Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 75716
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa I. 75.716, "Dieguez, Marta Noemí contra Provincia de Buenos Aires s/ inconstitucionalidad art. 3, ley 5.177", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Genoud , Soria , Torres .
I. La señora Marta Noemí Dieguez promueve acción originaria en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial, por la que solicita la declaración de inconstitucionalidad del art. 3 inc. "e" de la ley 5.177 por ser contrario a los arts. 10, 11, 27, 39 inc. 1, 42 in fine y 57 de la Constitución provincial, con costas.
Con fundamento en la eventual afectación que la sentencia de autos pueda causar en sus intereses y la de otros profesionales pide la citación como terceros al proceso del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de La Plata.
Requiere, además, que con carácter precautorio se disponga medida cautelar innovativa a su favor y se ordene al Colegio de Abogados de La Plata abstenerse de aplicar el inc. "e" del art. 3 de la ley 5.177 reformado por la ley 12.277, de modo que se le aplique la norma en su redacción original.
Ofrece prueba documental.
II. Mediante resolución de fecha 12 de junio de 2019, el Tribunal hizo lugar a la medida cautelar solicitada y ordenó que, previa caución juratoria y hasta tanto se dicte sentencia en este juicio, el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de La Plata se abstengan de aplicar el art. 3 inc. "e" de la ley 5.177 -texto según ley 12.277- a la actora, lo que implica que a su respecto regirá la mencionada norma en su redacción original. Ello, "...sin perjuicio de las potestades con las que cuentan los colegios en el marco del gobierno de las respectivas matrículas para prevenir y sancionar los supuestos de incompatibilidad relativa que pudieran resultar de esta decisión, si la actora abusase de su derecho pretendiendo intervenir en su doble condición en un mismo asunto" (fs. 26/29 y 30).
III. Corrido el traslado de la demanda, el señor Asesor General de Gobierno la contesta y requiere su rechazo por considerarla improcedente. Formula reserva de caso federal (v. fs. 57/60).
IV. Los Colegios de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y del Departamento Judicial de La Plata se presentan, contestan su citación en el carácter de terceros y solicitan el rechazo de la demanda, con costas. Formulan reserva de caso federal (v. fs. 39/53 y 66/78).
V. Agregada la prueba documental, única ofrecida, glosados los alegatos presentados por la parte actora (v. fs. 84/85) y las citadas en carácter de terceros (v. fs. 86/87 -Colegio de Abogados del Departamento Judicial de La Plata- y 88/99 -Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires-), oído el señor Procurador General -quien dictaminó en sentido favorable al progreso de la demanda- y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La actora relata que luego de obtener el título de contadora pública el día 27 de agosto de 1998, se matriculó en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires y en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Agrega que posteriormente realizó estudios de posgrado obteniendo el título de especialista en sindicatura concursal en el año 2002. Acota que en ese mismo año obtuvo el postítulo de formación docente.
Continúa narrando que ejerció la profesión liberal y también actuó como perito de oficio en el Departamento Judicial de La Plata y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Apunta que en su desempeño como síndico advirtió la necesidad de estudiar la carrera de abogacía, por lo que la inició en la Universidad Nacional de La Plata y obtuvo el título de abogada el día 19 de febrero de 2014 y el de escribana el día 20 de febrero de 2015.
Refiere que desde el día 26 de junio de 2018 se encuentra matriculada en el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de La Plata (Tomo LXV Folio 251) sin haber podido ejercer la actividad profesional como abogada hasta la fecha en razón de la restricción contenida en el inc. "e" del art. 3 de la ley 5.177, modificada por la ley 12.277.
Pone de resalto que el texto original de la norma en cuestión preveía respecto de los contadores una incompatibilidad limitada ya que prohibía la actuación como perito contador y abogado en un mismo proceso judicial. Apunta que con la modificación introducida por la ley 12.277 la incompatibilidad de carácter relativo fue transformada en absoluta al imponer la cancelación de la matrícula en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas para poder ejercer la profesión de abogado. De ahí que plantea el menoscabo de los altos valores de los títulos universitarios obtenidos que genera la norma que cuestiona.
Además, pone de resalto la ausencia, dentro de los fundamentos que acompañaron el proyecto de la mencionada ley, de los motivos que justificaran tal incompatibilidad absoluta.
