Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 80526
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar a la medida cautelar solicitada, ordenando que, hasta tanto se dicte sentencia en este juicio, el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora se abstengan de aplicar el art. 3 inc. "e" de la ley 5.177 -texto según ley 12.277- al señor Daniel Ezequiel Graziano.
Lo anterior, sin perjuicio de las potestades con las que cuentan los colegios en el marco del gobierno de las respectivas matrículas para prevenir y sancionar los supuestos de incompatibilidad relativa que pudieran resultar de esta decisión, si la parte actora abusase de su derecho pretendiendo intervenir en su doble condición en un mismo asunto.
Todo ello bajo responsabilidad de la parte actora, quien ya prestó en el escrito inicial la correspondiente caución juratoria por todas las costas, daños y perjuicios que pudiere ocasionar la medida precautoria en caso de haberla pedido sin derecho (arts. 199, 232 y concs., CPCC).
A los fines de hacer efectiva la medida, líbrense por Secretaría los oficios pertinentes.
I.80.526 "GRAZIANO, DANIEL EZEQUIEL S/ INCONSTITUCIONALIDAD ART. 3 INC. "E" DE LEY 5.177"
I. Daniel Ezequiel Graziano promueve la presente acción originaria de inconstitucionalidad contra la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que se declare la invalidez del art. 3 inc. "e" de la ley 5.177, en cuanto establece la incompatibilidad absoluta de los contadores públicos para ejercer la profesión de abogado dentro de la Provincia de Buenos Aires.
Entiende que la restricción contenida en la norma objetada es irrazonable y desproporcionada, además de resultar violatoria del principio de igualdad ante la ley y de los derechos constitucionales a trabajar, a la protección de la propiedad privada, al aprendizaje y ejercicio de las profesiones sin limitaciones arbitrarias, garantizados en los textos constitucionales e internacionales incorporados a nuestro ordenamiento jurídico (cita arts. 10, 11, 27, 39, 42 y 57, Const. prov.; 14, 14 bis, 16, 17, 27, 31 y 75 incs. 22, Const. nac.; I, II, XII, XIII, XIV, XVII, XVIII, XXIII, XXIV, XXXVII y concs., DADDH; 1, 2, 7, 8, 17, 23, 26, 28 y concs., DUDH; 1, 2, 21, 24, 25, 26, y concs., CADH; 3, 6, 7, 11, 13, y concs., PIDESC; 1, 5, 6, 7 y concs., Convención Internacional Sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial; 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 14, 15 y concs., Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer).
Hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el pleito, la parte actora requiere el dictado de una medida cautelar, con fundamento en decisiones de este Tribunal que considera aplicables al caso y a los fines que se disponga que, tanto el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires como el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, se abstengan de aplicar el inc. "e" del art. 3 de la ley 5.177 reformado por ley 12.277, permitiendo de este modo matricularse sin que le sea exigida la cancelación de la matrícula de contador, con el fin de ejercer ambas profesiones en forma simultánea en todo el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.
II. Cabe entonces analizar si se encuentran reunidos los presupuestos necesarios para el otorgamiento de la tutela precautoria que reclama.
II.1. Si bien la verosimilitud del derecho debe ser examinada con mayor rigor cuando lo que se procura a través de una medida cautelar es la suspensión de los efectos de una ley, decreto, ordenanza o reglamento, en atención a la presunción de constitucionalidad o regularidad que traen consigo tales actos, este principio reconoce excepción, conforme consolidada doctrina de este Tribunal, cuando ya ha sido declarada la invalidez constitucional de la disposición normativa puesta en crisis, dado que tal circunstancia habilita a suponer una razonable probabilidad de éxito al resolverse la cuestión de fondo (cfr. causas I. 1.531, "Alet Laboratorios", resol. de 6-X-1992; I. 1.584, "Boehringer", resol. de 4-V-1993; I. 2.380, "Moledo", resol. de 4-XI-2002; I. 3.064, "Rosende", resol. de 23-IV-2003; I. 69.045, "Larumbe", resol. de 21-II-2007; I. 76.490, "Maccario", resol. de 22-VII-2020; I. 76.807, "Caizza", resol. de 28-XII-2020; I. 76.958, "Castro", resol. de 26-V-2021; I. 77.218, "Rodríguez Giménez", resol. de 12-VIII-2021; I. 77.461, "Municipalidad de Monte Hermoso", resol. de 25-III-2022; I. 78.672, "Martín", resol. de 13-IV-2023; I. 79.878, "Vilar", resol. de 31-III-2025 y sus citas; e.o.).
Para el caso, cabe tener presente que la inconstitucionalidad del art. 3 inc. "e" de la ley 5.177, impugnado en este proceso, fue declarada por primera vez por esta Corte al dictar sentencia definitiva en los autos I. 73.106, "Nápoli, Marcelo Rafael c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad art. 3 de la ley 5.177", sent. de 8-VI-2020 y, más cerca en el tiempo, con motivo de la decisión recaída en las causas I. 74.052, "Bergaglio", sent. de 23-II-2022 e I. 75.716, "Dieguez", sent. de 30-V-2023.
Esta circunstancia otorga, por sí sola, suficiente verosimilitud al derecho pretendido por la parte actora (art. 230 inc. 1, CPCC).
II.2. En cuanto al recaudo de peligro en la demora, ha de precisarse -a los efectos del examen cautelar- que son atendibles los argumentos vertidos por la parte actora en tanto, dada la naturaleza de los derechos en juego y teniendo en cuenta el tiempo que pudiera eventualmente insumir arribar a la sentencia definitiva, es dable presumir que la privación del ejercicio simultáneo de las profesiones de abogado y contador público durante el transcurso del proceso le ocasionará al demandante un gravamen de muy difícil reparación ulterior.
III. Por todo lo expuesto, en el marco de provisoriedad inherente al despacho de las medidas cautelares y sin que ello implique emitir opinión sobre el fondo de la cuestión planteada, corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada por el accionante (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
Consecuentemente, cabe disponer que hasta tanto se dicte sentencia en este juicio, el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, deberán abstenerse de aplicar el art. 3 inc. "e" de la ley 5177 -texto según ley 12.277-, en relación al señor Daniel Ezequiel Graziano.
Lo anterior, sin perjuicio de las potestades con las que cuentan los colegios en el marco del gobierno de las respectivas matrículas para prevenir y sancionar los supuestos de incompatibilidad relativa que pudieran resultar de esta decisión, si la parte actora abusase de su derecho pretendiendo intervenir en su doble condición en un mismo asunto.
Todo ello bajo responsabilidad de la parte actora, quien ya prestó en el escrito inicial la correspondiente caución juratoria por todas las costas, daños y perjuicios que pudiere ocasionar la medida precautoria en caso de haberla pedido sin derecho (arts. 199, 232 y concs., CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Hacer lugar a la medida cautelar solicitada, ordenando que, hasta tanto se dicte sentencia en este juicio, el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora se abstengan de aplicar el art. 3 inc. "e" de la ley 5.177 -texto según ley 12.277- al señor Daniel Ezequiel Graziano.
Lo anterior, sin perjuicio de las potestades con las que cuentan los colegios en el marco del gobierno de las respectivas matrículas para prevenir y sancionar los supuestos de incompatibilidad relativa que pudieran resultar de esta decisión, si la parte actora abusase de su derecho pretendiendo intervenir en su doble condición en un mismo asunto.
Todo ello bajo responsabilidad de la parte actora, quien ya prestó en el escrito inicial la correspondiente caución juratoria por todas las costas, daños y perjuicios que pudiere ocasionar la medida precautoria en caso de haberla pedido sin derecho (arts. 199, 232 y concs., CPCC).
A los fines de hacer efectiva la medida, líbrense por Secretaría los oficios pertinentes.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 01/04/2026 10:01:11 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/04/2026 14:00:40 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/04/2026 12:40:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/04/2026 10:29:26 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/04/2026 12:51:19 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 06/04/2026 13:18:08 hs. bajo el número RR-225-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia