Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 79829
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar la medida cautelar solicitada (arts. 195, 230, 232, y concs., CPCC).
II. Citar en calidad de terceros al Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y al Colegio de Abogados de Morón para que tomen en el presente juicio la intervención que estimen que les corresponde, con suspensión de los términos procesales y con apercibimiento de extender a su respecto los efectos de la cosa juzgada (conf. arts. 34 inc. 5 ap. "b", 36 inc. 2, 94, 95 y 96, CPCC).
I.79.829 "CIANCI, MARCELA CECILIA C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ INCONSTITUCIONALIDAD ART. 3 INC. "E" LEY 5.177"
I. La señora Marcela Cecilia Cianci promueve acción originaria de inconstitucionalidad contra la Provincia de Buenos Aires en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Carta local y 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que esta Suprema Corte declare la invalidez del art. 3 inc. "e" de la ley 5.177, en cuanto establece que no podrán ejercer la profesión de abogado por incompatibilidad absoluta quienes ejerzan cualquier "profesión o título que se considere auxiliar de la justicia", al considerar que esto infringe los arts. 10, 11, 31 y 39 de la Carta local y 14 bis, 16, 17 y 31 de la Constitución Nacional.
II. Explica que se graduó como abogada en la Universidad de Buenos Aires y que el 14 de febrero de 2014 se matriculó en el Colegio de Abogados de Morón, ejerciendo la profesión en la Provincia de Buenos Aires ininterrumpidamente desde esa fecha, de forma independiente y autónoma.
Agrega que en el año 2020 inició la carrera de Calígrafo Público Nacional en el Instituto Universitario de la Policía Federal, obteniendo el título habilitante el 15 de mayo de 2023 y habiéndose matriculado en esta Suprema Corte de Justicia el 16 de septiembre de 2024.
Añade que dos días después se presentó en la mesa de entradas de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Morón donde fue informada que -por aplicación de la norma aquí impugnada- a los fines de inscribirse en el listado de auxiliares de la justicia en la especialidad de calígrafo público debía previamente tramitar la baja de su matrícula como abogada.
Sostiene que esta incompatibilidad resulta arbitraria e infundada, por cuanto no se evidencia cuál es el motivo o fundamento legal para que sea absoluta, ni el perjuicio que podría provocar el ejercicio de ambas profesiones en simultáneo, afirmando que era mucho más adecuada la redacción original de la ley 5.177 que establecía una incompatibilidad relativa por la que se prohibía el ejercicio concurrente únicamente en el caso de aquellos que actuaran en un mismo proceso judicial como abogado y como perito.
Alega que la norma impugnada infringe sus derechos a la libertad individual, a trabajar, de igualdad ante la ley y de propiedad y pide una medida cautelar tendiente a que se le ordene a las cámaras de apelación en lo civil y comercial de los departamentos judiciales de Morón y San Isidro que la inscriban en la nómina de auxiliares de la justicia para la especialidad calígrafo público nacional sin exigirle antes la cancelación de su matrícula como abogada; y a los colegios de abogados de la Provincia de Buenos Aires y de Morón que se abstengan de cancelar de oficio su matrícula o aplicar cualquier sanción en caso de inscribirse como calígrafa pública, para que pueda ejercer ambas profesiones en forma simultánea, salvo en aquellos juicios en que fuera designada como perito e intervenga como abogada.
Solicita, finalmente, que se cite como terceros interesados en el proceso en los términos del art. 94 del Código Procesal Civil y Comercial al Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y al Colegio de Abogados de Morón.
III. Por despacho del 22-V-2025 se intimó a la parte actora a que acreditara de forma fehaciente la solicitud de inscripción en el listado de auxiliares de la justicia y el rechazo de tal petición por parte de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Morón.
IV. En su respuesta, la señora Cianci manifiesta que al concurrir al mencionado organismo se le indicó que la solicitud de inscripción en el listado de peritos oficial debía hacerse de forma virtual a través del alta de un domicilio electrónico asociado a un token y que ante la consulta de si podía utilizar el que posee como abogada le "informaron de la incompatibilidad" y que para poder completar el trámite debía previamente dar de baja su matrícula como abogada.
Agrega, además, que no había impedimento alguno para realizar la inscripción sin que se advirtiera su condición de abogada, pero que inició la presente demanda de inconstitucionalidad, pues no hacerlo resultaría contrario a la ética profesional.
V.1. Este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que la observancia de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria, atento la presunción de constitucionalidad o regularidad de la que gozan las normas susceptibles de ser cuestionadas por su conducto (doctr. causas I. 3.024, "Lavaderos de Lanas El Triunfo SA", resol. de 8-VII-2003; B. 67.594, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 3-II-2004; I. 68.944, "UPCN", resol. de 5-III-2008; I. 71.446, "Fundación Biosfera", resol. de 24-V-2011; I. 74.048, "ATE", resol. de 24-V-2016 e I. 75.756, "Barsi SA", resol. de 24-XI-2021; e.o.).
Con todo, en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino solo acerca de su verosimilitud (art. 230 inc. 1, CPCC; doctr. causa I. 71.446, cit., e.o.), pues la finalidad del instituto cautelar no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético (doctr. causas B. 63.590, "Saisi", resol. de 5-III-2003, I. 72.634, "Frigorífico Villa Olga SA", resol. de 30-IV-2014 e I. 73.986, "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", resol. de 22-XII-2015, e.o.), se han acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada pueda generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado (doctr. causas I. 3.521, "Bravo", resol. de 9-X-2003 y sus citas e I. 68.183, "Del Potro", resol. de 4-V-2005, e.o.) y, por cierto, cuando de la apreciación de las particularidades del caso se advierte que el planteo formulado por quien objeta la constitucionalidad de la norma posee una seria y consistente apariencia de buen derecho (doctr. causa I. 74.061, "Romay", resol. de 4-V-2016 y sus citas).
A la luz de los parámetros señalados, se debe analizar si en la especie se encuentran reunidos los extremos exigidos por la ley procesal inherentes a la petición precautoria, sopesando su concurrencia en el asunto traído a conocimiento del Tribunal (arg. arts. 230, 232 y concs., CPCC).
V.2. Teniendo en consideración que la finalidad del proceso cautelar consiste en asegurar la eficacia práctica de la sentencia que debe recaer en un proceso, corresponde adelantar que los requisitos que tornarían procedente el dictado de la medida solicitada no surgen, por ahora, suficientemente acreditados.
V.2.a. En primer lugar, porque la actora parte de una premisa errónea para justificar la verosimilitud del derecho que tendría su pretensión cautelar, al afirmar que en el presente caso debería aplicarse la doctrina que sentó esta Corte en la causa I. 73.106, "Nápoli", sentencia de 28-X-2015, reiterada en muchos otros expedientes (v. por todos, I. 79.065, "Fisicaro", resol. de 28-XII-2023).
En ellos se declaró la inconstitucionalidad de las incompatibilidades absolutas dispuestas por el art. 3 inc. "e" de la ley 5.177 para matricularse como abogados a quienes -según el caso- no cancelaran previamente su inscripción como martilleros o contadores públicos.
La actora considera que aquí corresponde observar el mismo criterio jurisprudencial.
Sin embargo, esa alegada semejanza se difumina a poco de advertir que la señora Cianci se encuentra ya matriculada no solo como abogada, sino también como calígrafa pública nacional ante esta Suprema Corte de Justicia, desprendiéndose incluso de la documentación que ella misma acompaña que no registra "sanciones ni inhabilitación alguna para su ejercicio profesional" en esta última actividad (v. certificado otorgado por la Secretaría de Servicios Jurisdiccionales obrante en la página 8 del archivo "documental" adjunto al escrito de inicio del 5-II-2025).