Manifiesta que la incompatibilidad absoluta es inconciliable con las garantías y derechos de igualdad ante la ley, a la libertad individual, a enseñar y aprender, a la libertad del trabajo, de propiedad y el ejercicio de las profesiones liberales consagrados en los arts. 10, 11, 27, 31, 35, 39 y 42 la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. De tal modo, sostiene que conforme lo dispuesto en el art. 57 de la Constitución citada y los precedentes de este Tribunal que menciona, el inc. "e" del art. 3 de la ley 5.177, modificado por la ley 12.277, debe ser declarado inconstitucional e inaplicable al caso.
Agrega que a las indicadas normas constitucionales provinciales se suman los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 27 y 31 de la Constitución nacional y los tratados internacionales incorporados en virtud de lo dispuesto en el art. 75 inc. 22 de la carta magna.
II. Al contestar la demanda, el señor Asesor General de Gobierno señala que la norma cuestionada por inconstitucional configura un supuesto de ejercicio regular de atribuciones constitucionales exclusivas del Poder Legislativo, conforme lo dispuesto en los arts. 42 y 103 inc. 13 de la Constitución de la Provincia. Precisa que la reglamentación de las profesiones liberales es competencia privativa de los poderes locales (arts. 121 y 122, Const. prov.). A su vez, apunta que su ejercicio presupone la fijación de cargas, condiciones y/o requisitos para acceder a la matriculación.
Subraya que los derechos no son absolutos. Con cita de doctrina de este Tribunal afirma que la tarea legislativa siempre se ve restringida por el principio de razonabilidad, en cuanto exige del legislador que especifique fundadamente los límites al ejercicio de los derechos, especialmente cuando de tal determinación depende la restricción de la libertad de trabajo y ejercicio de profesiones, propiedad o goce de otros derechos esenciales.
Sostiene que mientras no se excedan los límites de razonabilidad de la ley o de la norma, el Poder Legislativo es el único juez de la decisión legislativa adoptada, en tanto que para ello cuenta con amplio margen de discrecionalidad para cristalizar en normas jurídicas los valores éticos, sociales, económicos y laborales, entre otros.
En tal marco y en punto al cuestionamiento efectuado por la parte actora, considera que la disposición legal impugnada resulta acorde al principio de razonabilidad consagrado en el art. 56 de la Constitución provincial.
Aduce que el fundamento de la incompatibilidad para el ejercicio simultáneo de las profesiones de abogado y contador público establecido en el art. 3 inc. "e" de la ley 5.177, modificado por la ley 12.277, se vincula con el logro de una mayor eficiencia en la prestación del ejercicio de la abogacía en tanto colaborador directo de la administración y servicio de justicia.
Alude a las normas de ética profesional de la abogacía en orden a que exigen del matriculado la independencia del ejercicio en su actividad, el deber de desempeñarse con celo y probidad, consagrando sus servicios enteramente a la defensa de los intereses de sus clientes, a más de ser servidor y auxiliar de la justicia. Además, pone de resalto que en el art. 15 de dicho régimen normativo consagra el deber de respetar las disposiciones legales que establecen las incompatibilidades de la profesión. Manifiesta que en este marco resulta jurídica y materialmente inaceptable que una persona habilitada para el ejercicio de ambas profesiones pueda cumplir sus respectivos y simultáneos ministerios -contadora y abogada- a tiempo completo en cada uno, con entera consagración a la defensa de los intereses de sus clientes y/o pudiendo actuar ante el poder jurisdiccional en su doble rol profesional como auxiliar de la justicia.
Concluye que la incompatibilidad consagrada en la disposición cuestionada, tanto desde el punto de vista legal como ético, tiene como fundamento la defensa y el respeto de la dignidad y jerarquía que exige el ejercicio de las profesiones de abogado y de contador público.
III. El Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires comienza por destacar que los derechos constitucionales no son absolutos, sino que se encuentran sujetos a las leyes que, razonablemente, reglamentan su ejercicio y a las limitaciones indispensables para el orden social.
Agrega que el legislador tiene a su cargo la facultad de disponer todo lo relativo a las condiciones bajo las cuales es permitido el ejercicio de profesiones ligadas a la administración de justicia, la que solo está sometida -según dice- al límite de la razonabilidad.
En lo estrictamente tocante a la ley 5.177 afirma que "resulta plenamente razonable y constitucional". Señala que ésta tiene por finalidad asegurar y afianzar el rol del abogado, en virtud de la función social que cumple como colaborador del juez y del servicio de justicia (art. 58). Para ello, afirma, es necesario establecer un régimen de reglas y prohibiciones como modo de garantizar la ética e independencia de dichos profesionales de otros intereses que puedan afectar el correcto desempeño de sus funciones. Así, entiende que la incompatibilidad cuestionada ha sido prevista como parte de un sistema establecido por el legislador para salvaguardar una función valiosa de la distracción que podría causar el ejercicio de otras profesiones o la contaminación por otros intereses.
Niega que los fines que persigue la incompatibilidad absoluta dispuesta en la norma en crisis puedan ser considerados arbitrarios o entenderse que desnaturalizan el derecho a trabajar. Asevera que guardan adecuada proporción con la necesidad de tutelar el interés público que se esgrime como una consecuencia justificante de las inhabilitaciones impuestas por la ley.
En ese mismo orden de ideas, justifica la limitación impuesta con el argumento de que cuanto más experto y prestigioso sea un abogado en áreas ajenas al derecho, menor será la jerarquía del servicio que preste ejerciendo su profesión, en perjuicio de aquellos que lo contraten para que defienda sus derechos. Además, pone de resalto que la separación entre las tareas de abogados y contadores es una tendencia a nivel mundial.
De otro lado, alega que la norma impugnada no vulnera el derecho a la igualdad toda vez que el impedimento allí dispuesto se aplica del mismo modo a todo el universo de abogados que quieran ejercer conjuntamente la contaduría pública.
Seguidamente cita varias disposiciones de las normas de ética profesional del propio colegio de las cuales se desprende -según su criterio- que la esencia del deber profesional de los abogados radica en consagrarse enteramente a los intereses de sus clientes (art. 1) y que deben evitar la acumulación de cargos o tareas susceptibles de comprometer su independencia (art. 15 inc. 2). Asimismo, refiere que el art. 3 inc. "a" de la ley 10.973, que regula la profesión de martillero y corredor público, los inhabilita para el ejercicio de cualquier otra profesión o cargo que requiera título habilitante.
Finalmente, señala que la reglamentación que tutela el ejercicio profesional de los abogados es una decisión discrecional del legislador que importa una evaluación de la conveniencia de hacerlo en función de las exigencias del interés público: proteger la investidura de los abogados y asegurar y propender a una mejor administración de justicia.
Concluye que tratándose del ejercicio de facultades privativas del poder legislativo y de la sanción de leyes de contenido discrecional, cuyo dictado atiende a razones de oportunidad, mérito y conveniencia, el Poder Judicial sólo puede intervenir si tal actividad se ha realizado con manifiesta e indubitable arbitrariedad, es decir, en forma irrazonable. Además puntualiza que el control constitucional es un proceso de naturaleza eminentemente jurídica en el que no ingresan consideraciones de otro orden tales como las políticas.
IV. Al contestar la citación en carácter de tercero, el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de La Plata se expresa en términos semejantes a los del Colegio provincial, ensaya idénticas líneas argumentales y agrega consideraciones sobre precedentes de este Tribunal (v. fs. 66/78).
V. Corresponde, entonces, tratar las cuestiones puestas a consideración de esta Suprema Corte que son sustancialmente análogas a las que fueran materia de decisión en la causa I. 73.106, "Nápoli", sentencia de 8-VI-2020, cuyos fundamentos guiarán, en lo pertinente, la solución del presente.
V.1. El texto original de la ley 5.177 que regula el ejercicio de la profesión de abogado dentro de la Provincia de Buenos Aires preveía, respecto de los contadores públicos, una incompatibilidad relativa por la que se prohibía el ejercicio simultáneo de ambas profesiones únicamente en el caso de aquellos que actuaran en un mismo proceso judicial como abogado y como perito contador. En efecto, su art. 3 establecía que "...no podrán ejercer la profesión de abogado, por incompatibilidad: [...] e) los contadores (en los procesos que intervengan como abogados)...".
Esta restricción parcial obedecía a un fin lógico, tendiente a evitar el evidente conflicto de intereses que podría generarse cuando alguien participa en una causa como patrocinante o apoderado de una de las partes y, simultáneamente, resulta designado para realizar un dictamen pericial contable u otra actividad auxiliar en su condición de contador público.
Con las modificaciones introducidas por la ley 12.277, la nueva redacción del art. 3 inc. "e" no efectúa distinción alguna y establece una limitación absoluta para ejercer la abogacía a todos aquellos profesionales que no cancelen su inscripción previa como contadores públicos.
V.2. La Provincia de Buenos Aires, a través de la ley 5.177 y sus modificaciones, reguló el ejercicio de la profesión de abogado en uso del llamado poder de policía en virtud del cual se encuentra facultada para reglamentar la práctica de todas las profesiones liberales, sin otra limitación que la que se deriva del art. 28 de la Constitución nacional (cfr. art. 121, Const. nac.; doctr. "Acuerdos y Sentencias", 1991-II-537).
