Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 73106
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa I. 73.106, "Nápoli, Marcelo Rafael c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad art. 3 de la ley 5.177" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Pettigiani.
Marcelo Rafael Nápoli promueve acción originaria en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial, por la que solicita la declaración de inconstitucionalidad del art. 3 inc. "e" de la ley 5.177.
Corrido el traslado de la demanda, el señor Asesor General de Gobierno la contesta y requiere su rechazo por considerarla improcedente. Asimismo, peticiona que se cite como tercero al Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 30/35).
La parte actora se opone a esta citación (v. fs. 37/42) y, seguidamente, pide que cautelarmente se suspendan los efectos de la norma impugnada (v. fs. 44/51).
Por resolución del 28 de octubre de 2015 el Tribunal ordena citar como terceros al Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y al Consejo Profesional de Ciencias Económicas para que tomen la intervención que estimen correspondiente y concede la tutela precautoria solicitada (v. fs. 53/58 vta.).
Producida la prueba y vencido el plazo por el cual las actuaciones se pusieron para alegar, habiendo hecho uso de ese derecho sólo la parte actora, oído el señor Procurador General -quien dictaminó en sentido favorable al progreso de la demanda- y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Marcelo Rafael Nápoli requiere que se declare la invalidez constitucional del art. 3 inc. "e" de la ley 5.177 al considerar que este, en cuanto establece una incompatibilidad absoluta a los contadores públicos para ejercer la profesión de abogado en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, infringe los arts. 10, 11, 27, 31, 35, 36, 39, 42 y 57 de la Constitución provincial; 14, 14 bis, 16, 17, 27 y 31 de la Constitución nacional; 1, 2, 7 y 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; II y XII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Explica que se graduó como contador público el 7 de marzo de 2003, que se encuentra matriculado en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires y que posee un estudio contable en la ciudad de Lomas de Zamora. Agrega que simultáneamente a desempeñar dicha profesión, inició la carrera de abogacía en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y habiéndose recibido el 6 de julio de 2013, se presentó ante el Colegio de Abogados de dicho departamento judicial con la finalidad de iniciar el trámite para obtener la matrícula respectiva, donde le fue indicado que, como consecuencia de la prohibición que dispone el precepto impugnado, para poder ejercer la abogacía debía previamente cancelar su inscripción como contador público.
Sostiene que tal exigencia resulta irrazonable, en tanto establece una incompatibilidad absoluta para ser abogado con "cualquier otra profesión o título que se considere auxiliar de la justicia" y que el espíritu de la norma no puede ser otro que el que tuvo en su redacción original -previo a las modificaciones introducidas por la ley 12.277- la que se limitaba a prohibir el ejercicio del derecho sólo a aquellos contadores públicos que actuaren ante el tribunal o juzgado en el que hubieran sido designados, precisamente, como auxiliares de la justicia para realizar una pericia.
En esa inteligencia, entiende que la prohibición resulta totalmente excesiva, ya que la única colisión de intereses real que podría darse en la práctica desempeñando ambas profesiones estaría dada por el supuesto en el que pretendiera actuar como abogado y perito contador en una misma causa. Para el caso, afirma que no está inscripto en los registros necesarios para ser auxiliar de la justicia y declara bajo juramento que tampoco lo estará en el futuro.
Finalmente, alega que la restricción en cuestión genera una grave discriminación por el solo hecho de ejercer otra profesión, lo que vulneraría sus derechos al trabajo, a la propiedad, a la igualdad y a ejercer una industria lícita, sin ninguna razón práctica, moral, ética ni lógica. En este sentido, advierte que en ninguna de las restantes provincias argentinas existe tal incompatibilidad y que como consecuencia de la aplicación de la norma puesta en crisis alguien podría matricularse primero como abogado, luego como contador y ejercer ambas actividades, pero tendría prohibido hacerlo en el orden inverso.
II. Corrido el traslado de la demanda, el señor Asesor General de Gobierno solicita su rechazo.
Señala que en virtud de lo establecido por los arts. 42 y 103 inc. 13 de la Constitución de la Provincia, es competencia del Poder Legislativo reglamentar el ejercicio de las distintas profesiones, así como determinar sus incompatibilidades y las condiciones y requisitos para acceder a la matriculación. Agrega que, dado el amplio margen de discrecionalidad que este posee, esas delimitaciones no quedan sujetas a la valoración del Poder Judicial, salvo el supuesto de irrazonabilidad manifiesta.