Siendo así, las invocadas violaciones de derechos no resultan en sí mismas suficientes para concluir, sin más, que la pretensión tenga sustento en algo verosímil, al menos en esta etapa liminar del juicio.
V.2.b. Tampoco se configura en la especie un supuesto de peligro en la demora que justifique la concesión del remedio preventivo solicitado (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
Este Tribunal ha dicho que en la evaluación de este requisito general de toda medida cautelar es preciso ponderar tanto el gravamen que produciría la ejecución de la norma cuestionada si al cabo del proceso fuese declarada ilegítima -para el caso, inconstitucional-, como -y en relación con- aquel que resultaría de la paralización temporal de los efectos de dicha norma, en el supuesto de arribarse a una sentencia adversa a la pretensión (doctr. causa B. 65.168, "Burgués", resol. de 30-IV-2003).
Y acá debe considerarse que la propia parte actora reconoce en su escrito de demanda y en la respuesta que brindó a la intimación que le fuera requerida el 22-V-2025 no solo que la incompatibilidad cuya inconstitucionalidad persigue le fue simplemente "informada" de forma verbal en la mesa de entradas de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Morón, sino que además expresamente admite que bien podría haberse inscripto igualmente en el listado de auxiliares de la justicia en la especialidad requerida "sin que se advierta la imposibilidad" y que no lo hizo por resultar contrario a la ética profesional, situaciones estas que descartan la inminencia de un perjuicio irreparable.
V.3. Así las cosas, en esta instancia del proceso no se advierte la existencia de un margen significativo o apreciable de riesgo de afectación constitucional que, prima facie considerado, justifique la protección urgente solicitada (doctr. arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
VI. Finalmente, corresponde abordar el pedido efectuado por la parte actora mediante el cual solicita la comparecencia del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y del Colegio de Abogados de Morón en el presente juicio en los términos del art. 94 del Código Procesal Civil y Comercial.
La citación de un tercero obligado es un instituto de aplicación restrictiva y excepcional, que tiene como característica esencial la posibilidad de traer al proceso a aquel a cuyo respecto se considere que la controversia le es común (CSJN Fallos: 310:937; doctr. causas I. 1624, "Lecce de Valacco", resol. de 22-II-1994; B. 66.759, "Farro", resol. de 13-IX-2006 e I. 72.269, "CEAMSE", resol. de 6-V-2015, e.o.); es por ello que sobre quien solicita la citación pesa la carga de acreditar que se trata de alguno de los supuestos que autorizan a disponerla (CSJN Fallos: 313:1053; 318:2551 y 320:3004).
En el caso, de las manifestaciones vertidas por la señora Cianci surge que el resultado del pleito puede afectar intereses propios de ambos colegios, no solo porque la norma cuya inconstitucionalidad persigue se encuentra justamente en la ley que regula el ejercicio de la profesión de abogados, sino porque además expresamente señala que teme que pueda llegar a sufrir algún tipo de sanción por parte de cualquiera de ellos que le impida practicar con normalidad la actividad que desempeña.
Por consiguiente, a los efectos de evitar el planteo de futuras nulidades y con suspensión de los términos procesales, se cita en calidad de terceros al Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y al Colegio de Abogados de Morón, para que comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de extender a su respecto los efectos de la cosa juzgada (conf. arts. 34 inc. 5 ap. "b", 36 inc. 2, 94, 95 y 96, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Rechazar la medida cautelar solicitada (arts. 195, 230, 232, y concs., CPCC).
II. Citar en calidad de terceros al Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y al Colegio de Abogados de Morón para que tomen en el presente juicio la intervención que estimen que les corresponde, con suspensión de los términos procesales y con apercibimiento de extender a su respecto los efectos de la cosa juzgada (conf. arts. 34 inc. 5 ap. "b", 36 inc. 2, 94, 95 y 96, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/08/2025 17:05:15 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/08/2025 14:38:08 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/08/2025 16:25:17 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/08/2025 09:10:05 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/08/2025 14:21:19 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/08/2025 14:33:36 hs. bajo el número RR-523-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia