requiera para su ejercicio título habilitante, resulta irrazonable (arts. 28, Const. nac. y 57, Const. prov.) y con ello, contrario a lo preceptuado en los arts. 14, 14 bis, 16 y 17 de la Constitución nacional y 11, 27, 31, 39 y 42 de la Constitución provincial que garantizan los derechos a la igualdad ante la ley, a la libertad de industria y comercio, a la propiedad, al trabajo y al ejercicio de las profesiones liberales, en tanto les prohíbe hacer uso del título habilitante que válidamente obtuvieron y los coloca en una situación de disparidad frente al resto de sus colegas.
En este sentido ya se ha pronunciado hace tiempo la Corte Suprema de Justicia de la Nación al dictar sentencia en la causa "Ionata" y decidir que el art. 6 inc. "a" de la ley 3.043 de Mendoza, que impide el ejercicio de la profesión de martillero a quienes ejercen otra profesión liberal, contraría lo preceptuado por el art. 14 de la Constitución nacional, que garantiza el derecho a la libertad de trabajar y de ejercer toda industria lícita (CSJN Fallos: 288:240).
III.3. El principio de razonabilidad previsto en el art. 28 de la Constitución nacional, según el cual las leyes reglamentarias no deben alterar los principios, garantías y derechos reconocidos en dicho cuerpo legal, se impone como un límite al ejercicio del poder de policía por parte de los ordenamientos locales. Dicha exigencia se encuentra presente también en la Constitución provincial como expresión de la garantía amplia e innominada del debido proceso sustantivo que debe contener toda regulación de derechos (art. 56, Const. prov.; doctr. causas I. 2.515, "Testigos de Jehová", sent. de 14-VI-2017 e I. 74.078, cit.).
Por las razones dadas, juzgo que el impedimento introducido en el art. 3 inc. "a" de la ley 10.973 no supera el test de razonabilidad y resulta contrario al orden constitucional, en tanto, so pretexto de reglamentar la profesión liberal de martillero y corredor público, lesiona el contenido esencial de los derechos involucrados (arts. 14 y 28, Const. nac. y 56, Const. prov.).
IV. Siendo así, corresponde declarar la inconstitucionalidad de la incompatibilidad absoluta dispuesta en la norma cuestionada en autos (art. 688, CPCC).
V. Respecto de las costas, considero que deben imponerse por su orden en virtud de que el allanamiento formulado por el señor Asesor General de Gobierno fue real, incondicionado, oportuno, total y efectivo (art. 70, CPCC; cfr. causas I. 72.883, "Montiel", sent. de 10-VIII-2016; I. 75.340, "Leoz", sent. de 6-XI-2019; I. 74.545, "Fillia", sent. de 16-XII-2020; I. 76.219, "Borzi", sent. de 31-VIII-2021; I. 78.375, "Nicastro", sent. de 14-V-2024; e.o.).
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó también por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Adhiero al voto de la distinguida colega que inicia el acuerdo.
En lo atinente a las costas, simplemente dejo aclarado que —en mi opinión— el caso bajo examen presenta particularidades que lo diferencian de la serie de precedentes donde, frente a sendos allanamientos del señor Asesor General de Gobierno, me expedí en un sentido diferente del aquí propiciado (v. por todas causas I. 75.052, "Cersosimo", sent. de 16-XII-2020; I. 76.630, "Gil Quinterno", sent. de 9-X-2023; I. 76.141, "Street", sent. de 15-III-2024; I. 78.554, "Damacio", sent. de 14-V-2024; e.o.).
Ello así, fundamentalmente, porque si bien esta Suprema Corte ya se ha pronunciado en casos similares de doble matriculación de abogados y contadores, esta es la primera oportunidad que analiza la razonabilidad de la prohibición respecto de quien pretende desempeñarse profesionalmente como martillero e ingeniero agrónomo.
En tales condiciones, el allanamiento formulado puede ser considerado real, incondicionado, oportuno, total y efectivo, sin estimarse tampoco que la demandada ha dado lugar por su propia culpa a la reclamación de la accionante (arg. art. 70, CPCC).
Por las razones indicadas, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Budiño dijo:
Comparto los fundamentos y la decisión que propone la señora Jueza doctora Kogan. Voto por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se hace lugar a la demanda y se declara la inconstitucionalidad de la incompatibilidad absoluta dispuesta en el art. 3 inc. "a" de la ley 10.973, lo que importa que no podrá ser aplicada a la situación en la que se encuentra la parte actora.
Una vez firme la presente, cesen los efectos de la medida cautelar otorgada mediante resolución de fecha 19 de diciembre de 2022.
Las costas se imponen por su orden (art. 70, CPCC).
Por su actuación profesional en autos y en vi
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