Destaca, asimismo, que la prohibición efectuada por la ley 5.177 obedece a un criterio objetivo y que, por ende, no trasgrede el derecho a la igualdad, toda vez que se dirige a lograr una mayor eficiencia en la prestación del ejercicio de la abogacía, en tanto colaboradores directos con la administración y el servicio de justicia. Ello, aduce, a fin que los abogados tengan una dedicación exclusiva y no se desempeñen en otras profesiones que requieren la misma habitualidad, lo que afectaría la jerarquía y dignidad que demanda dicho ejercicio.
III. Presentado, el apoderado del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, se limita a oponerse a la citación como tercero antes ordenada, con fundamento en que ni la parte actora ni la demandada requirieron su intervención en la causa -de conformidad con lo que dispone el art. 94 del Código Procesal Civil y Comercial- y que la ley que regula el ejercicio de los profesionales a los que representa no prevé ninguna incompatibilidad como la objetada por la demandante.
IV. El Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, por su parte, solicita que se rechace la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el señor Nápoli (v. fs. 70/85).
En primer lugar, sostiene que los derechos constitucionales no son absolutos, sino que se encuentran sujetos a las leyes que reglamentan su ejercicio y a las limitaciones indispensables para el orden social.
Agrega que el legislador tiene a su cargo la facultad de disponer todo lo relativo a las condiciones bajo las cuales es permitido el ejercicio de profesiones ligadas a la administración de justicia, sometida solamente al límite de la razonabilidad.
En lo estrictamente tocante a la ley 5.177, señala que esta tiene por finalidad asegurar y afianzar el rol del abogado, en virtud de la función social que estos cumplen como colaboradores del juez y del servicio de justicia (art. 58). Para ello, afirma, es necesario establecer un régimen de reglas y prohibiciones como modo de garantizar la ética e independencia de dichos profesionales de otros intereses que puedan afectar el correcto desempeño de sus funciones. Así, entiende que la incompatibilidad cuestionada ha sido prevista como parte de un sistema establecido por el legislador para salvaguardar una función valiosa de la distracción que podría causar el ejercicio de otras profesiones, lo que define su razonabilidad y, con ello, el impedimento para intervenir en la cuestión por parte del Poder Judicial.
En ese mismo orden de ideas, justifica la limitación impuesta con el argumento de que cuanto más experto y prestigioso sea un abogado en áreas ajenas al derecho, menor será la jerarquía del servicio que preste ejerciendo su profesión, en perjuicio de aquellos que lo contraten para que defienda sus derechos. Además, pone de resalto que la separación entre las tareas de abogados y contadores es una tendencia a nivel mundial.
De otro lado, alega que la norma impugnada no vulnera el derecho a la igualdad toda vez que el impedimento allí dispuesto se aplica del mismo modo a todo el universo de abogados que quieran ejercer conjuntamente la contaduría pública.
Finalmente, cita varias disposiciones de las Normas de Ética Profesional del propio colegio de las cuales se desprende -en su criterio- que la esencia del deber profesional de los abogados radica en consagrarse enteramente a los intereses de sus clientes (art. 1) y que deben evitar la acumulación de cargos o tareas susceptibles de comprometer su independencia (art. 15 inc. 2). Asimismo, refiere que el art. 3 inc. "a" de la ley 10.973, que regula la profesión de martillero y corredor público, los inhabilita para el ejercicio de cualquier otra profesión o cargo que requiera título habilitante.
V. Corresponde entonces tratar las cuestiones puestas a consideración de este Tribunal.
V.1. El texto original de la ley 5.177 que regula el ejercicio de la profesión de abogado dentro de la Provincia de Buenos Aires preveía, respecto a los contadores públicos, una incompatibilidad relativa por la que se prohibía el ejercicio simultáneo de ambas profesiones únicamente en el caso de aquellos que actuaran en un mismo proceso judicial como abogado y como perito contador. En efecto, su art. 3 establecía que "...no podrán ejercer la profesión de abogado, por incompatibilidad: [...] e) los contadores (en los procesos que intervengan como abogados)...".
Esta restricción parcial obedecía a un fin lógico, tendiente a evitar el evidente conflicto de intereses que podría generarse cuando alguien participa en una causa como patrocinante o apoderado de una de las partes y, simultáneamente, resulta designado para realizar una pericia contable u otra actividad auxiliar en su condición de contador público.
Con las modificaciones introducidas por la ley 12.277, la nueva redacción del art. 3 inc. "e" no efectúa distinción alguna y establece una limitación absoluta para ejercer la abogacía a todos aquellos profesionales que no cancelen su inscripción previa como contadores públicos.
V.2. La Provincia de Buenos Aires, a través de la ley 5.177 y sus modificaciones, reguló el ejercicio de la profesión de abogado en uso del llamado poder de policía en virtud del cual se encuentra facultada para reglamentar la práctica de todas las profesiones liberales, sin otra limitación que la que se deriva del art. 28 de la Constitución nacional (cfr. art. 121, Const. nac.; doctr. "Acuerdos y Sentencias", 1991-II-537).
Tal potestad ha sido expresamente reconocida por esta Suprema Corte al decir que "dentro de dichas facultades y poderes no delegados se encuentra la de reglamentar el ejercicio de las actividades profesionales dentro de sus jurisdicciones, en la medida que con dicha reglamentación no se alteren sustancialmente los requisitos que al efecto exige la norma nacional, pues ésta es suprema respecto a la norma que dictase la provincia, conforme lo que dispone la Constitución en su art. 31" (cfr. doctr. causa I. 2.085, "Souto", sent. de 8-XI-2000).
Como así también que "si el título habilita para ejercer la profesión, puede concebirse que las autoridades potenciadas para reglamentar dicho ejercicio determinen, dentro de lo razonable, los modos de él según las circunstancias y establezcan requisitos complementarios destinados a asegurar la rectitud y responsabilidad con que la profesión ha de ser ejercida" (cfr. doctr. causa I. 2.085, cit.).
VI. Siendo ello así, y de conformidad con lo planteado por las partes, la cuestión se circunscribe entonces a determinar si el Poder Legislativo -al incorporar dentro de las incompatibilidades absolutas previstas en el art. 3 de la ley 5.177, texto según ley 12.277, para ejercer la profesión de abogado dentro de la Provincia de Buenos Aires a los contadores públicos que no cancelen su matrícula como tales- hizo un uso razonable de su potestad reglamentaria o si, por el contrario, al hacerlo infringió derechos y garantías tutelados en la Constitución nacional y en la Constitución provincial.
VI.1. La respuesta negativa se impone, ya que la trasgresión es palmaria.
La parte actora dirige su embate constitucional a la afectación de las garantías y derechos de igualdad ante la ley, a la libertad individual, a enseñar y aprender, a trabajar, a la propiedad y al ejercicio de las profesiones liberales, previstos en los arts. 10, 11, 27, 31, 35 y 39 de la Constitución de la Provincia y 14, 14 bis, 16 y 17 de la Constitución nacional.
La defensa de la Provincia reside en el poder de policía que tiene constitucionalmente atribuido para reglamentar el ejercicio de las profesiones liberales, en virtud de lo que disponen los arts. 42 y 103 inc. 13 de la Constitución local.
No obstante, toda norma reguladora del ejercicio de los derechos y del cumplimiento de los deberes del individuo -como lo es la impugnada en autos-, para gozar de validez constitucional, debe descansar sobre el principio de razonabilidad (art. 28, Const. nac.; doctr. causas B. 63.983, "Servipark S.A.", sent. de 9-XII-2009; I. 70.164, "Agroservicios Pampeanos S.A.", sent. de 29-VIII-2017; I. 74.078, "Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales", sent. de 19-IX-2019; e.o.).
De allí que en este punto cobre virtualidad el juicio de adecuación de los medios instituidos por el precepto puesto aquí en crisis con la finalidad que procura alcanzar. En consecuencia, la cuestión a esclarecer, reside en establecer si la medida dispuesta por la ley 12.277 modificatoria del art. 3 inc. "e" de la ley 5.177 encierra una justificación objetiva y razonable. Luego, habrá que indagar acerca de la idoneidad de los medios elegidos para obtener aquel propósito y consultar si existe una relación proporcional entre el costo de las medidas y los beneficios que estas reportan, procurando que el resultado al que se arribe se logre sin mengua del contenido esencial de los derechos involucrados.
Con todo, no pueden desconocerse las amplias atribuciones con las que cuenta el legislador en materia de creación y reglamentación del gobierno de las matrículas profesionales y del control interno de los respectivos colegios. Empero, el principio de razonabilidad marca el límite al que se halla sometido para su validez constitucional el ejercicio de la potestad pública y reclama la existencia de circunstancias justificantes, fin público, adecuación a él del medio utilizado para su obtención y ausencia de inequidad manifiesta (conf. doctr. causas I. 2.026, "Busada", sent. de 10-V-2000; I. 2.110, "Iriarte Mandoz", sent. de 6-X-2004; I. 2.260, "F.E.B.", sent. de 27-II-2008; I. 2.175, "Torregrosa Lastra", sent. de 15-XII-2010; I. 2.522, "Mendivid", sent. de 21-IX-2011; I. 2.445, "Lunghi", sent. de 2-X-2012; I. 2.888, "Chicote", sent. de 12-VI-2013; entre muchas otras). Así, las limitaciones a los derechos han de basarse en la razón y no ser arbitrarias ni caprichosas, vale decir, que deberán estar impuestas por la necesidad y proporcionadas al fin propuesto (doctr. causas I. 3.353, "Valentín", sent. de 30-XI-2011 e I. 3.552, "Salvemini", sent. de 21-XII-2012).
VI.2.a. Adentrándome entonces en el análisis enunciado, cabe primero destacar que en los fundamentos del proyecto de dicha ley no se exteriorizó ningún tipo de consideración acerca de los motivos o propósitos por los cuales el legislador adoptó este cambio e introdujo una limitación semejante. Es más, en lo que al art. 3 respecta, se acota a explicar que "se incorporan otras incompatibilidades a las ya establecidas" sin siquiera incluirla a continuación dentro de las que "merecen mencionarse".
En sus contestaciones, tanto el señor Asesor General de Gobierno como el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, justifican la restricción impuesta con el argumento de que estaría destinada a impedir que los abogados diversifiquen sus tareas, procurando que se jerarquice el servicio que prestan como profesionales del derecho. Agrega además el mencionado colegio, sin ningún tipo de desarrollo ni ejemplificación al respecto, que se evitarían de ese modo "eventuales conflictos de intereses".
Es posible concluir, entonces, que este fue el fin público buscado por el legislador al prohibir el ejercicio simultáneo de estas dos profesiones de forma total, alentando así que los abogados desempeñen su profesión con exclusividad.
VI.2.b. Sin embargo, en cuanto al análisis acerca de si los medios empleados son idóneos para la obtención del objeto perseguido, advierto que al consistir la disposición en una incompatibilidad absoluta, sin ningún tipo de distinción entre la vasta cantidad de supuestos en los que podrían convergir el ejercicio del derecho con la contaduría pública, no existe una adecuada relación entre los costos de la medida en relación con los poco claros beneficios que reporta.
Aún si fuera posible que, tal como afirma la accionada, una prohibición así contribuiría a la prestación de un servicio de excelencia por parte de los abogados provinciales o que evitaría los conflictos de intereses en los que podrían quedar inmersos quienes ejercitan ambas profesiones, se evidencia que la decisión de prohibir de forma total no admite matices en el ejercicio de los derechos en juego, lo que genera una fuerte convicción acerca de que la reglamentación los infringe.
Asimismo, la parte demandada no logra demostrar los motivos por los cuales sustituyó un impedimento relativo fundado en la manifiesta colisión que podría generarse cuando un abogado pretende actuar como tal y como auxiliar de la justicia en el mismo expediente, por otro sin ningún tipo de graduación en el que se presume que en todos los supuestos de ejercicio simultáneo de ambas tareas se generaría un choque en los intereses del letrado.
Para más, el ejercicio del poder de policía invocado por la Provincia al contestar la demanda no resulta suficiente para justificar una incompatibilidad como la cuestionada en autos, en tanto el desarrollo de la función reglamentaria debe propender a equilibrar la práctica de los derechos involucrados en su vinculación con el resto de los intereses que concurren, orientándolo al bien común. Así lo ha considerado este Tribunal al afirmar que "...reglamentar no es prohibir, sino establecer condiciones para determinada actividad, en forma que ésta pueda cumplirse mediante el acatamiento de los requisitos administrativos de forma que el reglamento impone por razones de policía..." (cfr. causa I. 74.078, "Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales", cit.).
Finalmente, no resulta ocioso señalar que como consecuencia de la falta de prohibición para practicar ambas profesiones por parte de la ley 10.620 que regula el ejercicio de las ciencias económicas, se podría dar el absurdo supuesto de un abogado y contador matriculado primero ante el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires que le es luego permitido matricularse simultáneamente en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, quedando habilitado de hecho para el ejercicio de ambas profesiones. Pero si optara por el camino inverso se tropezaría con la imposibilidad de matricularse como abogado, viéndose obligado a escoger el ejercicio de sólo una de esas profesiones.
VI.2.c. De tal forma, cabe afirmar que un cambio como el introducido en la ley que regula el ejercicio de la profesión de abogado en el territorio de la Provincia de Bueno
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