Tal potestad ha sido expresamente reconocida por esta Suprema Corte al decir que "...dentro de dichas facultades y poderes no delegados se encuentra la de reglamentar el ejercicio de las actividades profesionales dentro de sus jurisdicciones, en la medida que con dicha reglamentación no se alteren sustancialmente los requisitos que al efecto exige la norma nacional, pues ésta es suprema respecto a la norma que dictase la provincia, conforme lo que dispone la Constitución en su art. 31" (cfr. doctr. causa I. 2.085, "Souto", sent. de 8-XI-2000).
Como así también que "...si el título habilita para ejercer la profesión, puede concebirse que las autoridades potenciadas para reglamentar dicho ejercicio determinen, dentro de lo razonable, los modos de él según las circunstancias y establezcan requisitos complementarios destinados a asegurar la rectitud y responsabilidad con que la profesión ha de ser ejercida" (cfr. doctr. causa I. 2.085, cit.).
VI. Siendo ello así, y de conformidad con lo planteado por las partes, la cuestión se circunscribe entonces a determinar si el Poder Legislativo, al incorporar dentro de las incompatibilidades absolutas para ejercer la profesión de abogado dentro de la Provincia de Buenos Aires -previstas en el art. 3 de la ley 5.177, texto según ley 12.277-, a los contadores públicos que no cancelen su matrícula como tales, hizo un uso razonable de su potestad reglamentaria o si, por el contrario, al hacerlo infringió derechos y garantías tutelados en la Constitución nacional y en la Constitución provincial.
VI.1. La respuesta negativa se impone, ya que la trasgresión es palmaria.
La parte actora dirige su embate constitucional a la afectación de las garantías y derechos de igualdad ante la ley, a la libertad individual, a enseñar y aprender, a trabajar, a la propiedad y al ejercicio de las profesiones liberales, previstos en los arts. 10, 11, 27, 31, 35, 39 y 42 de la Constitución de la Provincia y 14, 14 bis, 16, 17, 27, 31 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional.
La defensa de la Provincia reside en el poder de policía que tiene constitucionalmente atribuido para reglamentar el ejercicio de las profesiones liberales, en virtud de lo que disponen los arts. 42 y 103 inc. 13 de la Constitución local.
No obstante, toda norma reguladora del ejercicio de los derechos y del cumplimiento de los deberes del individuo -como lo es la impugnada en autos-, para gozar de validez constitucional, debe descansar sobre el principio de razonabilidad (art. 28, Const. nac.; doctr. causas B. 63.983, "Servipark S.A.", sent. de 9-XII-2009; I. 70.164, "Agroservicios Pampeanos S.A.", sent. de 29-VIII-2017; I. 74.078, "Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales", sent. de 19-IX-2019; e.o.).
De allí que en este punto cobre virtualidad el juicio de adecuación de los medios instituidos por el precepto puesto aquí en crisis con la finalidad que procura alcanzar. En consecuencia, la cuestión a esclarecer, reside en establecer si la medida dispuesta por la ley 12.277, modificatoria del art. 3 inc. "e" de la ley 5.177, encierra una justificación objetiva y razonable. Luego, habrá que indagar acerca de la idoneidad de los medios elegidos para obtener aquel propósito y consultar si existe una relación proporcional entre el costo de las medidas y los beneficios que estas reportan, procurando que el resultado al que se arribe se logre sin mengua del contenido esencial de los derechos involucrados.
Con todo, no pueden desconocerse las amplias atribuciones con las que cuenta el legislador en materia de creación y reglamentación del gobierno de las matrículas profesionales y del control interno de los respectivos colegios. Empero, el principio de razonabilidad marca el límite al que se halla sometido para su validez constitucional el ejercicio de la potestad pública y reclama la existencia de circunstancias justificantes, fin público, adecuación a él del medio utilizado para su obtención y ausencia de iniquidad manifiesta (conf. doctr. causas I. 2.026, "Busada", sent. de 10-V-2000; I. 2.110, "Iriarte Madoz", sent. de 6-X-2004; I. 2.260, "F.E.B.", sent. de 27-II-2008; I. 2.175, "Torregrosa Lastra", sent. de 15-XII-2010; I. 2.522, "Mendivid", sent. de 21-IX-2011; I. 2.445, "Lunghi", sent. de 2-X-2012; I. 2.888, "Chicote", sent. de 12-VI-2013; entre muchas otras). Así, las limitaciones a los derechos han de basarse en la razón y no ser arbitrarias ni caprichosas, vale d
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